Revista OLACEFS N°26 – Segundo Semestre de 2020

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Revista

19th Nov 2021

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FISCALIZANDO
Revista
N° 26

Editorial
Apreciadas y apreciados
lectores,
El 2020 seguramente
pasará a la historia como el
año que más dolor ha
traído a las familias en todo
el mundo, con 91 millones
de contagios y casi 2
Nelson Shack Yalta
Presidente de la OLACEFS
Contralor General de la República del Perú
millones de fallecidos por la pandemia del Covid-19.
Este escenario ha demandado a nuestras EFS el
despliegue de sus esfuerzos mayores para una
adecuada fiscalización y control en el uso de los
bienes y fondos púlicos, en el marco de programas
de emergencia sin precedentes que todos los
gobiernos han realizado para contener la
pandemia y reactivar la economía.
En ese sentido, las investigaciones que se han
realizado en control gubernamental y fiscalización
pública están contribuyendo a adquirir nuevos
De esta manera, la presente edición de la Revista
Fiscalizando, en aras de propiciar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, trae temas
diversos relacionados a las tecnologías de la
información, participación ciudadana, sistemas de
salud y pandemia, gestión de riesgo de desastres,
datos abiertos, integridad, obras públicas, entre
otros.
Considerando el contexto que hemos vivido este
año, agradezco a las EFS que nos han hecho llegar
sus contribuciones y felicito a los ganadores de los
concursos de investigación del 2019, quienes nos
han remitido los resúmenes de sus trabajados
realizados con gran profesionalismo, característica
que destaca el trabajo de los miembros de la
OLACEFS.
ÍNDICE
Editorial
Artículos de
investigación
Concurso CAJ
2019
Concurso CTPBG
2019
Los contenidos y opiniones de los
artículos publicados en la Revista
Fiscalizando son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
2
3
46
73
La reproducción del contenido de
esta publicación es permitida, total o
parcialmente, siempre y cuando su
contenido no sea alterado, sea
citada la fuente y sin fines de lucro.
Producción, coordinación y
diagramación
Presidencia de la OLACEFS

conocimientos, además de sist ematizar y difundir las
experiencias de nuestros pares respecto a los
rumbos de acción frente a la pandemia y en otros
ámbitos de la sociedad.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación
SISTEMA PARA EL PROCESO DE AUDITORÍA (WEBIRAF)
Autores:
Tania de la Caridad Fuentes Mota Pedro González VitónEFS Cuba
Resumen: El presente trabajo aborda
una temática de gran importancia en
nuestro país, y en particular para la
Contraloría General de la República de
Cuba (CGR). Los sistemas informáticos
apoyan el trabajo de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS), es
innegable que el uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(TIC) puede traer ciertas ventajas,
como mayor y mejor aprovechamiento
del tiempo, facilidad para realizar
trabajo en equipo, más motivación e
interés para desarrollar las tareas,
aumenta la eficacia y la calidad de las
auditorías, además estas herramientas
informáticas permiten el filtrado del 100
por ciento de las transacciones,
posibilitando que el auditor se centre en
la aplicación de su juicio profesional
para el análisis de aquellas posibles
anomalías identificadas. Fueron
analizadas las normativas generales que sustentan la base metodológica del
Sistema Webiraf, se tuvieron en cuenta
las Normas Cubanas de Auditorías
(NCA) actualizadas a partir del trabajo
realizado desde el compromiso
contraído con la Organización
Latinoamericana de las EFS para la Palabras clave:
Sistema,
herramientas informáticas, análisis
financiero, materialidad, riesgo y
muestreo.
1 2 iniciativa de implementación de las
Normas Internacionales de las
EFS-Programa 3i. Asimismo, se da a
conocer su estructura en menús y
opciones por cada fase de la auditoría. Su
diseño y aplicación garantiza la
trazabilidad del cumplimiento de las NCA,
proporciona mayor eficiencia,
eficacia y calidad en sus procesos, sirve
de apoyo al auditor, al poder corroborar la
veracidad y fiabilidad de la información
financiera expuesta en los estados
financieros, así como detectar
irregularidades, errores y fraudes, por lo
que se propone el Sistema Webiraf como
apoyo a los auditores en el proceso de auditoría.
Introducción
El uso de herramientas informáticas,
facilita la revisión exhaustiva de bases
Licenciada en Contabilidad y Finanzas y Máster en Contabilidad Gerencial en la Universidad Central Marta Abreu
de Las Villas, Postgrados en “Contabilidad Básica”, “Contabilidad de Costos”, “Habilitación de Auditores” y “Aná-
lisis de los Estados Financieros” en la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, participó en el X, XI y XII
Curso SUBSEDE “Herramientas de auditoría y prevención en la lucha contra la corrupción” auspiciado por la
Contraloría General de la República de Cuba (CGR), premio a la investigación por la participación en eventos
nacionales e internacionales, relacionados con la informática y la auditoría, desde el año 1994 hasta el año 2000
ejerció la actividad de Contabilidad, se desempeña como auditora desde el año 2001 hasta la fecha, auditora Jefe de Grupo de la CGR desde el 2014.
Licenciado en Educación Economía en el Instituto Superior Pedagógico José Martí en Camagüey, Postgrado de
programación en gestores de base de datos y de auditoría financieras, Master en Contabilidad Gerencial en la
Universidad Ignacio Agramonte Loynaz de Camagüey, profesor entrenador en el Centro de Capacitación de la
Contraloría General de la República región centro, participación en el X, XI y XII Curso SUBSEDE “Herramientas
de auditoría y prevención en la lucha contra la corrupción” auspiciado por la Contraloría General de la República
de Cuba, premio a la investigación por la participación en eventos nacionales e internacionales relacionado con
la informática y la auditoría. Desde el 2012 se desempeña como auditor principal de la Contraloría Provincial de
Camagüey. 1
3
2

de datos y análisis de información
financiera como medida indispensable
en respuesta a riesgos de fraude. El reto
del auditor consiste en utilizar los
beneficios de la tecnología,
evolucionando hacia revisiones de bases de datos que le
permitan obtener una mayor cobertura
en sus verificaciones.
El auditor requiere de información
necesaria en el proceso de auditoría,
para lo que se dificulta realizar los
cálculos de los análisis horizontal y
vertical, la evaluación de la estructura
económica–financiera, asimismo a partir
del comportamiento de distintas razones
o ratios financieros conocer la situación
financiera vinculado a los principios de
economía, eficiencia y eficacia, además
realizar la comparación de indicadores
pertenecientes a períodos sucesivos,
calcular la materialidad, efectuar la
evaluación del Control Interno y aplicar
las técnicas de muestreo, entre otros.
Sería engorroso e inútil buscar y ajustar
cada error individual, si todos estos
cálculos son procesados manualmente,
ya que llevaría demasiado tiempo y se correría el riesgo de errores en ellos.
Por todo lo anteriormente planteado se
hace necesario el uso de herramientas
informáticas en la realización de las
auditorías que garanticen la trazabilidad
del cumplimiento de las NCA por los
auditores, proporcione mayor eficiencia,
eficacia y calidad en los procesos de las
mismas, así como reduzca el riesgo de auditoría.
A partir de la situación encontrada, se
define como objetivo general: proponer
un sistema de auditoría sobre una base
informática en software libre orientado a
apoyar a los auditores, que garantiza la
aplicación y trazabilidad de las NCA en
las auditorías y como objetivos
específicos desarrollar un sistema que permita: Evaluar los errores
cuantitativos y cualitativos que se
presentan en el análisis financiero,
viabilizar la identificación de los riesgos,
así como la evaluación del Sistema de
Control Interno del sujeto a auditar,
determinar la materialidad en las fases
de Planeación, Realización y Elaboración
de informe de la auditoría y precisar qué
renglones se examinan y el tipo de
muestreo, así como los procedimientos
de auditoría usados, para cumplir con los requisitos de la evidencia.
Desarrollo
Para realizar los análisis financieros el
auditor debe considerar que a partir de
un conjunto de datos financieros pueden
calcularse un gran número de razones o
indicadores. Pero sólo algunos de ellos
serán útiles para el diagnóstico de una
situación determinada, interesa definir
el significado de cada una y elegir las
que realmente pueden ser relevantes
para la situación concreta del sujeto a
auditar y de los objetivos de la auditoría.
Además, es importante tener en cuenta
que, en la mayoría de los casos, ninguna
razón individual brinda suficiente
información para poder apreciar en
profundidad la situación
económica-financiera de una entidad.
Solamente mediante un conjunto de
índices puede conseguirse
aproximaciones razonables, los que
están relacionados entre sí. Según las
NCA (2020): “(…) el auditor debe reducir
el riesgo de auditoría a un nivel
aceptablemente bajo dadas las
circunstancias de la auditoría, con el
propósito de obtener una seguridad
razonable que le sirva de base para
proporcionar el Informe de la auditoría y Dictamen, según proceda.
Además, a partir de los objetivos de la
auditoría y la recopilación de la
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de investigación 4

información, el auditor identifica los
riesgos, áreas o procesos de mayor
importancia vinculados con estos
objetivos, lo que le permite obtener un
conocimiento general del asunto que se
investiga, y a la vez conducir una
evaluación de riesgos para determinar el
alcance de los procedimientos de
auditoría llevados a cabo (…)”
Con relación al concepto de
materialidad, la NIA 320 (2013)
establece en su marco conceptual que:
“(…) para la preparación y presentación
de los estados financieros, se dispone
que la información sea significativa,
cuando su omisión o presentación
errónea pueden influir en las decisiones
económicas de los usuarios, tomadas a
partir de los estados financieros. La
materialidad depende de la cuantía de la
partida omitida, o del error de
evaluación en su caso, juzgados siempre
dentro de las circunstancias particulares
de la omisión o del error. De esta
manera, el papel de la materialidad es
suministrar un umbral o punto de corte,
más que ser una característica
cualitativa primordial, que la información
ha de tener para ser útil.
La materialidad es una cuestión de juicio
profesional y depende de la
interpretación del auditor sobre las
necesidades de los auditados; este juicio
puede relacionarse con un elemento
individual o con un grupo de elementos tomados en su conjunto (…)”
Según las NCA (2020): “(…) el muestreo
de auditoría, que puede ser cuantitativo
y cualitativo, se define como la
aplicación de procedimientos de
auditoría a menos del cien por ciento de
las partidas dentro de una población de
relevancia de auditoría, de tal modo que
todas las unidades del muestreo tengan
una oportunidad de selección para dar al
auditor una base razonable de qué
conclusión extraer sobre la población
entera (…)” Estructura del Sistema Webiraf
La Contraloría General de la República
de Cuba como EFS se encuentra inmersa
en la informatización del proceso de
auditoría, para ello viene desarrollando
el Sistema Webiraf, la estructura del
mismo se encuentra sobre una base
informática, la cual se concibe con el uso
de un software libre de códigos abiertos
que ofrece datos personales
confidenciales de información, permite
resolver con mayor agilidad los posibles
problemas de vulnerabilidad, brinda
transparencia sobre el funcionamiento
de los programas, optimiza la inversión
pública ya que es mucho más barato
económicamente afrontar una
instalación o actualización masiva de
estándares abiertos que privativos, lo
que permite trabajar con distintos
sistemas contables financieros y con
independencia tecnológica, así como su
estabilidad que posibilita analizar el
código fuente de forma pública que
admite optimizar la calidad de las
aplicaciones de software libre.
Teniendo en cuenta las facilidades de
análisis que proporciona el sistema, este
le es de gran apoyo al auditor, al poder
corroborar la veracidad y fiabilidad de la
información financiera expuesta en los
estados financieros, obtenida de la
propia base de datos del sistema
contable financiero utilizado por la
entidad, asimismo detectar
irregularidades, errores y fraude, no
obstante, se debe enfatizar que ningún
sistema automatizado sustituye el juicio
profesional del auditor, que le permita
alcanzar conclusiones sobre cuestiones
significativas surgidas durante la realización de la auditoría.
El mismo presenta una secuencia de
diferentes menús y opciones en las fases
de Planeación, Realización e Informe de
la auditoría, los cuales guían al auditor
en el proceso de la auditoría, según se
muestra en la Figura 1.
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de investigación 5

En primer lugar, aparece el menú Configuraciones donde se obtiene la
información necesaria para el
funcionamiento del mismo,
posteriormente se cuenta con el menú de Auditorías en el cual quedan
registradas las auditorías donde se haya
utilizado el sistema, asimismo se cuenta
con el menú Captación. Ver imagen
referencial No.1. Captada la información requerida el
sistema está listo para proceder a su
aplicación, transitando por opciones que
se han desarrollado en correspondencia
a las NCA y demás disposiciones vigentes, detalladas como sigue: El menú Planeación , cuenta con seis
opciones, tales como:
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de investigación 6

Datos de la entidad: Se procede a
captar aspectos esenciales a
considerar, teniendo en cuenta lo dispuesto en las NCA.
Consultas a la Base de Datos :
Permite realizar diferentes consultas
a la información contenida en la base
de datos del Sistema Contable
Financiero utilizado por el sujeto de la auditoría.Análisis financiero : Facilita al
auditor obtener un juicio más certero
de la situación económica-financiera
de la entidad. Ver imagen referencial
No.2 y 3.
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de investigación 7
Datos de la entidad : Se procede a
captar aspectos esenciales a
considerar, teniendo en cuenta lo dispuesto en las NCA.
Consultas a la Base de Datos :
Permite realizar diferentes consultas
a la información contenida en la base
de datos del Sistema Contable
Financiero utilizado por el sujeto de la auditoría.
Control interno : Le facilita al
auditor sustentar la valoración previa
del Sistema de Control Interno de la
entidad, además de obtener un
resumen de los riesgos. Ver imagen
referencial No.4 y 5.Materialidad : Le proporciona al
auditor determinar el nivel de
materialidad. Ver imagen referencial
No.6.Muestreo : Esta opción permite
realizar la selección de la muestra a
auditar.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 8

En la fase Elaboración de Informe se
contará con la opción Materialidad al
Informe , le facilita al auditor realizar el
análisis de las cuentas que son
materiales al informe. Ver imagen
referencial No.7.
Al final de la barra de menú aparece una Ayuda la que proporciona al auditor el
acceso rápido a manuales y plantillas
para su consulta si fuere necesario,
asimismo aparece el menú Salir y
Usuario que se deben operar para
cerrar correctamente el sistema y así no
dañar la información procesada en el
mismo y por último se puede visualizar
mediante el menú Lo nuevo los últimos
cambios realizados al sistema teniendo
en cuenta la versión actualizada. Ver
imagen referencial No.8.
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 9
El menú Realización está desarrollado
en cinco opciones, detalladas como sigue:
Papeles de trabajo: El sistema le
facilita al auditor elaborar papeles de
trabajo los que pasarán a conformar el Expediente de la auditoría.
Nuevo nivel de materialidad:
Permite determinar un nuevo nivel de materialidad.
Control interno: Se realiza la
evaluación y calificación del control
interno por los aspectos evaluados,
teniendo en cuenta la valoración realizada en la fase de planeación.Asientos de Ajustes: Facilita
realizar y dejar evidencia de los
asientos de ajustes derivados de los
errores, irregularidades o fraudes
detectados en el transcurso del proceso de auditoría.Saldos Ajustados Según Auditoría: Teniendo en cuenta los
asientos de ajustes, se obtiene el Balance de Comprobación de Saldos, Estado de Situación, Estado de
Rendimiento Financiero y la
Estructura Económica-Financiera de la entidad.

Resolución 60. (2011) Normas del
Sistema de Control Interno,
Contraloría General de la República.
Gaceta Oficial de la República de
Cuba. No 13. La Habana. ISSN 1682-7511.
Resolución 76. Modifica la resolución
340 de 2011 Normas Cubanas de
Auditoría en su Anexo I, (2020)
Contraloría General de la República.
Gaceta Oficial de la República de
Cuba. No 18. La Habana. ISSN 1682-7511.
Resolución 498. Norma Específica de
Contabilidad No. 5 “Proformas de
Estados Financieros para la actividad
empresarial, unidades
presupuestadas de tratamiento
especial y el sector cooperativo
agropecuario y no agropecuario”,
(2016) Ministerio de Finanzas y
Precios. Gaceta Oficial de la República
Conclusiones
Para la CGR el uso del Sistema Webiraf
constituye una novedosa herramienta
informática que les facilita a los¬
auditores enfrentar los retos que
significa la utilización, comprensión y
evolución de las nuevas tecnologías
para detectar fraudes financieros,
asimismo les proporciona mayor
seguridad en los cálculos al realizar los
diferentes análisis financieros,
determinar la materialidad, la
identificación de los riesgos y evaluación
del Sistema de Control Interno del
sujeto a auditar, además de precisar los
renglones a examinar para cumplir con los requisitos de la evidencia.
Del mismo modo se asegura la calidad
de las auditorías, disminuyendo el
tiempo, logrando eficiencia y eficacia en las acciones de control.
Bibliografía
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 10
de Cuba. No 1. La Habana. ISSN 1682-7511.
Resolución 31. Modifica la Resolución
No. 498 de 2016 en la Proforma EFE
5925 – 04 Estado de Inversiones,
(2017) Ministerio de Finanzas y
Precios. Gaceta Oficial de la República
de Cuba. No 13. La Habana. ISSN 1682-7511.
Resolución 499. Norma Específica de
Contabilidad de la Actividad
Presupuestada No. 2 “Proformas de
Estados Financieros para la actividad
presupuestada”, (2016) Ministerio de
Finanzas y Precios. Gaceta Oficial de
la República de Cuba. No 1. La
Habana. ISSN 1682-7511.
Resolución 30. Modifica la Resolución
No. 499 de 2016 en la Proforma EFUP
5912 – 05 Estado de Inversiones,
(2017) Ministerio de Finanzas y
Precios. Gaceta Oficial de la República
de Cuba. No 14. La Habana. ISSN 1682-7511.
NIA 320. (2013) “Importancia
relativa o materialidad en la
planificación y ejecución de la
auditoría financiera”.
http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA32
0pdef.pdf acceso en 10/de agosto/2020.

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Cursante del Master en “Prevención e
Intervención en Violencia de Género”; España. Directora Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y
Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria CGE – Ecuador. Consejera Principal Electa del Consejo Nacional Para
La Igualdad de Discapacidades, (2017). Consejera Nacional Electoral, (primera suplente, 2018). Asambleísta
electa a nivel provincial, nacional y constituyente, periodo 2007 al 2017. Líder social y referente nacional e
internacional en la defensa, promoción y ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Registro Oficial No. 449, 20 de octubre 2008.
Resumen: Partiendo de que en los
últimos años se han realizado muchos
esfuerzos para promocionar la
participación ciudadana y el control
social, y de esta manera contar con
aportes de legitimidad y calidad en los
procesos de fiscalización que realizan
las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
(EFS). El contenido de este artículo se
fundamenta en el análisis documental y
en la experiencia institucional de la
Contraloría General del Estado del
Ecuador (CGE); particularmente en la
implementación de una política
institucional desde el rol de una Entidad
Fiscalizadora Superior como la CGE en
el involucramiento ciudadano para la
vigilancia y el control de la gestión y los
recursos públicos, basándose en el
enfoque de complementariedad entre el
control gubernamental y el control
ciudadano.
Al inicio de este documento se aborda la
normativa nacional que sustenta la
participación ciudadana desde el ámbito
de las EFS para luego desarrollar los
conceptos de la participación ciudadana,
el control social y la rendición de
cuentas como el sustento y fundamento
del porque una EFS promueve y
desarrolla prácticas de promoción
ciudadana; posteriormente se hace
alusión a la creación y gestión de la
Dirección Nacional de Asuntos Éticos,
Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, como
elemento sustancial en la
implementación de una política
institucional de vinculación ciudadana
en el ejercicio de control gubernamental
de la CGE, para finalmente llegar a una conclusión.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS EFS:
EXPERIENCIA DEL ECUADOR
Autora:
María Cristina Kronfle Gómez EFS Ecuador
Desarrollo de la investigación
1 2
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación
Palabras clave: Participación
ciudadana, Control social,
Fiscalización, Rendición de cuentas, Integridad y Denuncia Ciudadana
11
1
1. Participación ciudadana
El principal cuerpo normativo que rige al
Ecuador es la Constitución de la
República (CRE), acarrea entre sus
líneas el compromiso categórico del
Estado ecuatoriano de respetar y hacer
respetar los principios y derechos que
en ella se garantizan bajo claros
preceptos de irrenunciabilidad,
indivisibilidad e interdependencia de
estos, en beneficio de sus titulares
como lo son las personas, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos del país. 2

cumplimiento de sus funciones,
conforme lo previsto en el numeral 3,
del artículo 212 de la misma y tantas
veces referida Carta Fundamental.
En este contexto la participación
ciudadana es concebida como un
elemento clave para avanzar en la
democracia, mejorar la cohesión social
y fortalecer el ámbito de lo público. Se
considera a la participación como un
proceso de interacción y comunicación
colectiva que permite mejorar la
convivencia y a su vez construir ciudadanía responsable.
Pero participar no es cuánto se toma
parte, sino cómo se tiene parte; por ello
se debe gestionar para que la
ciudadanía sea parte activa no sólo de
los procesos que realiza una EFS sino
también para que se involucre en todos
los asuntos que son de interés colectivo
para mejorar la calidad de la
democracia con un enfoque de inclusión social.
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 12
Para cumplir los objetivos definidos y
que se han adaptado a la realidad social
del Ecuador en su parte dogmática, la
CRE instituye en su parte orgánica la
distribución del poder entre varios
órganos adecuadamente estructurados,
prometiendo con ello un apropiado control de las actividades de las que se
encarga el Estado; adicionalmente,
nuestra Constitución en esta parte
resalta como protagónica, de igual
manera, a la participación ciudadana en
el control de las instituciones que
conforman la administración pública.
Debido a dicha organización del poder
se han cimentado en el Ecuador desde
el 2018, cinco equilibradas e
independientes funciones que son la
LEGISLATIVA, la EJECUTIVA, la
JUDICIAL (más el reconocimiento de la
justicia indígena), la ELECTORAL y, la de
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
(FTCS); este último ente es el llamado a
promover e impulsar el control y
combatir la corrupción, por una parte,
intenta promover en las entidades
públicas la ejecución de actuaciones
plenas de responsabilidad,
transparencia y equidad y, por otra,
fomenta e incentiva el efectivo ejercicio
del derecho y el deber de participación
ciudadana, más aún en lo que respecta
a la fiscalización del poder público.
Parte esencial de la FTCS es la
Contraloría General del Estado; este
organismo técnico encargado del
control de la utilización de los recursos
estatales, y la consecución de los
objetivos de las instituciones del Estado
y de las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos
públicos de acuerdo a lo establecido en
el artículo 211 de la Constitución, tiene
atribuciones, tales como expedir la
normativa necesaria para el
2. Control social
El Control Social es un proceso por el
cual la ciudadanía vigila, monitorea,
evalúa, verifica y da seguimiento a la
gestión de una institución pública, o
privada que maneje fondos públicos o
asuntos de interés público. Su objetivo
es hacer recomendaciones y propuestas
orientadas a garantizar el uso
transparente de los recursos, así como
la provisión de servicios públicos eficientes, en función del bien común.
A través del Control Social, los
ciudadanos pueden ejercer una función
crítica acerca del comportamiento de los
agentes públicos, estatales y no
estatales en función de los intereses
generales, se convierte en un

mecanismo de comunicación y
vinculación entre el Estado y la sociedad
civil. Cuando mayor es la autonomía de
la sociedad civil para fijar la orientación
y el rumbo de la participación, mayor es
la probabilidad de que el proceso sea
más sustantivo, en sus procedimientos,
resultados e impacto. El control social
no es un proceso puramente técnico,
sino un proceso vivo y en continua
construcción, en el que pueden
participar una pluralidad de actores. 2.1 Beneficios del control social
Contribuye a velar que los recursos
públicos sean invertidos con máxima
transparencia y efectividad en
programas y proyectos que respondan
con oportunidad y calidad a resolver los
problemas que afectan el bienestar y la
calidad de vida de las comunidades;
permite democratizar, hacer
transparente y visibilizar la relación de
la ciudadanía con sus autoridades; con
la finalidad de construir ciudadanías
críticas con un sentido profundo de sus
deberes frente a la construcción y el
cuidado de lo público.
Rendición de cuentas gubernamental
formas de control a la calidad
democrática y haciendo alusión a la
eficiencia del sector público, mediante la
incorporación de nuevos actores sociales y gubernamentales.
Precisamente, O’Donnell reconoce que
la efectividad de la accountability
horizonta, señala que las EFS guardan
un rol preventivo, siempre y cuando
cuente con los recursos suficientes y
sean independientes del ejecutivo
(O’Donnell, 1998). De igual manera,
reconoce la importancia del poder
judicial, en la “cima” de las agencias de
control, “pues es allí donde cierra todo
sistema legal constitucional” (p. 29).
Por su parte, Peruzzotti (2002) señala
entre las formas de rendición de
cuentas, el accountability social que:
“es un mecanismo de control vertical
que se basa en las acciones de un
amplio espectro de asociaciones y
movimientos ciudadanos, así como
acciones mediáticas” (p. 32). Esta
propuesta considera que a través del
accountability social, se puede controlar política y legalmente las acciones de las
autoridades gubernamentales y
burócratas mediante la exposición
pública de temas y actos ilegales. A
partir de ello coadyuvar que las acciones
gubernamentales correspondan a las
preferencias ciudadanas (Peruzzotti, 2002).
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 13
3.
La rendición de cuentas debe
entenderse como un proceso de
transparencia e incidencia ciudadana en
la gestión pública, en los últimos años,
la rendición de cuentas ha cobrado
relevancia en la esfera pública,
particularmente en el contexto de las
EFS, debido a la demanda ciudadana de
mayor control hacia las instituciones
gubernamentales. Vale decir, varios
autores han contribuido al
entendimiento del concepto de
“accountability” (O’Donnell, 1998;
Peruzzotti, 2010), esbozando nuevas
Experiencia de la Contraloría General del Estado, Ecuador
4.
La Contraloría General del Estado (CGE)
a través de la creación de la Dirección
Nacional de Asuntos Éticos,
Participación Ciudadana y Vinculación
de Grupos de Atención Prioritaria
(DNAEyPC) ha institucionalizado una
política de gestión de la ética e
integridad, tanto al interior de la CGE
como hacia los actores externos

con quien se relaciona esta institución
ya sean: instituciones públicas,
ciudadanía y otras entidades de control
de la región y el mundo.
Más allá de su creación y que esta
Unidad posea competencias de gestión
de la ética, el fomento del control social,
la promoción de la transparencia e
integridad, la vinculación de grupos
prioritarios y la coordinación con la
Función de Transparencia y Control
Social; se ha constituido en un referente
nacional e internacional en la promoción
de una cultura por la ética pública y la
inclusión social, desde una Entidad
Fiscalizadora Superior, puesto que
desarrolla importantes programas y
proyectos de: formación, denuncia
ciudadana, vinculación de grupos de
atención prioritaria y autoevaluación de la integridad.
Con este antecedente la importancia de
la DNAEyPC a nivel nacional e
internacional radica en la posibilidad de
intercambiar sus experiencias con otras
EFS de la Región y posicionar estos
temas en las agendas de las
organizaciones que agrupan a las EFS,
además de convertirse en un espacio
para implementar y validar propuestas
de carácter global e internacional como
son: aplicación de la Metodología de
Autoevaluaciones de la Integridad
(tanto IntoSAINT como SAINT) e ISSAI
130, entre otras.
Es fundamental el rol de esta Unidad ya
que toma estas experiencias
internacionales y promueve su
ejecución en otras instancias a nivel
nacional ya sea a través del Plan
Nacional de Integridad Pública y Lucha
Contra la Corrupción 2019 -2023(PNIPLCC) de la (FTCS), así como
también en la implementación de Redes Ciudadanas en los GAD’s locales.
Otro elemento fundamental y de alta
cualificación de esta Unidad es el
enfoque de vinculación con grupos de
atención prioritaria ya que permite
resaltar el impacto de la gestión del
control estatal en la mejora de la calidad
de vida de los grupos más vulnerables
en las sociedades, es decir identificar y
valorar el rol social de las EFS. Los
procesos y proyectos que ejecuta la
DNAEyPC en este ámbito son:
Conformación de Redes Ciudadanas
para Control del Uso Adecuado de
Recursos Públicos, Implementación de
la Ficha de Vigilancia Ciudadana,
Metodología para la Rendición de
Cuentas Institucional, Cursos de Ética y
Ciudadanía para una Gestión Pública
Responsable Ciudadana y Recepción,
análisis y tratamiento de denuncias ciudadanas.
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 14
La denuncia en la CGE. –“Mecanismo de participación
de la ciudadanía para alertar probables irregularidades
ligadas a la corrupción en
relación a los recursos de la administración pública.”

4.1
En función de las facultades previstas en
su Ley Orgánica la CGE y acorde a su
labor fiscalizadora de recursos, ha
expedido el “Reglamento para la
Presentación, Recepción y Trámite de
Denuncias para Investigación
Administrativa en la Contraloría General
del Estado” , dando luz al instrumento
de carácter normativo con objetivos
claros que se centran en establecer
requisitos y el procedimiento para la
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Suplemento del Registro Oficial No. 595, 12 de junio 2002.
Acuerdo No. 045-CG-2018, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 321 de 6 de septiembre de 2018.
3 4 3
4

Bibliografía
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 15
presentación de denuncias e instruir los
adecuados procedimientos para la recepción y trámite de las mismas.
Es importante indicar que el mencionado
Reglamento, además del Reglamento
Sustitutivo de Clasificación de
Información Reservada y Confidencial de
la Contraloría General del Estado ,
establece en los artículos 7 y 2 literal l),
respectivamente, que en todo el
procedimiento se mantenga la reserva
de los datos y hechos que han sido relatados por los denunciantes de buena
fe, con el propósito de tutelar la
integridad física, psicológica o material
de los involucrados en el caso.
Conclusión
La participación ciudadana crea
corresponsabilidad entre ciudadanos,
instituciones públicas y gobierno en la
definición de políticas públicas y
seguimiento a la ejecución y resultados
de éstas; el integrar a los ciudadanos,
para que participen en el ciclo completo
de la política pública (debate, decisión,
implementación y evaluación) promueve
un proceso de gestión abierto, horizontal
e inclusivo; la vinculación ciudadana en
la auditoría gubernamental fortalece el
nivel de eficacia de la EFS, y debería
estar en todo el ciclo de auditoría,
garantizando que ésta se transparente
en aras de fomentar debates colectivos y
plurales, hacia el bien común y la
defensa del patrimonio público.

5
Acuerdo 005-CG-2017, suscrito el 04 de abril de 2017, publicado en el Registro Oficial 992 de 26 de abril de 2017
5
Peruzotti, Enrique. 2010. La política
de accountability social en América Latina, Buenos Aires.
O’Donnell, Guillermo. Horizontal
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Versión en castellano: Accountability
horizontal, Ágora, 8.1998.
VARGAS, Jorge. “Auditorías
ciudadanas sobre la calidad de la
democracia: una herramienta para la
identificación de desafíos
democráticos”, en: O’Donnell, G.,
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Editorial Homo Sapiens, Buenos
Aires,2003, en prensa. Citado en
ALBERTO J. OLVERA, ERNESTO
ISUNZA VERA*: “Rendición de
cuentas”: los fundamentos teóricos
de una práctica de la ciudadanía,
https://www.researchgate.net/public
ation/242310577_Rendicion_de_cue
ntas_los_fundamentos_teoricos_de_
una_practica_de_la_ciudadania (8-5-2020)

Resumen: El presente trabajo realiza un
análisis del Sistema de Salud Pública de
Guatemala presentado datos del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social -MSPAS- y del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-. Dándole énfasis a la cobertura y
acceso a la Salud Pública, donde se
presenta la Red Hospitalaria disponible
por departamento; la cantidad de
profesionales que contribuyen a la
atención según el número de habitantes,
así como, el número de personas que
han tenido acceso a los Servicios de
Salud. Presenta las acciones del MSPAS
y IGSS, para brindar cobertura de Salud
frente a la amenaza epidemiológica
Coronavirus (COVID-19), donde se
observa la habilitación de hospitales
temporales que han surgido por la
debilidad de la Red de Salud Pública y la
cantidad disponible de respiradores
artificiales según el número de
habitantes. Además, realiza un análisis
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.8
el cual es el objetivo que brinda metas
para mejoras de cobertura de Salud a
través de indicadores. Se realiza una
comparación de los indicadores
planteados por las Naciones Unidas y los
propuestos por Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-. Así mismo, la
acción estratégica de fiscalización sobre
las acciones tomadas ante la amenaza
epidemiológica Coronavirus (COVID-19), por parte de la Entidad Fiscalizadora Superior de Guatemala.
LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 3.8 PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación
Palabras clave: Sistema de
Salud, Pandemia, COVID-19,
Coronavirus, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Prioridades
Nacionales de Desarrollo, Plan
Nacional de Desarrollo K´atun:
Nuestra Guatemala 2032, Entidad
Fiscalizadora Superior.
16
Autores:
José Antonio de León Ydigoras Marvin Antonio Berdúo Matzir EFS Guatemala
Analista; Dirección Técnica Sectorial de Auditoría Guatemala; La Contraloría General de Cuentas de la República
de Guatemala. Magíster en Encomia y Finanzas Cuantitativas (Universidad Rafael Landívar).
Director, Dirección Técnica Sectorial de Auditoría Guatemala; La Contraloría General de Cuentas de la República
de Guatemala. Maestría en Administración Financiera (Universidad de San Carlos de Guatemala). Contador
Público y Auditor (Universidad de San Carlos de Guatemala). 1 2
1 2
Demografía
Guatemala cuenta con una extensión
territorial de 108,889 km2, está
organizada en ocho regiones, veintidós
departamentos y trescientos cuarenta
municipios, 14,901,286 habitantes con
una densidad de 150 hab./km². Además,
el INE proyecta para el 2019 se tendrá
un total de 16,604,026 habitantes
(Instituto Nacional de Estadística
Guatemala -INE-, 2018).
La población del País se encuentra
comprendida por 51.5% mujeres y
48.5% hombres. La esperanza de vida al
nacer para la población es de 72.5 años

y por género es de 70.1 años para
hombres y de 77.2 años para mujeres.
El promedio de hijos por mujer con
fecundidad declarada esta refleja 3.8
hijos por mujer. Además, el porcentaje
de la población por autoidentificación
está comprendida por: 56% Ladino,
41.7% Maya, 1.8% Xinka, 0.2%
Afrodescendiente, 0.1% Garífuna y
0.2% extranjeros. Del total de población
el 53.8% de la población censada en el
2018 residía en áreas urbanas y 46.2%
en rurales.
El 81.5% del total de la población son
alfabetas y el 18.5% son analfabetas.
Los años promedio de estudio por sexo
son de 5.8 años hombres y 5.3 para
mujeres (Instituto Nacional de
Estadística Guatemala -INE-, 2018).
Sistema de Salud
El Ministerio de Salud Pública y Social de
la República de Guatemala -MSPAS- le
corresponde formular las políticas y
hacer cumplir el régimen jurídico
relativo a la salud preventiva y curativa
y a las acciones de protección,
promoción, recuperación y rehabilitación
de la salud física y mental de los
habitantes del país y a la preservación
higiénica de medio ambiente; a la
orientación y coordinación de la
cooperación técnica y financiera en
salud y a velar por el cumplimiento de
los tratados y convenios internacionales
relacionados con la salud en casos de
emergencias por epidemias y desastres
naturales (Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de la República de
Guatemala -MSPAS-, 2020).
Según el documento “Guatemala
Análisis del Sistema de Salud”,
financiado por la Agencia de los Estados
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 17
Carga Tributaria, Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, 2020
La transición epidemiológica en América Latina. (Frenk, Lozano, & Bobadilla, 2000)
Unidos para el Desarrollo Internacional
-USAID- por sus siglas en inglés, y
elaborado por Heatlth Finance &
Governance -HFG-, en Guatemala
coexisten disparidades significativas en
los indicadores de acceso a los servicios
de salud, las zonas rurales son más
afectadas que las áreas urbanas, esta
situación responde a que la Carga
Tributaria es de las más bajas de la
región con el 12.5% respecto al
Producto Interno Bruto el porcentaje
que le corresponde al IGSS de esta
carga es del 1.8%, lo cual limita la
inversión en salud, y de otros sectores,
situación que se ha visto agravada por
escándalos de corrupción, la inequidad
en términos de salud es un factor
repetitivo.
Por ejemplo, las regiones norte y
noroeste de Guatemala continúan
presentando las tasas de mortalidad
materna más altas del país – con más de
tres veces la tasa que se presenta en las
zonas metropolitanas, así como, la
mayor incidencia de desnutrición crónica
infantil. A excepción de la región
noroeste, las regiones con los niveles
más altos de mortalidad materna son las
mismas que reciben los niveles más
bajos del gasto total en salud per
cápita”. Guatemala respecto a su
transición epidemiológica (patrones de
cambio, momento de inicio, la velocidad
y la dirección de los cambios) , plantea
grandes retos debido a que en el
Sistema de Salud de Guatemala no ha
sido reforzado en infraestructura y personal.
Los resultados presentados en la Tabla
1, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, desglosa la red
nacional de salud pública con un total de
1,545 instalaciones, entre los que3
3 4 4

corresponden 46 hospitales públicos y
1,152 puestos de salud pública
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social -MSPAS-, 2020).
La estructura del Sistema de Salud se
clasifica en dos facetas, pública y
privada. En el sector público, los
principales actores son el MSPAS y el
IGSS. Las fuerzas armadas, están
cubiertas por su propia Red de Salud
Militar. La cantidad de personas
atendidas durante el 2015 fue de: 6.56
millones por el MSPAS, 2.27 millones
por el IGSS, 1.74 millones por
instituciones Privadas, 0.19 millones por
otras entidades públicas y 5.48 millones
de población no atendida. Esto datos se
comparan con la proyección de
población del 2015 la cual es de 16.25
millones (Diagnóstico Nacional de
Salud, MSPAS, 2016).
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 18
La Tabla 2 presenta el desglose y total
de Recurso Humano disponible en la Red
Pública Nacional que corresponde a un
total de 60,475 personas, lo que da un
resultado de 40 trabajadores por cada
10,000 habitantes, (Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social -MSPAS-,
2020). No obstante, un estudio de la
USAID presenta que el área urbana los
trabajadores en salud son de 25 por
cada 10,000 habitantes, en tanto que
en el área rural existen 3 trabajadores
por cada 10,000 habitantes (United
States Agency Intenational
Development -USAID-, 2015). Durante
la pandemia, la cantidad disponible de
recurso humano del MSPAS ha
aumentado, aunque no se poseen cifras sobre el total.

La Organización Mundial del Trabajo
-OIT-, define la “Seguridad Social es la
protección que una sociedad proporciona
a los individuos y los hogares para
asegurar el acceso a la asistencia médica
y garantizar la seguridad del ingreso, en
particular en caso de vejez, desempleo,
enfermedad, invalidez, accidentes de
trabajo, maternidad o pérdida del sostén
de la familia”. En Guatemala está
función la desempeña el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-; el cual fue creado por el Decreto
No. 295 de fecha 30 de octubre de 1946,
del Congreso de la República de Guatemala.
En la Tabla 3 muestra la Red Nacional del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; el mismo, cuenta con un total de
106 instalaciones, entre las cuales 25
son hospitales, 34 Consultorios y 32
Unidad Integral de Adscripción / Oficina
Integral de Adscripción.
La Tabla 4, refleja el aumento de
médicos comparando los meses de abril
y junio. El total de médicos disponibles a
junio 2020 al servicio del IGGS son de
2,314 médicos de los cuales 1,219 son
médicos generales y 1,078 médicos
especialistas. Además, el IGSS cuenta
con 1,290 enfermeras graduadas, 4,746
enfermeras auxiliares, 75 psicólogos, 4
epidemiólogos, 199 trabajadores
sociales al servicio del IGSS y 459 de
técnicos de laboratorios. Es importante
resaltar que, no obstante, la situación
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 19

Plan para la Prevención, contención y respuesta a caso de Coronavirus (COVID-19), MSPAS, 2020
Plan Institucional de Preparacion y Respuesta Rapida ante el Coronavirus COVID-19, IGSS, 20206
epidemiológica que atraviesa el País el
IGSS mantiene la misma cantidad de epidemiólogos al servicio de sus afiliados
según podemos ver en la comparación
de los meses de abril a junio. Siendo
necesario e indispensable la contratación
de otros profesionales en este ramo.
A diciembre 2019, el IGSS reporta un
total de 3,031,898 de personas con
derecho a acceso al IGSS, en lo que se
desglosa, 1,350,821 Afiliados, 550,175
Consortes, 806,637 niños menores a 7
años, 3,492 Pensionados Programa de
Accidentes, 176,385 Pensionados
Programa de Accidentes, 103,963
Jubilados Estado y 40,425 Personas no
Afiliadas. Lo que da un resultado de 32
trabajadores por cada 10,000 habitantes.
Pandemia
En diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, se reporta el primer caso por la enfermedad por coronavirus
-COVID-19-, la cual posteriormente se
extendió por todo el mundo. La
Organización Mundial de la Salud -OMS-
la reconoció como una pandemia global
el 11 de marzo de 2020 por el alto riesgo
sanitario que representa para todo el
mundo. Dicha pandemia, fue declarada
oficialmente en Guatemala el 13 de
marzo de 2020. El primer caso
detectado fue a una persona originaria
de Quiché que retornaba de un viaje por Europa.
El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, como ente rector tiene
la responsabilidad de velar por la salud
de la población guatemalteca, por lo que
ha asumido la responsabilidad para la
Prevención, Contención y Respuesta a
casos del Coronavirus (COVID-19).
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social -MSPAS-, 2020) Para atender la
emergencia, el MSPAS y el IGSS
realizaron de forma individual
5
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 20
5 6

7
un Plan Estratégico, los cuales tienen
como objetivo principal: Estandarizar la
respuesta de salud pública frente a la
amenaza epidemiológica que representa
una o más personas sospechosas o
confirmadas con Coronavirus
(COVID-19) desarrollado en las etapas
de prevención, contención y respuesta
de manera pronta, eficiente y eficaz en cualquier ubicación del país.
Aunque dentro de dichos planes no tiene
contemplado la subcontratación de
espacios temporales dada la incapacidad
de la red de infraestructura del MSPAS y
del IGSS. El MSPAS habilitó 5 hospitales
temporales más la subcontratación de
hoteles que brindan las condiciones
mínimas a las personas que han
contraído el virus. Los hospitales que
han sido habilitados son: Hospital
Temporal del Parque de la Industria, en
la ciudad Capital; Hospital Temporal de
Quetzaltenango, Hospital Temporal de
Zacapa, Hospital Temporal de Escuintla y
el Hospital Temporal de Petén. En cuanto
a los hoteles contratados por el MPAS,
no se posee información abierta para
identificarlos, pero deben de cumplir con
condiciones similares a las de un
hospital, con sistemas de limpieza y
seguridad; así como, con servicio de
alimentación en las habitaciones y
manejo de desechos sólidos, en este
último, la entidad responsable (MSPAS o
IGSS) apoya con el mismo.
El MSPAS, declaró el 7 de julio de 2020
que posee 51 hospitales públicos del
país; incluyendo los hospitales
temporales, los cuales están atendiendo
a pacientes covid-19, más un albergue
8
Hospitales Temporales COVID-19, Henry, 2020
MSPAS confirma contratación de Hoteles, Quino, 2020
Por cada mil casos diarios de coronavirus se necesitan 100 camillas, Dominguez, 2020
En Guatemala hay 4 respiradores por cada 100,000 habitantes, Espina, 2020
MSPAS confirma contratación de Hoteles, Quino, 2020
MSPAS autoriza a hospitales privados para atender a pacientes con COVID-19, Paredes, 2020
Por cada mil casos diarios de coronavirus se necesitan 100 camillas, Dominguez, 2020
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 21
7 8910111213
9temporal que se llama punto 1, además
se está expandiendo la capacidad de los
hospitales temporales.
Respecto al equipamiento, al 3 de abril
de 2020 , el MSPAS indicó que la
disponibilidad de respiradores es de 676
respiradores artificiales en 25 hospitales
públicos del País para atender a los
pacientes COVID-19 con problemas
respiratorios, de estos 198 son
arrendados. El 28 de mayo de 2020 el
MSPAS declaró que la disponibilidad de
respiradores es de 30 respiradores para
el Hospital Temporal del Parque de la
Industria, 17 en el Hospital de Villa
Nueva más lo que ya poseían con
anterioridad el Hospital Roosevelt y el
Hospital General San Juan de Dios. Esto
refleja que existe una disponibilidad de 4
respiradores por cada 100,000 habitantes.
Debido a la debilidad que posee el
sistema de salud pública, el 8 de junio
de 2020 el MSPAS autorizó a hospitales
y sanatorios privados de dar
tratamientos a personas que han dado
positivo a COVID-19 . Teniendo en
cuenta el cumplimiento de los protocolos
establecidos e impartidos en
capacitaciones previas por el MSPAS. El
MSPAS tiene el registro de 1,260 camas
que están destinadas para pacientes con
covid-19, de estas 1,054 son para
pacientes moderados y 300 camas para
terapia intensiva . El MSPAS, emitió un
comunicado que por cada 1,000
pacientes diarios infectados con
COVID-19 se necesitan 100 camillas,
además que, aunque se está
adquiriendo camas y tomas de oxígeno,
10
11
12
13

no hay suficientes médicos especialistas
en el país para la atención específica de
estos pacientes (Espina, 2020), además
que los médicos generales y de otras
especialidades que no sea intensivista,
internistas o neumólogos están
atendiendo casos de coronavirus (Dominguez, 2020).
Según las estadísticas del IGSS, para la
atención de la pandemia ha habilitado
espacios en la Infraestructura disponible
y además ha subcontratado espacios
temporales para la atención de los
infectados. En la Tabla 5 se muestra la
cantidad de camas que están habilitadas
para la atención de pacientes de
contagio de COVID-19 incluyendo
espacios propios y subcontratados es de
1,423 camas de las cuales a junio 2020han sido ocupadas un total de 852
camas. El total de médicos que están al
servicio de la pandemia a junio 2020 es
de 121 médicos y 694 auxiliares
atendiendo el servicio de emergencia en
hospitales centinelas (Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-, 2020).
Según los datos publicados por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social al 27 de julio de 2020 para
Guatemala son: 11,175 Casos activos
estimados; 46,451 Casos positivos
acumulados; 33,494 Casos
recuperados; 1,782 casos fallecidos;
275.5 Incidencia acumulada (casos por
100,000 habitantes); 10.6 la tasa de
mortalidad (fallecidos por 100,000 habitantes) y 3.8% letalidad.
1
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 22

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Guatemala asumió el compromiso,
juntamente con 192 países, del
cumplimiento de “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”. Dentro de la
Agenda 2030 se desarrollan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
-ODS-, que definen un plan de acción
para combatir la pobreza, la desigualdad
y buscar la adaptación ante el cambio
climático, esto con el fin de lograr una
prosperidad sostenible para todos.
En Guatemala para el cumplimiento de
los ODS, está implementando la
Estrategia de articulación de la Agenda de
Objetivos de Desarrollo Sostenible con el
Plan y la Política Nacional de Desarrollo
K´atun: Nuestra Guatemala 2032, la
institución responsable de esta
articulación es la Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-, encargada de
supervisar e implementar los
lineamientos, para cumplir con el
compromiso adquirido en los ODS.
De dicha alineación surgen las
Prioridades Nacionales del Desarrollo
-PND- que resumen la integración de las
80 metas del Plan K’atun y las 129 de los
ODS, lograron establecer 99 metas
priorizadas y cuyo resultado final fueron
16 Metas Estratégicas de Desarrollo
-MED- y las 10 PND . La Tabla 6 muestra
las Prioridades Nacionales que fueron
aprobadas por el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-,
en el “Punto Resolutivo Número
08-2017”; y, su reforma “Punto
Resolutivo Número 03-2018”.
Este apartado, se centrará en la Prioridad
Nacional de Desarrollo “Acceso a 14
Revisión Nacional Voluntaria, SEGEPLAN, 2019.
Objetivos de Desarrollo Sostenible, SEGEPLAN, 2017.
Revisión Nacional Voluntaria, SEGEPLAN, 2019. servicios de salud” específicamente en
dos metas, la Meta Estratégica ODS-3.8
y la Meta E2P4M2 las cuales son
definidas respectivamente como: “Lograr
la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para
todos” y “Garantizar la provisión y
atención en los servicios de salud al
100% de la población que enferma”. A
continuación, se comparan los
indicadores definidos por las Naciones
Unidas con los propuestos por SEGEPLAN que dan respuesta al ODS-3.8 .
La Meta 3.8 definida por las Naciones
Unidas cuenta con los indicadores: 3.8.1.
Cobertura de servicios de salud
esenciales (definida como la cobertura
promedio de servicios esenciales
basados en intervenciones con
trazadores que incluyen la salud
reproductiva, materna, neonatal e
infantil, las enfermedades infecciosas,
las enfermedades no transmisibles y la
capacidad de los servicios; así también,
el acceso a ellos por la población general
y los más desfavorecidos); y, 3.8.2
Número de personas con seguro de salud
o cobertura de un sistema de salud pública por cada 1.000 habitantes.
Mientras que, la Meta Estratégica de
ODS-3.8 definida por SEGEPLAN cuenta
con tres indicadores: 1) Porcentaje de
niños y niñas de 12-23 meses con
esquema completo de vacunación. 2)
Proporción de la población con grandes
gastos en salud por hogar como
porcentaje el total de gastos o ingresos
de los hogares. 3) Total neto de
Asistencia Oficial para el Desarrollo
destinado a los sectores de la
15
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación
14 1516
23
16

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 24
No. Pr ior idade s Nacionale s de De s ar r ollo Código M e tas Es tr até gicas de De s ar r ollo
1 10.2
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social , económica y
polí�ca de todos, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situa ción económica u
otra condición.
2 1.3Implementar sistemas y medidas de protección social
para todos
que sean nacionalmente apropiados, incluidos pisos y, para el año
2030, lograr una cobertura sustancial de las person as viviendo en
pobreza y vulnerabilidad.
3 Acceso a servicios de salud 3.8
Lograr la cobertura sanitaria universal, en par�cular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
4 12.2 Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
5 15.2 Para 2020, promover la ordenación sostenible de tod
os los �pos de
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques
degradados e incrementar la forestación y la refore stación en un
[x] % a nivel mundial.
6 Seguridad alimentaria y nutricio naE2P2M1
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la
desnutrición crónica en niños menores de cinco años , con énfasis
en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y g arífuna, y del
área rural.
7 E3P1M1En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paula
�no y sostenido,
hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) rango entre 3.4% y
4.4% en el quinquenio 2015-2020; b) rango entre 4.4% y 5.4% en el
quinquenio 2021-2025; c) no menos del 5.4% en los si guientes
años, hasta llegar a 2032.
8 E3P4M1
Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de
empleos decentes y de calidad.
a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a pa r� r del úl �mo
dato disponible: 16.9%.
b) Disminución gradual de la informalidad a par �r del úl �mo dato
disponible: 69.2%.
c) Disminución gradual de la tasa de desempleo a pa r� r del úl �mo
dato disponible: 3.2%.
d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que v ive en pobreza
extrema.
9 8.9Para 2030, elaborar y poner en prác
�ca polí �cas encaminadas a
promover un turismo sostenible, que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.
10Valor económico de los
recursos naturales 15.9Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas
y la diversidad
biológica en la plani ficación nacional y local, los procesos de
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobr eza y la
contabilidad.
11 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus
formas.
12 16.6 Crear ins
�tuciones e ficaces, responsables y transparentes en todos los niveles.
13 Educación 4.1
Para 2030, velar paraque todas las niñas y niños te ngan una
enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equita�va y
de calidad, que produzca resultados de aprendizaje per�nentes y
efec �vos.
14 Reforma fiscal integral E3P7M1
La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%)
y el gasto social ha superado el nivel del 7% del PIB obtenido en
2010.
15 E4P5M1 El 100% de los municipios cuenta con planes de orde namiento
territorial integral que se implementan sa �sfactoriamente.
16 E1P3M2
En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una may or capacidad
de ges�ón para atender las necesidades y demandas de la
ciudadanía.
Tabla 6. Prioridades y metas estratégicas de desarr ollo
Fuente: Revisión Voluntaria Nacional, SEGEPLAN, 2019
Reducción de la pobreza y
protección social
Acceso al agua y ges �ón de los
recursos naturales
Ordenamiento territorial Empleo e inversión
Fortalecimiento ins
�tucional,
seguridad y jus �cia

Investigación Médica y la Atención
Sanitaria Básica. De esta comparación,
los indicadores propuestos por
SEGEPLAN no contribuyen de forma
completa con el principal objetivo del
ODS-3.8 y por lo que debería de
reestructurarse.
La Meta E2P4M2 definida “Garantizar la
provisión y atención en los servicios de
salud al 100% de la población que
enferma”, cuenta con los indicadores: 1)
Densidad y distribución del personal
sanitario. 2) Capacidad prevista en el
Reglamento Sanitario Internacional
(RSI) y preparación para emergencias
de salud. El primer indicador, ayuda a
verificar si contribuyen a tener una
correcta densidad de médicos, personal
de enfermería, personal de partería,
personal de odontología y personal
farmacéutico que dan servicio a la
población. El segundo indicador, ayuda a
establecer el porcentaje de atributos de
13 capacidades básicas que se han
alcanzado en un punto específico en el
tiempo. Las 13 capacidades básicas son:
1) Legislación Nacional, Política y
Financiamiento; 2) Coordinación y
Comunicaciones de Puntos Focales
Nacionales; 3) Vigilancia; 4) Respuesta;
5) Preparación; 6) Comunicación de
Riesgos; 7) Recursos Humanos; 8)
Laboratorio; 9) Puntos de Entrada; 10)
Eventos Zoonóticos; 11) Seguridad
Alimentaria; 12) Eventos Químicos; y
13) Emergencias Radio-nucleares (SEGEPLAN, 2019).
Las acciones de la Entidad
Fiscalizadora Superior ante la Pandemia
El Artículo 232 de la Constitución Política
de Guatemala, indica que la Contraloría
General de Cuentas -CGC- es una
institución técnica descentralizada, con
funciones fiscalizadoras de los ingresos,egresos y en general de todo interés
hacendario de los organismos del
Estado, los municipios, entidades
descentralizadas y autónomas, así como
de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.
De acuerdo con el artículo nombrado
supra, con la ideología de “Integridad,
Eficiencia y Transparencia” promulgadas
por el Contralor General de Cuentas,
Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez; para
prevenir, combatir la corrupción a todo
nivel y la buena gobernanza. En ese
sentido, el Contralor General aprobó
bajo el Acuerdo A-015-2020, de fecha
21 de abril 2020, el “Plan Estratégico de
Fiscalización en el Marco de la
Emergencia Sanitaria por el COVID-19”,
que tiene como objetivo realizar la
fiscalización de forma adecuada y
efectiva de los fondos públicos
asignados para cubrir la emergencia
sanitaria derivada de la propagación del COVID-19.
La Tabla 7 muestra los programas y el
presupuesto asignado, aprobados por el
Decreto 12-2020 y su reforma Decreto
13-2020, los cuales tienen como
finalidad atender la Emergencia
COVID-19 y de proteger a los
guatemaltecos de los efectos causados
por la pandemia coronavirus COVID-19,
en el cual se autoriza una ampliación
presupuestaria de Q 13,226.00 millones
para atender la emergencia.
Conclusión
Como se ha demostrado en el desarrollo
de este documento, Guatemala posee
una debilidad mediante la cobertura de
Salud Pública según el número de
habitantes. Actualmente, el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social
-MPAS- cuenta con una Red de Salud de
1,545 instalaciones de los cuales
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 25

corresponden únicamente a 46
hospitales del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social en su Rede Salud
cuenta con de 106 instalaciones de los
cuales 25 son hospitales, lo que ha
conllevado a contrataciones de hoteles e
instalaciones privadas temporales para
brindar cobertura de Salud. Del Recurso
Humano disponible por el MSPAS cuenta
con 40 trabajadores por cada 10,000
habitantes y el IGSS 32 trabajadores por
cada 10,000 habitantes, aunque sí han
existido contrataciones de personal por
parte de ambas instituciones teniendo
datos únicamente del IGSS que aumentó
en 428 trabajadores de abril a junio,
teniendo un total de 9,087 trabajadores.
Del equipamiento, se estima que se
posee un total de 4 respiradores por cada 100,000 habitantes.En ese sentido, Guatemala sí posee
información para dar respuesta al
ODS-3.8 definida por las Naciones
Unidas, aunque en esta investigación las
cifras obtenidas son mediciones
parciales. En cuanto a los indicadores
propuestos por SEGEPLAN, se consideran
indicadores que no contribuyen de forma
completa en la medición de la ODS-3.8.
Es importante darle seguimiento y
cumplimiento al ODS-3.8, dado que
Guatemala no cuenta con los recursos de
Infraestructura, y mucho menos con el
Recurso Humano para atender la
Pandemia COVID-19, eso sin mencionar
el equipo médico necesario para atender
a pacientes positivos de COVID-19. El
trazo de indicadores correctos y medibles
trazará metas a corto, mediano y largo
plazo que deberán ser cumplidas para
Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 26
No. Entidad Re s pons able Pr ogr am a
Pr e s upue s to
As ignadzo
Que tzale s .
1 M inis t erio de D es arro llo So c ial M ID ES, D ec ret o 13-2020 A rt 2 F o ndo B o no F am ilia 6,000,000,000
Ejec ut ado po r M inis t erio de Ec o no m í a M IN EC O / EN C OOR D IN A C IÓN
C ON EL M IN IST ER IO D E T R A B A J O, D ec ret o 13-2020 A rt 3
C rédit o H ipo t ec ario N ac io nal de Guat em ala C H N ,
3 C rédit o H ipo t ec ario N ac io nal de Guat em ala C H N , D ec ret o 13-2020 A rt 4 F o ndo de C rédit o para C apit al de T rabajo 2,730,000,000
4
C rédit o H ipo t ec ario N ac io nal de Guat em ala C H N , D ec ret o 12-2020 A rt 15 num eral *2, ref o rm ado po r el A rt . 5 del D ec ret o 13-2020. F o ndo P ro t ec c ió n C apit ales 250,000,000
5
C rédit o H ipo t ec ario N ac io nal de Guat em ala C H N , D ec ret o 12-2020 A rt 15 num eral *3, ref o rm ado po r el A rt . 5 del D ec ret o 13-2020. F o ndo para las M ic ro , P equeñas y M edianas Em pres as M IP YM ES 400,000,000
M inis t erio de D es arro llo So c ial M ID ES, D ec ret o 12-2020 A rt 15 lit eral b) 350,000,000
M inis t erio de A gric ult ura, Ganaderí a y A lim ent ac ió n M A GA , D ec ret o 12-
2020 A rt 15 lit eral b) 350,000,000
7
M inis t erio de Salud P úblic a y A s is t enc ia So c ial M SP A S D ec ret o 20-2020 A rt 2. B o no de ries go para el pers o nal de s alud 26,000,000
8 Ins t it ut o N ac io nal de Elec t rif ic ac ió n IN D E, D ec ret o 12-2020 A rt 15 num eral 5. Garant izar lo s s erv ic io s públic o s 270,000,000
P ro gram a de rem o delac ió n e inf raes t ruc t ura
de ho s pit ales c ent ro s de s alud,
equipam ient o ho s pit alario e ins um o s
s anit ario s
700,000,000
P ara Ins t alac ió n de Labo rat o rio s
es pec í f ic o s de prueba y o t ro s m ét o do s de
det ec c ió n de C OVID -19
100,000,000
10
M inis t erio de D es arro llo So c ial M ID ES y M inis t erio de A gric ult ura,
Ganaderí a y A lim ent ac ió n M A GA , D ec ret o 12-2020 A rt 14 y 15 lit eral b) P ro gram a del A dult o M ayo r 50,000,000
13 , 2 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0
Tabla 7. Programas implementados para contrarrestar los efectos del COVID 19
T O T A LFuente: Congreso de la República de Guatemala, 2020
2 F o ndo para la P ro t ec c ió n del Em pleo 2,000,000,000
6 P ro gram a de A po yo A lim ent ario y
P rev enc ió n del C OVID -19
9 M inis t erio de Salud P úblic a y A s is t enc ia So c ial M SP A S D ec ret o 12-2020
A rt 15 lit eral a)

fortalecer el Sistema de Salud de
Guatemala. La Entidad Fiscalizadora
Superior de Guatemala, desarrolló el
“Plan Estratégico de Fiscalización en el
Marco de la Emergencia Sanitaria por el
COVID-19”, para implementar
Estrategias de Fiscalización de forma
adecuada y efectiva a las instituciones
del Estado que ejecutan los recursos
derivados de la emergencia ocasionada
por COVID-19, las cuales contemplan
auditar todas las medidas tomadas,
contratación de hospitales temporales,
la evaluación del desempeño de las
pruebas COVID-19 realizadas, además
de los 10 programas sociales para
contrarrestar los efectos económicos de
la Pandemia.
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Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 29
EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN BÚSQUEDA DE SALUD Y BIENESTAR EN TIEMPOS DEL SARS COV – 2 EN EL PERÚ
Resumen:
La Entidad Fiscalizadora
Superior de Perú, inició sus labores de
control en el marco de un Estado de
Emergencia Sanitaria y Estado de
Excepción, como resulta de la entrada en
vigencia de la Ley N° 31016 “Ley que
establece medidas para el despliegue del
control simultáneo durante la
emergencia sanitaria por COVID-19”
publicada el 6 de abril de 2020. Como
resultado de la labor, en los cien días del
acompañamiento del control a la
emergencia sanitaria, se llegaron a
emitir un total de 7 482 informes de
control, de los cuales 709 Informes de
Control fueron emitidos por el sector
salud, según el portal institucional de la
Contraloría General de la República del
Perú; además, con el desembolso de
más de S/ 90 900 millones que, hasta
julio de 2020, el gobierno destino para la
atención de medidas requeridas por
efectos del coronavirus en el país, se dio
apertura, a lo tratado en la Conferencias
Anuales Internacionales por la
Integridad 2019 CAII-2019 llevada a
cabo en Lima, organizada por la EFS de
Perú, referido al control gubernamental
con técnicas de la información como el
Big Data. Adicional a ello, se realiza un
análisis del sistema de salud de Perú, el
cual se subdivide en cinco subsistemas y
se expone, la estructura del sistema de control en el sector salud del país.
El derecho constitucional peruano, mediante el artículo 2 de la Constitución Autora:
Maryuri Hortencia Suárez Tapia EFS Perú
Política, señala, entre otros derechos, el
derecho a la vida y bienestar.
Para Baldo Kresalja/Cesar Ochoa
(2009), el concepto de bienestar “se
trata de un concepto amplio, que supone
que el ciudadano/persona posea todo
aquello que le permita ‘sentirse bien, es
decir, que solo poseyendo este estado de
bienestar podría decirse que la persona
se encontraría en las mejores
condiciones para cumplir con su
proyecto de vida”. Bajo este panorama,
el Estado debe brindar a sus ciudadanos,
la protección del derecho a la vida y
bienestar, lo que implica hasta el día de
hoy, un reto a escala de bicentenario;
pues faltando solo un año, para los 200
años de vida republicana, no se ha
logrado concretizar el objetivo.
Para brindar el servicio de salud, el Perú
tiene un sistema de atención sanitaria
descentralizado, administrado por cinco
subsistemas: el Ministerio de Salud
-MINSA- El Seguro Social de Salud
-ESSALUD- las Fuerzas Armadas -FFAA-
la Policía Nacional -PNP- y el sector
privado, lo cual ha significado una
dificultad para la atención coordinada de
los usuarios de salud, según la
perspectiva del actual presidente de la
República, llegando a proponer la
unificación del sistema de salud, como es el caso de países de Chile, Costa Rica
o Brasil. Para mayor exposición de los
sistemas de salud en el Perú, se detalla lo siguiente:
La Oficina de la OIT para los Países
Andinos (2013), en el Estudio del
Funcionamiento de ESSALUD, señala
que el sistema de salud del Perú
Palabras clave: salud, bienestar,
sistemas, universalización, EFS, eficiencia, Big data, control
gubernamental.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 30
comprende proveedores de servicios
públicos y privados, cada uno de los
cuales incorpora un conjunto de
mecanismos de financiamiento y
suministro de servicios integrados
verticalmente. Para la prestación de
servicios de salud, el sector público se
organiza en cinco segmentos, con
financiamiento contributivo o de rentas
generales.
En primer lugar, el Gobierno ofrece servicios de salud a la población no
asegurada a cambio del pago de una
cuota de recuperación de montos
variables, a través del Seguro Integral
de Salud -SIS- que subsidia la provisión
de servicios a la población en situación
de pobreza. La prestación de servicios,
tanto para el régimen subsidiado de
población abierta como para la población
afiliada al SIS, se realiza mediante la red
de establecimientos de los Gobiernos regionales y del Ministerio de Salud, que
están ubicados en las regiones y en la
capital de la República (Alcalde-Rabanal
et al., 2011, como se citó por la Oficina
de la OIT para los Países Andinos, 2013).
Este subsistema está estructurado en
tres niveles: nacional, regional y local. El
nivel nacional está conformado por el
MINSA, los órganos desconcentrados del
MINSA como la Dirección de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y los Institutos especializados.
El nivel regional está representado por
las Direcciones Regionales de Salud
–DIRESA – pertenecientes a los
gobiernos regionales y, el nivel local, por
algunas municipalidades encargadas de
la administración y el presupuesto de los
establecimientos de salud de sus
jurisdicciones (MINSA, 2010, como se
citó por la Oficina de la OIT para los
Países Andinos, 2013).
Estructura del sistema de salud del Perú
Fuente: Alcalde-Rabanal et al., 2011, como se citó por la Oficina de la OIT para los Países Andinos, 2013.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 31
Los otros cuatro subsistemas que
brindan servicios de salud son: i) el
Seguro Social de Salud – ESSALUD
adscripto al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, que opera con su
propia red de hospitales y centros de
salud; ii) las Sanidades de las Fuerzas
Armadas (Marina, Aviación y Ejército),
adscritas al Ministerio de Defensa, que cuenta con sus propias instalaciones; iii)
la Sanidad de la Policía Nacional del Perú
(PNP), adscrita al Ministerio del Interior,
que también cuenta con sus propias
instalaciones; y iv) las instituciones del
sector privado: entidades prestadoras de
salud (EPS), aseguradoras privadas,
clínicas y organizaciones de la sociedad
civil (OSC) (Wilson et al., 2009;
Alcalde-Rabanal et al., 2011, como se
citó por la Oficina de la OIT para los
Países Andinos, 2013).
Debe rescatarse los avances de los
gobiernos, como el actual; el cual
dispuso la universalización de la salud en
Perú, cuya meta es, que el 100% de los
residentes en el país tengan algún tipo
de cobertura de este servicio a finales de
este gobierno.
Pese a que la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud se
aprobó en el 2014, su implementación
había sido muy lenta hasta que en
noviembre del 2019 se emitió el Decreto
de Urgencia N° 017-2019, que señala
iniciativas para agilizar la cobertura en
prestaciones de carácter preventivo,
promocional, recuperativo y de
rehabilitación sobre la base del Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud
(PEAS). (La universalización de la salud, 2020).Así, mediante su numeral 2.1, artículo 2
del mencionado Decreto, se señaló lo
siguiente: “Autorícese a la IAFAS – SIS
a afiliar independientemente de la
clasificación socioeconómica, a toda
persona residente en el territorio
nacional que no cuente con ningún
seguro de salud, con la finalidad de
garantizar la protección del derecho a la
salud”; esto permitió el acceso a un
seguro de salud, a todos los residentes,
peruanos y domiciliados en el país ; sin
embargo, el reto se agudiza más todavía
con una pandemia del SARS Cov – 2, lo
cual implica un compromiso mayor de
organismos no solo del sector salud, sino
también de los organismos
fiscalizadores, como las EFS, las cuales
deben estar para coadyuvar a
garantizar la eficiencia y eficacia del
gasto público que implica afrontar una pandemia.
Bajo este panorama, la presencia de la
Entidad Fiscalizadora Superior de Perú,
se volvió necesaria, para participar como
agente activo de la fiscalización del
gasto público en época de pandemia, lo
cual se viabilizo mediante la Ley N°
31016 “Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo
durante la emergencia sanitaria por
COVID-19” publicada el 6 de abril de
2020, la cual en su artículo 2 faculta a la
Contraloría, controlar las entidades bajo
el ámbito del Sistema Nacional de
Control, receptoras de recursos públicos,
cuyo texto es el siguiente:
Las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) o más conocidas como
aseguradoras de salud, son las instituciones que brindan seguros de salud. (Plataforma única digital del Estado
Peruano, 2019).
Entre los más numerosos, se tiene el fenómeno migratorio de nuestros hermanos venezolanos a Perú.
1 2 1
2
“Artículo 2. Ejecución del control simultáneo La Contraloría General
de la República queda facultada para controlar las entidades bajo el ámbito

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 32
del Sistema Nacional de Control a
que se refiere el artículo 3 de la Ley
27785, receptoras de recursos
públicos asignados durante la
emergencia sanitaria por el
COVID-19; esto es, en los proyectos
de inversión, adquisiciones de bienes
y servicios, obras y en toda actividad
y procesos donde se viene
transfiriendo recursos públicos sin
limitación alguna, aplicando el
control simultáneo bajo las
modalidades: control concurrente,
visita de control y orientación de
oficio.”
El desembolso de más de S/ 90 900
millones de soles que hasta julio de
2020, el gobierno ha asignado, para la
atención de medidas requeridas por
efectos del coronavirus en el país,
(Contraloría General de la República,
2020), y la magnitud de población
destinataria de los beneficios del dinero
público, dio apertura, para poner en
práctica, lo que se debatió en la
Conferencias Anuales Internacionales
por la Integridad 2019 CAII-2019
llevada a cabo en Lima, organizada por
la EFS de Perú, respecto a el control
gubernamental con Big Data. De esta
manera, la Contraloría desarrolló el
aplicativo informático Transparencia en
el marco de la Emergencia Sanitaria
COVID-19, el cual permitió que 1874
titulares y responsables en cada
gobierno local, rindieran cuentas de
manera virtual. (Contraloría General de
la República del Perú, 2019).
Control Gubernamental en el Sector Salud
Teniendo en cuenta que el sistema de
servicios de salud en el Perú, se divide
en cinco subsistemas, como se expuso anteriormente; el sistema de control
gubernamental de Perú, ha tenido
cambio, para realizar su labor de control,
con respecto a la competencia de la
unidad orgánica de la EFS de Perú,
encargada de sistema de control
gubernamental en temas de salud, sin
embargo en líneas generales se puede
señalar que, el sistema de control
gubernamental en el sector salud es
desconcentrado, toda vez que la capital
de la República – Lima – y la Región del
Callao, se encuentran bajo la
competencia la Subgerencia de Control
del Sector Salud; en tanto las Gerencias
Regionales de Control, que se
encuentran a nivel de todo el territorio
nacional, son los órganos
desconcentrados de la EFS de Perú,
responsables de dirigir y ejecutar los
servicios de control y servicios
relacionados en la entidades
comprendidas en sus respectivos ámbitos de control.
Respecto a la competencia en Lima y
Callao, la EFS de Perú, cuenta en su
estructura orgánica con la Gerencia de
Servicios Públicos Básicos, que a su vez,
entres sus subgerencias, se encuentra la
Subgerencia de Control del Sector Salud,
que tiene como ámbito de competencia a
53 entidades, entre las cuales está
ESSALUD, MINSA, las Direcciones
Regionales de Salud – DIRESAS – los
Institutos de salud, el SIS y los
diferentes hospitales de las Sanidades
que ejecutan fondos públicos (Aplicativo
de Gestión de Entidades de la EFS Perú,
2020) ; siendo los brazos operativos los
Órganos de Control Institucional de cada
entidad -OCI- que son la unidad
orgánica especializada responsable de
llevar a cabo el control gubernamental
en una institución o entidad pública, de
conformidad con lo señalado en los
Fuente derivada de Intranet (no accesible públicamente)
3 3

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 33
artículos 7 y 17 de la “Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República” (Ley N° 27785, 2002).
Respecto al servicio de salud que brinda
el sector privado, la entidad que tiene
competencia para fiscalizar la atención
del servicio, de acuerdo a lo estipulado
en el Decreto Supremo N° 026-2015-SA,
es la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD – que hasta antes del
13 de agosto de 2015, dicha potestad
estaba encargada al Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
Puesto en marcha el sistema nacional de
control, respecto al ámbito de salud, se
realizó el Operativo de control a la
capacidad de respuesta de los
establecimientos de salud ante la
presencia de casos de coronavirus, lo
cual significó el despliegue de más de
200 auditores, quienes visitaron 97
establecimientos de salud públicos del
segundo y tercer nivel de atención a
nivel nacional. Estos hospitales han sido
asignados a la recepción y atención de
pacientes contagiados con la COVID-19,
los cuales representan una muestra
significativa de casi el 50% de los más
de 200 nosocomios autorizados para
este fin (Contraloría General de la
República, 2020).
Entre las áreas supervisadas, según este
Informe de Gestión de Control
Gubernamental (2020), estuvo el área
de triaje, la implementación de salas de
aislamiento, la disposición real de los
profesionales de salud, la distribución de
Equipos de Protección Personal (EPP) a
los profesionales de la salud, las
condiciones y protocolos de traslados de
pacientes en ambulancias, la disponibilidad de equipamiento
biomédico y el funcionamiento de las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
También se detalla, que los informes de
control emitidos al respecto señalan
riesgos como es, que la emergencia
sanitaria provocó una reducción de casi
30% en la capacidad de profesionales de
la salud en los establecimientos
visitados, es decir, en promedio,
atienden con el 74% de sus médicos, así
como el 76% de sus enfermeras (os) y el 72% de sus técnicos(as).
Según el Informe de Gestión de Control
Gubernamental (2020), durante los
operativos, los auditores contabilizaron
un total de 656 camas en las UCI para
pacientes con COVID-19, de las cuales
445 estaban ocupadas. Además, se
comprobó la existencia de 632
ventiladores mecánicos operativos, de
los cuales 453 estaban ocupados.
Tomando en cuenta estas cifras, se
concluye que existen 211 camas UCI
COVID libres, a la fecha de la visita, y
179 ventiladores mecánicos libres, por lo
que hay un déficit de 32 ventiladores
mecánicos para cubrir la totalidad de
camas UCI COVID. Sin embargo,
también se detectó que 80 ventiladores
mecánicos estaban inoperativos y 50 de
ellos está en hospitales adscritos a los
Gobiernos Regionales.
En ese sentido, la Contraloría llegó a
emitir un total de 7 482 informes de
control, de los cuales 709 Informes de
Control fueron emitidos por el sector
salud, según lo señalado en el Portal de
Contraloría (2020) en los cuales, se
recordó al Ministerio de Salud,
ESSALUDG, Fuerzas Armadas, Policía
Nacional y Gobiernos Regionales
mejorar la gestión de los hospitales
asignados a la atención de casos de

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 34
COVID-19, a fin de garantizar la
adecuada atención de los pacientes;
(Contraloría General de la República, 2020).
La necesitad de ventiladores en la
atención de pacientes covid, es un tema
de especial atención para el control
gubernamental, así el informe de
orientación de oficio
N°016-2020-OCI/0191-SOO señala que
la Oficina General de Administración del
MINSA compró 35 ventiladores adulto
pediátrico modelo Servo Air por un valor
de S/ 6 265 000. La adquisición incluía la
instalación en el plazo de cinco días
calendario. Sin embargo, estos fueron
entregados incompletos, sin la totalidad
de los accesorios y se otorgó la
conformidad cuando solo se cumplió con
el 28% de la entrega. Además, se
verificó que el nosocomio no cuenta con
profesionales de salud necesarios y
suficientes para el manejo de pacientes
con infección grave por COVID-19 en
Unidad de Cuidados Intensivos. Por
ejemplo, solo hay 4 médicos
intensivistas, cuando deberían tener 45;
18 enfermeras y que debería haber 130;
12 técnicos de enfermería y que se
requieren 90. En total, el personal suma
34: el 11% de lo que deberían disponer
según norma técnica, que es 320.
(Contraloría General de la República, 2020).
Otro punto álgido del control, fue el
servicio de control referido a la
realización de pruebas moleculares. La
Contraloría evidenció, pese a que el
Instituto Nacional de Salud (INS)
entregó y procesó de manera gratuita 19
746 pruebas moleculares para la
detección de COVID-19 remitidas por
centros de salud privados de Lima, éstos
vienen efectuando cobros relacionados
al servicio de diagnóstico que oscilan entre los S/ 422.72 y S/ 576.61. De
acuerdo al Informe de Visita de Control
N° 019-2020-OCI-INS-0229-CS/SVC, se
identificó que, en el período del 6 de
marzo al 26 de mayo de 2020, el área de
recepción y obtención de muestras del
Centro Nacional de Salud Pública del INS
registró las muestras biológicas de 88
establecimientos de salud privados, lo
que representa el 21% del total de
muestras remitidas a la referida entidad.
Cabe mencionar que el insumo de la
prueba molecular, para los casos
evaluados, fue proporcionado
gratuitamente por el Estado (Contraloría
General de la República, 2020).
Lo advertido alertó a SUSALUD, entidad
encargada de supervisar al sector
privado en servicios de salud, de una
institución del derecho comercial, la cual
es la excesiva onerosidad de la
prestación (Bullard A., 2010), toda vez
que se habría cobrado hasta $161
dólares aproximadamente, por
supuestos equipo de protección, kit de
toma de muestra y transporte al INS,
tema que en la actualidad se encuentra
en investigación.
Finalmente, hablar estadísticamente de
personas fallecidas, para muchos no solo
significan números, también implica la
pérdida de un padre, un tío, un ser
querido, y es ahí cuando el trabajo de
una entidad fiscalizadora, cobra la real
importancia de coadyuvar al gobierno, al
Estado, a los órganos ejecutores del
gasto público. Por ello, la fiscalización
para erradicar la corrupción e incluso la
universalización que implica el deber del
Estado para la protección del derecho a
la vida y bienestar de los peruanos, nos
ha llevado como EFS de Perú, hasta la
advertencia del comportamiento del
sector privado que brinda servicio de
salud, lo que significa de alguna manera

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 35
en términos simples, ayudar a salvar
vidas en todos los subsistemas que tiene
Perú.
En la teoría de la pérdida de chances de
curación o sobrevida, se da la
concurrencia del agente patógeno con la
conducta del médico, sobre lo cual
Aníbal Piaggio señala que cabe hacerse
algunas preguntas, las cuales, traídas al
contexto de control gubernamental
serían las siguientes: “¿Qué papel ha
jugado la actividad del servidor o
funcionario público en la producción del
daño y de un resultado negativo para el
paciente?; su comportamiento
profesional ¿ha sido la causa de un
luctuoso o agravante resultado, o ha
contribuido, y en qué medida, al
mismo?” (Piaggio, A., “Azar y certeza en
el derecho de daños». E.D., 152-798, como se citó por Juan Sonoda).
Hacer estas preguntas, permite llegar a
supuestos como el de, se hubiera
salvado más vidas, si el papel del
servidor público hubiera sido una
conducta no inmersa en corrupción; si se
hubiera ejecutado de forma adecuada el
presupuesto público, dando un
tratamiento preventivo a la salud de los
pacientes antes de la pandemia; no
hubieran tenido que enfrentarla con una
salud resquebrajada; en qué medida
afecta el desempeño funcional y la
efectividad del gasto público, del
funcionario del sector salud. Si se llegara
a una respuesta afirmativa, se podría
concluir que, si es determinante, el
trabajo y esfuerzo de la familia
fiscalizadora de las EFS, para poder
superar juntos esta época critica en el
mundo.
Por ende, el control gubernamental
coadyuva en la búsqueda de la salud y
bienestar de los peruanos, teniendo inmersos agentes, desde el ciudadano
que tenga conciencia de cuidar su salud,
hasta el funcionario o servidor público
que ejecuta de manera eficiente y sin
corrupción el dinero público, teniendo a
la Entidad Fiscalizadora como la que
alerta, guía, pero también propone
sanción, si se osara robarle la vida a un
peruano.
Conclusión
El intercambio de experiencias de
utilización de herramientas
tecnológicas, entre diferentes EFS de
la región y el mundo; así como la
magnitud de población destinataria
de los beneficios del dinero público,
dio apertura, a lo que se debatió en la
Conferencias Anuales Internacionales
por la Integridad 2019 CAII-2019
llevada a cabo en Lima, organizada
por la EFS de Perú, respecto al control gubernamental con Big Data.
El Perú tiene un sistema de atención
sanitaria descentralizado,
administrado por cinco subsistemas:
el Ministerio de Salud (MINSA);
ESSALUD; las Fuerzas Armadas
(FFAA), la Policía Nacional (PNP), y el
sector privado; en el mismo sentido,
el sistema de control gubernamental
es desconcentrado, en la capital de la
República, la Subgerencia de Control
del Sector Salud tiene bajo su
competencia a 53 entidades de salud,
geográficamente ubicadas en Lima y
Callao, en tanto las Gerencias
Regionales de Control, que se
encuentran a nivel de todo el
territorio nacional, son órganos
desconcentrados de la EFS de Perú,
responsables de dirigir y ejecutar los
servicios de control y servicios
relacionados en la entidades
comprendidas en sus respectivos ámbitos de control.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 36
La EFS de Perú, llegó a realizar un
total de 709 Informes de Control
emitidos por el sector salud, según lo
señalado en el Portal de Contraloría y
recomendó a las entidades como el
Ministerio de Salud, ESSALUD,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y
Gobiernos Regionales mejorar la
gestión de los hospitales asignados a
la atención de casos de COVID-19, a
fin de garantizar la adecuada atención de los pacientes.
El control gubernamental coadyuva
en la búsqueda de la salud y
bienestar de los peruanos, teniendo
inmersos agentes, desde el
ciudadano, hasta el funcionario o
servidor público que ejecuta de
manera eficiente y sin corrupción el
dinero público.
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la EFS de Perú (30.06. 2020)
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de-chances-de-curacion-y-sobrevida.pdf

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 37
APLICANDO EL PRINCIPIO DE PARETO AL CONTROL GUBERNAMENTAL
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL SIMULTÁNEO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
Autor:
Benjamin Gutierrez Espinoza
EFS Perú1
Bachiller en ingeniería civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, estudiante de maestría en gestión pública,
con conocimiento de inglés avanzado. Actualmente, labora en la Contraloría General de la República del Perú
producto del programa Nuevos Talentos en Control Gubernamental promoción 2018 asignado a la Subgerencia
de Atención de Denuncias.Fuente: Consulta Amigable (Mensual) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental
en las entidades de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 27785, promoviendo la
correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, como lo establece la Directiva N°
007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional”.
(Defliese, Jaenicke, Sullivan y Gnospelius, 1991) lo definen como “la susceptibilidad (…) de un tipo de operación
a errores que podrían ser importantes, (…)” refiriéndolo a auditoría financiera. Sin embargo, en la presente
investigación se extrapola este término usándolo como la susceptibilidad que posee un tipo de materia de
control a tener situaciones adversas frecuentes.
1 2 3 4
Resumen: En el Perú en la última
década, los recursos para ejecución de
proyectos de inversión pública para los
gobiernos locales se han incrementado
desde S/ 13,525 millones de soles en el
2010 a S/ 20,208 millones de soles en el
2019 de presupuesto institucional modificado .
Con el objetivo de mejorar la ejecución
de proyectos, la Contraloría General de
la República (CGR) ha implementado
diversas estrategias, entre las cuales se
encuentra el control simultáneo y la
incorporación progresiva de los Órganos
de Control Institucional (OCI) del
gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales; a la CGR.
Asimismo, la CGR ha logrado grandes
avances en la transparencia de
información, tal es el caso que, luego de
notificados los informes, éstos deben ser
publicados en su integridad en la página
web de la CGR (Ley N° 30742). Al
respecto, los informes publicados
forman una base de datos cuantiosa y
confiable para realizar investigaciones en materia de control y gestión pública. 2
3 En este sentido, el presente artículo de
investigación propone utilizar el principio
de Pareto para identificar las principales
situaciones adversas de los controles
simultáneos a la ejecución de obras
públicas por contrata efectuados por los
OCI de municipalidades provinciales
realizados durante el segundo semestre
del 2018 al primer semestre de 2019,
contribuyendo a aumentar el
conocimiento sobre los riesgos
inherentes que posee este tipo de
materia de control, para seguir
mejorando las estrategias de control a
obras, en especial la de los OCI.
4
Palabras clave:
Control
Simultáneo, Obras públicas,
Principio de Pareto.
Desarrollo de la Investigación
Las obras públicas son una materia de
control singular, debido a los montos que

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 38
manejan y al grado de especialización
necesaria durante su ciclo de inversión,
Programación Formulación y Evaluación Ejecución Funcionamiento
Programación Multianual de
Inversiones con énfasis
en cierre de brechas. Elaboración de
estudios y declaratoria de viabilidad. Ejecución de obra. Evaluación e incentivos
al cierre de brechas.
Figura n.° 1. Fases del ciclo de inversión de una obra
Fuente: Instructivo del Formato N° 01 registro en la fase de Ejecución para
proyectos de inversión Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Ministerio de Economía y Finanzas
Asimismo, cabe resaltar que la ejecución
de la obra es la fase en la que se da el
mayor gasto y donde se concretizan los
planos y especificaciones técnicas del
Expediente Técnico (E.T.).
Esta fase, posee normativa específica,
tal es el caso que el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018-EF, posee el “Capítulo VI
Obras”. Así como también debe cumplir
las Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobadas
mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA
de 8 de mayo de 2006, y sus modificaciones.
Por otro lado, actualmente el control
simultáneo es normado por la Directiva
N° 002 2019 CG/NORM y sus
modificatorias, siendo sus modalidades
principales aplicables a ejecución de
obras: Visita de Control y Control Concurrente.
el mismo que se muestra en la figura n.° 1.
Imagen n.° 1 Obra ubicada a más de 3000 m.s.n.m. a la que se realizó control simultáneo por parte de un OCI
Fuente: Elaborado por el autor.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 39
La visita de control se aplica a obras
públicas debido a que las principales
técnicas que utiliza son las de inspección
y observación, técnicas cruciales para
identificar situaciones adversas durante
la ejecución de obras. Cabe resaltar que
este método de control simultáneo solo
se realiza a una actividad o un único hito de control.El control concurrente se podría decir
que va más allá, debido a que se realiza
a modo de acompañamiento y tiene por
finalidad la evaluación de un conjunto de
hitos de la ejecución de obra ,
identificando situaciones adversas
durante diversos periodos de la ejecución.
Los hitos de control de la ejecución de obras, usualmente se encuentran asociados a las valorizaciones
(informes de avances mensuales) o al estado de la ejecución asociada a una fecha de corte.
5 5
Acciones de
planeamiento Etapa de
planificación Etapa de
ejecución de VC Etapa de
elaboración de informe de VC
Figura n.° 2 Interrelación de las etapas de una Visita de Control
Fuente: Elaborado por el autor.
Acciones de
planeamiento Etapa de
planificación
Etapa de
ejecución hito N1 Etapa de
elaboración de
informe de hito de CC
Etapa de
ejecución hito N2 Etapa de
elaboración de
informe de hito de CC
Etapa de
ejecución de último hito Elaboración de
informe de CC

Figura n.° 3 Interrelación de las etapas de un Control
Fuente: Elaborado por el autor.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 – 1er puesto 40
Dichas modalidades de control, poseen
plazos cortos en comparación a los de
control posterior. Asimismo, cabe
resaltar que 75% de los servicios de
control simultáneo realizados el 2019
fueron llevados a cabo por los OCI, de
acuerdo al Informe Ejecutivo Semestral
de Gestión Julio – Diciembre 2019 de la CGR.
En este sentido, la determinación de las
principales situaciones adversas
evidenciadas por los OCI, a la ejecución
de obras por contrata de los gobiernos
locales a nivel nacional, contribuirá a
aumentar el conocimiento sobre los
riesgos inherentes que posee este tipo
de materia de control, que será usado
para que el personal auditor (en especial
de los OCI) siga mejorando su estrategia
de control a obras dándole especial
atención a los procedimientos que
puedan evidenciar las situaciones
adversas más frecuentes.
No se consideró para el presente estudio, los informes realizados por el OCI de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, por ser una municipalidad provincial de régimen especial.
No se consideran para el presente estudio, controles a obras paralizadas o concluidas, debido a que éstos
controles contienen situaciones adversas referentes a dicho estado del a obra que no es el de ejecución de obra.
Durante parte del periodo de análisis se encontraba vigente la Directiva N° 006-2014-CG/APROD donde uno de
los tipos de control simultáneo aplicables a la ejecución de obras es la acción simultánea, por lo que se
considera en el presente estudio. 6
6 78 Ejecutado durante el segundo
semestre del 2018 al primer semestre del 2019.
Cuya materia a controlar sea la
ejecución de una obra por contrata.
Sean del tipo Visita de Control,
Control Concurrente o Acción Simultánea .
Primero, se delimitó la muestra de
estudio en los informes realizados por
los OCI de municipalidades provinciales
que cumplan con las siguientes
características:
7
8
AS
29%
VC
39%
CC
32%
Figura n.° 4 Tipos de servicios de control simultáneo de los 183
informes de la base de estudioConcurrente
Fuente: Elaborado por el autor. El Buscador de Informes de Servicios de
Control de la CGR, fue vital para el
proceso de recopilación de información
debido a que permitió el acceso a la
muestra de estudio. En este sentido,
para la presente investigación se
recopilaron 183 informes de control simultáneo de los siguientes tipos:

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 41
Asimismo, en dichos informes se identificaron 762 situaciones adversas, con la siguiente distribución:Tabla n.° 1 Distribución de tipos de situaciones adversas
n.° Situación Adversa relacionada a: Frecuencia
(unidades)
Frecuencia
(%)
Frecuencia
Acumulada
(%)
1 Permanencia de los encargados de
la ejecución 155 20.34% 20.34%
2 Seguridad 63 8.27% 28.61%
3 Revisión/Control de valorizaciones 55 7.22% 35.83%
4 Calidad de la obra 53 6.96% 42.78%
5 Alcance de la obra 37 4.86% 47.64%
6 Registro INFObras 36 4.72% 52.36%
7 Calidad del E.T. 35 4.59% 56.96%
8 Actualización del cuaderno de obra 28 3.67% 60.63%
9 Presencia del cuaderno de obra 23 3.02% 63.65%
10 Condiciones de inicio de obra 23 3.02% 66.67%
11 Perfil del personal clave 22 2.89% 69.55%
12 Cumplimiento de la oferta (personal
clave propuesto) 21 2.76% 72.31%
13 Materiales y su almacenamiento 19 2.49% 74.80%
14 Cumplimiento de la oferta (logística y obreros) 19 2.49% 77.30%
15 Retraso de obra o cronograma 14 1.84% 79.13%
16 Proceso de presentación y pago de valorizaciones 11 1.44% 80.58%
17 Procedimiento de selección 10 1.31% 81.89%
18 Calidad del E.T. de adicional/
deductivo 10 1.31% 83.20%
19 Fin de plazo de obra 10 1.31% 84.51%
20 Labores de supervisor 9 1.18% 85.70%
21 Pruebas de laboratorio 8 1.05% 86.75%
22 Concordancia y contenido del cuaderno de obra. 8 1.05% 87.80%
23 Trámite de adelantos de obra 8 1.05% 88.85%
24 Documentación completa del E.T. 7 0.92% 89.76%
25 Atención de la entidad de consultas de obra 7 0.92% 90.68%
26 Proceso de evaluación de
adicionales/ deductivos 7 0.92% 91.60%
27 Proceso y aprobación de
ampliaciones de plazo. 7 0.92% 92.52%
28 Permiso de entidades nacionales 6 0.79% 93.31%
29 Ejecución de adicional o Mayores Metrados, sin aprobación 5 0.66% 93.96%
30 Contenido completo de la
valorización 5 0.66% 94.62%
31 Presencia del expediente técnico en la obra 4 0.52% 95.14%
32 Atención de los requerimientos de
la comisión 3 0.39% 95.54%
33 Desechos de construcción –
limpieza 3 0.39% 95.93%
34 Control de garantías 3 0.39% 96.33%

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 42
Luego de haber tabulado los datos, se
corroboró que a la serie se le pueda
aplicar el principio de Pareto, para lo cual
se utilizó la regla simplificada del artículo
“The Pareto managerial principle: when
does it apply?” que indica como “rule of
thumb” que si el 20% de los atributos
(tipo de datos) representa más del 60%
de frecuencia, se puede utilizar el
principio de Pareto.
Al respecto, el total de tipo de
situaciones adversas es 56, por lo que su
20% asciende a 10.8, por lo que se
toman los 10 tipos de situaciones
adversas con mayores frecuencias, los
cuales en frecuencia absoluta
corresponden al 66.67% de la frecuencia
como se observa en la columna
frecuencia acumulada de la Tabla N° 1,
comprobándose que se puede aplicar el
principio de Pareto.
Los tipos de situación adversa con frecuencias menores o iguales a dos son respecto de: Contrato de ejecución
de obra o supervisión, mitigación ambiental, postergación de inicio de plazo, convenios de la entidad respecto
de la obra, no revisión del E.T. durante inicio de ejecución, Consultoría durante ejecución de obra, penalidades
al ejecutor y/o supervisor, adendas del contrato del contratista y/o supervisor, Anexo del cuaderno de obra,
Fiscalización posterior de doc. de cambio de personal clave, Superposición de ejecución de partidas, duplicidad
de E.T. aprobado, pago a supervisor en obra paralizada, evaluación de conciliación, pago de supervisor por mes
no laborado, requisitos de conciliación con el contratista, deficiente control interno, registro del contratista en
el SIAF.
Para fines de visualización gráfica, en el Diagrama de Pareto se visualizan la denominación de los 30 tipos de
situaciones adversas más frecuentes con su frecuencia acumulada de 94.62%.
9 10
9
Esta comprobación también se visualiza
en Diagrama de Pareto (Figura N° 5),
donde se observa que luego de haber
ordenado los tipos de situaciones
adversas de mayor a menor frecuencia,
se observa que el 66.67% de las
situaciones adversas corresponde a la
frecuencia acumulada de los 10 primeros tipos.
Finalmente, se determina que las
principales situaciones adversas
evidenciadas en el control simultáneo a
la ejecución de obras por contrata
realizadas por los OCI, que
representarían el 66.67% de las
situaciones adversas por el principio de
Pareto, son los 10 tipos de situaciones
adversas que se muestran a continuación: 10
n.° Situación Adversa relacionada a:
1 Permanencia de los encargados de la ejecución
2 Seguridad
3 Revisión/Control de valorizaciones
4 Calidad de la obra
5 Alcance de la obra
6 Registro INFObras
7 Calidad del E.T.
8 Actualización del cuaderno de obra
9 Presencia del cuaderno de obra
10 Condiciones de inicio de obra

35 Beneficios sociales o seguros de
obra 3 0.39% 96.72%
36 Estado de paralización de obra 3 0.39% 97.11%
37 al
56 20 otros tipos de situaciones
adversas con frecuencia menor o
igual a dos
≤ 2 2.89% 100.00%

Tabla n.° 2 Principales Situaciones Adversas
Fuente: Elaborado por el autor.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 43
0%
10%
20%
30%
40% 50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
100
200
300 400
500
600 700
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Cantidad
de Situaciones
Adversas
(unid.)
Situaciones A
dv
ersasDiagram
a de Pareto
Figura n.° 5. Diagrama de Pareto de Situaciones Adversas en Control
Simultáneo a la ejecución de obras por Contrata
Fuente: Elaborado por el autor.
66.6 7
%
Al respecto, la importancia del presente
estudio sobre la determinación de las
principales situaciones adversas que se
advierten en el control simultáneo a la
ejecución a obras de gobiernos locales,
radica en que permitirá:
Mejorar la estrategia y reducir el
tiempo de realización del control
simultáneo a ejecución de obras
públicas de los gobiernos locales,
debido a que desde la planificación se
realizarán procedimientos de control
orientados a la determinación de las
principales situaciones adversas
identificadas en el presente estudio.
Dar a conocer las principales
situaciones adversas evidenciadas en el control simultáneo que posee la
ejecución de obras públicas de
gobiernos locales en el Perú en el
periodo de estudio (2018-2019), al
equipo de auditores de la CGR y
demás Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).
Servirá de base para la realización de
formatos de Actas de Visita para
operativos de control simultáneo a
ejecución de obras de gobiernos
locales, ya que en los formatos de
Actas de Visita se podrán incluir ítems
centrados en evidenciar las
principales situaciones adversas,
dichos formatos al ser homogéneos
podrán ser utilizados en diversas
obras en los tiempos reducidos de un
operativo.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 44
Mejorar la estrategia de capacitación
de nuevo personal auditor que
realizará control simultáneo a
ejecución de obras públicas,
debiendo darle mayor énfasis en la identificación de las principales
situaciones adversas que se
presentan en la ejecución de obras,
detectadas en el presente estudio.
Asimismo, cabe resaltar que los
procedimientos utilizados en la presente
investigación y beneficios obtenidos
pueden ser replicados para diferentes
tipos de controles, diversas materias a
controlar, y ser realizados no solo por la
CGR sino también por las diferentes
EFS, debido a que el principal insumo de
la investigación es una cantidad
representativa de informes de control y
el principio de Pareto.
Conclusiones
1. Se recomienda continuar aplicando
el Principio de Pareto para la mejora
del Control Gubernamental, no solo
en la CGR, sino también en las
distintas EFS.
Se recomienda que las EFS
continúen realizando mejoras en las
herramientas de transparencia que
poseen, debido a que para la
presente investigación el Buscador
de Informes de Servicios de Control
de la CGR fue la fuente de
información del estudio.
Emplear el presente estudio como
base para mejorar las
capacitaciones del nuevo equipo
auditor que realizará controles simultáneos.
2. 3.
Recomendaciones
Se recomienda continuar aplicando
el Principio de Pareto para la mejora
del Control Gubernamental, no solo
en la CGR, sino también en las
distintas EFS.
Se recomienda que las EFS
continúen realizando mejoras en las
herramientas de transparencia que
poseen, debido a que para la
presente investigación el Buscador
de Informes de Servicios de Control
de la CGR fue la fuente de
información del estudio.
Emplear el presente estudio como
base para mejorar las
capacitaciones del nuevo equipo
auditor que realizará controles simultáneos.
Bibliografía
1. 2. 3.
Abraham Grosfeld-Nir, Boaz Ronen &
Nir Kozlovsky (2007). The Pareto
managerial principle: when does it
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Revista Fiscalizando Nª 26 / Artículos de Investigación 45
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Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019- 1er puesto
HACIA LA CONFORMACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL
PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y
LA GESTIÓN DE DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Autor:
Carlos Miguel Gómez Márquez EFS México
Resumen: En la investigación que se
presenta a continuación se desarrolla
una estrategia integral para que las EFS
de América Latina y el Caribe,
encabezadas por el recientemente
creado Grupo de Trabajo sobre
Fiscalización de Desastres en el marco
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la OLACEFS, fiscalicen la
gestión de desastres de los gobiernos
nacionales de la región, con el propósito
de pasar de la práctica de auditorías “ex
post” ante la ocurrencia de un desastre,
al desarrollo de auditorías coordinadas y
de revisiones entre pares “ex ante”
sobre este tema, así como a la
conformación de una red de fiscalización, la identificación de las
mejores prácticas y el fomento del uso
de tecnologías de la información y la comunicación en esta materia.
Desarrollo de la investigación
Un desastre es una interrupción grave
del funcionamiento de una comunidad o
sociedad en cualquier escala, provocada
por la ocurrencia de fenómenos
peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición,
vulnerabilidad y capacidad, ocasionando
impactos y pérdidas de vida, salud,
materiales, económicas y ambientales
(Comunidad Andina, 2018, p. 13).
Para dar respuesta a los desastres, los
gobiernos nacionales han adoptado dos tipos de modelos:
La gestión de desastres: consiste en
la organización y la administración de
recursos y responsabilidades para
abordar todos los aspectos
humanitarios de las emergencias, en
particular la respuesta y la
recuperación a los desastres (IFRC, 2019).
La gestión de riesgos de desastres:
es el proceso sistemático de utilizar
organizaciones, directrices, destrezas
y capacidades operativas para
implementar políticas enfocadas en
fortalecer las capacidades de
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y estudiante de la Maestría Internacional en Seguridad Alimentaria del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Director de Área en la Auditoría Superior de la
Federación con 10 años de experiencia en la práctica, la coordinación, la conducción y la supervisión
de auditorías de desempeño y evaluaciones de políticas públicas a los sectores de energía,
educativo, agrario y ciencia y tecnología. Miembro del Instituto Nacional de Administración Pública;
la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, y el Colegio de Contadores Públicos de México.
Principales líneas de investigación: fiscalización, evaluación, combate a la corrupción, compliance y
due diligence .
Palabras clave: Desastres,
gestión de riesgos de desastres,
gestión de desastres, auditoría
coordinada, revisión entre pares,
auditoría de desempeño, auditoría
financiera, auditoría de
cumplimiento.
1
46
1

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 1er puesto
La principal diferencia que existe entre
ambos modelos es que el primero se
caracteriza por ser “reactivo” y “ex post”
ante la ocurrencia de desastres, ya que
busca dar respuestas en el corto y
mediano plazo después de que éstos se
presentan, en tanto que el segundo se
caracteriza por ser “preventivo” y “ex
ante”, pues pretende evaluar el riesgo de
que los desastres ocurran, a fin de
establecer medidas que permitan, en la
medida de lo posible, anticipar las
repercusiones y minimizar las posibles
pérdidas. Ambos modelos son
necesarios para hacer frente, de manera
integral, a los desastres.
En este contexto, cada año los desastres
que ocurren en América Latina y el
Caribe cobran la vida de miles de
personas, causan enormes daños
materiales y generan cuantiosas
pérdidas económicas, lo cual representa
obstáculos para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.
Debido a sus repercusiones sociales,
económicas, ambientales y
presupuestarias, los desastres han sido
un área de atención prioritaria por parte
de diversos organismos fiscalizadores
alrededor del mundo.
En el caso de América Latina y el Caribe,
el 27 de abril de 2019, el Consejo
Directivo de la OLACEFS aprobó la
creación del “Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres en
el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, con objeto de promover la
cooperación entre Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) para el
desarrollo de estándares y buenas
prácticas en la fiscalización de la gestión de desastres.
Asimismo, diversas EFS de la región han
tenido un rol activo y constante en la
fiscalización “expost” de la gestión de
desastres de gran magnitud, como son
los casos de las entidades fiscalizadoras
de México, Brasil y Ecuador, quienes han
practicado auditorías de desempeño u
operacionales; auditorías financieras, y
revisiones especiales centradas en las
respuestas inmediatas de los gobiernos
nacionales y en la fase de reconstrucción.
Entre las principales problemáticas
identificadas por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), el Tribunal de
Cuentas de la Unión (TCU) y la
Contraloría General del Estado (CGE) en
la fiscalización de las medidas
gubernamentales adoptadas para dar
respuesta a los desastres, se encuentran las siguientes:Falta de información suficiente y
confiable que permita contar con un
diagnóstico de la magnitud y de los
daños de los desastres para apoyar la
toma de decisiones sobre los apoyos
a otorgar y la focalización de la
población a priorizar.
Insuficiente coordinación por parte
de las instancias responsables de la
47
prevención y afrontamiento a los
desastres, con el fin de reducir su
impacto adverso y la posibilidad de
que éstos ocurran. El riesgo de
desastre se refiere a las posibles
pérdidas que ocasionaría un desastre
en términos de vidas; las condiciones
de salud; los medios de sustento; los
bienes y los servicios, y que podrían
ocurrir en una comunidad o sociedad
particular en un periodo específico en
el futuro (UNISDR, 2009, p. 29).

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 1er puesto
gestión de desastres que repercute en
la falta de oportunidad de las medidas adoptadas.
Ausencia de protocolos y controles
que conducen a ineficiencias, así
como a un alto riesgo de fraude y
corrupción en la entrega de los
apoyos.
Insuficientes recursos humanos,
materiales y financieros para supervisar la gestión de desastres.
Deficiencias en los procesos de
contratación que involucran retrasos
en la entrega de las obras, bienes y
servicios; sobreprecios, y gastos
innecesarios destinados a aspectos
que no corresponden a la atención de los desastres.
48
Para fortalecer esta labor de fiscalización
en toda América Latina y del Caribe,
resulta necesario que las EFS de la
región cuenten con una estrategia
común que les permita abordar de
manera integral tanto la gestión de
desastres como la gestión de riesgos de
desastres, con la finalidad de tener un
mayor impacto en la prevención, la
detección y la respuesta a estas catástrofes.
Esta estrategia integral propuesta tiene
por objeto definir el rumbo general a
seguir por las EFS para colaborar, de
manera coordinada, en la fiscalización
de la gestión de riesgos de desastres y
en la gestión de desastres de los
gobiernos nacionales de la región. Los
seis ejes que conforman a la estrategia propuesta son los siguientes:
Ejes de la Estrategia:
a) Practicar auditorías coordinadas para fiscalizar la adopción
del Marco de Sendai 2015-2030 en la gestión de riesgos de
desastres.

b) Realizar auditorías de desempeño, financieras y de
cumplimiento para fiscalizar la gestión de desastres
emergentes.

c) Llevar a cabo revisiones entre pares para evaluar la capacidad
de recuperación de las EFS ante la ocurrencia de desastr es.

d) Conformar una red para la fiscalización de la gestió n de
riesgos de desastres y la gestión de desastres.

e) Identificar las mejores prácticas en la materia y valorar la
viabilidad de su adopción.

f) Analizar la pertinencia de promover la aplicación d e
tecnologías de la información y la comunicación en la gestión
de riesgos de desastres y en la gestión de desastres.

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES Y LA GESTIÓN DE DESASTRES
Fuente: Elaboración del autor.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 1er puesto
Conclusiones
Los seis ejes que conforman la
estrategia integral desarrollada son
útiles y relevantes para que las EFS de
América Latina y el Caribe fiscalicen
tanto la gestión de riesgos de desastres
como la gestión de desastres de los
gobiernos nacionales de la región, lo
cual contribuirá directamente a que las
EFS cuenten con un rol activo,
preventivo y detectivo, en materia de desastres.
Es por ello que se sugiere al Grupo de
Trabajo sobre Fiscalización de Desastres
en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que analice la
viabilidad de adoptar esta estrategia
como parte de sus líneas de trabajo en el
marco de la OLACEFS.
Cabe señalar que uno de los principales
problemas que enfrenta la gestión de
desastres llevada a cabo por los
gobiernos nacionales de la región es la
recurrencia de los incidentes, a pesar de
las advertencias previamente realizadas
por parte de las EFS sobre la posible
materialización de los riesgos
detectados, como es el caso de la ASF y
del TCU, quienes alertaron sobre
deficiencias en la operación del Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) y en la
seguridad de las represas antes de los
desastres ocurridos en 2017, cuando se
presentaron dos sismos de magnitudes
8.2 y 7.1 en México, y en 2019, año en
el que se rompió una de las represas de
la mina de Feijão de la Minera Vale S.A.,
afectando al municipio de Brumadinho,
Brasil.
Ante esta situación, un aspecto
prioritario que el grupo de trabajo de
OLACEFS deberá atender consistirá en
promover en la región que las observaciones y acciones formuladas en
las auditorías, efectivamente sean
tomadas en cuenta por las entidades fiscalizadas, con la finalidad de que
éstas tengan un verdadero impacto en
la mejora de los procesos de
identificación, evaluación, respuesta y
seguimiento a los riesgos de desastres y a los desastres mismos.
En conclusión, lejos de memoriales, lo
que los ciudadanos latinoamericanos
realmente necesitan y exigen es una
respuesta oportuna y eficaz, por parte
de sus gobernantes, para la
recuperación y la reconstrucción en
caso de desastres, y las EFS pueden
contribuir activamente a lograr lo
anterior mediante su labor de fiscalización.
Bibliografía
49
Auditoría Superior de la Federación.
(2018). Reconstrucción de vivienda
afectada por los sismos del 7 y 19 de
septiembre de 2017. Recuperado de:
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de los recursos provenientes de la
aplicación de la Ley Orgánica de
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Ciudadana para la Reconstrucción y
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por el terremoto del 16 de abril de
2016, en el Ministerio de Economía y
Finanzas y Entidades Relacionadas, por el periodo comprendido entre el 1
de septiembre de 2016 y el 31 de julio
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Versión extendida de este artículo:
https://www.olacefs.com/1er-pues-
to-concurso-caj-pres-car-
los-gomez-efs-mexico/

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
LA APERTURA DE LOS DATOS DE GOBIERNO Y SU BENEFICIO EN PRO DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
Resumen:
La adopción inteligente de
las nuevas tecnologías en las
organizaciones, independientemente de
su giro, es una de las condiciones
imprescindibles para mejorar la
eficiencia y ser competitivas. La
organización que no implemente las
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) no es
necesariamente que sea menos moderna, sino menos práctica.
En el marco de la Gestión Pública, los
gobiernos están llamados a crear Valor
Público para la sociedad, es decir,
producir resultados significativos para la
población a través de servicios tangibles
e intangibles, haciendo uso de distintos
tipos de recursos, entre ellos la
tecnología y la innovación para ofrecer
una gestión transparente y clara para
con los ciudadanos, quienes cada día
demandan mejor atención y rendición
de cuentas en los distintos servicios a
los que acceden; ya que, en el ejercicio
de sus derechos, desean participar más
activamente en las decisiones del
gobierno y controlar sus resultados; de
ahí la necesidad de la apertura de los
datos de gobierno.
Este trabajo trata de resumir los
aspectos más relevantes relacionados
con los datos abiertos, sus
características, beneficios y uso en la
fiscalización horizontal que las Autora:
Mariela Ninette Gómez Gurdián EFS Nicaragua
Máster en en Informática Empresarial. Especialista en Análisis, Diseño e Implantación de Soluciones
Informáticas. Actualmente Responsable de la División de Tecnologías de la Información de la Contraloría
General de la República de Nicaragua y miembro del cuerpo docente de la Dirección de Postgrados y Educación
Continua (DPEC) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-Nicaragua). Ingeniero en Computación
(UNI-Nicaragua, 1999), Postgrado en Gerencia Informática (UNICA-Nicaragua, 2000), Maestría en Informática
Empresarial (UNI-Nicaragua, 2013), Diplomado en Gestión Pública (UNAN-Nicaragua, 2018). Palabras clave:
datos abiertos,
transparencia, rendición de
cuentas, fiscalización horizontal, tecnología.
1
1
51
Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) ejercen por mandato legal en
cada uno de los países; mencionando
también, de manera general, el
beneficio que estos datos también
representan para la fiscalización vertical
ejercida como un derecho de la ciudadanía.
Basados en las guías que ofrecen
organizaciones como la Sunlight
Foundation y el Banco Mundial, se
presentan los elementos más
importantes a considerar para la
implementación de políticas de datos
abiertos, así como lo concerniente al
componente tecnológico que acompaña
estas iniciativas.
El trabajo finaliza, presentando los
avances que hay respecto a los datos
abiertos de gobierno en América Latina
y el Caribe (ALC) y los principales retos a los que se enfrentan.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
Marco teórico de copyright, patentes u otros
mecanismos de control o propiedad. La
apertura de datos del gobierno implica
tanto consideraciones técnicas como
políticas. Si los datos de los gobiernos
se hacen abiertos, puede tener enormes
beneficios potenciales que incluyen
transparencia, eficiencia e innovación
(CEPAL, 2019). Para que los datos se
consideren “abiertos,” estos deben
poder ser re-utilizables, es decir, que
puedan ser descargados en formatos
abiertos, ser leídos por diversos
softwares, y que los usuarios tengan el
derecho legal de re-utilizarlos (WBG, 2019).2
52
La transparencia de los gobiernos y el uso de las TIC
La transparencia gubernamental
consiste en que la información sobre las
actividades de los organismos públicos
sea creada y esté a disposición del
público, con excepciones limitadas, de
manera oportuna y en formatos de
datos abiertos sin límites para la
reutilización. Esto incluye la divulgación
de información en respuesta a las
solicitudes de la ciudadanía y de manera
proactiva, a iniciativa propia de las
entidades públicas. Además, de que la
información clave acerca de los entes
privados esté disponible ya sea
directamente o a través de organismos
públicos (CEPAL, 2019).
Gobierno abierto
La siguiente definición de gobierno
abierto es una que recoge CEPAL
(2019): “El Gobierno Abierto surge
como un nuevo paradigma y modelo de
relación entre los gobernantes, las
administraciones y la sociedad:
transparente, multidireccional,
colaborativo y orientado a la
participación de los ciudadanos tanto en
el seguimiento como en la toma de
decisiones públicas, a partir de cuya
plataforma o espacio de acción es
posible catalizar, articular y crear valor
público desde y más allá de las fronteras
de la burocracias estatales”.
Datos abiertos
La idea de datos abiertos se sustenta en
que los datos deben estar disponibles de
manera libre para todos en términos de
poder acceder, utilizar y volver a
publicar dichos datos, sin restricciones
La fiscalización horizontal y la función de las EFS
En distintas fuentes se encuentran los
términos de fiscalización vertical y
fiscalización horizontal; los cuales
ambos se refieren a rendición de
cuentas, con la diferencia que, en la
fiscalización vertical el que ejecuta el
control es el ciudadano, como un
derecho a conocer y evaluar al
gobierno; y en la fiscalización
horizontal, es una entidad autorizada
para ejercer el control como una
competencia legal. En la Declaración de
Lima sobre las Líneas Básicas de la
Fiscalización, emanada del IX Congreso
de la INTOSAI, en su preámbulo, señala
que es indispensable que cada Estado
cuente con una EFS eficaz, cuya
independencia esté garantizada por la
ley. (Márquez D., s.f).
Datos abiertos y las políticas de datos abiertos
De acuerdo con Naciones Unidas,
estamos ante una “revolución de los
datos”, caracterizada por una explosión
en el volumen, en la velocidad a la que

generan y diseminan, y en las diversas
fuentes y dispositivos en los que se
encuentran disponibles. Esto representa
un desafío para los gobiernos, los cuales
deben convertirse en administradores
de la información y los datos, para lo
cual deben propiciar espacios de
colaboración donde se habilite la
generación de valor a través del uso de
datos abiertos (Muente, A.; Serale, F., 2018).
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
http://opendatatoolkit.worldbank.org/es/index.htmlDescripción
: El grado de detalle de las
descripciones de datos abiertos, de
modo que los consumidores tengan
suficiente información para entenderlos y procesarlos. Reutilización : Si los datos abiertos se
ofrecen en virtud de una licencia abierta
que no establece restricciones de uso. Exhaustividad : Si los datos abiertos
se publican en formas primarias con el
mayor nivel de granularidad posible que
permitan las leyes y otros requisitos.Oportunidad : La velocidad con que los
datos abiertos se ponen a disposición
del público, de modo de preservar su
valor.
Gestión posterior a la publicación :
Si se designa un punto de contacto para
ayudar con el uso de los datos y
responder a reclamaciones sobre
cumplimiento de estos requisitos de datos abiertos.
Los beneficios que brindan los datos
abiertos son variados tanto en el sector
privado como de gobierno. Muente, A.;
Serale, F. (2018) en la publicación
Datos abiertos en América Latina y el
Caribe, mencionan usos y beneficios
que proporcionan los datos abiertos
basados en experiencias de países de la
región, los cuales se resumen en:
Ayudan a aumentar la transparencia y
rendición de cuentas de los gobiernos,
facilitan mayor detección de actos de
corrupción, empoderan a los
ciudadanos al brindarles evidencias y
fortalecer sus demandas, ayudan a los
formuladores de políticas a mejorar la
evaluación de problemas públicos y
facilitan la colaboración entre el sector
privado y el público.
2
53
2
Características y beneficios de los datos abiertos
La Carta Internacional de Datos Abiertos
define a los datos abiertos como datos
digitales que son puestos a disposición
del público con las características
técnicas y jurídicas necesarias para que
puedan ser usados, reutilizados y
redistribuidos libremente por cualquier
persona, en cualquier momento y en
cualquier lugar. Los datos abiertos
deben permitir a todos, accederlos, a
través de formatos digitales; utilizarlos , a través de la
estructuración en formatos o estándares
que faciliten la interoperabilidad y compartirlos , a través de su certeza
jurídica e integridad (Muente, A.;
Serale, F., 2018).
Basados en la caja de herramientas
provista por el Banco Mundial , algunas
características que determinan la
calidad de los datos abiertos, son: Carácter público : El grado en que los
datos gubernamentales se tratan,
favoreciendo la apertura.Accesibilidad : La medida en que los
datos abiertos se ponen a disposición
del público en formatos convenientes, modificables y abiertos.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
Políticas de datos abiertos
Desde 2012, América Latina y el Caribe
se ha caracterizado por ser una región
activa en la apertura y uso de datos
abiertos. La región posee la mayor
cantidad de adopciones de la Carta
Internacional de Datos Abiertos, y ha
sido un actor relevante en la definición
de sus principios (Muente, A.; Serale,
F., 2018). Así también, en el sitio del
Observatorio Regional de Planificación
para el Desarrollo de América Latina y
el Caribe , se puede verificar la lista de
países que son parte de la Alianza para
el Gobierno Abierto; sin embargo, no todos, tienen un plan de acción vigente.
Basados en la guía que ofrece la
Sunlight Foundation, se puede resumir
de la siguiente manera lo que se debe
tomar en cuenta para implementar una política de datos abiertos. ¿Qué datos deben ser públicos?
Establecer por defecto la apertura de
datos, crear políticas de datos abiertos
en referencia a políticas de rendición de
cuentas y de acceso a información
pública ya existentes, disponer la
publicación de nueva información
específica, estipular que las condiciones
aplican a contratistas o entidades semipúblicas, custodiar
apropiadamente la información sensible
o reservada, requerir que la excepción
de publicación de ciertos datos sea en
consideración del interés público,
requerir compartir códigos o la
publicación de datos en código abierto. ¿Cómo crear datos públicos?
Asignar formatos abiertos para datos
gubernamentales, requerir que la
información pública sea publicada en
línea, remover las restricciones al
acceso a información, remover las
restricciones en la reutilización de
información, requerir la publicación de
metadatos o cualquier otra
documentación, encomendar el uso de
identificadores únicos, requerir la
digitalización y distribución de archivos
impresos, crear un portal o sitio web
dedicado a la publicación de datos y los
temas relacionados a la política,
publicar datos en repositorios, crear
interfaces de programación de
aplicaciones (API por sus siglas en
inglés) públicas para acceso a
información, estipular el llenado
electrónico de solicitudes de apertura
de datos, establecer continua
publicación de datos y actualizaciones,
crear un permanente y perdurable acceso a datos.
¿Cómo implementar una política de datos abiertos?
Nombrar o crear una autoridad de
supervisión, crear regulaciones o guías
de implementación de obligatorio
cumplimiento, crear nuevos derechos
legales u otro tipo de mecanismos,
incorporar perspectivas públicas
dentro de la implementación de la
política, establecer plazos
adecuadamente ambiciosos para la
implementación, crear procesos para
asegurar la calidad de los datos, crear
54
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/tratados/alianza-para-el-gobierno-abierto?page=0 https://sunlightfoundation.com/opendataguidelines/es/
http://sunlightf.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/10/OpenDataGuidelines_v3.pdf
34 3
4

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
una lista pública y completa de todas
las explotaciones de la información,
asegurar financiamiento suficiente
para la implementación, vincular la
adjudicación de contratos de nuevos
sistemas al cumplimiento de la
transparencia, crear o explotar el
potencial para las alianzas
público-privadas, establecer revisiones
futuras para potenciales mejoras o modificaciones a la política.
La aplicación de datos abiertos:
transparencia y la fiscalización horizontal
Dentro de los beneficios del uso de
datos abiertos, que el Banco Mundial
resume en su caja de herramientas de
datos abiertos de gobierno , se
mencionan: la transparencia, ya que
los datos abiertos respaldan la
supervisión pública de los Gobiernos.
Además, aportan a la eficiencia, ya que
facilitan y abaratan la tarea de los
ministerios del Gobierno de encontrar
y utilizar sus propios datos o los datos
de otros ministerios, lo que reduce los
costos de obtención, duplicación y
otros gastos generales.
En el caso específico de la fiscalización
horizontal que las EFS realizan, los
datos abiertos favorecen grandemente
su trabajo ya que: facilitan determinar
indicadores de riesgos y en
consecuencia planificar mejor las
auditorías a realizar, permiten una
mayor detección de actos de
corrupción, reducen los tiempos de
ejecución de las auditorías ya que
aportan abundante información para
ser analizada, facilitan el análisis de la
información, se tiene acceso a lainformación en todo el momento,
permiten analizar más datos y por
ende usar una mejor muestra, aportan a la calidad de las auditorías y al papel fiscalizador que la EFS realiza.
El componente tecnológico
Implementar políticas de datos
abiertos requiere de un componente
meramente tecnológico que debe ser
considerado y valorado
adecuadamente, desde la selección del
modelo (infraestructura) hasta la
tecnología específica a usar. No existe
un esquema único a seguir para la
implementación del componente
tecnológico.
La guía que el Banco Mundial ofrece en
la caja de herramientas de datos
abiertos de gobierno, hay una sección
específica para lo que a tecnología corresponde .
Catálogo de datos, plataforma y modelos
55
http://opendatatoolkit.worldbank.org/es/
http://opendatatoolkit.worldbank.org/es/technology.html
56 5
6
Catálogo de datos: es una lista de
conjuntos de datos disponibles en
una iniciativa de datos abiertos.
Habitualmente, un catálogo de datos
es el elemento central en línea de
una iniciativa de datos abiertos.
Algunas características comunes de
los catálogos de datos son: de fácil
acceso para los usuarios, fácil
búsqueda, están disponibles para
descarga, con metadatos, con
licencias claras para uso de los datos,
permiten vista previa; cumplen
ciertos estándares, con interfaz API y son seguros.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
https://opendatabarometer.org7
Avances en la región y los principales retos
Según Muente, A.; Serale, F., (2018),
ALC es una región altamente
comprometida con la agenda de datos
abiertos. No obstante, estos autores,
también indican que, la región cuenta
con más de 200 portales de datos
abiertos; sin embargo, sólo 13 países
cuentan con portales centrales y
muchos de los datasets publicados no
cuentan con datos puramente abiertos.
Esta misma fuente afirma que, siete
países en ALC han consolidado sus
políticas nacionales de datos abiertos:
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
México, Perú y Uruguay.
Consultando la cuarta edición del
Barómetro de Datos Abiertos (BDA ) se
puede confirmar que, mientras algunos
gobiernos están avanzando; los datos
abiertos siguen siendo la excepción y
no la regla. Por lo que, se puede
concluir que aun los retos son
bastantes en esta materia. Muente, A.;
Serale, F., (2018), mencionan que la
apertura por defecto tiene numerosos
desafíos para los gobiernos, entre ellos:ministerios contribuyentes; en este
enfoque, algunos archivos de datos
o servicios de API se gestionan
desde ministerios separados,
mientras que los metadatos se
siguen incorporando en el catálogo
central para permitir búsquedas y
acceso entre ministerios, este
modelo es adecuado cuando uno o
más ministerios tienen la capacidad
y experiencia para gestionar sus propios datos abiertos.
7
56
Plataforma: constituye la puerta de
acceso en línea para que los usuarios
tengan disponibles todos los recursos
de una iniciativa de datos abiertos.
Una plataforma incluye el catálogo de
datos y otras informaciones y
servicios que forman parte del
ecosistema de datos abiertos. Los
servicios de una plataforma se suelen
implementar mediante distintas tecnologías (no una sola).
Modelos (Infraestructura): a nivel
de infraestructura tecnológica, los
modelos pueden variar. En la caja de
herramientas de datos abiertos de
gobierno que ofrece el Banco
Mundial, se plantean tres, los cuales
varían en la relación entre los
distintos elementos que son parte del
modelo y las escalas de los sistemas.
Plataforma única: infraestructura
simple, con un servidor único
administrado por el organismo
correspondiente o alojado en la nube,
los conjuntos de datos manejados
por API, gestionados por separado
siguiendo los requisitos de las
tecnologías que les corresponden,
funciones de blog, apoyo a los
usuarios y comentarios pueden
proporcionarse a través de la misma
infraestructura utilizada en el
catálogo. Servidores separados:
administración por separado del
catálogo de datos y el servidor de
archivos utilizando infraestructura
alojada internamente o en la nube,
enfoque más sofisticado que el
modelo de plataforma única y es más
adecuado para conjuntos de datos y
catálogos más grandes. Catálogos
federados, la gestión del catálogo de
datos abiertos puede
descentralizarse a uno o más de los

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
Regulación: Se necesitan revisar
las Leyes de Acceso a la Información
para fomentar la liberación de datos,
indicando las excepciones a la
publicación en función de la
privacidad, la confidencialidad y la propiedad intelectual. Gobernanza: Definir las
responsabilidades de generación y
publicación de datos. Un modelo
muy utilizado consiste en
descentralizar la responsabilidad de
generación de datos a nivel
sectorial, e interoperar con una
autoridad central, la cual deberá
definir los estándares de calidad,
publicación y estructuración de datos y su identificación. Tecnología: Contar con una
plataforma que permita la
interoperabilidad entre los distintos
datos que generan las entidades
descentralizadas y la entidad central
que administra la plataforma y
establece la gobernanza de los
datos. También se necesita generar
capacidades técnicas a nivel
descentralizado para producir datos
de manera automática.
Adicionalmente, se requiere invertir
en recursos tecnológicos y de capital
humano para que estas entidades
puedan generar, compartir y utilizar sus datos.
De manera particular, para las EFS,
existen retos específicos relacionados
con los aspectos tecnológicos, lo cual
tiene que ver con la inversión en
tecnología que las EFS deben
considerar para el uso de datos
abiertos, tanto en la infraestructura
como tal, como en capacitación técnica
al personal administrador de esta
57
nueva tecnología y la sostenibilidad en
el tiempo de lo invertido. Así también,
lo concerniente a recursos humanos,
que implica que el personal que realiza
las auditorías esté capacitado para
explotar estas nuevas herramientas
tecnológicas y en metodologías de análisis de datos.
Conclusiones
En conclusión, se puede mencionar:
Los datos abiertos son una
herramienta sumamente útil para
los gobiernos en los que, la
transparencia y la rendición de
cuentas, son objetivos primordiales
de su gestión. Para la
implementación de éstos se requiere
de políticas de gobierno claramente
establecidas y basadas en los
principios de la Carta de Datos Abiertos .
El uso de datos abiertos por las EFS,
dentro de su mandato de
fiscalización horizontal, tendría
beneficios relevantes en la lucha
contra la corrupción, transparencia y
rendición de cuentas de los gobiernos.
El componente tecnológico es un
elemento de gran importancia en la
implementación de datos abiertos y
no existe un modelo único para su
ejecución, el cual varía en la relación
entre los distintos elementos que
son parte del modelo y las escalas de los sistemas.
ALC ha tenido un importante avance
en materia de datos abiertos. Según
el Barómetro de Datos Abiertos,

Principles


8 8

Márquez D., (s.f). Márquez Gómez,
Daniel. La función de la
fiscalización: avances, retrocesos y
proyecciones a la luz de la reforma
de 2009. [en línea]
https://archivos.juridicas.unam.mx
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Muente, A.; Serale, F. (2018). Los
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Caja de herramientas de datos
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Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 2do puesto
México es el líder en datos abiertos
de la región. Sin embargo, estos
avances aún son insuficientes.
Los gobiernos y las EFS de la región
tienen importantes desafíos
políticos, legales y tecnológicos para el uso de datos abiertos.
Bibliografía
BID (2018). Tecnologías digitales
para la transparencia en la
inversión pública. [En línea], disponible en
https://publications.iadb.org/public
ations/spanish/document/Tecnologi
as-digitales-para-la-transparencia-
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CEPAL (2014). Rol de las TIC en la
gestión pública y en la planificación
para un desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe. [En
línea], disponible en
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CEPAL (2019). De Gobierno Abierto
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Planificación para el Desarrollo de
América Latina y el Caribe [en
línea]
https://observatorioplanificacion.ce
pal.org. [Recuperado en julio 2019].
58
Versión extendida de este artículo:
https://www.olacefs.com/2do-pues-
to-concurso-caj-pres-marie-
la-gomez-efs-nicaragua/

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
¿QUÉ HARÍAS TÚ? FORTALECIENDO LA INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL MEDIANTE ENTRENAMIENTOS ÉTICOS
Autores:
Nicolás Lagos Machuca
Tamara Loyola Fuentes EFS Chile
Resumen: El presente trabajo se
estructurará en cuatro secciones. La
primera reflexiona sobre el valor de la
integridad para las EFS. Luego, se
abordará la experiencia de la
Contraloría General de la República de
Chile (CGR) en el fortalecimiento de la
integridad para, en tercer lugar,
presentar el nuevo enfoque en materia
de formación ética de los funcionarios
CGR, desde un modelo de
capacitaciones normativas a uno
enfocado en entrenamientos éticos
mediante herramientas de ludificación.
Finalmente se concluirán algunas
lecciones aprendidas o buenas prácticas
que podrán ser de utilidad en la
replicación de esos modelos en otras EFS de la región.
Integridad y su relevancia en el trabajo de las EFS
El conocimiento de importantes casos
de corrupción durante los últimos años
ha puesto a la integridad en el centro de
la opinión pública y de los intereses
ciudadanos. Por esto es relevante comprender el significado y alcance de
este término.
El concepto de integridad tiene su
definición más aceptada en la RAE
(2019) como la cualidad de una persona
recta, proba e intachable. La INTOSAI
define integridad como “la actuación
con honestidad, de forma confiable, de
buena fe y a favor del interés público”
(INTOSAI, 1992, pág. 5). Es reconocida
como uno de los valores éticos
esenciales de las EFS que “definen lo
importante y, por tanto, deben impulsar
las decisiones de las EFS y del personal
de las EFS” (INTOSAI, 1992, pág. 5). El
concepto de integridad es un término
que trasciende lo jurídico para situarse
en el marco de la ética organizacional
puesto que tiene como objetivo orientar
e influir en el comportamiento de los funcionarios.
Hacia una cultura de integridad
institucional: el caso de la CGR de Chile
a) Diseño e instalación del Sistema de Integridad Institucional
En octubre de 2018, la CGR de Chile
formalizó la creación de un Sistema de
Integridad Institucional (SII). Su
establecimiento, surgió de un proyecto que implicó la realización de actividades
Administrador Público, Master en Gobierno y Gerencia Pública y Académico de la Escuela de Gobierno y Gestión
Pública de la Universidad de Chile.
Administradora Pública, cursando Master en Gobierno y Gerencia Pública y con estudios de postgrado en derechos
humanos, transparencia y políticas públicas contra la corrupción.
1
Palabras clave: Integridad, ISSAI
130, sistema de integridad,
capacitación, entrenamientos éticos, ludificación.
59
2
1 2

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
para instalar el concepto de integridad
al interior de la organización
(Altamirano, y otros, 2017), también se
organizó el taller IntoSAINT, lo que
permitió sentar las bases del Sistema,
que se tradujo en la redacción de una
Política de Integridad Institucional
(PII). La propuesta fue elaborada
participativamente con la ayuda de más
de 20 funcionarios y funcionarias. El
documento fue entregado al Contralor
General para su posterior evaluación y aprobación.
La PII consideraba un hito central y
mínimo para la instalación del SII: la
designación de un funcionario de
dedicación exclusiva a su
implementación. Para cumplirlo, se
realizó un concurso con criterios
objetivos y abierto a los miembros
CGR, el que tuvo como resultado la
designación de una funcionaria en el cargo de Oficial de Integridad.
b) El punto de partida: diagnóstico a las formaciones éticas en la CGR
Tal como establece la PII, la instalación
del sistema se implementa a través de una línea formativa, llevando a cabo
iniciativas para desarrollar y fortalecer
el comportamiento ético de los
funcionarios (Contraloría General de la
República de Chile, 2018). Para el
diagnóstico, se levantó información
sobre capacitaciones que tuviesen
como objetivo elevar el
comportamiento ético del personal CGR. Desde el año 2016 se ha dado un
crecimiento sostenido en el número de
cupos entregados, lo cual pudo haberse
potenciado por la implementación del
Plan Estratégico 2017-2020.
Particularmente, el año 2019 se ha
capacitado al 94% de la institución. En
este sentido, se confirma que la
implementación del SII fomentó la
realización de actividades de enfocadas
en desarrollar actitudes relacionadas con la integridad funcionaria.
c) Desafío formativo: cómo desarrollar actitudes éticas en el personal
La implementación del SII supone un
desafío en las actividades de
capacitación, ampliando el horizonte
formativo más allá de aspectos
normativos. En este contexto, el año
2019 se realizaron dos actividades de
capacitación: curso “Integridad
Institucional” en línea y el taller
“Integridad y Códigos: relación con
nuestra labor”, este último impartido de
manera presencial por la Oficial de
Integridad, tiene como objetivo el
reconocimiento del valor de la
integridad y propiciar un espacio de
entrenamiento frente a dilemas éticos.
Esta es la primera actividad orientada a
perfeccionar las actitudes éticas de los
funcionarios en los últimos años y
presenta innovaciones en términos
formativos como la incorporación de elementos de ludificación.
60

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
Fortalecer la integridad de los
funcionarios a través de la ludificación

Con el fin de proponer una metodología
para que las EFS puedan potenciar el
desarrollo de actitudes y entrenamiento
frente a dilemas éticos de los
funcionarios, se presenta el trabajo
realizado por la CGR de Chile en la
preparación y ejecución del taller
“Integridad y Códigos: relación con
nuestra labor”. A continuación, se
presentan tres etapas a partir de las
cuales se comprende el proceso
formativo.
1.Planificación
1.1 Definiciones metodológicas
El objetivo definido fue promover que el
personal de la institución identifique
cómo el valor de la integridad se
relaciona con las labores diarias,
fomentando la reflexión individual y
grupal frente a dilemas éticos pertinentes a la realidad institucional.
En esta etapa se estableció el programa
guía de la actividad, con continuidad y
lógica entre el objetivo y los contenidos.
El programa definido tuvo tres módulos:El público objetivo del taller fuer el
personal de todas las Contralorías
Regionales, con un diseño metodológico
para la participación máxima de 50
funcionarios en cada taller. 1.2 Elaboración de material
Considerando el programa, se hace
necesaria la elaboración del material
para la actividad. Esto implica preparar
los contenidos, presentación y material
didáctico para la dinámica grupal. Esto
último se explicará detalladamente más adelante.
2. Ejecución
2.1 Introducción y contexto
La primera parte de la actividad se
centra en entregar nociones en torno a
conceptos que se relacionan a la
integridad, la labor que se desempeña
como funcionario público y los Códigos
de Ética y Conducta. Esto sienta las bases de la dinámica que sigue. 2.2 Juego ¿Qué harías tú?

Se hace necesaria la realización de
dinámicas que incentiven espacios de
conversación y reflexión en torno al
desempeño de la vida funcionaria con
estándares íntegros. Es por esto que se
generó la actividad “¿Qué harías tú?”,
basada en tendencias de ludificación,
proponiendo un juego que involucra a
los participantes en una competencia
por ser el más honesto y promover la reflexión ética ante dilemas.
La ludificación es el uso de
metodologías de diseño de juegos en
contextos que no son juegos para
61
Integridad y valores: contextualiza
sobre integridad, Códigos de Ética y
Conducta y la labor del servidor
público. Juego ¿Qué harías tú?: desarrollo
de dinámica grupal.
Reflexiones finales y cierre:
reflexión en torno a dinámica grupal
y dilemas éticos. destacando la importancia de la labor pública.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
involucrar a los usuarios y resolver
problemas, éstas se basan en cómo los
juegos pueden mantener el interés del
participante y facilitar la experiencia del
aprendizaje (Werbach & Hunter, 2012;
Paniagua & Istance, 2018). Jugando
“¿Qué harías tú?” los funcionarios
pueden aproximarse a los dilemas
éticos desde una perspectiva
recreativa, fomentando la disposición a
reflexionar y desarrollando aspectos
actitudinales relacionados con el “saber
ser” y “saber actuar” como servidores públicos íntegros. a. ¿Cuál es el propósito del juego?
Que los participantes reconozcan
situaciones difíciles y tomen decisiones
frente a dilemas éticos, contribuyendo
a integrar valores y principios
enmarcados en los Códigos de Ética y
Conducta en la toma de decisiones cotidianas. b. Preparación de material
El juego se compone de un set de
tarjetas: tarjeta de votación (ángel y
demonio), tarjetas de dilemas éticos y
cartilla de registro de votación individual.
La elaboración de los dilemas es
relevante para esta actividad, ya que de
éstos depende el dinamismo del juego.
Deben representar situaciones
cotidianas a las cuales podrían verse
enfrentados los funcionarios en sus
labores y que pudiesen ser una
potencial fuente de conflicto. Además,
para cada dilema establecido se deben
plantear tres posibles soluciones, las
cuales no deben ser consideradas éticas.
Para esta actividad, fueron
desarrolladas 21 tarjetas de dilemas.
Esto se realizó tomando como base laaplicación de esta actividad en otras
entidades públicas chilenas y los
Códigos de Ética y Conducta CGR. El
objetivo es que cada situación
planteada en la tarjeta pueda encontrar
su posible solución considerando los
valores y pautas de comportamiento
establecidos en estas herramientas. c. Dinámica de juego
Se divide al grupo en equipos de 5
personas y, empleando el set de
tarjetas, el jugador de turno se expone
a casos que plantean disyuntivas éticas
y posibles soluciones. El resto de los
jugadores debe votar la credibilidad de lo argumentado por el jugador de turno
a través de la tarjeta ángel.
El juego finaliza cuando todos los
miembros del equipo se han enfrentado
a los distintos dilemas éticos. Cada
participante debe sumar el total de
ángeles y demonios obtenidos en cada
turno, quien tiene la mayor cantidad de ángeles gana. d. Plenario

Una vez finalizada la actividad, el
moderador incentiva la participación a
través de distintas interrogantes a los
grupos: ¿qué tarjeta generó más
debate y por qué? ¿qué alternativa fue
la elegida? ¿qué valores institucionales
y qué ámbitos del Código de Conducta
están involucrados en el dilema? ¿cuál
es la solución que se podría considerar correcta? e. Cierre actividad
Una vez que se ha generado debate y
reflexión en torno a los dilemas éticos,
el moderador cierra la actividad
recalcando la importancia que tienen los
Códigos de Ética y Conducta como
herramientas que sirven de guía para los funcionarios.
62

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
3. Evaluación

3.1 Aplicación encuesta de satisfacción
Esta encuesta evalúa: experiencia de
la capacitación, programa de la
actividad, calidad del relator,
evaluación general, aplicabilidad de
contenidos y mejoras. Para cada
aspecto, se presentan distintas
afirmaciones, a las cuales el
participante debe responder a través
de una escala de 1 a 5, donde 1 es “en
total desacuerdo” y 5 “en total
acuerdo”. También hay preguntas abiertas que permiten comentarios. 3.2 Análisis de datos
Los resultados obtenidos tienen un
porcentaje de cobertura del 93,8% del
total de los asistentes al taller. La
actividad tuvo una recepción positiva,
los promedios se encuentran en el
mayor rango de evaluación. La
categoría con gran nivel de satisfacción
es respecto del programa de la
actividad, siendo los objetivos de
aprendizaje claros y coherentes con los
contenidos y la metodología apropiada
que mantuvo al participante
involucrado y activo, los enunciados
mejor puntuados. Esto refuerza el
componente de ludificación para
mantener el interés y potenciar la
experiencia de aprendizaje.
Comentarios recibidos apoyan estos
resultados: “fue bueno conocer de
forma más dinámica el concepto de
ética y buenas prácticas” y “hace más
fácil la aplicación de la norma a la
realidad”. El 80% de los encuestados
indicó que lo trabajado en la actividad
es aplicable a las labores que desempeñan. Es necesario establecer que el objetivo
del juego es engañoso, dentro de las
instrucciones se plantea que el
ganador del juego será aquel que
obtenga la mayor cantidad de ángeles,
por lo que los jugadores se
predisponen a seleccionar la
alternativa ética ante cada dilema. Sin
embargo, lo que premia esta dinámica
es la honestidad, puesto que las
alternativas planteadas a los dilemas
no reflejan el camino considerado
“correcto” de solución. De este modo
los jugadores, a pesar de seleccionar
una alternativa considerada incorrecta,
deben argumentar su elección y el
resto de los jugadores votará si creen o
no en lo planteado.
El juego pone a los jugadores en
situaciones difíciles. Éstas se generan
cuando los funcionarios se enfrentan al
dilema y a sus alternativas y se
percatan que ninguna se ajusta a lo
que es denominado correcto. Por su
parte, los funcionarios que evalúan se
sienten contrariados al momento de
determinar la credibilidad de la
respuesta del jugador de turno, ya que
se exponen al dilema de creer en su
fundamento o creer en lo que su
compañero haría en la realidad. Lo
anterior implica que el desarrollo de
esta actividad genera una instancia de
63

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
distensión frente a temáticas
consideradas difíciles de abordar y
ocasiona momentos de reflexión en
torno a los dilemas planteados. Es
probable que los grupos discutan lo
que harían realmente frente al
problema en juego, como también,
que comenten experiencias similares.
Lo anterior se condice con lo
recomendado por la OCDE para
fomentar una cultura de transparencia
al interior de las organizaciones, donde los dilemas éticos y las preocupaciones
relacionadas con la integridad, puedan
ser debatidos de manera libre (OCDE, 2017).
Conclusiones,lecciones aprendidas y buenas prácticas
Es posible identificar tres grandes
lecciones aprendidas que, a su vez,
evidencian desafíos prioritarios para las EFS de América Latina y el Caribe:
a. Involucrar el titular para que
todos se comprometan con la integridad: A nivel organizacional, es
indispensable el compromiso de los
titulares de las instituciones para
fortalecer el clima ético de la entidad.
Así es recomendable que el o la líder
de la institución destine al menos una
hora de su semana laboral a
involucrarse con el proceso y a
comunicar al resto de la institución la importancia de estas acciones.
b. Transitar de capacitaciones
normativas a entrenamientos éticos: La consolidación de una
cultura ética organizacional se debe
considerar como una piedra central en
la formación de su personal. Las EFS
deben asegurar que la integridad sea
un continuo. Es vital que se impulsen
capacitaciones relacionadas a
temáticas de integridad y a
64
entrenamientos éticos como parte de
un programa constante y no como
iniciativas aisladas sin un marco
general reconocible para los funcionarios.
c. Medir el clima ético en la EFS: Es
recomendable que cualquier iniciativa
de fortalecimiento de la integridad
institucional sea complementada con
herramientas orientadas a evaluar la
eficiencia y la eficacia de la medida y,
por sobre todo, medir el impacto que
esta tuvo en la percepción y el comportamiento ético del personal.
Los desafíos planteados a modo de
conclusión de este documento, buscan
ser un aporte en la reflexión sobre
cómo las EFS pueden profundizar y
fortalecer el clima ético al interior de la
organización. En la actualidad,
podemos encontrar muchas técnicas y
metodologías que, implementadas
correctamente, pueden elevar el
estándar ético y orientar el
comportamiento de los funcionarios y
funcionarias de las EFS. Lo más
importante es que las organizaciones
en su conjunto logren impulsar los
cambios necesarios para que, en un
contexto de crisis de las instituciones y
múltiples casos de corrupción, la
integridad organizacional sea el activo
más valioso y preciado por las EFS y la
ciudadanía en general.
Bibliografía
Altamirano, S., Crisóstomo, W.,
Dequero, P., Guzmán, S., Hidalgo,
M., Jara, M., & Lagos, N. (2017).
Diseñando un sistema de
integridad en la Contraloría General
de la República de Chile: la
elaboración participativa de la
política de integridad como punto

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Versión extendida de este artículo:
https://www.olacefs.com/3er-pues-
to-concurso-caj-pres-nico-
las-lagos-tamara-loyola-efs-chile/

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
AUDIENCIAS PÚBLICAS COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y SU INCIDENCIA EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Autora:
Cynthia Milagros Núñez Segura EFS Perú1
Resumen: La ciudadanía en general ha
percibido la ausencia de espacios
orientados a la participación ciudadana y
que el nivel de corrupción en el caso de
Perú genera desconfianza y malestar de
la ciudadanía ante las Entidades Públicas.
En la presente investigación se ha
evidenciado la existencia de mecanismos
de participación ciudadana que se
ejecutan a nivel nacional e internacional,
como son las Audiencias Públicas, en las
cuales se informa a la ciudadanía el
estado situacional de la gestión y está
referida a las competencias de las
entidades sobre el cobro de tarifas,
servicios, entre otros. Asimismo,
cuentan con el enfoque de control fiscal
participativo, atendiendo peticiones de la
ciudadanía que contribuyen en las
decisiones de gobierno.
Respecto a ello, la EFS Perú en el marco
de la transparencia ha implementado el
programa de Audiencias Públicas donde
la ciudadanía a través del control social
coadyuva al control gubernamental al
proveer información clave que permita
identificar presuntos hechos irregulares
en el uso de los bienes y recursos
públicos que puedan conllevar a la
ejecución de servicios de control. La EFS
Perú genera confianza por tender
puentes de comunicación directa con la
ciudadanía y se compromete con la
Abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Máster en Gerencia Pública por EUCIM Business School,
egresada de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villareal y de la Maestría de
Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, Conciliadora Extrajudicial, Especialista en Presupuesto,
Auditoría y Control Gubernamental, Derecho Laboral, Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública.
Asimismo, con estudios en Participación Ciudadana, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Gobierno Abierto,
Políticas Públicas e Innovación Pública. implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
1 Palabras clave:
Participación
ciudadana, EFS, Audiencias
Públicas, alertas ciudadanas,
control gubernamental, servicios
de control, OLACEFS y organización de sociedad civil.
66
Se ha indagado en medios digitales
sobre las Audiencias Públicas,
desprendiéndose que en el ámbito
nacional se informa a la ciudadanía el
estado situacional de la gestión de las
entidades del Estado por cobro de
tarifas, servicios, entre otros. En el
ámbito internacional tiene el enfoque
del control fiscal participativo en el cual
atienden las peticiones de la ciudadana
a fin de incluirlas en las decisiones de
gobierno.
Audiencias Públicas en el Perú
Las Audiencias Públicas son un
mecanismo de participación ciudadana
empleada por la EFS Perú que tiene
como objetivo rendir cuentas sobre los
servicios de control que se ejecutan de
manera descentralizada a nivel nacional

y recibir alertas ciudadanas sobre
presuntos hechos irregulares en el uso
de los bienes y recursos públicos. En el
análisis se ha determinado que este
programa contribuye con los ODS de la
Agenda 2030, bajo un modelo
transparencia, generando un espacio
participativo y coproducido entre la
ciudadanía y la EFS Perú.
En las Audiencias Públicas, la
ciudadanía hace uso de la palabra
alertando presuntos hechos irregulares
en el uso de los bienes y recursos
públicos, esta actuación ha sido
denominada “alerta ciudadana”;
convirtiendo a los ciudadanos en aliados
estratégicos del control gubernamental.
Se debe entender como alerta
ciudadana a la “Información
proporcionada por un ciudadano sobre
un presunto hecho irregular relacionado
con el uso de bienes y recursos
públicos, cometido por autoridades o
personas que trabajan en las entidades
públicas” (Contraloría General de la
República, 2019).
A través las Audiencias Públicas, los
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
representantes de la OSC y ciudadanos
ejercen su deber del control social,
“Estos deberes están íntimamente
ligados al concepto de libertad, en el
entendido que la sociedad será libre en
la medida que sea autogobernada por
sus ciudadanos, a través del ejercicio de
la deliberación y la toma de decisiones
sobre los asuntos públicos” (CEPAL,
2015). De esta manera, asumen un rol
activo y vigilante en el uso de los
recursos públicos, para que ningún
funcionario los utilice para beneficio personal.
Etapas del proceso de audiencias públicas
Para su ejecución se debe contar con un
listado de las provincias habilitadas que
cumplan con los criterios de
accesibilidad, conectividad, conflictos
sociales, a fin de no poner en riesgo a la
ciudadanía. La EFS Perú elabora el
“Cronograma de las Audiencias
Públicas”, el cual se difunde a la
ciudadanía en general. En el siguiente
grafico se detallan las etapas de la
Audiencia Pública:
67
Fuente: Elaborado por la Subgerencia de Participación
Ciudadana de la EFS Perú.

Etapa 1: Talleres Informativos previos a las Audiencias Públicas
De la experiencia de la ejecución de las
128 Audiencias Públicas realizadas en
los años 2018 y 2019, se ha advertido
que el 24% de las alertas ciudadanas
presentadas en las audiencias contienen
información general, en ese contexto se
ha ejecutado Talleres Informativos
previos, con el objetivo de mejorar la
calidad de la información recogida a
través de las alertas ciudadanas,
generando insumo de calidad para el
control gubernamental. Asimismo, tiene
como finalidad sensibilizar a los
representantes de la OSC sobre su rol
ciudadano y competencias de la EFS
Perú.
Sobre el particular, los resultados de los
Talleres informativos reflejan que la
mayoría de los participantes
comprendieron las competencias de la
EFS, mejoraron la calidad de información de las alertas ciudadanas y
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
Fuente: Elaborado por la Gerencia de
Comunicaciones de la EFS Perúvaloraron positivamente la presencia de
la EFS en las provincias. Asimismo, se
promueve el control social que
coadyuva al control gubernamental y
que tengan sostenibilidad en el tiempo. fundamentales.
Etapa 2: Planificación y Actividades Preparatorias
68
Organización:
Convocatoria,
costos, atención médica, locación y logística. Convocatoria: Pública,
congresistas y representantes de las OSC.
Inscripción de participantes:
Presencial, telefónica y virtual Elaboración del programa de la AP: Duración máxima de tres (3)
horas.
Etapa 3: Ejecución de la Audiencia Pública
Desarrollo de la Audiencia Pública:
La EFS Perú tendrá un espacio

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
Etapa 4: Seguimiento de Acciones de las Audiencias Públicas
Las alertas ciudadanas presentadas por
la ciudadanía y las OSC, deben ser
atendidas de manera oportuna por las
Gerencias Regionales de Control. Las alertas ingresarán al “Sistema de Alertas
Ciudadanas”, considerando lo siguiente:
datos del ciudadano, documento de
identidad, entidad sujeta a control y
síntesis de los hechos alertados.
En el sistema se visualizará el estado de
atención de la alerta ciudadana y los
tipos de servicios de control ejecutados
para el respectivo seguimiento.
Participantes en audiencias públicas:
En las 128 Audiencias
Públicas ejecutadas durante el 2018 y
en lo que va del 2019, se ha advertido
que la participación ciudadana del
género femenino en los asuntos públicos
es menor al género masculino, por lo
que se ha considerado activar
estrategias a fin de empoderar este
género y difundir la importancia de su participación.
69
para rendir cuentas de los servicios
de control que se encuentran
realizando en la provincia sede de la
Audiencia Pública.
La ciudadanía y las OSC, podrán
hacer uso de la palabra, alertando
sobre las presuntas irregularidades
en el uso de los bienes y recursos públicos.
La EFS a través de las Gerencias
Regionales de Control evaluará y
atenderá de manera oportuna las alertas ciudadanas.
Fuente: Elaboración propia.
Control social y su impacto en el
control gubernamental : De las 3008
alertas ciudadanas presentadas en las
128 Audiencias Públicas ejecutadas en
los años 2018 y 2019 y evaluadas por la EFS Perú, a través de las Gerencias
Regionales de Control, se ha advertido
que el control social es un aliado
estratégico del control gubernamental, como se evidencia a continuación:

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
Asimismo, el resultado de las alertas
ciudadanas presentadas en las
Audiencias Públicas, ha generado la
ejecución de siete (7) servicios de
70
Fuente: Elaboración propia.control posterior en la modalidad de
Auditoría de Cumplimiento, los cuales
se detallan a continuación:

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
Los resultados reflejan que el control
social que ejerce la ciudadanía y los
representantes de las OSC en las
Audiencias Públicas, es una práctica de
innovación social que permite
involucrarlos en los asuntos públicos,
trabajando de manera coproducida yalejadas de todo el Perú para
mostrar resultados de la
intervención en la ejecución de
servicios de control, generando
valor público y demostrando que la
EFS Perú es una entidad
transparente con la ciudadanía.
El control social impacta al control
gubernamental, porque a partir de
la intervención de la ciudadanía, la
EFS focaliza su intervención en la planificación de los servicios de
control no programados y como
insumo para servicios de control a
considerar en sus planes anuales.
Asimismo, se ha evidenciado que el
mecanismo de participación
ciudadana audiencias públicas
71
generando la transformación social y
participativa. En tal sentido, las alertas
ciudadanas originadas en las
Audiencias Públicas, se integra en el
ciclo de la Auditoría como parte del
control gubernamental en las siguientes etapas:
Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones
Las Audiencias Públicas a nivel
nacional e internacional, inciden en
la gestión de las entidades a través
de la participación ciudadana; sin
embargo, se advierte que solo se
ejecutan en las capitales de las
ciudades dejando de lado las
provincias alejadas donde se ha
evidenciado la ausencia de Estado.
La colaboración de la ciudadanía y
de la OSC a través de control social
en los procesos de fiscalización y su
involucramiento en la coproducción
de políticas públicas es una pieza
clave para la modernización del
Estado.
El programa de Audiencias Públicas
busca llegar a las provincias más
Control social integrándose al control gubernamental

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CAJ 2019 – 3er puesto
Bibliografía
72
permite a la ciudadanía monitorear
las recomendaciones de los
informes de control resultantes de
las Auditorías de Cumplimiento.
La EFS Perú se encuentra
CEPAL. (2015). La planificación
participativa para lograr un cambio
estructural con igualdad. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas.
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Velásquez C., F., & Gonzáles R., E.
(2003). ¿Qué ha pasado con la
participación ciudadana en
Colombia? Bogotá: LitoCamargo Ltda.
comprometida con la generación
del cambio y la modernización del
Estado, incentivando espacios de
participación ciudadana que
contribuya al cumplimiento de los ODS de la agenda 2030.
Ejecución de audiencias públicas:
Versión extendida de este artículo:
https://www.olacefs.com/3er-pues-
to-concurso-caj-pres-cyn-
thia-n-segura-efs-peru/

USO DE TÉCNICAS DE MACHINNE LEARNING PARA LA DETECCIÓN DE FRAUDES EN CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019
Resumen: Propuesta de sistema de
control y detección de fraudes en
contratos de obras públicas, que
aprovecha la revisión de actos
administrativos que hace la Contraloría
General de la República de Chile a través
del trámite de toma de razón, sirviendo
además este sistema como control de
reemplazo. Se plantea, en primer lugar,
un sistema de recopilación de datos
críticos de proyectos de construcción con
el fin de controlar las variables que
podrían perjudicar su desarrollo. La
segunda fase de la propuesta es utilizar
los datos obtenidos como fuente de
información para implementar un
sistema basado en técnicas de machine
learning, que ayude en el proceso de
toma de decisiones de auditoría y en la
detección de irregularidades o
anormalidades que sean indicios de
algún tipo de fraude. Contraloría General ejercerá el control
de legalidad de los actos de la
Administración y que, en el ejercicio de
esa función, tomará razón de los
decretos y resoluciones que en
conformidad a la ley deben tramitarse
por la Contraloría. Lo anterior implica
que en el ámbito de las obras públicas,
los servicios del Estado deben enviar los
antecedentes de sus respectivos
proyectos para la revisión de la
Contraloría, la que en un plazo de
quince días debe efectuar el estudio de
legalidad del acto administrativo y
determinar si se aprueba, se representa o lo aprueba con alcances.
Ahora bien, de la revisión de los
antecedentes que sustentan las
respectivas resoluciones, es posible
obtener un conjunto de datos o data set
de cada proyecto que es ingresado en
Contraloría, armando un conjunto de
antecedentes que se pueden utilizar
como insumo para modelos de
aprendizaje automatizado que adviertan
irregularidades de cualquiera de los
factores o variables que afecta a los
contratos —empresas, servicios,
funcionarios, plazos, montos, entre otros—.
En la práctica podemos definir dos
etapas de acuerdo a la oportunidad en
la que se realizará la recopilación de los
datos. Tendremos primero los datos
73
Autor:
Jonathan Nabor López Espinosa EFS Chile
Bachiller y Licenciado en construcción, Constructor Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado:
“Especialización en técnicas para la detección de fraudes”. Universidad de Chile. Programa On line: “Machinne
learning, tecnologías para la toma de decisiones”. Massachusetts institute of technology. Experiencia de 7 años
como Fiscalizador de obras públicas, Grado 15. Contraloría General de la República de Chile
1 1
Palabras clave:
detección de
fraudes, obras públicas, fiscalización.
Desarrollo de la investigación 1.1 Propuesta de sistema de control
administrativo y detección de
fraudes en contratos de obras públicas: CENTINELA
La Constitución Política de la República de Chile dispone, en lo que atañe, que la

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 74
registrados que se pueden obtener
gracias a la revisión de los documentos
que acompañan la resolución de
adjudicación del contrato.
Posteriormente, se podrán recoger los
datos relacionados a la resolución de
liquidación final del contrato, cerrando
el ciclo de vida del proyecto. Datos recopilados en la etapa de
adjudicación (ver tabla 1)
a)
Concepto Criterio o valores
registrados
Concepto Criterio o valores registrados
Identificación del
proyecto

Nº BIP
• Nº ID Mercado
Público
• Nombre del
proyecto
Servicio público
asociado
(Listado de servicios
públicos, origen de la
resolución, Vialidad-
Servicio de Salud, etcétera)
Tipo de licitación • Licitación pública
• Licitación privada
• Trato directo
Tipo de contrato • Suma alzada
• Serie de precios unitarios
• Combinación
Monto disponible
(Monto original
disponible para el
proyecto) Normativa aplicable
(Marco regulatorio del
contrato, MOP 75, MOP
108, MOP 265)
Tipo de proyecto • Edificación
• Obras viales
• Obras civiles
Tipo de reajuste
económico
• Polinómico
• IPC
• Ninguno
Comisión de
evaluación •
Nombre completo
• RUT
• Cargo
Evaluación del
resultado de la
adjudicación
• Empresa contratista
• RUT empresa
• Estatus
(adjudicada/admisible/fuera
de bases)
• Plazo ofertado
• Monto ofertado
Inspector fiscal •
Nombre completo
• RUT
• Cargo Archivos adjuntos de
respaldo
(Archivos formato pdf )
• Aviso Diario Oficial
• Anexo complementario
• Informe de evaluación de
adjudicación

A continuación, se describen los datos
de interés seleccionados a obtener a partir de las resoluciones:
(Elaboración propia) Tabla Nº 1
Datos recopilados en la etapa de
liquidación del contrato (ver tabla 2)
b)
Cabe agregar que este sistema de
registro de datos de proyectos de
construcción, también está pensado
para ser de utilidad en la gestión de las
resoluciones que componen cada
contrato. La lógica del sistema es que
cada proyecto está integrado por varias resoluciones y que la suma de estas nos
brinda una imagen completa del
proyecto.
Con la recolección de los datos descritos
precedentemente, será posible en
primer lugar, contar con una base de
datos de proyectos de obras públicas
que estarían supervigilados
administrativamente por la Contraloría

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 75
Concepto Criterio o valores
registrados
Concepto Criterio o valores
registrados
Comisión de recepción
de obras
(Identificación de los
funcionarios públicos
designados)
• Nombre
completo
• RUT
• Cargo
Residente de obras
(Identificación del
profesional a cargo de
las obras)
• Nombre
completo
• RUT
• Cargo
Estados de pago •
Nº EEPP
• Fecha
• Monto
facturado Modificaciones del
contrato
• Resolución que
aprueba
• Montos
modificados
• Plazos
modificados
Control de plazos
• Fecha de inicio
de obras
• Fecha de
término de
obras
• Fecha de
liquidación del
contrato
Registro de multas •
Motivo
• Monto de multa
Georreferenciación GEO CGR Archivos adjuntos de
respaldo
• Acta de entrega
de terreno
• Recepción
provisoria de
obras
• Recepción
definitiva

Tabla Nº 2
(Elaboración propia)
General. Por otra parte, los analistas de
esta Entidad Fiscalizadora contarán con
los datos de entrada para el
entrenamiento de algoritmos y el uso de
técnicas de aprendizaje automatizado
que por medio de la búsqueda de
patrones, sean capaces de detectar
anormalidades o comportamientos
sospechosos que, con cierto nivel de
probabilidad le indiquen a la CGR dónde
auditar.
Al cierre de cada proyecto, estos podrán
ser evaluados al determinar indicadores
o parámetros de medición de
rendimiento o eficacia, según como se
desarrolla el contrato durante su
vigencia. Por ejemplo, se pueden
clasificar las empresas constructoras de
acuerdo al nivel de multas que pagan en cada proyecto, o en cuanto a su
comportamiento. en el cumplimiento de
los plazos del contrato. A partir de la
información de los estados de pago se
conocerá el flujo financiero real y puede
ser comparado con el flujo inicial
proyectado. En el caso de los términos
anticipados de contratos, se podría
buscar si existe alguna relación entre la
mala gestión del proyecto con el
inspector técnico, el profesional a cargo
o la empresa constructora.
Sin perjuicio de lo anterior, si lo que se
busca es la detección de fraudes,
debemos aprender a interpretar los
datos recogidos de los proyectos para
compararlos con actos irregulares
conocidos, como los siguientes
mecanismos comunes y recurrentes

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 76
Mecanismo Definición Señales de alerta
• Corrupción, sobornos y
comisiones ilegales Consiste en dar o recibir alguna
cosa de valor para influir en un
acto administrativo o decisión.
El contratista paga parte de los
sobornos en cada factura. Se
abultan los montos o se
disminuye la calidad de la obra
para compensar.
• Trato favorable falto de
explicación
• Relación social
estrecha entre un
funcionario y el
contratista
• Aumento del
patrimonio del
funcionario público
• El funcionario público
tiene un negocio
externo encubierto
• Cambios injustificados,
indocumentados o
frecuentes en los
contratos
• Conflicto de interés
encubierto El funcionario posee una
empresa que se beneficia del
contrato público
• Favoritismo
inexplicado por cierto
contratista
• Se adjudica la oferta
más cara
• Se aceptan trabajos de
mala calidad
• Licitación colusoria Contratistas de una región
determinada conspiran para
vencer a la competencia,
afectando los valores de los
contratos.
• La oferta ganadora es
demasiado alta o baja
si se compara con el
monto disponible
• Se observa una
rotación de ganadores
• Ciertas empresas
compiten entre sí y con
otras no
• Los otros licitadores no
presentan reclamos
• Especificaciones pactadas Las convocatorias presentan
especificaciones técnicas
adaptadas a un solo oferente,
excesivamente restrictivas para
excluir a otros licitadores,
evitando la competencia
• Se presenta solo un
oferente siempre
• Se presentan reclamos
de otros contratistas
• Especificaciones
técnicas más estrictas
que en otros proyectos
similares
• Filtración de datos El personal encargado del
diseño, licitación o evaluación
de las ofertas filtra información
para ayudar a un oferente
• No se respetan los
plazos de los procesos
de licitación
• Disminución del plazo
otorgado para el
estudio de la propuesta
• Se rechazan todas las
ofertas, se declaran
desiertas sin
justificación
• Manipulación de ofertas
En una licitación, algún
funcionario puede alterar una
oferta para beneficiar a cierto
oferente
• Se invalidan ofertas
por cometer errores
• Ofertas quedan fuera
de base por razones
cuestionables
• Adquisiciones injustificadas a
un único oferente
Muy asociado con la corrupción,
se hacen tratos directos, o • Contratos asignados
por trato directo por
observados en fraudes cometidos en
contratos de obras públicas. Indicios para detectar fraudes en
contratos de obra pública
c)
Tabla Nº 3
(Elaboración propia)

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019
Ahora bien, si le asignamos valores
numéricos a estas señales de alerta, es
posible parametrizar estos actos para
generar una pirámide de riesgo de
fraude en la cual podemos ubicar los
factores y variables que circundan a los
proyectos. Estos podrían ser estudiados
y analizados para determinar que
componente es el que afectó
negativamente al proyecto y causó una
mala gestión del contrato, por ejemplo,
que obligó a efectuar un aumento de
77
Indicador Análisis Datos requeridos Señal de alerta de fraude
• Índice de
eficiencia de
la licitación
Revisar si el sistema
de licitación pública es
realmente eficiente
para los intereses del
Estado, optimizar el
ahorro en la inversión
pública
• Monto disponible para la
contratación
• Monto adjudicado
• Monto de otras ofertas
• Monto final del contrato
• División injustificada de
proyectos
• La oferta ganadora es
demasiada alta o baja si se
compara con el monto
disponible
• Control de
plazos de
ejecución
Por medio del estudio
del cumplimiento de
los plazos del contrato
y sus modificaciones,
analizar la gestión del
IFO y la empresa.
• Fecha de inicio de obras
• Plazo contractual
• Fecha de término de obras
• Aumentos de plazo
• Cambios injustificados,
indocumentados o frecuentes
en los contratos
• Control de
la inversión
pública
Análisis de la
diferencia entre valor
inicial y final del
contrato. Ofertas
adjudicadas
subvaloradas se
compensan por medio
de aumentos de obra.
• Empresas
• Monto adjudicado
• Monto final del contrato
• Monto de modificaciones
• Cambios injustificados,
indocumentados o frecuentes
en los contratos
• Trato favorable falto de
explicación
• Conflictos
de interés
Relaciones de
parentesco indebidas
• Registro de empresas
• Profesional a cargo de las
obras
• Inspector fiscal
• Comisión de evaluación
• Autoridad vigente del
Servicio
• Comisión de recepción de
obras
• Trato favorable falto de
explicación
• Relación social estrecha entre un funcionario y el
contratista
• Aumento del patrimonio del funcionario público

obras.
La posibilidad de análisis posibles a
efectuar con el data set propuesto, es
proporcional a la capacidad imaginativa
del analista, por lo que se podrán
incorporar nuevos análisis en la medida
que se le ocurra a algún funcionario.
A continuación, se señalan algunos ejemplos:
• Análisis de datos propuestos
Tabla Nº 4
(Elaboración propia)
Con la implementación del sistema, la
CGR contaría con una herramienta
fundamental para establecer una política
de conocimiento del entorno de los
proyectos de inversión en obras públicas, lo que permitiría determinar un
marco de comportamiento normal que
servirá de referencia en la detección de
circunstancias sospechosas de fraude.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 78
En vista de todo lo anterior, una vez que
se cuente con la base de datos que
administre la información recopilada de
las resoluciones sujetas al trámite de
toma de razón (y los proyectos
susceptibles al control de reemplazo),
será posible obtener una visión general
de los resultados de la gestión de las
empresas constructoras y los servicios
públicos, en base a la información
obtenida del análisis de cada proyecto
en que estén involucrados.
Entonces, con la información recopilada y su posterior análisis por medio de un
modelo de evaluación de resultados de
la gestión, se proponen los siguientes indicadores:
Los indicadores serán obtenidos para la
totalidad de servicios públicos y
empresas que cuenten con proyectos
que de alguna forma estén bajo la
mirada de la CGR, ya sea por la revisión
de sus resoluciones en el trámite de
toma de razón o por la vía de los
controles de reemplazo, en donde se
dejará registro de los proyectos y se
recolectarán los datos requeridos que
alimenten el modelo. En base a los
resultados obtenidos por los servicios o
las empresas, será posible enfocar de
mejor manera las entidades sujetas a la
fiscalización de este Organismo de Control.
Del modelo propuesto, se espera
predecir el resultado de la gestión de un
contrato o proyecto, permitiendo
generar alertas tempranas para prevenir
toda situación que perjudique la calidad
de las obras o un mal uso de los recursos públicos.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
Aplicación de herramientas de Machine Learning
1.2
SERVICIO 1 = ∑ (P1+P2+P3…..+P )/n;
donde P representa la evaluación de la
gestión del contrato obtenida por el
servicio para un proyecto en particular y
n es el número de proyectos analizados. n
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
EMPRESA 1 = ∑(P1+P2+P3…..+P )/n;
donde P representa la evaluación del
cumplimiento del contrato por parte de
la empresa en un proyecto en particular
y n es el número de proyectos analizados. n

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 79
La predicción obtenida del modelo,
corresponderá a la probabilidad que
existe de que el proyecto cumpla con el
contrato, es decir, cumpla con las
especificaciones técnicas, dentro del
plazo establecido, sin sobrecostos ni
aumentos de obras excesivos, que
puedan delatar actos irregulares. Esta
predicción permitirá clasificar los
proyectos que se encuentran en
ejecución y tenerlos en custodia hasta
que finalmente se tenga que efectuar la
liquidación del contrato.
Entonces, una vez que se efectúa la
liquidación del contrato, es posible
contar con los datos reales del proyecto,
con los cuales se debe medir la
efectividad del modelo por medio de las
métricas más adecuadas al caso. Una
vez obtenida la efectividad del modelo,
este deberá ser ajustado, de esta
manera sus predicciones deberán ser
cada vez acertadas.
1.3 Métricas
Antes de continuar, es necesario
establecer qué se entenderá por una
“buena” o “mala” gestión del contrato.
Es decir, de donde se obtienen los
valores “p” de cada proyecto y que
significa dicho número. Para esto, hay
que entender que un proyecto posee un
ciclo de desarrollo desde que nace la
idea de hacer algo hasta que se obtiene lo que se busca.
En este caso lo que buscaremos será
medir la efectividad del servicio en la
generación y estimación de costos de
proyectos versus el resultado final
obtenido. Consideraremos los datos de
un “proyecto original” versus los datos
obtenidos del “proyecto real o final” que
se obtienen al término del contrato. A
partir de estos datos, se obtendrán
Indicadores de gestión que nos
permitirán evaluar la gestión del
servicio o la empresa constructora, en
función de cuanto se “aleja” o “acerca”
el valor obtenido al valor del proyecto original.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 80
El siguiente paso es determinar los
umbrales de decisión para los indicadores definidos anteriormente.
Cabe señalar que hay que hacer un
estudio para lograr un consenso
respecto de que valores serán
considerados “altos” o “bajos” para un
proyecto. Por ejemplo, ¿qué valor de
Gestión del plazo del
contrato
Buena Gestión 0,8 a 1 Se cumple el plazo
ofertado
Óptimo 1 Se cumple el plazo
ofertado
Mala Gestión 1 a 1,5
Se sobrepasa el
plazo ofertado-caso
normal
Alerta 1,5 a 2
Se sobrepasa el
plazo ofertado por
sobre un 50%

obras extraordinarias es aceptable para
un proyecto? o ¿qué valor no es
aceptable para el atraso en la entrega
del proyecto? Se recomienda establecer
bandas de criterios, las que se deben
definir acorde a los factores o
ponderadores que afecten a cada
proyecto.
1.4 Aprendizaje supervisado
Como se describe anteriormente, para la
obtención de los factores “P” que
evalúan la gestión de los servicios
públicos y las empresas constructoras,
se deben definir los criterios que serán
los que determinen el valor de “P” de
cada proyecto. De esta manera, se
tendrán que seleccionar una serie de
factores que se puedan obtener
directamente de los datos o
indirectamente a través de la creación de indicadores.
Desde la perspectiva del Machine
Learning, la propuesta hecha cuenta con
la opción de obtener todos los datos
requeridos a través de la revisión que se
hace de las resoluciones sujetas al
trámite de toma de razón o en aquellos
casos en que los proyectos serán
supervigilados por medio del control de reemplazo que se propone.
Por otra parte, es del caso mencionar
que esta CGR cuenta con los
antecedentes de proyectos antiguos
desde donde se pueden obtener los
datos requeridos por el modelo. Es decir,
se cuenta con datos de entrenamiento
para el modelo, donde ya conocemos los
resultados de la gestión de cada
proyecto, sin embargo no se ha podido
consolidar dicha información para
evaluar el desempeño de las empresas
constructoras y los servicios públicos.
Al ingresar la información de proyectos
antiguos, el modelo sería capaz de en
primera instancia leerlos como valores
acordes a los criterios establecidos, con
lo cual se pueden generar interesantes
análisis de gestión de los proyectos de
obras públicas.
Pregunta Descripción/Análisis Datos/indicador
¿Qué servicio público tiene el
índice más alto de sobrecosto en
sus proyectos?

Comparar entre distintos
servicios públicos dentro de una
misma región.
• Comparar el desempeño de
distintas direcciones regionales
de un mismo servicio
• Gestión económica del
contrato
• Eficiencia del servicio en la
estimación de las cantidades
de obras (sobrecosto)
¿Qué empresa constructora es la
que más presenta proyectos con
sobrecostos excesivos?
• Existe una relación de esa
empresa con un servicio en
particular

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 81
La cantidad de análisis posibles es
desconocida y depende de la capacidad
que tengan los profesionales que
realizarán dicha función. Hay que jugar
con los datos para obtener información.
No obstante, lo que se espera del
modelo es que realice predicciones de la
gestión de un servicio y una empresa
constructora respecto de la ejecución de
un proyecto. Entonces, en base a los
datos de los proyectos antiguos, el
modelo podría clasificar todo nuevo proyecto ingresado a la base de datos en
cuanto al riesgo que existe en cuanto al
cumplimiento del contrato. Luego, con
esta clasificación sería posible
determinar la planificación de
fiscalizaciones de obras públicas,
anticipándose a posibles perjuicios
provocados por mala gestión en el uso
de recursos públicos, además de
aumentar la probabilidad de obtener
resultados relevantes en los informes que haga la CGR.
Matriz de confusión
Proyecto resulta mal evaluado Proyecto presenta una gestión
aceptable
Predicción de Proyecto riesgoso Ok -1
Predicción de Proyecto no
riesgoso
-100 Ok

Ahora bien, se deberá considerar que los
proyectos que el modelo haya predicho
como riesgosos, en los cuales se
determine una acción por parte de la
CGR, ya sea una IOP o fiscalización, al
efectuarse esta acción se alterará el
resultado esperado, lo que no debe ser
interpretado como una falla del modelo,
sino como una mejora debida a la
intervención de la CGR.
Conclusiones
El sistema de control y prevención de
fraudes en contratos de obras públicas
—CENTINELA— es una opción sencilla y
viable que se puede implementar para,
en una primera etapa, captar datos de
los proyectos de inversión pública y
tener una visión completa de los factores
y variables que pueden afectar el
desarrollo de estos. En la segunda
etapa, al contar con suficientes
proyectos finalizados y evaluados, será
posible implementar alguna técnica de
machine learning para detectar fraudes.
Cabe señalar que para la detección de fraudes, es necesario reconocer los
diferentes esquemas o mecanismos
utilizados que logran burlar el actuar de
las auditorias. Para esto se debe dejar de
buscar según los estándares actuales
que ya son archiconocidos por los
defraudadores. Es necesario
implementar plataformas que registren
datos esenciales de las obras que nos
permitan establecer líneas base para la
gestión de los contratos por parte de los servicios públicos y las empresas
constructoras.
Esta última máxima permitirá en el
futuro profundizar respecto de la
eficiencia de los servicios públicos en el
gasto de sus proyectos para evitar el
despilfarro. Se podrán determinar los
sobrecostos, el abultamiento de
presupuestos, la eficiencia de la
licitación pública o el abuso de las
modificaciones de contratos para
aumentar el valor final del contrato, todo
esto en base al conocimiento adquirido
de todos los proyectos registrados por la
Entidad Fiscalizadora, generándose, a
través de un modelo de análisis de

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 82
datos, las señales de alerta que nos
adviertan de la ocurrencia de algún tipo
de esquema de fraude.
En general el modelo propuesto permitiría realizar un control
administrativo de un gran número de
proyectos, que pueden ser aquellos
sujetos a toma de razón y todos aquellos
que queden exentos debido a las nuevas
disposiciones de las resoluciones 7 y 8,
de 2019, de la Contraloría General,
pueden ser registrados a modo de
control de reemplazo para no perder la información sobre estos.
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Versión extendida de este artículo:
https://www.olacefs.com/primer-pre-
mio-jonathan-nabor-lopez-es-
pinoza-efs-chile/

83
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019
RETOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA: USO DE LA
TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Autores:
Milagro Barboza Rojas
Jeizel Barrantes Fernández
Estefany Campos Granados Marilyn Chacón Chavarría Karen Garro Vargas
Tatiana Méndez Flores
Alex Fabián Ramírez Alpízar EFS Costa Rica 1
1 Milagro Barboza Rojas, Jeizel Barrantes Fernández, Estefany Campos Granados, Marilyn Chacón Chavarría,
Karen Garro Vargas, Tatiana Méndez Flores, Contadoras Públicas Autorizadas, y Alex Fabián Ramírez Alpízar,
Ingeniero Informático, fiscalizadores de la Contraloría General de la República de Costa Rica con experiencia en
la ejecución de Auditorías Financieras y Auditorías de Tecnologías de Información, respectivamente.
Resumen: Este artículo es sobre el
papel que han desempeñado los
auditores de las Entidades Fiscalizadores
Superiores (EFS) en la ejecución de
auditorías financieras y cómo ante los
nuevos desafíos en el desempeño de sus
funciones debido al gran volumen de
transacciones y la limitación de recursos
para su verificación, se incorpora el uso
de nuevas tecnologías para detectar
riesgos de fraude en la información
financiera de las instituciones del sector
público. En virtud de lo anterior, se
proponen una serie de procedimientos
que las EFS pueden aplicar en este tipo
de auditorías para brindar una mayor
cobertura en la obtención y revisión de
evidencia en el proceso de fiscalización
que permita mejorar la calidad de la
información financiera para el proceso
de toma de decisiones, así como
fomentar la transparencia y rendición de
cuentas del sector público.
Palabras clave: razonabilidad,
riesgos, fraude, detección, desafío,
volumen, tecnología, transparencia. específicas para identificar y valorar los
riesgos de incorrección material, debido
a fraude o error en el registro y
presentación de la información
financiera de las instituciones públicas,
lo cual es insumo para emitir una opinión
sobre la razonabilidad de las cifras
contenidas en los Estados Financieros de las entidades fiscalizadas.
La actualidad plantea desafíos para el
desarrollo de este tipo de auditorías,
dado que la información sujeta a
examen se recopila, procesa y distribuye
en gran volumen por medio de sistemas
de información. Las EFS de cara a tales
desafíos y a la limitación de sus
recursos, se ven en la necesidad de
implementar procesos de fiscalización
con una tendencia innovadora y ágil, a
través del empleo en sus revisiones, de
herramientas accesibles, fáciles y útiles
que promuevan la exhaustividad de forma eficiente.
Esta tendencia no implica
exclusivamente la adquisición de
herramientas costosas, sino que inicia
Desarrollo de la investigación
La labor de las EFS, en lo que concierne
a la ejecución de auditorías financieras,
se ha enfocado en la aplicación de
procedimientos de auditoría a muestras

84
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019
con la utilización de software de uso
general, como es el caso de hojas de
cálculo, para posteriormente recurrir a
herramientas especializadas en
procesamiento de datos en grandes
volúmenes, y tecnologías que permiten
al auditor configurar ambientes para
ejecución de pruebas a partir de librerías
y rutinas disponibles o programables por
la propia persona, por ejemplo R y
Python. Estas, además, permiten aplicar
procedimientos de auditoría más
eficientes y con una mayor cobertura en
la revisión y obtención de evidencia
sobre el diseño, implementación y
efectividad operativa de los controles de
las transacciones para identificar y
valorar indicadores de riesgo de fraude o
actividades fraudulentas.
Con un mayor grado de especialización,
se encuentran los algoritmos de aprendizaje automático, los cuales
permiten detectar patrones y dar
indicios al auditor sobre posibles
comportamientos fraudulentos. En todo
caso, para que cualquiera de las técnicas
que se emplee pueda funcionar, se
requiere que la información con la que
trabajan sea de calidad; de lo contrario,
ingresarán, se procesarán, y obtendrán
datos erróneos o de poca utilidad, con lo
que no será posible dar una opinión
razonable sobre los Estados Financieros,
ni detectar fraudes.
Los procedimientos de auditoría
orientados en la detección de fraude se
pueden apoyar en el entendimiento de
los ciclos transaccionales, los análisis
financieros y en la aplicación de
procedimientos automatizados de
detección, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
Entendimiento del ciclo transaccional
El entendimiento del ciclo transaccional
permite al auditor conocer el ciclo de
cada transacción desde que inicia hasta
que finaliza, e identificar los controles
manuales y automatizados que forman
parte del procesamiento de tales
transacciones, con el fin de definir el
momento y extensión de los
procedimientos de auditoría. En este

85
sentido, se sugieren aspectos que
pueden ser contemplados como parte de
los procedimientos para identificar
riesgos de fraude asociados a los ciclos
de ingresos, compras y planillas, según corresponda. Análisis de reportes financieros
Las EFS para identificar riesgos
asociados al fraude o datos atípicos en los Estados Financieros de las entidades
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019

86
Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019
fiscalizadas pueden llevar a cabo los siguientes procedimientos:
Análisis horizontal y vertical: estos
tipos de análisis no están diseñados
para identificar algún fraude, sin
embargo, permiten identificar
cuentas contables o partidas
presupuestarias más importantes o
con características particulares que requieren especial atención.
Reportes de pagos o gastos:
identificar gastos o pasivos no
registrados en un periodo, verificar
pago de los bienes o servicios recibidos.
Análisis de tendencias: observar el
comportamiento de los diferentes
rubros de los Estado Financieros,
para identificar cambios abruptos o
particulares que han ocurrido por error o intención.
Reportes de asientos de diarios:
identificar transacciones inusuales
que podrían repercutir en indicios de
fraude (momento de registro,
registros poco usuales, segregación
de funciones, cifras inusuales, ajustes manuales).
Procedimientos automatizados para detectar fraude financiero
Para la detección de riesgo de fraude en
las aseveraciones relevantes de los
Estados Financieros, se pueden aplicar
los siguientes procedimientos mediante
la incorporación de la tecnología (hojas
de cálculo o software de análisis de datos):Validación de la integridad de la
información financiera suministrada
por la entidad: se puede validar
integridad de los montos, existencia de registros duplicados, secuencia de
la numeración de documentos que
respaldan las transacciones,
existencia de campos vacíos en la información.
Validación externa e interna de la
información suministrada por la
entidad: se coteja la información
obtenida a través de confirmaciones internas o externas.
Realizar pruebas de corte al cierre del
periodo: que el registro de las
transacciones y eventos se haya
realizado en el ejercicio económico
correspondiente a fin de identificar
posibles pasivos no registrados,
recálculos de las existencias de
inventarios.
A pesar de la incorporación de nuevas
tecnologías para identificar riesgos de
fraude o actividades fraudulentas, el
auditor no debe omitir la aplicación de
procedimientos básicos para verificar
controles generales relacionados con las
tecnologías de información que contemplen los siguientes puntos:
Existencia de políticas, oficializadas y
debidamente divulgadas, que regulen
el acceso físico y lógico a programas y datos.
Asignación de permisos de ingreso,
modificación y trasiego de
información conforme los puestos y
funciones de los colaboradores.
Metodología de creación, asignación
y revocación de permisos.
Existencia de procedimientos de
respaldo y de atención de incidentes.
recálculos de las existencias de
inventarios.

Revista Fiscalizando Nª 26 / Ganadores Concurso CTPBG 2019 87
Asimismo, independientemente de la
tecnología utilizada, el papel de auditor
cobra relevancia en el momento de
determinar si una situación es
fraudulenta o no, pues es este quien
finalmente determina si se debe
profundizar en la revisión de cada
resultado y la procedencia de indagar
las causas de las situaciones
identificadas, con base en la
información provista por los sistemas y
por agentes exógenos que brindan un contexto a cada situación.
Conclusiones
La auditoría financiera es un proceso
integral que permite, mediante sus
procedimientos, generar una opinión
sobre la razonabilidad de la información
financiera, lo cual reviste de
importancia para la toma de decisiones
y rendición de cuentas. Además, a partir
de este tipo de auditorías, las EFS
obtienen insumos para su planificación
operativa y a partir de los resultados
obtenidos dentro de la revisión y
entendimiento del control interno,
determinación de riesgos (incluidos los
de fraude), enfocar auditorías
posteriores con otros objetivos (desempeño o cumplimiento).
El reto de las EFS en auditorías
financieras es ejecutar la revisión de
gran cantidad de información en la
menor cantidad de tiempo posible y con
recurso humano limitado. La principal
ventaja de utilizar tecnología para
detectar fraudes financieros radica en la
posibilidad de procesar grandes
volúmenes de datos en poco tiempo, lo
cual permite dedicar esfuerzos a
recolección de pruebas y verificación de
posibles causas y efectos de situaciones inusuales identificadas.
Asimismo, la tecnología permite la
implementación de controles preventivos, así como controles
detectivos más oportunos, lo cual puede
potencialmente disminuir los efectos en
las finanzas de las instituciones y, por
ende, en el erario público. Dicha
capacidad de anticipación permite,
eventualmente, el establecimiento de
modelos de monitoreo continuo, es
decir, la implementación de controles y
procedimientos automáticos que emitan
alertas lo más cercano posible al tiempo real.
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