Benjamín Andrés Reyes Riesco
Ingeniero Ambiental
Fiscalizador de la Unidad de Medio Ambiente
Contraloría General de la República de Chile
La crisis generada por la pandemia COVID-19, ha impulsado la optimización de las acciones ejercidas por los Estados en virtud de proteger y asistir a la ciudadanía, con ello, el control público ha debido robustecerse, buscando generar un fuerte impacto en el desarrollo y conducción de las políticas públicas orientadas a la atención de la crisis u otras materias del quehacer de la ciudadanía. En este orden de consideraciones, el control externo en materia ambiental adquiere relevancia en tanto permite analizar desde una perspectiva amplia el accionar de los Estados, y en el caso al cual queremos referirnos, emplear un enfoque regional.
En este escenario, desde julio de 2020 se está ejecutando la Auditoría Coordinada sobre la gestión de los Pasivos Ambientales Mineros, PAM, en Latinoamérica y el Caribe, liderada por la CGR de Chile y en la cual participan trece Entidades Fiscalizadoras Superiores y 2 Entidades de Fiscalización de alcance subnacional. La Auditoría se centra en la gestión correctiva de los PAM, haciendo énfasis en la evaluación de las Estructuras de Gobernanza para el manejo de estos y considera como eje central, la atención que se le da a esta problemática ambiental desde las herramientas y posibilidades de acción que nos representa, en especial, la Agenda 2030 aprobada en el 2015 y sus ODS 12 y 15, buscando impulsar una gestión eficaz de los productos químicos y de todos los desechos mineros a lo largo de su ciclo de vida, a fin de minimizar sus efectos adversos en la seguridad, vida, salud humana y la degradación de los hábitats naturales que se encuentren afectos a los denominados PAM.
El enunciado proceso colaborativo, surge de los resultados obtenidos en la auditoría coordinada en Pasivos Ambientales de 2015, liderada por las EFS de México y Perú, donde se observaron espacios de mejora para los países de la región respecto de los riesgos generados por los PAM. Esta situación, se evidenció en un sector económico determinante, puesto que la extracción de recursos naturales de origen minero constituye, históricamente, un eje central en la economía regional.
Bajo este escenario, y teniendo en consideración los efectos ambientales de la industria minera y los eventuales riesgos asociados a la salud humana y los ecosistemas, según su nivel de exposición y vulnerabilidad, por ejemplo, por la disposición inadecuada de desechos con presencia de metales pesados, la presencia de drenajes ácidos de minas o el derrumbe o escurrimiento de tranques de relaves, entre otros. En este contexto, numerosas faenas mineras han sido abandonadas sin haber tenido un adecuado cierre, generando un pasivo desde la perspectiva ambiental con origen minero, con sus consecuentes riesgos.
Como fuese observado en el Taller de Planificación y Capacitación de la auditoría coordinada, desarrollado de manera virtual durante junio de 2020 – con la participación de 74 auditoras y auditores de 13 países-, los equipos participantes pudieron reconocer que la problemática originada por la presencia de los PAM es un factor común para gran parte de los países de la región, mientras que las respuestas y atención dada por los Estados es disímil, presentado debilidades en la configuración de las estructuras de gobernanza tales como la construcción de marcos regulatorios, definición de atribuciones y/o en la implementación de diferentes mecanismos orientados a su manejo.
Por lo anterior, es relevante el aporte que pueden significar los resultados de esta auditoría coordinada de PAM, la que busca evaluar y contribuir a la gestión de estas estructuras, a fin de incentivar la adopción de acciones fundadas y priorizadas con miras a la protección de la población y del medio ambiente expuestos a los impactos negativos que los PAM generan.
Acerca del Autor:
Benjamín Reyes es Ingeniero Ambiental, Magister en Gestión y Ordenamiento Ambiental de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es Auditor de la Unidad de Medio Ambiente de la Contraloría General de la República de Chile y Coordinador Técnico de la Auditoría Coordinada en Pasivos Ambientales de la OLACEFS.
