La infraestructura es crucial para el desarrollo económico y social, ya que proporciona la base para las actividades productivas y mejora la calidad de vida, además de ser un componente esencial para el progreso colectivo a escala regional y global.
En las últimas décadas, varios países han reducido la intervención estatal en la provisión directa de infraestructura, acentuando el papel de regulador y fiscalizador de los servicios públicos prestados por el capital privado. Este cambio obedece a la necesidad de aliviar la presión sobre los presupuestos públicos y minimizar el endeudamiento estatal, transfiriendo parte de los costos y riesgos al sector privado.
En estos países, las concesiones y las asociaciones público-privadas (APP) han desempeñado un papel importante al permitir la colaboración entre los sectores público y privado, combinando recursos y know-how para hacer viables proyectos de infraestructura a gran escala.
Estos modelos, cuando están bien planificados y ejecutados, no solo fomentan la inversión y promueven la eficiencia en la gestión y el funcionamiento, sino que también impulsan el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos. Además, permiten destinar los escasos recursos públicos a otros ámbitos de interés para la sociedad.
Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (Tercera Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo, celebrada en 2016), tanto la inversión pública como la privada desempeñan papeles clave en el financiamiento de la infraestructura, incluido el uso de asociaciones público-privadas. Asimismo, es importante desarrollar las capacidades para establecer y gestionar las APP, garantizar una distribución justa de riesgos y beneficios, aplicar mecanismos de responsabilidad y cumplir las normas sociales y medioambientales.
La experiencia de muchos países, entre ellos Brasil, revela que los contratos de concesiones y de APP pueden implicar importantes riesgos fiscales, poniendo en peligro su desempeño y su viabilidad. Los proyectos fallidos o paralizados tienen el potencial de acarrear consecuencias presupuestarias directas, como señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI)[1] en 2018.
Por este motivo, el control externo ejercido por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) puede desempeñar un papel crucial en la mejora de las desestatizaciones, aportando importantes beneficios a la sociedad y al desarrollo de los países. La labor de estas entidades, a través de evaluaciones basadas en evidencias y análisis independientes, no solo contribuye a la madurez y a la eficiencia de los proyectos, sino que también refuerza la seguridad jurídica.
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Políticas y Regulación de Infraestructura (GTInfra) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), presidido por la EFS Brasil e integrado también por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay y Perú, impartió una capacitación sobre la fiscalización de concesiones y asociaciones público-privadas en infraestructura, desde una perspectiva intersectorial. El Grupo llevará a cabo una auditoría cooperativa en el segundo semestre de 2024 con el objetivo de evaluar las condiciones de los gobiernos nacionales para hacer posible la prestación de servicios públicos en contratos complejos a largo plazo, en el marco de las concesiones y de las APP en infraestructura.
Este año, el Tribunal de Cuentas de la Unión publicó el Marco Referencial[2] para el Control Externo de Concesiones y Asociaciones Público-Privadas, una referencia importante para mejorar las fiscalizaciones llevadas a cabo por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, tanto en Brasil como en otros países. Este marco referencial ofrece directrices para la evaluación de proyectos, considerando cinco dimensiones (estratégica, económica, financiera, comercial y gerencial), e incluye procedimientos y ejemplos de la jurisprudencia brasileña que pueden contribuir a mejorar el desempeño y los resultados de las políticas públicas en infraestructura. El documento se está traduciendo para que pueda estar disponible para finales de octubre también en inglés y español, de modo que pueda servir a toda la comunidad de la INTOSAI, ampliando su alcance y utilidad a escala global.
Además, la OLACEFS también ha publicado la Guía Técnica OLACEFS para Auditorías Externas de APP y Concesiones[3], la cual reúne directrices para llevar a cabo auditorías externas específicas para contratos de APP y concesiones, siguiendo las mejores metodologías y prácticas internacionales.
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluye en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la construcción de infraestructuras resilientes, el fomento de la industrialización sostenible y el estímulo a la innovación. Además, pretende formar asociaciones público-privadas eficaces, aprovechando la experiencia adquirida en las estrategias de movilización de recursos para estas asociaciones, integrando los esfuerzos para un desarrollo sostenible e inclusivo.
Establecer procedimientos de auditoría para grandes proyectos de infraestructura en concesiones y APP, basados en las buenas prácticas internacionales y en la experiencia de las distintas entidades fiscalizadoras, contribuye a crear un entorno regulador e institucional bien estructurado, esencial para garantizar la seguridad jurídica y atraer la inversión privada. Esto, a su vez, mejora la infraestructura y los servicios públicos, alineándose con las metas de la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible y promoviendo la calidad de vida de los ciudadanos y la preservación de nuestro planeta.
[1] Disponible en https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/002/2018/249/002.2018.issue-249-pt.xml
[2] Disponible en https://btcu.apps.tcu.gov.br/api/obterDocumentoPdf/76306499
[3] Disponible en https://olacefs.com/gtinfra/document/guia-tecnica-olacefs-de-auditoria-externa-de-apps-y-concesiones/.
