César Abusleme
Centro de Sistemas Públicos
Universidad de Chile

Se ha vuelto un lugar común decir que la actual crisis sanitaria será un factor determinante en la aceleración de la transformación digital del sector público. Sin embargo, ya se escuchan algunas voces que vienen a poner paños fríos a este determinismo disfrazado de optimismo: el potencial de esta pandemia como catalizador de una nueva revolución digital estaría fuertemente condicionado por la infraestructura tecnológica y el grado de madurez de los gobiernos digitales de cada país.

En esta línea, tampoco debe olvidarse que el diseño e implementación de nuevas tecnologías en el sector público se realiza dentro del marco de estructuras de poder prestablecidas. Esto es particularmente importante respecto de aquellas herramientas tecnológicas como los datos abiertos, cuya reutilización podría ser clave para hacer frente a la pandemia, pero al mismo tiempo implican entregar parte del control sobre la información pública a la ciudadanía y aumentar el escrutinio público sobre la toma de decisiones (¡de vida o muerte en este caso!). A la hora de promover la apertura de datos públicos, es probable que a muchos líderes políticos se le vengan a la cabeza las palabras de Tony Blair, quien se llamó a sí mismo un completo idiota por haber impulsado una ley de acceso a la información pública en el Reino Unido.

¿Podrá el Covid-19 cambiar este panorama e incentivar a nuestras autoridades a adoptar esta tecnología en el sector público? Un buen punto de partida para tratar de responder esta pregunta es explorar las circunstancias políticas que han habilitado, entre otros factores, la adopción de estrategias de datos abiertos en nuestra historia más reciente. Esta es justamente la aventura en la que me embarqué en una reciente investigación de los casos de México, Colombia y Chile y esto es con lo que me encontré:

• México. Si bien la sociedad civil venía hace un tiempo impulsando una agenda en la materia, la estrategia de datos abiertos mexicana solo adquirió un ritmo vertiginoso luego de las desapariciones forzadas de Iguala y los casos de corrupción en que se vieron envueltos el presidente Peña Nieto y su señora (caso “Casa Blanca”), y su Ministro de Hacienda en 2014. De hecho, el año siguiente, (1) Peña Nieto incluyó a los datos abiertos entre las 10 medidas oficiales para hacer frente a esta turbulencia política y (2) aprobó la primera regulación administrativa de datos abiertos, (3) se les dio reconocimiento legal, (4) se publicó una política nacional, (5) se puso en marcha la versión final de datos.gob.mx, y (6) México comenzó a tener un rol muy activo en las agrupaciones internacionales interesadas en los datos abiertos, llegando a co-fundar la Global Partnership for Sustainable Development Data y la Carta de Datos Abiertos. Además, (7) adoptó el Estándar de Datos para la Contratación Abierta en dos proyectos de infraestructura de grandes proporciones y (8) comenzó a trabajar con la OCDE para mejorar su desempeño en materia datos abiertos gubernamentales.
• Colombia. La robusta y gradual evolución de su estrategia de datos abiertos tuvo como antecedente indirecto la intención del presidente Santos de mejorar la imagen internacional del país e integrarse a la OCDE. Prácticamente todas las etapas de la evolución de la estrategia colombiana tienen un antecedente en la arena internacional: en 2011, Colombia se unió a la Open Government Partnership (OGP) y lanzó su primer portal de datos abiertos; en 2012, estos fueron incluidos en su estrategia de gobierno electrónico, de acuerdo a lo estipulado en su primer Plan de Acción de la OGP; en 2015, se lanzó una nueva versión de su portal, siguiendo recomendaciones ad hoc del Banco Mundial; y en 2018, elaboró una política de Big Data y una nueva Política de Gobierno Digital, de acuerdo con las recomendaciones incluidas en estudios especiales de la OCDE.
• Chile. La inexistencia de una política de datos abiertos en Chile es coherente con un grado generalizado de desinterés por esta tecnología por parte de sus autoridades políticas. En su primer gobierno (2010-2014), Sebastián Piñera (centro derecha) emitió una Directiva de Gobierno Abierto y logro convertir a Chile en unos de los primeros países latinoamericanos en tener un portal de datos abiertos. Sin embargo, el gobierno perdió rápidamente interés en esta tecnología por lo que nunca se llegó a formular una política de datos abiertos y el portal se mantuvo prácticamente inutilizado desde su lanzamiento. Esta situación se agravó aún más con el retorno de Michelle Bachelet (centro izquierda) al poder en 2014. Su entorno vio las iniciativas de gobierno digital, incluyendo los datos abiertos, como parte de la agenda “neoliberal”, “de derecha”, “enfocada en la eficiencia” impulsada por Piñera y fue bastante escéptico respecto de su potencial para disminuir la corrupción. Desde su regreso a la presidencia en 2018, Piñera no ha mostrado mayor interés en el desarrollo de una política de datos abiertos. De hecho, promulgó una Ley de Transformación Digital del Estado que, si bien es indudablemente un paso gigantesco en la dirección correcta, sólo abarca la digitalización de procedimientos administrativos.

El estudio de estos casos nos deja algunas lecciones:

• El impacto del Covid-19 en la adopción de estrategias de datos abiertos en el sector público dependerá en gran medida de las dinámicas políticas de cada gobierno nacional. Esto es particularmente evidente si se comparan las divergencias entre Chile y México, dos países en los cuales la gobernanza digital está, para bien o para mal, muy politizada.
• El rol de la sociedad civil nacional e internacional es crucial para dar un empujoncito a nuestros políticos para que adopten estrategias de datos abiertos, como bien muestran los casos de México y Colombia. La pandemia puede ser una oportunidad para acelerar la trasformación digital, pero para que esta se aproveche y cree valor público (aumento de los niveles de transparencia, accountability y colaboración ciudadana, por ejemplo) deben intervenir todos los actores interesados.
• Los datos abiertos no pueden ser entendidos como un simple “portal” sino como una estrategia mucho más amplia y ambiciosa. Un repositorio de datos sin respaldo legal, político, técnico ni presupuestario, como se evidencia en el caso de Chile, puede devenir en una respuesta meramente testimonial y temporal a la actual crisis, lo que en definitiva podría incluso obstaculizar la transformación digital del sector público.

Sobre el autor

César es abogado (U. de Chile) y MSc en Administración y Políticas Públicas (London School of Economics). Se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia, del Ministerio de Justicia (Chile), y Coordinador Jurídico del Programa de Modernización del Sector Público financiado por el Ministerio de Hacienda (Chile) y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, sigue ligado al servicio público fuera de su país y es colaborador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile.