Auditoria-Coordinada-COVID-19-Informe-regional.pdf

Informe Auditoría Coordinada

23rd Jul 2024

INFORME REGIONAL CONSOLIDADO
Auditoría Coordinada a
los programas de ayudas socioeconómicas que
los países de la región han implementado en el marco del COVID-19
Durchgeführt von:
Por meio da:
Por medio de la:
Implemented by:

Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEFS

Lucha contra la Corrupción Trasnacional

Los conceptos y opiniones expresados en este informe consolidado son de responsabilidad
exclusiva de sus autores. Se permite la reproducción total o parcial de esta publicación siempre que
sea debidamente citada.
Sugerencia de cita: OLACEFS (2023) Informe consolidado. Auditoría Coordinada a los programas de
ayudas socioeconómicas que los países de la región han implementado en el marco del COVID-19
Durchgeführt von:
Por meio da:
Por medio de la:
Implemented by:

Esta auditoría coordinada es fruto del esfuerzo conjunto de diversas Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Los informes nacionales pueden ser encontrados en los sitios web de cada institución:
Argentina https://www.agn.gob.ar/
Brasil https://portal.tcu.gov.br/espanol/
Ecuador https://www.contraloria.gob.ec/
Guatemala https://www.contraloria.gob.gt/
Honduras https://www.tsc.gob.hn/web/
Paraguay https://www.contraloria.gov.py/

TABLA DE CONTENIDO
INFORMACIÓN INTRODUCTORIAAntecedentesObjetivosAlcance
Antecedentes de la Auditoría Coordinada Metodología
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COORDINADA Hallazgos y resultados por
Entidad Fiscalizadora Superior
ArgentinaBrasil
Ecuador
Guatemala HondurasParaguay
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los programas de ayuda socio económica y la Agenda 2030
Conclusiones y resultados de los índices regionales Recomendaciones13
13
14
15
17
17
23
23
24
34
44
54
63
73
83
83
85
87

5
SIGLAS Y
ABREVIATURAS
AGENDA 2030 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
ADESS Administradora de Subsidios Sociales
AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos
ANSeS Administración Nacional de la Seguridad Social
BEM Prestación de Emergencia para la Preservación del Pago y la Renta por sus
siglas en Portugués
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CABI Central American Business Intelligence
CadÚnico Registro Único del Gobierno Federal
CAIXA Agente pagador
CEAS Consejos Estatales de Asistencia Social
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CGR Contraloría General de la República
CGU Contraloría General de la Unión
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
COPRECOVID Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19
COVID – 19 Enfermedad por coronavirus
CTCT Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Transnacional
DATAPREV Agente operativo para la generación de la nómina de beneficiarios y el
tratamiento de la información
DF Distrito Federal
EFS Entidad Fiscalizadora Superior
EIF Entidad de intermediación financiera
EMPEs Entidades de Medios de Pagos Electrónicos
ENCOVI 2014 Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística
EPH Encuesta Permanente de Hogares
EPHC Encuesta Permanente de Hogares Continua
ExtraCad Plataforma digital de la “Caixa Econômica Federal”
FalaBR Plataforma para atención de quejas
FONACEAS Foro Nacional de Consejos Estatales de Asistencia Social
GCPS Gabinete de Coordinación de Política Social
GIZ Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (por sus siglas en alemán)
GTCT Grupo de Trabajo de Lucha Contra la Corrupción Transnacional
IDOPPRIL Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales
IFE Ingreso Familiar de Emergencia
INDE Instituto Nacional de Electrificación
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

6
INDECInstituto Nacional de Estadística y Censos
INE Instituto Nacional de Estadística
IPS Instituto de Previsión Social
ISAM Modelo de Auditoría de ODS (por sus siglas en inglés)
ISSAI Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (por sus siglas
en inglés)
LOAS Ley Orgánica de Asistencia Social
ME Ministerio de Economía
MIDES Ministerio de Desarrollo Social
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
MTEySS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS Objetivos de desarrollo sostenible
OLACEFS Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización No Gubernamental
Pa’ Ti Programa de Asistencia al Trabajador Independiente
PBF Programa Bolsa Familia
PNAD Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios
Pnad Covid19 Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios relativa al COVID-19
POA Plan Operativo Anual
PYTYVÕ Programa de Subsidio de Emergencia Sanitaria
SAGI Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información
SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia del a República
SEN Secretaría de Emergencia Nacional
SENARC Secretaría Nacional de Renta de Ciudadanía
SIAFI Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal
SIB Superintendencia de Bancos
SICOIN Sistema de Contabilidad Integrada
SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera
SINAGIR Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo
SIUBEN Sistema Único de Beneficiarios
SSS Superintendencia de Servicios de Salud
SUAS Sistema Único de Asistencia Social
TCU Tribunal de Cuentas de la Unión
TSS Tesorería de la Seguridad Social
UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por sus siglas en inglés)
VIS DATA 3 beta Portal de transparencia del Ministerio de Ciudadanía
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

7
La propagación mundial del coronavirus (SARS-
CoV-2) tuvo un impacto dramático en la población
mundial, amenazando no sólo la salud, sino tam-
bién el desarrollo económico, la estabilidad y la paz
en todo el mundo. La pandemia ocasionó que mu-
chos sistemas sanitarios, ya de por sí frágiles, llega-
ran a sus límites; que millones de personas cayeran
en la pobreza extrema; que el número de personas
que padecen hambre aumentara exponencialmen-
te; que cientos de millones de personas que viven
en países en vías de desarrollo perdieran su tra-
bajo, y que cientos de millones de niños de todo el
mundo no pudieran asistir a la escuela
1. La pande-
mia también causó efectos desastrosos en la salud
materno-infantil, pues el número de muertes de
recién nacidos y madres aumentó drásticamente
en los países en desarrollo. Debido a los cierres de
escuelas, los bloqueos y las tensiones económicas,
hubo un aumento en la violencia de género y la ex –
plotación sexual, en particular entre los jóvenes. En
general, la crisis económica internacional provo –
cada por el COVID-19 dio lugar a crisis financieras,
sobreendeudamiento y desestabilización, creando
una situación que, en muchos países, supuso una
amenaza para la seguridad.
En ese contexto, en el Ministerio Federal alemán
de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en
cooperación con países contraparte, la sociedad ci-
vil y las instituciones multilaterales, hemos orien-
tado nuestro trabajo en la búsqueda de soluciones
a los problemas más urgentes derivados de la pan-
demia, brindando apoyos a los gobiernos en la or –
ganización de ayudas alimentarias y transferencias
sociales; asesoramiento en los procesos de adqui-
sición de suministros médicos y de mejora de estos
sistemas; apoyos en el desarrollo y uso de aplica-
ciones digitales; apoyos para mejorar la gestión del
efectivo y reforzar los controles basados en el ries –
go para garantizar su entrega efectiva, entre otros.
La “Auditoría Coordinada a los Programas de Ayu-
das Socioeconómicas promovidos por los Gobier –
nos Latinoamericanos en el marco de la Pandemia
por COVID-19”, es una iniciativa que tuvo por obje -tivo reforzar los controles respecto a los programas
de ayuda socioeconómica implementados por los
gobiernos a fin de mitigar los efectos devastadores
de la pandemia. Esta actividad puso a prueba el ac
–
cionar de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) ante la expectativa de la ciudadanía y demás
partes interesadas, pues mediante el análisis de la
eficiencia y eficacia de dichos programas, fue posi-
ble visibilizar las aportaciones que las EFS pueden
tener en tiempos de crisis, así como en el cumpli-
miento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos –
tenible, particularmente para lograr reducir la po –
breza y la corrupción (ODS 1 y 16); lo anterior, en
línea con lo previsto en la norma INTOSAI-P12 que
busca marcar la diferencia en la vida de los ciuda-
danos y demostrar el valor y beneficio de las EFS.
Esta auditoría, realizada por la Organización Latinoa-
mericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), en alianza con la Cooperación
Alemana, por medio de GIZ, refuerza el compromiso
de continuar colaborando con los países de América
Latina y el Caribe hacia la mejora de las condiciones
en el sector ambiental, social, económico y político
para combatir la pobreza, hambre y la desigualdad y
promover el desarrollo sostenible mundial.
Felicitaciones a la OLACEFS, a su Comisión Téc –
nica de Lucha contra la Corrupción Transnacional
(CTCT), a la Contraloría General del Estado de la
República del Ecuador, y a las EFS participantes,
por los trabajos de auditoría realizados, así como
por las contribuciones y los progresos reportados
en este resumen ejecutivo, que contempla hallaz –
gos importantes y oportunidades de mejora dirigi-
das a los gobiernos para potenciar e incrementar
el impacto de los programas de ayuda socioeco –
nómica, para hacer frente a futuras emergencias
y de esta manera reducir las afectaciones que se
puedan generar en tiempos de crisis.
Amanda Rocha
Proyecto Regional Fortalecimiento del Control Externo para la
Prevención y Combate Eficaz de la Corrupción – OLACEFS Directora
PRÓLOGO
1 Mayor información disponible en: https://www.bmz.de/en/issues/covid-19-pandemic
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

8
The global spread of the coronavirus (SARS-
CoV-2) had a dramatic impact on the world’s
population, threatening not only health, but
also economic development, stability and peace
worldwide. The pandemic caused many already
fragile health systems to reach their limits; mil-
lions of people to fall into extreme poverty; the
number of people suffering from hunger to in-
crease exponentially; hundreds of millions of
people living in developing countries to lose their
jobs; and hundreds of millions of children around
the world to miss school . The pandemic also
caused disastrous effects on maternal and child
health, as the number of newborn and mater-
nal deaths increased dramatically in developing
countries. Due to school closures, blockades and
economic tensions, there was an increase in gen-
der-based violence and sexual exploitation, par –
ticularly among young people. Overall, the inter –
national economic crisis triggered by COVID-19
led to financial crises, over-indebtedness and
destabilization, creating a situation that, in many
countries, posed a security threat.
In this context, the German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ),
in cooperation with partner countries, civil society
and multilateral institutions, we have focused our
work on finding solutions to the most urgent prob –
lems arising from the pandemic, providing sup –
port to governments in the organization of food aid
and social transfers; advice on procurement pro –
cesses for medical supplies and the improvement
of these systems; support in the development and
use of digital applications; support to improve cash
management and strengthen risk-based controls
to ensure their effective delivery, among others.
The “Coordinated Audit of Socioeconomic Aid
Programs promoted by Latin American Govern-
ments within the framework of the COVID-19
Pandemic” is an initiative that aimed to strength-
en controls over socioeconomic aid programs implemented by governments to mitigate the dev
–
astating effects of the pandemic. This activity test –
ed the actions of Supreme Audit Institutions (SAIs)
considering the expectations of citizens and other
stakeholders, because through the analysis of the
efficiency and effectiveness of such programs, it
was possible to visualize the contributions that
SAIs can have in times of crisis, as well as in the
fulfillment of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, particularly to achieve poverty and
corruption reduction (SDG 1 and 16). The latter,
aligned with the INTOSAI-P12 standard, which
seeks to make a difference in the lives of citizens
and demonstrate the value and benefit of SAIs.
This audit, conducted by the Latin American and
Caribbean Organization of Supreme Audit Institu-
tions (OLACEFS), in partnership with the German
Cooperation, through GIZ, reinforces the commit –
ment to continue collaborating with the countries
of Latin America and the Caribbean towards im-
proving conditions in the environmental, social,
economic and political sector to combat poverty,
hunger and inequality and promote global sus –
tainable development.
Congratulations to OLACEFS, its Technical Com-
mission to Fight Against Transnational Corrup –
tion (CTCT), the Office of the Comptroller General
of the Republic of Ecuador, and the participating
SAIs, for the audit work carried out, as well as
for the contributions and progress reported in
this executive summary, which includes import –
ant findings and opportunities for improvement
aimed at governments to enhance and increase
the impact of socioeconomic aid programs, to
address future emergencies and thus reduce the
impact that can be generated in times of crisis.
Amanda Rocha
Regional Project Strengthening External Financial Control for
the Effective Prevention and Fight Against Corruption-OLACEFS Director
FOREWORD
2 Additional information available at: https://www.bmz.de/en/issues/covid-19-pandemic
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

9 Desde finales de 2020, las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores de la región, bajo el liderazgo
de la Contraloría General del Estado del Ecuador,
asumimos el reto de encaminar una auditoría
coordinada respecto de los programas de Ayudas
Socioeconómicas que se implementaron en el
marco del COVID-19 durante el 2020.
Este esfuerzo conjunto nació del Grupo de Tra-
bajo Especializado de Lucha Contra la Corrup-
ción Transnacional (GTCT) de la OLACEFS, ahora
constituido como Comisión Técnica. Su propósito
fue atender las alertas de la Organización de Coo –
peración para el Desarrollo Económico (OCDE) y
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) sobre las potenciales deficien-
cias en la gestión de programas de ayuda social y
la necesidad de acciones urgentes en respuesta a
la crisis sanitaria de 2020.
En este contexto, las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de Argentina, Brasil, Ecuador, Guate –
mala, Honduras y Paraguay se comprometieron a
evaluar la eficacia y eficiencia en la planificación,
ejecución y/o implementación, supervisión, con-
trol, cierre y rendición de cuentas de los Estados
respecto de tales programas de asistencia. La planificación de la auditoría coordinada con-
sideró necesario mantener un enfoque de fiscali-
zación de la Agenda 2030, en particular el ODS 1,
respecto a medidas apropiadas de protección so
–
cial para los más vulnerables, y el ODS 16, sobre
instituciones sólidas, eficaces y transparentes;
así como incluir criterios de igualdad de género
en la definición de las personas beneficiarias.
Me complace compartir con la comunidad inter –
nacional, Estados, sociedad civil y academia, los
resultados de este trabajo, mismo que refleja los
resultados de la aplicación de las herramientas
de cálculo de eficiencia y eficacia generadas para
la auditoría, junto con un resumen de los resulta-
dos globales para cada país. Este trabajo es el fru-
to de un proceso sistematizado y objetivo basado
en la contextualización de la matriz de diseño a
la realidad de cada país y en la aplicación de los
procedimientos de auditoría propios de cada EFS.
Los informes de las auditorías revelan un desempe –
ño mixto en la respuesta a la pandemia en los paí-
ses participantes y se destacan avances significati-
vos en la implementación de programas de ayuda
en la región. Es crucial abordar las áreas de mejo –
ra identificadas, como la actualización de datos, la
coordinación interinstitucional, la inclusión de cri-
terios de equidad y la participación de la sociedad
civil. Por ello, las recomendaciones proporcionadas
en este informe regional buscan aportar a la efica-
cia, eficiencia y transparencia de las políticas de
asistencia socioeconómica para futuras crisis.
Aprovecho la oportunidad para agradecer espe –
cialmente al equipo coordinador de esta audito –
ría por su compromiso en llevar a cabo con éxi-
to la coordinación y mentoría de la iniciativa. Su
esfuerzo en la revisión y aprobación de los infor –
mes resumen de los países participantes, con un
acompañamiento constante y en consideración
de buenas prácticas que se han implementado
en otras auditorías coordinadas de OLACEFS, ha
sido invaluable.
Asimismo, es menester reconocer el trabajo inva-
luable de la Cooperación Alemana, por medio de
PRESENTACIÓN
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

10
GIZ, por su apoyo brindado desde el principio has-
ta el fin de la auditoría coordinada. Su asistencia en
la realización de los talleres de consolidación de la
información, así como en las actividades comuni-
cacionales de los resultados y en la diagramación
del presente informe, ha sido fundamental.
Expresamos nuestra gratitud a la EFS de Chile,
Presidencia de la CTCT de la OLACEFS, por dar
continuidad a esta importante iniciativa en su
planificación anual y por el apoyo brindado estos años. Finalmente, extendemos muestro agrade
–
cimiento a todas las EFS participantes de esta
auditoría por su compromiso y dedicación, e ins –
tamos a que se siga reportando el avance de la
implementación de la Agenda de ODS 2030 para
posicionar las auditorías coordinadas como un
mecanismo de impacto para la ciudadanía.
Dr. Xavier Mauricio Torres Maldonado
Contralor General del Estado de la República del Ecuador
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

11
El análisis de las auditorías coordinadas en Ar-
gentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras
y Paraguay revela un desempeño variado en
la preparación, planeación, implementación y
evaluación de los programas de ayuda socioe –
conómica durante la pandemia de COVID-19. A
pesar de los esfuerzos significativos y los logros
conseguidos por cada país, los resultados des –
tacan también las áreas que requieren mejoras
sustanciales para enfrentar futuras emergencias
con mayor eficacia.
En Argentina, se evidenció que el país contaba
con un marco normativo adecuado y mecanismos
establecidos para gestionar emergencias sanita-
rias. Sin embargo, la falta de integración efectiva
de las instituciones que tuvieron a su cargo la ges –
tión estatal de la emergencia, limitó la respuesta
inicial. La implementación del Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) fue crucial, pero enfrentó
desafíos en la actualización de datos y la inclu-
sión de beneficiarios. Se destaca la necesidad de
mejorar la coordinación interinstitucional y desa-
rrollar estrategias para reducir la brecha digital.
Brasil, por su parte, mostró una respuesta es –
tructurada, destacando la creación del Comité
de Crisis y el fortalecimiento del Sistema Único
de Asistencia Social (SUAS). El programa “Auxílio
Emergencial” benefició a más de 68 millones de
personas, pero se identificaron áreas de mejora
en lo que respecta a la actualización de datos y
la inclusión de todos los beneficiarios elegibles.
La transparencia y la evaluación continua de los
programas fueron aspectos positivos, aunque se
requiere un seguimiento más riguroso para ase –
gurar la eficacia de las medidas adoptadas.
En el caso de Ecuador, se demostró una respuesta
coordinada y alineada con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), contemplada en el Manual
del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
y varios decretos ejecutivos emitidos durante la
emergencia sanitaria. A pesar de alcanzar altos niveles de cobertura en la distribución de ayudas,
se identificaron desafíos en la documentación y
la evaluación de riesgos. La falta de retroalimen-
tación de la sociedad civil y la evaluación del im-
pacto de los programas limitaron la efectividad
de las políticas implementadas.
En Guatemala, la creación de la Comisión Presi-
dencial de Atención a la Emergencia COVID-19
y el “Programa Fondo Bono Familia” fueron fun-
damentales para la respuesta inicial. Sin embar
–
go, se encontraron deficiencias en la calidad de
los datos y la cobertura del programa. La falta de
metodologías para monitoreo y evaluación im-
pactó negativamente la efectividad de las ayu-
das. La transparencia y la participación de la so –
ciedad civil en el monitoreo del programa fueron
limitadas, destacando la necesidad de fortalecer
estos aspectos.
Honduras evidenció una capacidad de respuesta
rápida con la creación de un marco legal sólido,
pero presentó deficiencias en la coordinación y
en la inclusión de criterios de equidad social. La
implementación del programa “Honduras Soli-
daria” enfrentó problemas en la actualización de
información y criterios de selección. La falta de
metodologías para monitorear y evaluar el pro –
greso afectó la capacidad de determinar si los ob –
jetivos del programa se cumplieron plenamente,
enfatizando la necesidad de mejoras en los as –
pectos mencionados.
Paraguay mostró avances significativos en la
preparación y planeación, con la creación de la
Secretaría de Emergencia Nacional y programas
como “Ñangareko” y “PYTYVO”. No obstante, se
identificaron deficiencias en la gestión de ries –
gos y en la implementación de canales de comu-
nicación para recibir quejas y denuncias. A pesar
de los esfuerzos realizados para la divulgación
de información a través de la plataforma “Rin-
diendo Cuentas”, faltaron mecanismos efecti-
vos para captar la percepción de los ciudadanos
RESUMEN
EJECUTIVO
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

12
y beneficiarios sobre las ayudas recibidas, lo que
limitó la capacidad de ajustar y mejorar las polí-
ticas implementadas.
En conclusión, las auditorías coordinadas refle-
jan un esfuerzo considerable por parte de los go –
biernos de los países analizados para enfrentar la
pandemia de COVID-19. Sin embargo, es crucial abordar las áreas de mejora identificadas, como
la actualización de datos, la coordinación inte
–
rinstitucional, la inclusión de criterios de equidad
y la participación de la sociedad civil. Estas reco –
mendaciones proporcionan una hoja de ruta para
mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de
las políticas de asistencia socioeconómica en fu-
turas crisis.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

13
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN
INTRODUCTORIA
Antecedentes
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con resolución 70/1 de 25 de septiembre de 2015, apro –
bó la Agenda 2030, la cual incluyó 17 objetivos y 169 metas. Este instrumento establece una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados que confor –
man la Organización.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

14
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11
de marzo de 2020, a causa de la detección y rápido
incremento de los contagios del virus denomina-
do COVID – 19, declaró a la enfermedad como una
pandemia; a partir de lo cual, instó a los Gobiernos
a intensificar las acciones para mitigar su propa-
gación, proteger a las personas y trabajadores de
la salud y salvar vidas.
Los Gobiernos de los países de la región, ante
la necesidad de acciones que permitan mitigar
los efectos de la crisis sanitaria implementaron
programas de ayuda socioeconómica dirigidos a
los grupos que, por sus condiciones, son consi-
derados como vulnerables. En América Latina,
según la información preliminar recopilada, se
ejecutaron varios tipos de programas relaciona-
dos con incentivos económicos, subsidios y en-
trega de víveres.
La Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) y la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pu-
blicaron en abril de 2020, los reportes: “Integridad
Pública para una efectiva respuesta y recuperación del COVID-19”; y, “Rendición de cuentas y prevención de
la corrupción en la adquisición y distribución de pa
–
quetes de rescate económico durante y post COVID-19”,
respectivamente. En dichas investigaciones, se
presentaron alertas a las organizaciones guber –
namentales respecto a potenciales deficiencias
en la gestión de programas de ayuda social, por la
disminución o debilidad en los controles internos
ante su rápida ejecución y a la necesidad de ac –
ciones urgentes en respuesta a la crisis sanitaria.
Lo manifestado motivó a las EFS de la región a
fiscalizar la gestión de los Estados en el proceso
de implementación de los programas de ayuda,
a fin de aportar al control y reforzar la integridad
pública; por lo que el otrora Grupo de Trabajo Es –
pecializado de Lucha Contra la Corrupción Trans –
nacional (GTCT), perteneciente a la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fis –
calizadoras Superiores (OLACEFS), en mayo de
2020, incluyó en su plan operativo, la ejecución de
una “Auditoría Coordinada a los programas de ayudas
socioeconómicas que los países de la región han imple –
mentado en el marco del COVID-19”, cuyo objetivo y
alcances se presentan a continuación.
Objetivos
Objetivo General
• Evaluar la eficacia y eficiencia en la preparación de los estados, en la planificación, ejecución y/o
implementación, supervisión, control, cierre y rendición de cuentas, respecto de los programas
de ayuda socioeconómica en el marco de la pandemia COVID – 19, con enfoque en los ODS 1
meta 1.3 (Indicador 1.3.1.) y ODS 16 meta 16.6 (Indicador 16.6.1), con equidad y perspectiva
de género.
Objetivos específicos
• Identificar si los gobiernos nacionales se encontraban preparados para responder a emergen-
cias sanitarias antes de la declaración de la pandemia de COVID – 19.
•

Determinar la e

xistencia de una planificación para la ejecución de los programas de ayuda so –
cioeconómica.
•

Determinar si los g

obiernos nacionales fueron eficaces y equitativos en la implementación y
ejecución de los programas de ayuda socioeconómica de emergencia frente a la pandemia de
COVID-19 e incluyeron en estas instancias, mecanismos de monitoreo y seguimiento.
• Establecer si los Estados implementaron acciones para evaluación de los programas y rendición
de cuentas.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

15
Alcance
La Auditoría Coordinada a través de las EFS parti-
cipantes, analizó los programas de ayudas socioe-
conómicas que los países de la región implemen-
taron en el marco del COVID-19, para atender a
la población vulnerable, considerando los princi-
pios de Eficiencia y Eficacia y su aporte a la con-
secución de los ODS 1 “Fin de la Pobreza” meta
1.3 (Indicador 1.3.1.) y 16 “Paz, Justicia e Institu-
ciones Sólidas” meta 16.6 (Indicador 16.6.1), con
equidad y perspectiva de género (ODS 5), por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2020.
El presente informe consolida los resultados de la
matriz de hallazgos y herramienta de cálculo apli-
cadas por las EFS de Argentina, Brasil, Ecuador,
Guatemala, Honduras y Paraguay.
Los programas analizados por cada EFS se refie
–
ren a transferencias monetarias y se detallan a
continuación:
ENTIDAD
FISCALIZADORA SUPERIOR PROGRAMA POBLACIÓN OBJETIVO
Argentina Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE). Hogares cuya totalidad de miembros trabajadores,
entre 18 y 65 años, sean personas que se encontraron
desocupadas o se desempeñaron en la economía
informal; trabajadores y trabajadoras de casas
particulares; monotributistas categoría A y B (las más
bajas); y monotributistas sociales.
Brasil
Auxílio
Emergencial Trabajadores sin un contrato formal, mayores de 18
años, que no reciban beneficios de seguridad social
o asistencia (excepto el Bolsa Familia) y cuyo ingreso
mensual sea inferior a la mitad del salario mínimo y su
ingreso familiar no supere tres salarios mínimos. Incluye
también a los usuarios del Programa Bolsa Familia y
del CadÚnico. Desde el 30 mayo incluyó también a las
madres menores de 18 años.
El 24 de agosto se otorgó la entrega del Auxilio
Emergencial a los empleados con contrato de trabajo
intermitente acogidos por el Programa de Emergencia
para mantener el empleo, formalizados hasta el 1 de
abril de 2020.
Medida que se extendió por 4 cuotas adicionales
hasta septiembre, no tendrán derecho a recibir la
transferencia las personas que fueron elegibles para
el Auxilio Emergencial y que empezaron a trabajar
después del inicio de la prestación, así como las que
obtuvieron beneficios de seguridad o asistencia social,
seguro de desempleo o programa de transferencia de
ingresos en el periodo.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

16
ENTIDAD
FISCALIZADORA SUPERIOR PROGRAMA POBLACIÓN OBJETIVO
Ecuador Bono de
protección
familiar por
emergencia
sanitaria fase I y II Familias que estén en el subempleo y que tengan
ingresos inferiores a 400 USD mensuales.
Bono de
Protección
Familiar por
Emergencia
por la presencia del COVID-19 en Ecuador en apoyo a Galápagos Personas residentes en las islas Galápagos que viven del
turismo.
Bono de Apoyo Nutricional Hogares en situación de pobreza, extrema pobreza
y vulnerabilidad. Además de usuarios/as de servicios
de Centros de Desarrollo Infantil (CDI); Creciendo con
Nuestros Hijos (CNH) y Círculos de Cuidado, Recreación y
Aprendizaje (CCRA). En este grupo se encuentran mujeres
gestantes y núcleos familiares con niños de 0 a 3 años.
Guatemala
Bono FamiliaPoblación más afectada económicamente por la crisis y
cuyo consumo eléctrico sea menor a 200 kwh. Además,
entre las excepciones de quienes no tienen servicio eléctrico,
se debe priorizar a: personas en pobreza, madres solteras u
hogares monoparentales, adultos mayores, personas con
discapacidad o enfermedades crónicas y degenerativas,
familias con niñas/os en estado de desnutrición y
concentración de fuerza laboral por departamento.
Honduras
Honduras
Solidaria Familias de escasos recursos, trabajadores del sector
transporte, peluquerías y de diversos sectores afectados
por la pandemia.
Paraguay Subsidio Pytyvõ
Trabajadores informales que realizaron actividades por
cuenta propia o que estuvieron en dependencia de
alguna Micro, Pequeña o Mediana empresa.
Subsidio Pytyvõ 2.0 Trabajadores informales que realizaron actividades por
cuenta propia o que estuvieron en dependencia de
alguna Micro, Pequeña o Mediana empresa. En el caso
del tercer pago el programa Pytyvõ 2.0, consideró los
trabajadores independientes inscritos en la Subsecretaría
de Estado de Tributación (SET).
Programa de Seguridad
Alimentaria
‘Ñangareko’ Jornaleros, vendedores informales y personas en situación
vulnerable que no participaron en los programas sociales
Tekoporã y pensión a la tercera edad.
Fuente: CEPAL, https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/listamedidas.php
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

17
3 Información disponible en: https://www.giz.de/en/worldwide/75436.html
Ejecución de la
Auditoría Coordinada
Las actividades para ejecutar la auditoría coordi-
nada liderada por la EFS de Ecuador iniciaron en
mayo de 2020; en septiembre se emitió la nota
conceptual y en octubre del mismo año se invitó
a participar a las EFS que conforman la comuni-
dad de la OLACEFS. La iniciativa contó con el apo-
yo técnico de la Cooperación Alemana (GIZ), por
medio del Proyecto regional Fortalecimiento del
Control Externo en el Área Ambiental
3.
Con el objetivo de contar con información preli-
minar, se elaboró y emitió en noviembre un cues –
tionario de recopilación de información para es –
tablecer el número y tipo de programas de ayuda
socioeconómica en los países que manifestaron
su interés por participar de la auditoría.
Debido a las dificultades propias de la pande –
mia, se determinó la necesidad de ejecutar el
taller de planificación de manera virtual, cuyas
acciones de coordinación comenzaron en di-
ciembre de 2020.
Después de varias actividades preliminares que in-
cluyeron el procesamiento de los cuestionarios de
información inicial y elaboración del inventario de
programas de ayuda socioeconómica en la región,
en marzo de 2021 se emitió la primera versión de la
matriz de planificación y en mayo se realizó el taller
de planificación en modalidad virtual, en el cual se
dio a conocer el contenido de la matriz de planifica-
ción y herramienta de cálculo de los indicadores de
eficiencia y eficacia, aprobadas por los participantes.
En junio de 2021 inició la etapa de ejecución de la
auditoría, durante la cual la EFS coordinadora brin-
dó el acompañamiento a las EFS participantes a
través de reuniones virtuales y correos electrónicos. En razón de las dificultades para contar con la in-
formación de las entidades públicas en cada uno
de los países y las demoras en la entrega de la mis
–
ma como consecuencia de la pandemia, el tiempo
de ejecución se amplió hasta agosto de 2022, mes
en el cual se recibieron los resúmenes nacionales
y los resultados de aplicación de la herramienta de
cálculo que sirvieron de insumo para el taller de
consolidación presencial realizado en octubre del
mismo año en la ciudad de Quito – Ecuador, pos –
teriormente, durante el 2023, se receptaron los
informes nacionales aprobados por cada EFS, y el
equipo coordinador de la EFS de Ecuador procedió
a la elaboración del informe consolidado regional.
Metodología
Para evaluar la gestión de los gobiernos de la re –
gión en la implementación de los programas de
ayudas socioeconómicas, el equipo coordinador
de la EFS de Ecuador elaboró instrumentos para
guiar los procesos de planificación, ejecución y
seguimiento, así:
•

F

ormatos para recopilación de información
inicial.
•

Ma
triz de diseño de la auditoría.
•

Ma
triz de hallazgos.
•

Herramienta de c

álculo para los índices inte –
grados de eficiencia y eficacia.
•

Dir

ectrices para la redacción de la matriz de
hallazgos de la Auditoría Coordinada.
•

F

ormato de articulación de los programas
de ayuda socioeconómica con los ODS de la
Agenda 2030.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

18
La matriz de diseño incluyó 4 temas que consideraron los siguientes aspectos:
PREPARACIÓN
DE L OS ESTADOS
PARA ATENDER EMERGENCIAS SANITARIAS.

IMPLEMENTACIÓN EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO. PLANIFICACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS PROGRAMAS
DE AYUDA
SOCIOECONÓMICA.

EVALUACIÓN Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS.
1
3 2
4
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

19
Los temas se dividieron en un total de 6 componentes y 20 indicadores conforme el siguiente detalle:
TEMA COMPONENTEINDICADOR
PreparaciónDefinición
de arreglos
institucionales. Definición de instituciones líderes que atiendan la
emergencia sanitaria
Institución líder orientada a la población vulnerable
Marco legal institucional
Definición de
marco normativo. Marco legal emergencia sanitaria
Equidad en proceso de preparación de emergencia
sanitaria
Planificación Existencia de
planificación
y aporte a los
ODS 1 meta 1.3
(Indicador 1.3.1) y
ODS 16 meta 16.6 (Indicador 16.6.1) Definición oportuna de criterios de selección de
beneficiarios de programas de ayuda socioeconómica
Participación de actores relevantes en la definición de
criterios de selección de beneficiarios de programas de
ayuda socioeconómica
Información de calidad para formulación y ejecución de
programas de ayuda socioeconómica
Información y acciones con perspectiva de género
Presupuesto programas de ayuda socioeconómica
Definición oportuna de instrumentos de control
financiero
Implementación y ejecución Cumplimiento
de los objetivos y metas
propuestos,
supervisión,
seguimiento y monitoreo de
los programas de ayuda
socioeconómica Cobertura oportuna a beneficiarios.
Identificación y Mitigación de Riesgos en programas
ejecutados.
Canales de comunicación y mecanismos de coordinación
para alcanzar los objetivos y metas.
Control, monitoreo y evaluación oportuna del avance y
cumplimiento de los objetivos y metas.
Toma oportuna de medidas correctivas
Evaluación Acceso a la
información Mecanismos de acceso a la información y difusión de
resultados de la información de los programas de ayuda
socio económica.
Difusión de resultados y procesos de retroalimentación de
la sociedad civil.
Eficacia del
programa de ayuda Impacto de programas de ayuda socioeconómica.
Mitigación de los efectos sociales y económicos
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

20
Para aquellos indicadores que no obedecen a una
fórmula, se estableció una variable y su interpre-
tación con los aspectos que se deben considerar
para consignar la calificación correspondiente. Con el objetivo de contar con una interpretación
cualitativa de los resultados se propuso una es
–
cala, así:
EJE/TEMA ACCIONES
INSUFICIENTES EN
FORMACIÓN EN
DESARROLLO OPTIMIZADO
0% <X <= 25,0% 25,0% <X <=
50,0% 50,0% <X <=
75,0% 75,0% <X <= 100%
Preparación de los Gobiernos Nacionales
para atender
emergencias sanitarias El Gobierno
Nacional no
estableció o solamente identificó
actividades para estar preparado para atender
la emergencia sanitaria del COVID-19. El Gobierno
Nacional inició
actividades para estar preparado para atender
la emergencia sanitaria del COVID-19. El Gobierno
Nacional realizó esfuerzos para
estar preparado para atender
la emergencia sanitaria del COVID-19. El Gobierno
Nacional estuvo preparado
para atender
la emergencia sanitaria del COVID-19.
EJE COMPONENTE INDICADOR RESULTADO
POR
INDICADOR ÍNDICE DE
EFICIENCIA POR EJE ÍNDICE DE
EFICACIA POR EJE
Preparación
Definición
de arreglos
institucionales. Definición de
instituciones líderes
que atiendan la
emergencia sanitaria
Institución líder
orientada a la
población vulnerable
Marco legal
institucional
Definición de
marco normativo. Marco legal
emergencia sanitaria
Equidad en proceso
de preparación de
emergencia sanitaria
Con el objetivo de presentar los resultados del
análisis realizado por las EFS participantes, se
elaboró una herramienta de cálculo que permitió
cuantificar en términos de eficiencia y eficacia los
esfuerzos de los gobiernos para atender la emer
-gencia sanitaria producto del COVID – 19. Bajo
este contexto, los indicadores establecieron como
valor mínimo 0% y máximo 100% por cada eje y
componente (calificación horizontal); y, principio
(calificación vertical) de la siguiente forma:
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

21
EJE/TEMA ACCIONES
INSUFICIENTES EN
FORMACIÓN EN
DESARROLLO OPTIMIZADO
0% <X <= 25,0% 25,0% <X <=
50,0% 50,0% <X <=
75,0% 75,0% <X <= 100%
Definición e
implementación
de procedimientos que contribuyan al desarrollo de la planificación
de los programas de ayuda
socioeconómica f rente a la
pandemia COVID-19 y su aporte a la
consecución del ODS 1 y 16 El Gobierno
Nacional no
planificó o inició actividades sin
planificación para la ejecución de los programas de ayuda
socioeconómica a fin de aportar a la consecución del ODS 1 y 16. El Gobierno
Nacional inició actividades de planificación
para la ejecución
de los programas de ayuda
socioeconómica a fin de aportar
a la consecución del ODS 1 y 16. El Gobierno
Nacional se
esforzó en la
planificación
para la ejecución
de los programas de ayuda
socioeconómica a fin de aportar
a la consecución del ODS 1 y 16. El Gobierno
Nacional
planificó la
ejecución de
los programas de ayuda
socioeconómica
y con ellos aportó a la consecución del ODS 1 y 16.
Los Gobiernos
Nacionales en la
implementación y ejecución de los programas de ayuda
socioeconómica f rente a la
pandemia de
COVID-19 incluyeron mecanismos
de monitoreo
y seguimiento
y su aporte a la
consecución del ODS 1 y 16 El Gobierno
Nacional inició actividades de
implementación, ejecución de
los programas de ayuda
socioeconómica, sin considerar el
seguimiento para verificar el aporte a la consecución del ODS 1 y 16. El Gobierno
Nacional inició actividades de
implementación y ejecución y
seguimiento de los programas de ayuda
socioeconómica a fin de aportar
a la consecución del ODS 1 y 16. El Gobierno
Nacional se
esforzó en la
implementación, ejecución y
seguimiento de los programas de ayuda
socioeconómica a fin de aportar
a la consecución del ODS 1 y 16. El Gobierno
Nacional
implementó, ejecutó y dio
seguimiento a los programas de ayuda
socioeconómica
y con ellos aportó a la consecución del ODS 1 y 16.
Acciones definidas para evaluar
los programas de ayuda
socioeconómica
y la rendición de cuentas El Gobierno
Nacional no definió o
solamente identificó
acciones para
evaluar el impacto de los programas de ayuda
socioeconómica y para la rendición de cuentas El Gobierno
Nacional inició la implementación de las acciones para evaluar
los programas de ayuda
socioeconómica y para la rendición de cuentas El Gobierno
Nacional ejecutó parcialmente las acciones
para evaluar
el impacto de
los programas de ayuda
socioeconómica y para la rendición de cuentas. El Gobierno
Nacional
implementó
la totalidad de las acciones
para evaluar
los programas de ayuda
socioeconómica
y la rendición de cuentas.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

22
El proceso y productos se desarrollaron confor-
me al Marco de Pronunciamientos Profesionales
de la Organización Internacional de las Entida-
des Fiscalizadoras Superiores INTOSAI (ISSAI
3000 e ISSAI 300), así como la “Guía práctica
ISAM destinada a apoyar a las EFS en la realiza-
ción de auditorías de alta calidad de implemen-
tación de los ODS”.
La pandemia ocasionó retrasos que afectaron de
manera directa la consecución de los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
por lo que el análisis de los programas de ayudas
socioeconómicas, estuvo orientado a verificar
si sus resultados aportaron directa o indirecta-
mente al cumplimiento de dicha agenda.
El informe presenta los resultados de la herra-
mienta de cálculo y un resumen del análisis rea-
lizado por las EFS participantes, que según las
respuestas a los cuestionarios de aseguramien-
to de la calidad son el producto de un proceso
sistematizado y objetivo basado en la contextua-
lización de la matriz de diseño a la realidad de
cada país y a la aplicación de los procedimientos
de auditoría propios de cada EFS.
Respecto a la coordinación de la Auditoría Coordi-
nada, ésta siempre tuvo el objetivo de mitigar los
riesgos que se podían presentar durante las fases
de planificación, ejecución y consolidación, por
ello se ejecutaron las siguientes actividades:
•

Desde la EFS de E

cuador se definió un equipo
de auditores a cargo de la coordinación per –
manente de la Auditoría coordinada que, ade –
más de intervenir en la elaboración de la ma- triz de diseño de auditoría, realizó actividades
de mentoría y acompañamiento continuo con
los equipos auditores de las EFS participantes
para la revisión de los productos entregados y
monitoreo del avance de los trabajos. Con ello
se logró evitar posibles inconsistencias en los
resultados y facilitar la oportuna consolida-
ción de la información.
•

Se

tuvo previsto que los servidores que parti-
ciparon en la elaboración de la matriz de dise –
ño serían quienes ejecuten la auditoría a nivel
nacional, por lo que, se contó siempre con la
visión de que la matriz y la herramienta de
cálculo diseñadas sean aplicables. Además,
se destaca que se contó con una clara distri-
bución de actividades para evitar duplicidad y
superposición de funciones.
• Se envío oportunamente a los auditores de las
EFS participantes la herramienta de cálculo
con indicaciones para su aplicación y la matriz
de diseño de auditoría, para contar con una re –
troalimentación de los participantes previo a
que inicien la elaboración de la planificación
nacional.
•

Se solicitó a las EFS inf

ormación preliminar
sobre la emisión de las declaratorias de emer –
gencia, los objetivos, beneficiarios, montos y
fechas de los diferentes proyectos implemen-
tados por los Gobiernos con el propósito de ve –
rificar que los proyectos sujetos al estudio se
encuentren dentro del alcance de la Auditoría
Coordinada y que, además, los criterios o su-
gerencias emitidas estén acorde a las circuns –
tancias de cada país.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

23
Hallazgos y resultados por
Entidad Fiscalizadora Superior
A continuación, se presentan los hallazgos de la auditoría coordinada realizados por las EFS de Argentina,
Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay en sus respectivos países. El resultado del análisis es
el producto del trabajo de las EFS participantes y del procesamiento de la información ingresada en la
matriz de hallazgos y herramienta de cálculo, como consecuencia de la aplicación de los procedimientos
de auditoría alineados con los temas y componentes establecidos en la matriz de diseño.
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA COORDINADA
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

24
ARGENTINA
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA
24
INTRODUCCIÓN
Este apartado presenta los hallazgos de la au-
ditoría coordinada realizada en la República
Argentina durante la pandemia de COVID-19,
enfocándose en la preparación, planeación, im-
plementación y evaluación de los programas de
ayuda socioeconómica. A través de un análisis
detallado y basado en evidencias, se examinan
las acciones del gobierno nacional para enfren-
tar la emergencia sanitaria y mitigar sus efectos
en la población más vulnerable.
En el ámbito de preparación, la auditoría reveló
que antes del inicio de la pandemia, Argentina
contaba con instituciones y mecanismos esta-
blecidos para gestionar emergencias sanitarias,
como el Sistema Nacional para la Gestión Integral
del Riesgo (SINAGIR). Sin embargo, durante la
emergencia de COVID-19, se identificaron opor-
tunidades de mejora en la coordinación y articula-
ción de las instituciones preexistentes. A pesar de
contar con un marco normativo adecuado, la falta
de integración efectiva limitó la respuesta inicial a
la crisis sanitaria.
Respecto al eje de planeación, se destaca que la
creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
fue una medida crucial para mitigar la pérdida de
ingresos entre los trabajadores afectados por la
pandemia. Este programa, aunque efectivo en su
implementación inicial, reveló desafíos significa-
tivos en la actualización de datos y la inclusión de
todos los beneficiarios elegibles. Por ello, la audi-
toría destacó la necesidad de mejorar los procesos
participativos y la actualización de las bases de
datos para futuros programas de asistencia. En cuanto a la implementación del programa de
ayuda, ésta se llevó a cabo a través de una plata-
forma digital, misma que mostró una respuesta
rápida y masiva por parte de la ciudadanía. No
obstante, la brecha digital y la falta de mecanis
–
mos adecuados de seguimiento y monitoreo li-
mitaron la efectividad del programa. Así, la au-
ditoría identificó la importancia de desarrollar
estrategias alternativas para llegar a las personas
sin acceso a tecnologías digitales y mejorar los
mecanismos de coordinación interinstitucional.
Por otro lado, la evaluación de los programas de
ayuda socioeconómica se centró en la difusión de
resultados y la retroalimentación con las partes
interesadas. Aunque se cumplieron los requisitos
legales de acceso a la información, la auditoría se –
ñaló la falta de procesos sistemáticos de retroali-
mentación y evaluación continua. Esto subraya la
necesidad de ampliar la información disponible y
de establecer mecanismos de retroalimentación
para fortalecer la transparencia y la efectividad
de las políticas públicas.
De esta manera, los resultados de la auditoría
coordinada reflejan un desempeño mixto en la
preparación y respuesta a la emergencia sanita-
ria. Mientras que se lograron avances significati-
vos en la implementación de programas de ayuda,
persisten desafíos en la coordinación interinsti-
tucional y la inclusión de todos los beneficiarios.
En consecuencia, las recomendaciones derivadas
de esta auditoría proporcionan una hoja de ruta
para mejorar la eficacia, eficiencia y transparen-
cia de las políticas de asistencia socioeconómica
en futuras crisis.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

25
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA
Fuente: EFS de Argentina
La República Argentina, previo al inicio de la pan-
demia COVID-19, contaba con instituciones para
responder a emergencias sanitarias. Un ejemplo
de ello es el Sistema Nacional para la Gestión In-
tegral del Riesgo (SINAGIR), creado en octubre de
2016, tras la sanción de la Ley 27.287. Su objetivo
es integrar acciones y articular el funcionamiento
de los organismos gubernamentales y no guber-
namentales y la sociedad civil para fortalecer y
optimizar las acciones destinadas a la reducción
de riesgos, manejo de la crisis y recuperación,
con la finalidad de lograr la protección integral de
las personas, las comunidades y el ambiente.
EJE 1 | PREPARACIÓN
Definición de instituciones líderes que
atiendan la
emergencia sanitaria Institución
líder orientada a la población vulnerable Marco legal
institucional
EFICACIA EFICACIA EFICACIA
100% 100% 100%
EFICACIA EJE 1
100%
Como parte de la estructura estatal, varios mi-
nisterios que apoyaron y coordinaron la gestión
económica, política y social, tales como los Mi-
nisterios de: Desarrollo Social; de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social; de Salud; del Interior;
de Desarrollo Productivo; de Economía; de Re –
laciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto; y la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, no
existe evidencia de la participación integrada y
articulada de las instituciones preexistentes a
fin de responder a la emergencia sanitaria, en-
focada hacia los ejes estratégicos 7 “Salud” y 8
“ Población Vulnerable” del Plan Nacional para la
Reducción del Riesgo y la Protección de Riesgo y
Desastres 2018 – 2023.
En el marco de la pandemia, se emitieron los si-
guientes cuerpos normativos considerados como
principales:
•

Decr
eto 260/2020 “Emergencia Sanitaria”, con
el cual se dispuso la “Coordinación de acciones
en el sector público nacional”, encabezada por
el Jefe de Gabinete de Ministros; asimismo, se
modificó la denominación y conformación de
la Unidad de Coordinación General del Plan In-

26
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA
26
cipio de eficacia, la cual se enmarca en un nivel
“ Optimizado”, acorde a la interpretación de la es –
cala del índice integrado. Sin embargo, se identi-
fican oportunidades de mejora relacionadas al
aprovechamiento de aprendizajes en materia de
implementación de políticas para la emergencia
sanitaria, a fin de dar respuesta y mitigar sus efec –
tos de manera articulada y sistemática, y conti-
nuar mejorando los mecanismos de coordinación
y articulación utilizados para atender la pandemia.
Cabe mencionar que, debido a la realidad del país
y alcance definido para la auditoría realizada por
la EFS de Argentina, no se aplicó los indicadores
4 y 5 del Índice Integrado original. tegral de Pandemia de Influenza y la Comisión
Ejecutiva.
•

Decr
eto 497/2020, referente a la “Integración
de la Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional”.
•

Decr
eto 310/2020, que establece la creación
del Ingreso Familiar de Emergencia.
Por lo expuesto, los indicadores 1, 2 y 3 que con-
formaron el EJE 1 “Preparación de los Gobiernos
Nacionales para atender emergencias sanitarias” de
la auditoría coordinada, presentan un resulta-
do del 100 %, respecto a la evaluación del prin-

27
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA
EJE 2 | PLANEACIÓN
Con la finalidad de minimizar el impacto de la
emergencia sanitaria por el COVID-19, se creó
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), mismo
que fue analizado por la EFS de Argentina. Esta
prestación monetaria excepcional estaba orien-
100%100%100%
100%
Definición
oportuna de criterios de
selección de
beneficiarios
EFICIENCIA
Información y acciones con
perspectiva de género
EFICACIA
Presupuesto del Programa
EFICACIA
Definición
oportuna de
instrumentos de
control financiero
EFICIENCIA
Participación de actores
relevantes en la definición
de criterios de selección de
beneficiarios
EFICACIA
Información de
calidad para
formulación y ejecución del programas
EFICIENCIA
25% 50%
EFICACIA EJE 2
EFICIENCIA EJE 2
75%83%
tada a mitigar la pérdida o disminución de ingre –
sos de las personas afectadas por la pandemia,
tales como trabajadores autónomos inscritos
en el régimen de Monotributo (categoría A y B),
Monotributistas sociales, trabajadores de casas
particulares e informales.
Este beneficio consistió en la entrega de 10.000
pesos argentinos para personas entre 18 a 65
años que no percibiesen pensiones ni subsidios
de ningún tipo y no contasen con otros ingresos.
Dicho beneficio se definió para ser cobrado por
un solo integrante del grupo familiar, con pre –
ferencia a solicitantes mujeres, considerando
distintos parámetros socio económicos y patri-
moniales para determinar la real necesidad de
entrega del mismo. Las personas que solicitaron
el IFE fueron 11,018,396, de las cuales 6,870,489
recibieron el beneficio en la etapa 1 del progra-
ma y 4,147,907 fueron rechazados, por no cum-
plir requisitos. Además, 2,389,764 personas
recibieron el beneficio de manera directa, sin
necesidad de inscripción, por ser beneficiarios
de prestaciones como la AUH (Asignación Uni-
versal por Hijo) y la AUE (Asignación Universal
por Embarazo). Los pagos se realizaron median-
te bancos u otros medios previamente defini-
dos por el Estado, con el fin de contar con varios

28
canales de pago que permitieran atender a
los solicitantes.
Para la selección de grupos prioritarios como
beneficiarios, participaron los Ministerios de
Economía (ME) y de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social (MTEySS), y se consultó a partes
interesadas externas. Sin embargo, no hubo un
proceso participativo que involucrara a entida-
des u organismos del sector privado, la socie –
dad civil, u otras entidades. La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) utilizó
información validada para identificar a los po –
sibles beneficiarios del IFE, aunque ésta se en-
contraba parcialmente actualizada en la etapa
de diseño del programa, y fue posteriormente
actualizada a través de la presentación de docu-
mentación e información remitida por los soli-
citantes para su validación.
La definición de criterios para la selección de be –
neficiarios del IFE estuvo regulada a través del
Decreto 310/2020, el cual estableció parámetros
y facultó a la Secretaría de la Seguridad Social
(SSS) y la ANSeS a dictar las normas aclarato –
rias, complementarias y de implementación del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Además,
se utilizó la Resolución 8/2020 de la SSS y del
MTEySS, que facultó a la ANSeS a dictar la nor –
mativa necesaria para la administración, otorga-
miento, pago, control, supervisión y recupera-
ción de percepciones indebidas.
Para caracterizar a la población prioritaria del
IFE, se emplearon los últimos datos disponibles
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
realizada trimestralmente por el Instituto Nacio –
nal de Estadística y Censos (INDEC), considera-
da como la fuente accesible más idónea para el
objetivo propuesto. Se utilizaron criterios como
que el IFE lo cobrará un solo integrante del gru-
po familiar, priorizando a la mujer, y contem-
plando a trabajadores de casas particulares, for –
malizados o no, en su mayoría mujeres; lo que le
dio una perspectiva de género, contribuyendo a
la meda 1.3. del ODS 1.
Similarmente, el proceso de validación socioe –
conómica y patrimonial de los posibles benefi-
ciarios se efectuó a través de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de forma previa al otorgamiento de la prestación, basán-
dose en criterios objetivos para corroborar la si-
tuación de real necesidad de la persona y de su
grupo familiar.
Además, la información utilizada se encuentra
en diferentes sistemas, tales como: Universo
AUH/AUE, ADP (Administrador de Personas),
OOSS (Obras Sociales), SIPA (Sistema Integrado
Previsional Argentino), Mi Simplificación (posee
las relaciones Empleador-Trabajador), ADEMA
(Administrador de Empresas, Monotributistas
y Autónomos que surgen del Padrón Único de
Contribuyentes, PUC), Programas Nacionales de
Empleo, Prestación por Desempleo, RUB (Regis
–
tro Único de Beneficiarios) y BABEPRO (Infor –
mación de Provincias).
Sobre el proceso de caracterización de las per –
sonas evaluadas para recibir el IFE, se destaca
que existieron varios reclamos, debido a que
ANSeS negó su solicitud a personas que no cum-
plían con alguno de los requisitos establecidos
en la normativa. Esto se debió a que las perso –
nas mantenían otros beneficios incompatibles,
como por ejemplo contar con un registro de tra-
bajo formal o encontrarse inscritas en una cate –
goría de monotributo superior a las establecidas
para el IFE.
Sin embargo, en muchos casos el miembro del
grupo familiar que generaba la incompatibilidad
ya se había divorciado, separado y distanciado
completamente del solicitante que pertenecía al
colectivo vulnerable previsto por el IFE. Por ello,
ANSeS creó un espacio para que toda persona
cuya solicitud del IFE hubiese sido rechazada
tuviera la oportunidad de actualizar sus datos y
volver a ser considerada, a través de un sistema
de Atención Virtual para trámites a distancia.
El pago del IFE fue afrontado con fondos del Te –
soro Nacional y Crédito Interno. Sin embargo, la
ayuda socioeconómica de emergencia no estaba
prevista en el Decreto 4/2020, que prorrogó la
vigencia de la Ley 27.467 de Presupuesto Gene –
ral de la Administración Nacional para el Ejer –
cicio 2019, ni en la Decisión Administrativa de
Asignación y Distribución de Ingresos y Gastos
para la Administración Pública del año 2020.
Por lo cual, a partir de lo establecido en el Decre –
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA

29
to 310/2020, se realizaron distintas modificacio-
nes presupuestarias que permitieron la reasig –
nación de partidas y otorgaron el crédito para la
ejecución del IFE. Las partidas presupuestarias
que se utilizaron fueron 5.1.1 de Jubilaciones
y/o retiros y la partida 5.1.4 de ayudas sociales
a personas.
Los recursos asignados para la ejecución del IFE
estuvieron disponibles a medida que se ejecutó
el pago y sus ampliaciones, a través de modifica-
ciones presupuestarias aprobadas por la Resolu-
ción ANSeS 87/20 y las Decisiones Administra-
tivas: 997/2020, 1553/2020 y 2282/2020, para
atender el pago del IFE I, II y III.
Asimismo, se identificaron y evaluaron riesgos
de inclusión, basándose en lo establecido en la
norma ISO 31000:2018, con impacto económi-
co-financiero y fraude, y se diseñaron estrate –
gias de mitigación. Se analizó el riesgo de tipo
“ Económico-Financiero – Erogación indebida” para
el evento de “percepción del beneficio por per –
sona distinta al titular”, para lo cual se incor –
poró el control de fallecimiento para la liquida-
ción del IFE. También, se analizó el riesgo de
tipo “Inclusión” para el evento de “liquidación y
pago a solicitantes que poseen ingresos incompati-
bles con la percepción del IFE”, para el cual se di-
señó como estrategia el control y recuperación
de percepciones indebidas. Sin embargo, no se
evaluaron de riesgos de exclusión relacionados
al cumplimiento de los cronogramas de pago
del incentivo.
Debido a las consideraciones antes señaladas, la
emergencia sanitaria, el aislamiento social pre –
ventivo obligatorio (ASPO) y la situación de ur –
gencia de la población objetivo del IFE, se pudo
haber contribuido a la aceleración de los tiempos
del ciclo de la política pública. Además, el IFE pretendió abarcar una población objetivo cuyos
criterios de selección eran amplios, diversos y
no tenían un precedente prestacional histórico,
atendiendo a los sectores más vulnerables. Sin
embargo, se presentaron oportunidades de me
–
jora, tales como:
•

Diseñar

e implementar mecanismos de tra-
bajo intersectorial que permitan identificar
riesgos de exclusión.
•

Mantener actualizadas las b

ases de datos
existentes con la información surgida a partir
de la implementación del IFE y del Censo Na-
cional 2022, para el diagnóstico y diseño de
futuras políticas prestacionales, reduciendo
y/o mitigando riesgos de inclusión y exclu-
sión de posibles personas beneficiarias.
•

C

ontinuar y optimizar los mecanismos de
coordinación y articulación utilizados.
•

E

valuar la revisión de la matriz de riesgos
contemplada en los controles de segun-
da línea de las prestaciones otorgadas por
ANSeS, considerando la capitalización de
aprendizajes surgidos de la puesta en prác –
tica de las estrategias de mitigación de ries –
gos de exclusión implementadas durante la
ejecución del IFE.
Por lo expuesto se presentan resultados de
83,33% respecto del principio de eficiencia, y
75% en eficacia, respectivamente de los indi-
cadores que conformaron el EJE 2 “Definición e
implementación de procedimientos que contribuyan
al desarrollo de la planificación de los programas
de ayuda socioeconómica frente a la pandemia CO –
VID-19” de este ejercicio de fiscalización, corres –
pondiente a “Optimizado” según la interpreta-
ción de la escala del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA

30
EJE 3 | IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Con la finalidad de implementar el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE), en la República Ar-
gentina, se desarrolló una aplicación en el sitio
web oficial de la ANSeS, en la cual las personas
expresaban la voluntad de recibir dicho benefi-
cio, siendo éste el único mecanismo de inscrip –
ción para acceder a la ayuda económica.
Las solicitudes realizadas para acceder al IFE
superaron los 13,4 millones de personas, de la
cuales, 7,1 millones correspondieron a muje –
Cobertura
oportuna a
beneficiarios Toma oportuna de medidas correctivas Canales de
comunicación
y mecanismos
de coordinación de calidad que permitieron
alcanzar los objetivos y
metas de los programas de ayuda
socioeconómica Control,
monitoreo y evaluación oportuna
del avance y
cumplimiento
de los objetivos y metas de
los programas de ayuda
socioeconómica
EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA
66% 100%
0%100%
EFICIENCIA EJE 3
67%
res, lo que representó el 52,9%; y 6,3 millones a
hombres, equivalente al 47,10%, en su mayoría
en el rango de los 25 a 34 años.
Se inscribieron 11,018,396 personas, de las cua-
les 6,870,489 recibieron el beneficio en la etapa
1 del programa, y 4,147,907 fueron rechazadas
por no cumplir con los requisitos. Debido a la
situación socioeconómica de las personas soli-
citantes, la brecha digital fue un limitante signi-
ficativo para acceder al beneficio, especialmen-
te para quienes viven en barrios populares, los
cuales carecen de capacidades digitales. El Fon-
do de Capital Social del Ministerio de Economía
visitó algunos comedores populares para infor
–
mar sobre el uso de la tarjeta de débito para el
cobro de IFE.
A fin de articular y coordinar las evaluaciones
a las solicitudes del IFE, participaron diversos
organismos como el Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se –
guridad Social. Sin embargo, no se evidenció
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA

31
un mecanismo adecuado para el seguimiento y
monitoreo del IFE, lo que limitó la detección de
oportunidades de mejora. Además, no se imple-
mentaron medidas para atender a las personas
que no tenían acceso a medios digitales, ni la
definición de un mecanismo de seguimiento y
monitoreo del beneficio.
A pesar de estas limitaciones, se identificaron
oportunidades de mejora como: diseñar e im-
plementar medidas para mitigar los riesgos de
exclusión mediante mecanismos alternativos
a los medios digitales; fortalecer los canales y
mecanismos de coordinación interinstitucio –
nal y capitalizar los aprendizajes surgidos de la
IFE para futuras prestaciones enfocadas en la
población más vulnerable; y desarrollar me –
canismos de monitoreo y seguimiento de las
ayudas socioeconómicas con un sistema de indicadores que permita la implementación de

acciones correctivas.
Como resultado, se obtuvo un 66,50% en la eva-
luación del principio de eficiencia respecto de
los indicadores 12, 14, 15 y 16, que conformaron
el EJE 3 “Los Gobiernos Nacionales en la implemen –
tación y ejecución de los programas de ayuda socioeco –
nómica frente a la pandemia de COVID-19 incluyeron
mecanismos de monitoreo y seguimiento y su aporte
a la consecución del ODS 1 y 16”, situándose en un
nivel “En desarrollo”, acorde a la interpretación
de la escala del índice integrado.
Cabe mencionar que, debido a la realidad del
país y alcance definido para la auditoría en la
EFS de Argentina, no se aplicó el indicador 13
del Índice Integrado original.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA

32
EJE 4 | EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El acceso a la información está amparado en lo
previsto en la Ley 27.275 “Derecho de acceso a
la información pública”. En ese sentido, la ANSes
difundió el “Boletín IFE Nacional I-2020: Caracte-
rización de la población beneficiaria”, que presentó
información sobre los resultados del primer pago
del Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embar –
go, no se divulgó información correspondiente a
los demás desembolsos efectuados y, además, no
se verificó la existencia de mecanismos de retro –
alimentación con las partes interesadas.
Por su parte, la Dirección Nacional de Políticas
de la Seguridad Social, publicó el “Informe Nº1
Mecanismos
de acceso a la información
y difusión de
resultados de la
información de los
programas de ayuda socio económica
EFICACIA
Difusión de
resultados y procesos de
retroalimentación
de la sociedad civil
EFICACIA
Impacto de
programas de ayuda socioeconómica
EFICACIA
100%
0%50%
EFICACIA EJE 4
50%
marzo 2021 – Alcance de la Seguridad Social
Personas aportantes y beneficiarias – Tema es
–
pecial: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”,
para difundir los resultados.
Por otro lado, la ANSeS efectuó encuentros vir –
tuales con personas que accedieron al beneficio,
lo cual fue reportado a través de las redes socia-
les del organismo sin establecer la cantidad de
estos encuentros. Por ello, los indicadores rela-
cionados con el mecanismo de acceso a la infor –
mación y difusión de resultados alcanzaron el
100%, a pesar de las distintas formas de difusión
empleadas.
Cabe indicar que los mecanismos de difusión
de resultados se ajustaron al cumplimiento de
la Ley 27.275. Sin embargo, no se evidenció la
existencia de procesos de retroalimentación con
las partes interesadas externas, lo que podría di-
ficultar la realización de acciones correctivas y
mejoras basadas en sus aportes.
En cuanto a las evaluaciones y/o monitoreo a las
acciones para los programas de ayudas socio
económica y su impacto, se realizó micro simula-
ciones por parte de los Ministerios de Economía,
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA

33
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Desarrollo
Productivo. Estos resultados fueron publicados
por el Centro de Estudios para la Producción en
el “Informe de Panorama Productivo-Evolución de los
principales indicadores de la actividad productiva”.
Se estimó que la primera etapa del IFE durante
los meses de marzo y abril de 2020 – en conjun-
to con la Asignación Universal por Hijo (AUH)
y la Tarjeta Alimentar – evitó que aproximada-
mente 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en
la pobreza y la indigencia, respectivamente.
De manera similar, el Boletín IFE expuso que,
para los meses de abril y mayo de 2020, las mi-
cro simulaciones realizadas con la Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH) estimaron que el IFE
evitó que alrededor de 1,4 millones de personas
cayeran en la indigencia y 2,8 millones de per –
sonas cayeran en la pobreza. Como resultado, el
Boletín IFE explica que se evitó un aumento de
aproximadamente 3 puntos porcentuales en la
indigencia y de casi 6 en la pobreza. Esta eva-
luación parcial del IFE abarcó únicamente su
primer pago y no contó con indicadores previa-
mente definidos. Sin embargo, los indicadores
utilizados de manera posterior a la implemen-
tación del IFE, permitieron medir su impacto, a
pesar de no haberse definido con anterioridad. De lo manifestado, se generaron oportunidades
de mejora, tales como ampliar la información
publicada respecto a los resultados del IFE e
incorporar y documentar mecanismos de re
–
troalimentación con el público, para robustecer
los procesos de difusión y acceso a la informa-
ción. Así también, se identificó la oportunidad
de mejora respecto a evaluar la ampliación del
ejercicio de evaluación realizado y/o diseñar e
implementar otro que abarque la totalidad del
IFE e incluya indicadores que permitan medir el
impacto de la política, generar aprendizajes para
el diseño e implementación de otras políticas si-
milares y contribuir a la transparencia.
En conclusión, la evaluación del impacto de los
programas de ayuda socio económica en Argen-
tina alcanzó un resultado del 50% en la evalua-
ción del principio de eficacia respecto de los in-
dicadores 17, 18 y 19, mismos que conformaron
el EJE 4 “Acciones definidas para evaluar los progra –
mas de ayuda socioeconómica y la rendición de cuen –
tas ”. Dicha valoración ubica el estado en un nivel
“En desarrollo”, acorde a la interpretación de la
escala del índice integrado. Cabe mencionar que,
debido a la realidad del país y alcance definido
para la auditoría en la EFS de Argentina, no aplicó
el indicador 20 del Índice Integrado original.
Índice Integrado Argentina
EFICACIA EFICIENCIA
68%74%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ARGENTINA

34
BRASIL
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL
34
INTRODUCCIÓN
Este acápite presenta los resultados de la au-
ditoría realizada en Brasil sobre la implemen-
tación y gestión de las Ayudas de Emergencia
durante la pandemia de COVID-19. La audito-
ría se estructuró en cuatro ejes fundamentales:
Preparación, Planeación, Implementación, Eje –
cución y Seguimiento, y Evaluación y Rendición
de Cuentas. Cada eje se analizó en detalle para
evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas
adoptadas por el gobierno brasileño en res –
puesta a la crisis sanitaria y económica provo –
cada por la pandemia.
El primer eje analiza las acciones iniciales em-
prendidas por el Gobierno de Brasil para enfren-
tar la emergencia sanitaria, destacando la crea-
ción del Comité de Crisis para la Supervisión y el
Seguimiento de los Impactos del COVID-19 me –
diante el Decreto Ejecutivo 10.277. Asimismo, se
examina la articulación gubernamental, la defi-
nición de presupuestos y la adaptación normati-
va para fortalecer el Sistema Único de Asistencia
Social (SUAS) y coordinar las acciones de ayuda
a nivel federal y local.
El eje de planificación aborda la definición e im-
plementación de procedimientos para la plani-
ficación de los programas de ayuda socioeconó –
mica. La auditoría evalúa el diseño del programa
“Auxílio Emergencial”, los criterios de selección
de beneficiarios, y la calidad e integridad de la
información utilizada. También se considera la
perspectiva de género y la disponibilidad de re -cursos, destacando los esfuerzos para garantizar
la correcta ejecución financiera mediante el Sis
–
tema Integrado de Administración Financiera
del Gobierno Federal (SIAFI).
En el tercer eje, se examina la ejecución de las
Ayudas de Emergencia, que beneficiaron a más
de 68 millones de personas entre abril y diciem-
bre de 2020. Se analizan las medidas de gober –
nanza y gestión de riesgos, así como las acciones
para asegurar la disponibilidad de recursos fi-
nancieros. La auditoría también evalúa el segui-
miento y monitoreo de la ayuda, incluyendo el
manejo de quejas y denuncias, y la efectividad
de los mecanismos de control implementados.
Finalmente, el cuarto eje se centra en la eva-
luación y transparencia de los resultados de las
Ayudas de Emergencia. Se analiza el acceso a
la información a través del Portal de Transpa-
rencia y otros mecanismos, así como los pro –
cesos de retroalimentación y la evaluación del
impacto del programa. La auditoría destaca los
esfuerzos del Gobierno Brasileño para mitigar
los efectos de la pandemia, aunque identifica
áreas de mejora en la planificación y evaluación
de las ayudas.
En conjunto, los resultados de la auditoría refle –
jan un desempeño variable en términos de efi-
ciencia y eficacia, con avances significativos en
algunos aspectos y oportunidades de mejora en
otros. Este acápite proporciona una visión com-
prensiva de las fortalezas y debilidades del en-
foque adoptado por Brasil para enfrentar una de
las crisis más desafiantes de la historia reciente.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

35
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL
Fuente: EFS de Brasil
EJE 1 | PREPARACIÓN
Definición de instituciones líderes que
atiendan la
emergencia sanitaria Equidad en proceso de
preparación
de emergencia sanitaria Institución
líder orientada a la población vulnerable Marco legal
institucional Marco legal
emergencia sanitaria
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA
100%
15% 100%
15% 100%
EFICACIA EJE 1
66%
La República Federativa de Brasil, mediante
el Decreto Ejecutivo 10.277 de 16 de marzo de
2020, creó el Comité de Crisis para la Supervi-
sión y el Seguimiento de los Impactos del Co
–
vid-19. Este comité, encargado de articular la ac –
ción gubernamental y de asesorar al Presidente
de la República, fue coordinado por la Casa Civil
y estuvo compuesto por 27 organismos y enti-
dades del Gobierno Federal. Posteriormente, la
estructura del comité se modificó para facilitar
el cumplimiento de sus funciones y atender las
recomendaciones contenidas en la Sentencia
del Plenario del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) de junio de 2020.
En cuanto a la definición de presupuestos para
financiar los programas de ayuda a través de la
Medida Provisional del 15 de abril de 2020, se
incrementó temporalmente la disponibilidad de
recursos, se fortaleció la Red del “Sistema Único
de Assistência Social” y se cofinanció acciones de
asistencia a los estados, al Distrito Federal (DF) y
a los municipios. Para fomentar la inclusión so –
cial, el Programa de Emergencia para la Preser –
vación del Empleo y la Renta, creado por la Ley de
6 de julio de 2020 y coordinado por el Ministerio
de Economía, implementó medidas como el pago
del BEM (Prestación de Emergencia para la Pre –
servación del Pago y la Renta), la reducción pro –
porcional de la jornada laboral y del salario, y la
suspensión temporal del contrato de trabajo, con
el objetivo de evitar el aumento del desempleo.
En términos de adaptación de la normativa ins –
titucional, se emitió el Decreto 10.277 del 16 de
marzo de 2020, generándose los instrumentos
legales para la contratación de agentes opera-
tivos. De las 27 instituciones enumeradas en el
artículo 3 de dicho decreto, 4 incluyeron en su
normativa medidas de desarrollo, asistencia e
inclusión social.

36
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL
operacionalización de acciones para aumen-
tar la seguridad alimentaria y nutricional a los
usuarios del SUAS.
•

Me

dida Provisional 926 de 20 de marzo de
2020, convertida en la Ley 14.035 de 11 de
agosto de 2020, que establece los procedi-
mientos para la adquisición o contratación de
bienes, servicios e insumos.
Considerando que 4 de las 27 instituciones lide –
raron procesos orientados a la población vulne –
rable, se concluyó que el indicador relacionado
alcanzó el 100%. Sin embargo, se identificaron
oportunidades de mejora en la determinación de
instituciones líderes con enfoque social y en la
emisión de normativa que considere aspectos de
desarrollo, inclusión y protección social. Por lo
tanto, los indicadores 1, 4 y 5 presentaron resul-
tados óptimos; mientras que los indicadores 2 y
3 obtuvieron un 66% en la evaluación del princi-
pio de eficacia del Eje 1 “Preparación de los Gobier –
nos Nacionales para atender emergencias sanitarias”,
situándose en un nivel “En desarrollo”, según la
interpretación de la escala del índice integrado.
Respecto del marco legal para atender emergen-
cias sanitarias, Brasil contó con el siguiente lis
–
tado de instrumentos:
•

Le

y Orgánica de Asistencia Social, LOAS, de
1993, que estableció las prestaciones a los
ciudadanos en situaciones como la de cala-
midad pública.
•

Or

denanza MiCid 90, de 30 de septiembre
de 2013, que regula el Servicio de Protec –
ción en Situaciones de Calamidad Pública y
Emergencias.
•

C

arta MCid 369, de 29 de abril de 2020, para
la cofinanciación de las acciones socioasisten-
ciales y la estructuración de la red del Sistema
Único de Asistencia Social (SUAS).
•

C

arta MCid 378, de 7 de mayo de 2020, para
el incremento temporal en la ejecución de las
acciones de asistencia social.
•

Or

denanza MC 685, de 13 de mayo de 2020,
respecto de la transferencia financiera para la

37
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL
EJE 2 | PLANEACIÓN
El Decreto 10.316 de 7 de abril de 2020, que re-
guló las Ayudas de Emergencia, otorgó compe –
tencias a los Ministerios de Economía y de Ciu-
dadanía, siendo este último el encargado de la
población vulnerable. Para cumplir con los obje –
100% 100%
100%
Definición
oportuna de criterios de
selección de
beneficiarios
EFICIENCIA
Información y acciones con
perspectiva de género
EFICACIA
Presupuesto del Programa
EFICACIA
Definición
oportuna de
instrumentos de
control financiero
EFICIENCIA
Participación de actores
relevantes en la definición
de criterios de selección de
beneficiarios
EFICACIA
Información de
calidad para
formulación y ejecución del programas
EFICIENCIA
25% 50%
50%
EFICACIA EJE 2
EFICIENCIA EJE 2
58%83%
tivos, se contrató a Dataprev para generar la nó –
mina de beneficiarios y tratar la información, y a
Caixa como agente pagador.

El pr

ograma “Auxílio Emergencial” proporcio –
nó transferencias monetarias a trabajadores
sin contrato formal, mayores de 18 años, que
no recibieran beneficios de seguridad social o
asistencia y cuyos ingresos mensuales fueran
inferiores a la mitad del salario mínimo, y su
ingreso familiar no superara tres salarios míni-
mos. Posteriormente, el programa incluyó a los
usuarios del Programa Bolsa Familia y del CadÚ –
nico y, desde el 30 de mayo, consideró a madres
menores de 18 años. A partir del 24 de agosto,
también cubrió a empleados con contrato de tra-
bajo intermitente, acogidos por el Programa de
Emergencia para mantener el empleo, siempre
que hubieran sido formalizados antes del 1 de
abril de 2020.
La selección de beneficiarios se basó en la Ley
13.982 del 2 de abril de 2020, que designó al
Ministerio de Ciudadanía como responsable
de su cumplimiento. Debido a la naturaleza de
emergencia y temporal del programa, en la defi-
nición de criterios solo intervinieron la Cámara
de Diputados, el Senado Federal, la Presidencia

38
de la República y las instituciones públicas. El
público objetivo de la Ayuda de Emergencia se
dividió en tres grupos: personas inscritas en el
Registro Único del Gobierno Federal (CadÚnico),
beneficiarios del Programa Bolsa Familia (PBF),
y trabajadores informales inscritos en la plata-
forma digital de la “Caixa Econômica Federal”
(ExtraCad).
Respecto a la calidad e integridad de la infor-
mación, las entidades encargadas de revisar los
datos de los candidatos inscritos en la platafor –
ma digital encontraron errores y campos incom-
pletos, lo que podría impedir que personas que
cumplen con las condiciones recibieran la ayu-
da. Para verificar la información de los nuevos
beneficiarios, se usaron bases de datos guberna-
mentales de 2018 o registros de relaciones labo –
rales de personas desvinculadas de su empleo.
En el Programa Bolsa Familia, se mantuvo una
lista de espera debido a la falta de actualización
de información y la ausencia de acciones correc –
tivas para evitar demoras en la revisión y califi-
cación de beneficiarios.
En términos de perspectiva de género, la Ayu-
da de Emergencia incluyó a mujeres de fami-
lias monoparentales, incluidas las madres ado –
lescentes, permitiéndoles recibir dos cuotas de
la prestación. Posteriormente, este concepto
se amplió para incluir a los jefes de familia in-
dependientemente de su sexo, priorizando a la
mujer en casos de duplicación del registro, hasta
que se demostrara lo contrario; no obstante, esta
disposición fue vetada posteriormente. El Cen-
tro de Atención a la Mujer gestionó casos donde el subsidio no se pagó al beneficiario, reflejando
que las acciones tuvieron una perspectiva de gé
–
nero, aunque las deficiencias en la información
impidieron que todas las mujeres proveedoras
recibieran el incentivo.
La disponibilidad de recursos para las Ayudas de
Emergencia se aseguró mediante la obtención
de créditos extrapresupuestarios, con la emisión
de cinco medidas provisionales que detallaron
las causas y los montos necesarios para aten-
der a la población. Este proceso permitió que el
indicador 10 alcanzara un valor del 100%. Para
garantizar la correcta ejecución financiera de
los recursos, se utilizó el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Gobierno Federal
(SIAFI), en la Unidad de Gestión creada para este
propósito. Además, la Ordenanza MC 394/2020
estableció un macroproceso de auditoría inter –
na para investigar irregularidades en los pagos y
recuperar los valores, logrando que el indicador
11 también alcanzara un valor del 100%, contri-
buyendo a la meta 16.6 del ODS 16.
En conclusión, se obtuvo un 83,33% en la eva-
luación del principio de eficiencia para los indi-
cadores 6, 8 y 11, y un 58,33% en eficacia para
los indicadores 7, 9 y 10, correspondientes al
EJE 2 “Definición e implementación de procedimien –
tos que contribuyan al desarrollo de la planificación
de los programas de ayuda socioeconómica frente a
la pandemia COVID-19 y su aporte a la consecución
del ODS 1 y 16”. Esto sitúa la evaluación en un ni-
vel “Optimizado” y “En desarrollo”, respectiva-
mente, según la interpretación de la escala del
índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL

39
EJE 3 | IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Entre abril y diciembre de 2020, la Ayuda de
Emergencia benefició a 68,684,388 personas.
Inicialmente, el subsidio se estableció por tres
meses, de abril a junio de 2020; sin embargo, de-
bido a la continuidad de la pandemia, se prorro –
gó por dos meses adicionales y, posteriormente,
se creó la Ayuda de Emergencia Residual, que se
extendió por cuatro meses más, de septiembre a
diciembre de 2020.
El número de beneficiarios de la Ayuda de Emer –
gencia fue subestimado, por lo que el Ministe –
rio de Ciudadanía tuvo que recalcularlo en dos
ocasiones, resultando en un 95% de cobertura.
En junio de 2020, se creó el Grupo de Trabajo
para la Consolidación de las Estrategias de Go –
bernanza y Gestión de Riesgos del Gobierno Fe –
deral, en respuesta a los impactos relacionados
con el Coronavirus. Las acciones de gobernanza
y el mapeo de riesgos de la Ayuda de Emergencia
fueron validadas por los Ministerios de Ciudada-
nía y Economía.
Cobertura
oportuna a
beneficiarios Toma oportuna de medidas correctivas Identificación y Mitigación de Riesgos
en programas ejecutados Canales de
comunicación
y mecanismos
de coordinación de calidad que permitieron
alcanzar los objetivos y
metas de los programas de ayuda
socioeconómica Control,
monitoreo y evaluación oportuna
del avance y
cumplimiento
de los objetivos y metas de
los programas de ayuda
socioeconómica
EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA
95% 100%
100% 100%
36%
EFICACIA EJE 3
EFICIENCIA EJE 3
100% 83%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL

40
El Ministerio de Economía identificó como ries-
go la falta de recursos financieros para cumplir
con el calendario de pagos, lo que podría causar
la suspensión de estos. Para mitigar este riesgo,
se implementaron tres medidas: una gestión
conservadora de los fondos disponibles, accio –
nes para reforzar la posición de tesorería del Te –
soro Nacional, y esfuerzos continuos para captar
recursos. La Gerencia de Riesgos del Ministerio
de Ciudadanía también identificó riesgos rela-
cionados con la disponibilidad presupuestaria
debido al incremento de beneficiarios o al pe –
ríodo de concesión. Para mitigarlos, se propuso
ampliar el diálogo con otros actores para obtener
recursos, actualizar periódicamente los datos de
la pandemia y estimar la necesidad de ampliar
el plazo de pago de la prestación, demostrando
así la identificación de acciones para mitigar los
impactos de los riesgos.
El Plan de Acción para la aplicación de la Ayu-
da de Emergencia definió dos indicadores: “el
importe total de los fondos retirados” para el flujo
de pagos y “el número total de ciudadanos beneficia –
dos” para cada grupo de beneficiarios. La Secre –
taría de Evaluación y Gestión de la Información
(Sagi) del Ministerio de Ciudadanía fue designa-
da como la unidad responsable de desarrollar
e implementar las herramientas de evaluación
y seguimiento de las Ayudas de Emergencia.
Posteriormente, se creó el Comité de Gestión de
Ayudas de Emergencia para asistir en la gestión
y garantizar el seguimiento de la política. Ade –
más, se utilizaron los datos del Instituto Brasi-
leño de Geografía y Estadística, a través de la
Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios
relativa al Covid-19 (Pnad Covid19), para eva-
luar la importancia de la Ayuda de Emergencia
en el escenario de la extrema pobreza en Brasil. Se determinó que se definió una metodología e
indicadores para controlar, supervisar y evaluar
el cumplimiento de los objetivos y metas de la
Ayuda de Emergencia.
En cuanto al flujo de quejas sobre las Ayudas de
Emergencia, el Ministerio de Ciudadanía informó
que todas fueron analizadas y remitidas al área
técnica competente para su investigación o ar
–
chivo. En 2020, el Centro de Atención registró las
quejas a través de la plataforma FalaBR y del Sis –
tema de Gestión de la Demanda (SGD). Otro me –
dio de reclamo fue la impugnación judicial y ex –
trajudicial, esta última, a través de la Defensoría
Pública de la Unión, y la reclamación mediante la
aplicación Dataprev, conocida como impugnación
administrativa. Las objeciones administrativas y
las denuncias de fraude ascendieron a 4,367,989,
de las cuales 1,565,463 fueron atendidas, resul-
tando en un indicador del 36%. La falta de aten-
ción a todas las denuncias impidió la identifica-
ción de acciones correctivas necesarias.
Por lo expuesto, se determinó que los programas
de ayuda socioeconómica cumplieron con los
objetivos y metas propuestos, implementándo –
se mecanismos de control, supervisión, segui-
miento y monitoreo durante su ejecución. Se
obtuvo un 82.75% en la evaluación del principio
de eficiencia respecto de los indicadores 12, 14,
15 y 16, y un 100% en eficacia del indicador 13,
que conformaron el EJE 3 “Los Gobiernos Nacio –
nales en la implementación y ejecución de los progra –
mas de ayuda socioeconómica frente a la pandemia
de COVID-19 incluyeron mecanismos de monitoreo y
seguimiento y su aporte a la consecución del ODS 1 y
16”. Esta evaluación se enmarca en un nivel “Op –
timizado”, según la interpretación de la escala
del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL

41
EJE 4 | EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El acceso a la información sobre las Ayudas de
Emergencia y la divulgación de los resultados
se realizó a través del Portal de Transparencia
de la Contraloría General de la Unión (CGU), del
Ministerio de Ciudadanía y del panel VIS DATA
3 beta, desarrollado por la Secretaría de Evalua-
ción y Gestión de la Información (Sagi) del Mi-
nisterio de Ciudadanía.
En el portal de la CGU se puede acceder al deta-
lle de los pagos de las Ayudas de Emergencia por
municipio y unidad federativa, así como extraer
información y consultar a los ciudadanos que
Mecanismos
de acceso a la información
y difusión de
resultados de la
información de los
programas de ayuda socio económica
EFICACIA
Difusión de
resultados y procesos de
retroalimentación
de la sociedad civil
EFICACIA
Impacto de
programas de ayuda socioeconómica
EFICACIA
Mitigación de los
efectos sociales y económicos
EFICACIA
100% 100%
0%
50%
EFICACIA EJE 4
63%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL
recibieron la prestación, en cumplimiento de lo
establecido en la Sentencia 1196/2020-TCU-Ple
–
naria. El portal del Ministerio presenta datos con-
solidados sobre la ejecución presupuestaria y fi-
nanciera, mientras que el Panel VIS DATA 3 beta
presenta información relativa a las personas con
derecho a recibir la Ayuda de Emergencia, por
grupo de registro e importe total.
La Secretaría Nacional de Renta de Ciudadanía
(Senarc) del Ministerio de Ciudadanía informó
sobre la audiencia pública convocada por la Co –
misión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados America-
nos, respecto a la situación de los derechos hu-
manos en Brasil en el contexto de la pandemia
del COVID-19, celebrada el 1 de julio de 2021.
En cuanto a los procesos de retroalimentación,
estos se desarrollaron mediante reuniones en-
tre la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional
de Asistencia Social, el Comité Directivo – Comi-
té COVID-19, los representantes de los Consejos
Estatales de Asistencia Social (CEAS) y el Consejo
de Asistencia Social del Distrito Federal, así como
a través de encuestas de control a los 27 consejos
de asistencia de la Federación.

42
En junio de 2020, el Comité Directivo – Comité
COVID-19 evaluó las reuniones y los resultados
de las contribuciones propuestas durante la re-
unión de la Comisión de Política de Asistencia
Social y la Carta del Foro Nacional de Consejos
Estatales de Asistencia Social (Fonaceas), reali-
zando ajustes al programa de ayuda. A pesar de
ello, no existe evidencia de retroalimentación de
todos los resultados de la Ayuda de Emergencia.
En cuanto a la evaluación del impacto del progra-
ma, dado que la ayuda se diseñó en un contexto
de emergencia y la necesidad de implementarlo
fue inmediata, no se elaboró una metodología de
evaluación de su impacto.
Aunque no se realizó un análisis ex-ante de las
Ayudas de Emergencia, el Departamento de Eva- luación del Ministerio de Ciudadanía, para cumplir
con las deliberaciones contenidas en las Senten-
cias Plenarias del TCU 1428/2020 y 2282/2020,
analizó los resultados de la focalización de la asig
–
nación de recursos y presentó un análisis de su
utilización. Además, el Ministerio de Economía
realizó otros estudios a raíz de las recomenda-
ciones de la Sentencia 2282/2020-TCU-Plenaria,
incluyendo dos notas técnicas.
Adicionalmente, se elaboró un estudio en el que
se realizaron microsimulaciones a partir de los
microdatos de la Encuesta Nacional por Mues –
treo de Domicilios (PNAD) continua de 2019, lo
que permitió estimar el público con derecho al
beneficio y calcular el número de personas por
debajo de la línea de pobreza, así como la renta
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL

43
familiar media per cápita, teniendo en cuenta
diferentes escenarios del valor del beneficio y
la pérdida de ingresos de los trabajadores infor-
males y autónomos, resultando en un indicador
del 100%.
Considerando los esfuerzos del Gobierno Brasile –
ño para hacer frente a la pandemia, el índice inte –
grado de eficacia ascendió al 72%, clasificándose
como “En desarrollo”. Esta clasificación se debe
a que, debido a la emergencia, no hubo posibili-
dad de planificar adecuadamente la prestación
con la participación de diversos actores, aunque
fue creada por la vía legislativa, logrando llegar a
los vulnerables en un corto periodo. Pese a que se
establecieron mecanismos para dar a conocer el
pago de la Ayuda de Emergencia, no se presentó
información sobre sus resultados ni una metodo –
logía para evaluar su impacto. El índice de eficiencia alcanzó un valor de 83%,
correspondiendo a “Optimizado”. La creación de
la Ayuda de Emergencia y la implementación de
una plataforma digital para el registro de la po
–
blación vulnerable permitieron establecer la po –
blación beneficiaria. Sin embargo, no se contó
con información de calidad debido a la falta de
validación de los datos declarados por los ciuda-
danos y porque las denuncias y quejas no fueron
atendidas oportunamente. Esto puede mejorarse
mediante la implementación de un sistema inte –
grado de datos de la Administración Pública.
Por lo expuesto, se obtuvo un 62.50% en la evalua-
ción del principio de eficacia respecto de los indi-
cadores 17, 18, 19 y 20, que conformaron el EJE
4 “Acciones definidas para evaluar los programas de
ayuda socioeconómica y la rendición de cuentas”, cla-
sificándose como “En desarrollo”, según la inter –
pretación de la escala del índice integrado.
Índice Integrado Brasil
EFICACIA EFICIENCIA
66%83%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – BRASIL

4444
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR
INTRODUCCIÓN
El presente acápite de los resultados de la Audi-
toría de la EFS de Ecuador detalla las acciones
y medidas adoptadas por el Gobierno de la Re –
pública del Ecuador para enfrentar la emergen –
cia sanitaria provocada por la pandemia de CO-
VID-19. Este apartado se organiza en cuatro ejes
fundamentales: Preparación, Planificación, Im –
plementación y Ejecución, y Evaluación y Rendi –
ción de Cuentas. Cada eje aborda diferentes as –
pectos de la respuesta gubernamental, desde la
activación de marcos legales y operativos hasta
la ejecución y evaluación de programas de ayu –
da socioeconómica.
En cuanto al eje de Preparación, se examina
cómo, antes de la declaración del estado de ex –
cepción, el Ecuador contaba con un Manual del
Comité de Operaciones de Emergencia (COE),
que permitió la coordinación de actividades y
la participación de diversos actores clave. Du –
rante este período, se emitieron varios Decretos
Ejecutivos que asignaron responsabilidades a
instituciones como los Ministerios de Inclusión
Económica y Social, Salud Pública y Economía y
Finanzas para atender a la población vulnerable.
Por su parte, el segundo eje de planificación se
enfoca en los procedimientos establecidos para
desarrollar y planificar programas de ayuda so –
cioeconómica en respuesta al COVID-19, alinea –
dos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este eje destaca la emisión de informes
técnicos y financieros por parte del Ministerio
de Inclusión Económica y Social, que sirvieron
de base para la creación de instrumentos lega
–
les y acuerdos ministeriales necesarios para la
implementación de estos programas.
El eje de Implementación, Ejecución y Seguimien –
to evalúa la puesta en marcha de los programas
de ay uda socioeconómica, incluyendo los meca –
nismos de monitoreo y seguimiento utilizados
para asegurar su efectividad. A pesar de ciertos
desafíos, como la falta de documentación sobre la
evaluación de riesgos, se lograron altos niveles de
cobertura en la distribución de ayudas.
Finalmente, el eje de Evaluación y Rendición de
Cuentas analiza los mecanismos de acceso a la
información y la rendición de cuentas del go –
bierno sobre los programas de ayuda. Se obser –
va la difusión de información a través de medios
de comunicación y plataformas institucionales,
aunque se identifica una falta de retroalimenta –
ción de la sociedad civil. Este eje también aborda
la evaluación del impacto de los programas y su
contribución a mitigar los efectos sociales y eco –
nómicos de la pandemia.
En resumen, el informe ref leja una respuesta
estructurada y multifacética del gobierno ecua –
toriano ante la crisis sanitaria, resaltando tanto
los logros como las áreas que requieren mejoras
continuas para enfrentar futuras emergencias
con mayor eficacia.
ECUADOR
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

45
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR
Fuente: EFS de Ecuador
Previo a declarar el estado de excepción por ca-
lamidad pública debido a los casos confirmados
de coronavirus, el Gobierno de la República del
Ecuador contaba con el Manual del Comité de
Operaciones de Emergencia emitido el 9 de agos-
to de 2017 por la Secretaría de Gestión de Ries –
gos. Este manual permitió que el 13 de marzo de
2020 se activara el COE NACIONAL, un cuerpo
colegiado encargado de coordinar las activida-
des del gobierno a nivel nacional, fomentando la
participación de la OMS/OPS y varios actores re –
levantes, como la academia y otras entidades con
experiencia necesaria, en las mesas técnicas.
EJE 1 | PREPARACIÓN
Definición de instituciones líderes que
atiendan la
emergencia sanitaria Equidad en proceso de
preparación
de emergencia sanitaria Institución
líder orientada a la población vulnerable Marco legal
institucional Marco legal
emergencia sanitaria
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA
100% 100% 100%
100% 100%
EFICACIA EJE 1
100%
Durante el período comprendido entre el 16 de
marzo y el 31 de diciembre de 2020, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador emitió
nueve (9) Decretos Ejecutivos. Estos decretos de –
finieron las instituciones líderes responsables de
participar en la atención de la emergencia sanita-
ria, tanto de forma directa como indirecta, y asig –
naron funciones, responsabilidades, delegacio –
nes y competencias. Los Ministerios de Inclusión
Económica y Social, Salud Pública y Economía y
Finanzas fueron los principales responsables de
atender a los segmentos de la población vulnera-
ble. Asimismo, la Presidencia de la República del
Ecuador, el Consejo de Régimen Especial de Ga-
lápagos y la Unidad del Registro Social participa-
ron indirectamente en este proceso.
Se identificó que estas instituciones adaptaron
su marco legal institucional para garantizar la
atención a la población vulnerable, tal como se
evidencia en los Decretos Ejecutivos, Acuerdos
Ministeriales, el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional, el Código Orgánico de Plani-
ficación y Finanzas Públicas, la Norma Técnica
para la Recopilación, Actualización, Uso y Trans –
ferencia de Información del Registro Social, y la
Norma Técnica Sustitutiva de Relacionamiento

46
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR
para la Prestación de Servicios de Salud entre
Instituciones de la Red Pública Integral de Salud y
de la Red Privada Complementaria, y su Recono-
cimiento Económico. Todos estos instrumentos
legales incorporaron conceptos de desarrollo, in-
clusión y protección social.
Respecto a la existencia de marcos legales para
atender emergencias sanitarias, se debe indicar
que el Presidente Constitucional de la República
del Ecuador emitió los decretos ejecutivos 1022,
1026, 1157 y 1182, de 27 de marzo, 24 de abril,
24 de septiembre y 27 de octubre de 2020, res –
pectivamente. Mediante estos decretos, se crea-
ron contribuciones económicas no retributivas
orientadas a proteger a la población más vulne –
rable del país, cuya economía familiar se vio gra-
vemente afectada por la pandemia y las restric –
ciones de movilidad dispuestas por el estado de
excepción. Además, la Ministra de Salud Pública,
mediante el oficio MSP-MSP-2020-0178-O de 29
de enero de 2020, remitió a varias instituciones
del Estado los “Lineamientos operativos para el ma –
nejo de posibles casos de coronavirus 2019 nCOV”. En
el ámbito de sus funciones y atribuciones, los ti-
tulares del Ministerio de Inclusión Económica y
Social emitieron los acuerdos ministeriales 18,
26, 29, 44 y 48, de 31 de marzo, 14 y 31 de mayo,
29 de septiembre y 28 de octubre de 2020, res –
pectivamente. Con estos acuerdos se reguló el
proceso de selección de los titulares con derecho
a los bonos y/o subsidios monetarios, criterios de
exclusión, habilitación y pago de las transferen-
cias de los “Bonos de Protección Familiar Fase I y II, el
Bono de Apoyo Nutricional y el Bono de Ampliación de
Cobertura para la Provincia de Galápagos” durante
los meses de abril, mayo, junio, octubre, noviem-
bre y diciembre de 2020, respectivamente.
En cuanto a la existencia de marcos legales para
atender procesos de contratación y adquisición
de bienes o servicios, el Gobierno de la República
del Ecuador cuenta con la Ley Orgánica del Siste –
ma Nacional de Contratación Pública, publicada
el 22 de julio de 2008, y su reglamento. Esta ley
establece, en el Título VII “De los Procedimientos
Especiales”, Capítulo I “Contrataciones en Situación
de Emergencia”, Sección I “Delimitación de la Emer –
gencia”, artículos 361 al 364 de la Resolución SER -COP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, las
definiciones y procedimientos para efectuar con-
trataciones en situaciones de emergencia. De for
–
ma complementaria, se emitieron las resolucio –
nes RE-SERCOP-2020-0104, 105, 106, 108 y 111,
de 19 de marzo, 6 de abril, 16 de julio, 20 de agos –
to y 23 de septiembre de 2020, respectivamente.
Estas resoluciones reformaron y/o actualizaron
las anteriores disposiciones en lo que respecta a
la situación de emergencia, análisis del mercado
en emergencia de bienes y servicios relacionados
con la salud, procesos de salud, importaciones di-
rectas en caso de emergencias y uso de medios
electrónicos en este tipo de contrataciones.
Cabe señalar que, debido a la naturaleza de los
cuatro programas de ayuda socioeconómica im-
plementados por la entidad responsable del ámbi-
to social del país, éstos se enmarcan como trans –
ferencias monetarias y/o medidas de protección
social. Por lo tanto, estos subsidios monetarios no
incluyeron procesos de contratación pública.
Finalmente, se determinó que en el Ecuador exis –
tió equidad en el proceso de preparación para la
emergencia sanitaria, ya que, según la informa-
ción y documentación recopilada, los procesos
ejecutados, la normativa emitida y/o adaptada, y
otros instrumentos desarrollados, se considera-
ron criterios de equidad social y económica.
Por lo tanto, el Gobierno de la República del Ecua-
dor definió las instituciones responsables de lide –
rar o emprender las acciones para la atención de
emergencias sanitarias en el país y gestionar los
programas de ayuda socioeconómica orientados
a grupos vulnerables o de atención prioritaria.
Además, contó con un marco legal aplicable para
la contratación y adquisición de bienes o servi-
cios a partir del 1 de enero de 2020, previo a la
emergencia sanitaria. Por esta razón, se obtuvo
un 100% en la evaluación del principio de efi-
cacia de los indicadores 1 al 5 que conformaron
el EJE 1 “Preparación de los Gobiernos Nacionales
para atender emergencias sanitarias” de la auditoría
coordinada, la cual se enmarca en un nivel “Op-
timizado”, acorde a la interpretación de la escala
del índice integrado.

47
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR
Con el objetivo de identificar si el Gobierno de la
República del Ecuador definió e implementó pro-
cedimientos que contribuyan al desarrollo de la
planificación de los programas de ayuda socioe –
conómica en el marco del COVID-19 y su aporte a
la consecución del ODS 1 “Fin de la Pobreza”, meta
1.3 (Indicador 1.3.1) y ODS 16 “Paz, Justicia e Ins –
EFICACIA EJE 2
EFICIENCIA EJE 2
75%96%
EJE 2 | PLANIFICACIÓN
100% 100%
100% 100%
Definición
oportuna de criterios de
selección de
beneficiarios
EFICIENCIA
Información y acciones con
perspectiva de género
EFICACIA
Presupuesto del Programa
EFICACIA
Definición
oportuna de
instrumentos de
control financiero
EFICIENCIA
Participación de actores
relevantes en la definición
de criterios de selección de
beneficiarios
EFICACIA
Información de
calidad para
formulación y ejecución del programas
EFICIENCIA
25% 87.5%
tituciones Sólidas”, meta 16.6 (Indicador 16.6.1),
se consideraron varios instrumentos clave. Entre
ellos: la Resolución 70/1 de 25 de septiembre de
2015, denominada “Transformar nuestro mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”; la
Resolución de 20 de julio de 2017, mediante la
cual la Asamblea Nacional del Ecuador adoptó la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste
–
nible; y el Decreto Ejecutivo 371 de 19 de abril de
2018, con el que el Presidente de la República de –
claró como Política Pública del Gobierno Nacional
la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, orientada al cumplimiento de sus ob –
jetivos y metas en alineación con la planificación
y desarrollo nacional.
Con lo cual se evidenció la definición de políticas
gubernamentales y la implementación de proce –
dimientos, que contribuyeron a determinar que
los programas de ayudas socioeconómicas im-
plementados por el MIES aportaron de manera
directa a la consecución del ODS 1 y ODS 16, meta
16.6; y de forma indirecta, a la meta 1.3, indica-
dores 16.6.1 y 1.3.1, respectivamente.
En este contexto, se debe señalar que, para defi-
nir los criterios de selección de beneficiarios de los

48
programas de ayuda socioeconómica, el Ministe-
rio de Inclusión Económica y Social emitió siete in-
formes técnicos, financieros y de viabilidad entre
marzo y diciembre de 2020. Estos informes son:
1.

Inf
orme técnico de viabilidad del Bono de con-
tingencia para núcleos familiares en situación
de pobreza y/o vulnerabilidad que actualmente
son usuarios de transferencias monetarias no
contributivas.
2.
Inf

orme técnico para establecer la segunda
fase del Bono de protección familiar por emer –
gencia debido a la presencia de COVID-19.
3.
Inf

orme técnico de aplicación del Bono de Pro –
tección Familiar por Emergencia por COVID-19.
4.
Inf

orme técnico de entrega del Bono de Apoyo
Nutricional a usuarios de servicios de Desarro –
llo Infantil. 5. Inf
orme técnico de viabilidad del Pago del bono
de apoyo nutricional.
6.
Inf

orme técnico y financiero del Bono de Pro-
tección Familiar de Apoyo a Galápagos.
7.
Inf

orme técnico y financiero de Ampliación del
Bono a Galápagos.
Estos informes permitieron elaborar los proyectos
de Decretos Ejecutivos para la revisión, aprobación
y suscripción del Presidente Constitucional de
la República del Ecuador. Una vez finalizado este
proceso, se emitieron los respectivos instrumen-
tos legales y, consecuentemente, el MIES expidió
los acuerdos ministeriales para regular el proceso
de consolidación, selección y habilitación de bene –
ficiarios de los subsidios monetarios.
Estas acciones permitieron garantizar la defini-
ción oportuna de criterios para la selección de
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR

49
beneficiarios de los programas de ayuda socioe-
conómica. En este proceso, se determinó que la
única institución que participó en la definición
de estos criterios, acorde a sus atribuciones, fue
el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES), sin la participación de instituciones pri-
vadas, sociedad civil, representantes de la acade –
mia, u otros actores relevantes.
En relación con la información de calidad para la
formulación y ejecución de programas de ayuda
socioeconómica, se determinó que el MIES, previo
a la implementación de los subsidios monetarios,
realizó una caracterización de la población objeti-
vo. La Unidad de Registro Social (URS) proporcio –
nó a esta institución la información contenida en
el catastro social, con bases internas y externas,
antes de habilitar a los beneficiarios de los Bonos.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, no se emitió
normativa que estableciera funciones y atribu-
ciones para los servidores que participaron en los
procesos de comprobación de las bases de datos.
Respecto a la información y acciones con pers –
pectiva de género, se evidenció que Ecuador sus –
cribió el documento titulado “Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer”, el 17 de julio de 1980. Por otro
lado, la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el Registro Oficial 449 el 20 de oc –
tubre de 2008, incorporó el principio de igualdad
entre mujeres y hombres. Por su parte, el Consejo
Nacional para la Igualdad de Género emitió linea-
mientos frente a la crisis sanitaria. De forma es –
pecífica, se identificaron acciones realizadas por
el MIES y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), a través del Viceministerio de Finanzas, que incluyeron la identificación y segmentación
de la población objetivo y beneficiarios de los
subsidios monetarios por género.
En lo referente al presupuesto de los programas
de ayuda socioeconómica, se verificó que en el
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos
del Sector Público se incorporó un nuevo ítem re
–
lacionado con los bonos de protección familiar y
apoyo nutricional. Esta actividad facilitó la imple –
mentación y ejecución de los programas indicados
y operativizó los subsidios monetarios. Las institu-
ciones del Gobierno de la República del Ecuador
incorporaron en su normativa atribuciones para
fortalecer el control en las operaciones adminis –
trativas y financieras y proteger el uso de los re –
cursos públicos. En el caso del MIES, esta actividad
estuvo a cargo de la Dirección de Transferencias.
Por lo expuesto, se concluye que los programas
de ayuda socioeconómica, previo a su ejecución,
contaron con una planificación debidamente pro –
gramada y aprobada por la autoridad competen-
te, y aportaron a la consecución del ODS 1, meta
1.3 (Indicador 1.3.1), y ODS 16, meta 16.6 (Indi-
cador 16.6.1). Se obtuvo un 95,83% en la evalua-
ción del principio de eficiencia respecto de los
indicadores 6, 8 y 11, y un 75% en eficacia de los
indicadores 7, 9 y 10, respectivamente, que con-
formaron el EJE 2 “Definición e implementación de
procedimientos que contribuyan al desarrollo de la
planificación de los programas de ayuda socioeconó –
mica frente a la pandemia de COVID-19 y su aporte a
la consecución del ODS 1 y 16” de este ejercicio de
fiscalización. Esta evaluación se enmarca en un
nivel “Optimizado”, acorde a la interpretación de
la escala del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR

50
EJE 3 | IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Para evaluar si el Gobierno de la República del
Ecuador implementó y ejecutó programas de
ayuda socioeconómicas frente a la pandemia de
COVID-19, incluyendo mecanismos de monito-
reo y seguimiento para contribuir a los ODS 1
“ Fin de la Pobreza” y ODS 16 “Paz, Justicia e Ins –
tituciones Sólidas”, se identificó que el Ministerio
de Inclusión Económica y Social (MIES) imple –
mentó cuatro programas de ayuda. Estos pro –
gramas se iniciaron con acuerdos ministeriales
que establecieron metas, objetivos y fechas de
cobro, logrando niveles óptimos de cobertura del
95.57%, 66.69%, 85.04%, y 99.60% en los co –
bros efectivamente realizados por los beneficia-
rios. Sin embargo, no hay evidencia documental
de que se hayan determinado riesgos relaciona-
dos con el cumplimiento de los cronogramas,
excepto para los ámbitos social y económico.
En cuanto a los canales de comunicación y me –
canismos de coordinación de calidad para al-
canzar los objetivos y metas de los programas
de ayuda socioeconómica, se evidenció que las
Cobertura
oportuna a
beneficiarios Toma oportuna de medidas correctivas Identificación y Mitigación de Riesgos
en programas ejecutados Canales de
comunicación
y mecanismos
de coordinación de calidad que permitieron
alcanzar los objetivos y
metas de los programas de ayuda
socioeconómica Control,
monitoreo y evaluación oportuna
del avance y
cumplimiento
de los objetivos y metas de
los programas de ayuda
socioeconómica
EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA
87% 100%
100%
53% 0%
EFICACIA EJE 3
EFICIENCIA EJE 3
53%72%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR

51
instituciones del gobierno utilizaron el Siste-
ma Nacional de Registro de Datos Públicos para
generar las bases de datos de los beneficiarios.
Este mecanismo de interoperabilidad facilitó el
intercambio seguro de información y simplificó
los trámites interinstitucionales mediante cana-
les de comunicación directos.
Respecto al control, monitoreo y evaluación del
avance y cumplimiento de los objetivos y metas
de los programas de ayuda socio económica, se
determinó que el MIES notificó a la Secretaría
Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”
la modificación del Plan Anual de Inversiones
(PAI) para incluir el “Proyecto para la Aplica-
ción del Bono de Protección Familiar por Emer –
gencia por la Presencia del COVID-19 en el
Ecuador”. No obstante, esta información no se
registró en el sistema Gobierno por Resultados
(GPR); mientras que los datos registrados en el
Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública (SIPeIP) no fue consistente con el docu-
mento del proyecto. Adicionalmente, no se con-
tó con evidencia documental específica sobre la
definición de metodologías e indicadores para
monitorear y evaluar el avance del cumplimien- to de los objetivos y metas de estos programas
de ayuda socioeconómicas implementados por
el MIES.
Es importante destacar que el MIES respondió
oportunamente a las quejas, reclamos y denun-
cias relacionadas con el Bono de Protección Fa-
miliar por la presencia del COVID-19 en Ecua-
dor, en sus fases uno y dos, a través del sistema
SIPPS y fuera de él. Se contó con la Norma Técni-
ca de gestión de denuncias administrativas, que
permitió a los usuarios presentar sus inconfor
–
midades mediante este sistema.
En conclusión, los programas de ayuda socioe –
conómica cumplieron con sus objetivos y metas
propuestas, y se implementaron mecanismos de
control, supervisión, seguimiento y monitoreo
durante su ejecución. Esto contribuyó a la con-
secución de los ODS 1 meta 1.3 (Indicador 1.3.1)
y ODS 16 meta 16.6 (Indicador 16.6.1). Se obtu-
vo un 71.68% en la evaluación del principio de
eficiencia respecto de los indicadores 12, 14, 15
y 16 y un 53.13% en eficacia del indicador 13,
posicionando el eje en un nivel “En desarrollo”,
según la escala del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR

52
EJE 4 | EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante el ejercicio fiscal 2020, se establecieron
dos mecanismos para acceder a la información
sobre los programas de ayudas socioeconómi-
cas implementados por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES). El primer mecanismo
consistió en la difusión de información por parte
de instituciones, organismos y entidades, tanto
públicas como privadas. El segundo mecanismo
involucró diversos procesos administrativos au-
torizados por ley. A nivel nacional e internacional,
los medios de comunicación publicaron informa-
ción para informar a la ciudadanía sobre el acce-
so y cobro de los subsidios monetarios. Adicional-
mente, el MIES difundió esta información a través
de su página web institucional.
Mecanismos
de acceso a la información
y difusión de
resultados de la
información de los
programas de ayuda socio económica
EFICACIA
Difusión de
resultados y procesos de
retroalimentación
de la sociedad civil
EFICACIA
Impacto de
programas de ayuda socioeconómica
EFICACIA
Mitigación de los
efectos sociales y económicos
EFICACIA
100% 100%
0% 50%
EFICACIA EJE 4
63%
En cuanto a la difusión de resultados y proce
–
sos de retroalimentación de la sociedad civil, el
MIES presentó su informe de rendición de cuen-
tas correspondiente al año 2020, donde informó
a la ciudadanía sobre la ejecución de los progra-
mas de ayuda socioeconómica. En el “Informe
de Rendición de Cuentas 167”, se describieron
los principales aportes ciudadanos orientados a
mejorar los servicios proporcionados por las Uni-
dades a cargo del Desarrollo Infantil (CDI), Misión
Ternura, Creciendo con nuestros Hijos (CNH),
Adulto Mayor Misión Mis Mejores Años, Atención
a Personas con Discapacidad, Protección Espe –
cial, Aseguramiento No Contributivo y Acom-
pañamiento Familiar Inclusión Económica. Sin
embargo, no se evidenció retroalimentación de
la sociedad civil como contribución a la difusión
de resultados de los subsidios monetarios imple –
mentados durante la pandemia por el MIES.
En relación al impacto de los programas de ayuda
socioeconómica, se determinó que el Gobierno
de la República del Ecuador, a través del MIES,
consideró la “Evaluación de Necesidades Post De –
sastre (PDNA)” como metodología para evaluar el
impacto del COVID-19 en Ecuador. No obstante,
esta metodología no fue implementada, ya que, al
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR

53
31 de diciembre de 2020, la institución no conta-
ba con documentación que respaldara la realiza-
ción de la evaluación de impacto establecida en el
numeral 8.2 del “Proyecto para la Aplicación del
Bono de Protección Familiar por Emergencia por
la Presencia del COVID-19 en Ecuador”.
Con el objetivo de mitigar los efectos sociales y
económicos causados por el COVID-19 y contri-
buir a la consecución de las metas 1.3 y 16.6 de
los ODS 1 y 16, el MIES distribuyó 92.372.255
USD a 960.637 personas beneficiarias en si-
tuación de pobreza, extrema pobreza, banda
de protección o vulnerabilidad a nivel nacional,
contribuyendo así a satisfacer las necesidades
de la población objetivo.
De esta forma, se determinó la existencia de
mecanismos de acceso a la información públi-
ca, aunque se observó una ausencia de retroa-
limentación de la sociedad civil. Los programas
de ayuda socioeconómica estudiados contribu-
yeron a satisfacer las necesidades emergentes del público destinatario. Se obtuvo un 62,50% en
la evaluación del principio de eficacia respecto
de los indicadores 17, 18, 19 y 20, conformando
el EJE 4 “Acciones definidas para evaluar los progra
–
mas de ayuda socioeconómica y la rendición de cuen –
tas ”, el cual se enmarca en un nivel “En desarro –
llo”, acorde a la interpretación de la escala del
índice integrado.
En conclusión, la respuesta del Gobierno de
Ecuador a la pandemia de COVID-19, evaluada
a través de este informe, se enmarca en un en-
foque integral que combina preparación, plani-
ficación detallada, ejecución efectiva y una ren-
dición de cuentas robusta. A pesar de las áreas
identificadas para mejorar, como la documenta-
ción y retroalimentación ciudadana, el país de –
mostró un compromiso sólido con la protección
de su población vulnerable y la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta ex –
periencia proporciona valiosas lecciones y una
base sólida para mejorar la capacidad de res –
puesta ante futuras emergencias.
Índice Integrado Ecuador
EFICACIA EFICIENCIA
79%
82%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – ECUADOR

INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA
54
GUATEMALA
INTRODUCCIÓN
El presente informe detalla los resultados de la
auditoría realizada en Guatemala, centrada en la
evaluación de la respuesta del Gobierno frente
a la emergencia sanitaria causada por la pan-
demia de COVID-19. Este análisis abarca cuatro
ejes fundamentales: Preparación, Planeación,
Implementación y Ejecución, y Evaluación y
Rendición de Cuentas.
El primer eje, Preparación, aborda las medidas
iniciales y la estructura normativa establecida
para enfrentar la crisis sanitaria. El Acuerdo Gu-
bernativo 65-2020 de 24 de mayo de 2020, creó
la Comisión Presidencial de Atención a la Emer-
gencia COVID-19 (COPRECOVID), que incluyó a
varios ministerios clave y estableció las bases
para la coordinación de esfuerzos gubernamen-
tales. Además, se destacan los 11 programas de
ayuda socioeconómica, con especial énfasis en
el “Programa Fondo Bono Familia”, el cual re –
cibió la mayor asignación presupuestaria y al-
canzó a 2.6 millones de beneficiarios. Este eje
evalúa la eficacia de las normativas y la planifi-
cación inicial, obteniendo un puntaje del 100%
en el principio de eficacia.
El segundo eje, Planeación, examina el proceso de
selección de beneficiarios y la construcción de la
base de datos del Fondo Bono Familia. Se identi-
fican deficiencias en la utilización de información
y en la aplicación de criterios de exclusión, lo que
resultó en datos desactualizados e insuficientes.
También se analiza la asignación presupuestaria
y los instrumentos de control financiero estable –
cidos. La evaluación de este eje destaca la nece -sidad de mejorar la calidad de la información y la
inclusión de perspectiva de género, obteniendo
un 66.67% en eficiencia y eficacia.
El tercer eje, Implementación y Ejecución, eva-
lúa la entrega de los beneficios y la coordina-
ción entre entidades gubernamentales. A pesar
de haber beneficiado a más de 2.6 millones de
personas, se identificaron fallos en la cobertura,
especialmente en áreas sin acceso a electrici-
dad. Se señala la falta de metodologías para mo
–
nitorear y evaluar el avance del programa, lo que
impactó negativamente en la consecución de las
metas establecidas. Este eje obtuvo un 45% en
eficiencia y un 50% en eficacia, reflejando im-
portantes áreas de mejora en la ejecución y se –
guimiento de los programas.
El cuarto eje, Evaluación y Rendición de Cuen-
tas, revisa la transparencia y la participación de
la sociedad civil en el monitoreo del programa.
Aunque se disponía de mecanismos de acceso a
la información pública, la retroalimentación de
la sociedad civil fue limitada y no se implemen-
taron metodologías para evaluar el impacto de
las ayudas socioeconómicas. La falta de eviden-
cia en la medición del impacto y la mitigación de
los efectos de la pandemia resultó en una eva-
luación del 43.75% en eficacia, situando este eje
en un nivel “En formación”.
En conjunto, este informe proporciona una vi-
sión integral de los logros y desafíos en la ges –
tión de las ayudas socioeconómicas durante la
pandemia, identificando áreas críticas para fu-
turas mejoras en la respuesta a emergencias sa-
nitarias y la protección de los sectores más vul-
nerables de la sociedad guatemalteca.

55
Fuente: EFS de Guatemala
EJE 1 | PREPARACIÓN
Definición de instituciones líderes que
atiendan la
emergencia sanitaria Equidad en proceso de
preparación
de emergencia sanitaria Institución
líder orientada a la población vulnerable Marco legal
institucional Marco legal
emergencia sanitaria
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA
100% 100%
100% 100%
100%
EFICACIA EJE 1
100%
El Acuerdo Gubernativo 65-2020 de 24 de mayo
de 2020 creó la Comisión Presidencial de Aten-
ción a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID).
Esta comisión fue establecida para apoyar, re –
comendar y asesorar en las acciones, medidas
y protocolos implementados por el sistema de
vigilancia y control de los riesgos para la salud.
COPRECOVID se integró con los Ministerios de
Salud Pública y Asistencia Social; Trabajo y Pre –
55
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA
visión Social; Desarrollo Social; Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación; Finanzas Públicas; y la
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia.
El Gobierno de Guatemala creó 11 programas de
ayuda socioeconómica para apoyar a la pobla-
ción vulnerable afectada por la pandemia de CO-
VID-19. Entre estos programas destaca el “Pro –
grama Fondo Bono Familia”, que tuvo la mayor
asignación presupuestaria y alcanzó a 2.6 millo –
nes de beneficiarios. Este programa fue liderado
por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
encargado del diseño, regulación y ejecución de
políticas públicas orientadas a mejorar el bien-
estar de individuos y grupos sociales en situa-
ción de vulnerabilidad.
El Gobierno, el Congreso de la República y el
Ministerio de Desarrollo Social elaboraron y
aprobaron la normativa interna para la ejecu-
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

56
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA
ción del Programa Fondo Bono Familia. Esto
permitió al MIDES suscribir convenios con el
sistema financiero guatemalteco y crear el Ma-
nual del Fondo, que estableció los lineamientos
para su ejecución.
Tanto el Gobierno como el Congreso de la Re-
pública y el Ministerio de Desarrollo Social, ela-
boraron y aprobaron la normativa interna para
la ejecución del Programa Fondo Bono Familia,
permitiéndole a este último, suscribir conve –
nios con el sistema financiero guatemalteco, así
como la creación del Manual del Fondo, el cual
representó una herramienta que normó y esta-
bleció lineamientos para su ejecución.
La República de Guatemala, a fin de atender la
emergencia sanitaria emitió los siguientes cuer –
pos normativos:
•

Decr

etos Gubernativos mediante los cuales el
Congreso de la República ratificó, prorrogó y
reformó el Estado de Calamidad Pública esta-
bleciendo medidas y disposiciones que tuvie –
ron por objeto promover acciones para la pre –
vención, contención y respuesta a los efectos
provocados por la emergencia sanitaria.
•

Decr

eto 65-2020 para la creación de la Comi-
sión Presidencial de Atención a la Emergen-
cia COVID-19, COPRECOVID. •
Decr eto Número 13-2020, Ley de rescate
económico a las familias por los efectos cau-
sados por el COVID-19 y su Decreto Reforma-
torio.
•

A

cuerdos Gubernativos 57-2020, 84-2020,
Acuerdos Ministeriales DS-28-2020, DS-41-
2020, DS-63-2020, DS-50- 2020, que regula-
ron y operativizaron la entrega del aporte del
Fondo Bono Familia.
Estos cuerpos normativos incluyeron concep –
tos de desarrollo, inclusión y protección social,
asegurando la atención a personas en situación
de vulnerabilidad afectadas por el COVID-19, sin
distinciones de grupo social o género, promo –
viendo así la equidad en el acceso a los progra-
mas de ayuda socioeconómica.
En resumen, se definieron las instituciones
responsables de liderar las acciones para aten-
der emergencias sanitarias y gestionar los
programas de ayuda socioeconómica orientados
a grupos vulnerables. El marco legal aplicable
a la emergencia sanitaria permitió obtener un
100% en la evaluación del principio de eficacia
de los indicadores del EJE 1 “Preparación de los
Gobiernos Nacionales para atender emergencias sa –
nitarias” de la auditoría coordinada, situándola
en un nivel “Optimizado”, según la escala del
índice integrado.

57
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA
EJE 2 | PLANEACIÓN
Del análisis del proceso de selección de bene-
ficiarios del Fondo “Bono Familia”, con un con-
sumo de energía eléctrica menor o igual a 200
kWh/mes, se estableció que la información utili-
zada provino de las empresas de energía eléctri-
100% 100%
Definición
oportuna de criterios de
selección de
beneficiarios
EFICIENCIA
Información y acciones con
perspectiva de género
EFICACIA
Presupuesto del Programa
EFICACIA
Definición
oportuna de
instrumentos de
control financiero
EFICIENCIA
Participación de actores
relevantes en la definición
de criterios de selección de
beneficiarios
EFICACIA
Información de
calidad para
formulación y ejecución del programas
EFICIENCIA
50%
50% 50%
50%
EFICACIA EJE 2
EFICIENCIA EJE 2
67%67%
ca. Sin embargo, no se consideraron las estadís –
ticas del Instituto Nacional de Estadística (INE)
(ENCOVI 2014), ni el estudio de “Modificación a
la política de reestructuración del aporte social
otorgado por el INDE”, que indicaba que las per –
sonas en situación de pobreza y pobreza extre –
ma tenían un consumo de energía eléctrica en-
tre 1 y 88 kWh/mes.
Para registrar y construir la base de datos de be –
neficiarios del Fondo, se incluyó un código en los
recibos de energía eléctrica de los usuarios con
un consumo de hasta 200 kWh/mes, en febrero
de 2020. No obstante, no se aplicaron los crite –
rios de exclusión porque no fueron proporciona-
dos oportunamente por las entidades públicas,
lo que resultó en la falta de información actua-
lizada y validada. Cabe señalar que la Ayuda de
Emergencia priorizó a madres solteras y hogares
monoparentales, confirmando la aplicación de
principios de perspectiva de género.
La asignación presupuestaria para la ejecución
del Programa Bono Familia se detalla en el De –
creto 13-2020, Ley de Rescate Económico para
las Familias por los Efectos Causados por el CO –
VID-19, que amplía el presupuesto general de in-

58
gresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2020, implicando un endeudamiento público.
En cuanto a los instrumentos de control finan-
ciero para salvaguardar el uso de los recursos,
el artículo 12 del citado Decreto establece que la
Contraloría General de Cuentas (CGC) será res-
ponsable de la fiscalización de los recursos. Por
lo que las instituciones deberán remitir informes
sobre la ejecución de los recursos al Congreso de
la República y a la CGC.
En resumen, los programas de ayuda socioeco –
nómica contaron con una planificación debida-
mente programada y aprobada por la autoridad
competente, así como con la definición oportuna
de instrumentos de control financiero. Sin em- bargo, existen oportunidades de mejora en los
criterios de selección, la participación de actores
relevantes en la formulación del marco normati-
vo, la calidad de la información para la formula-
ción de los programas de ayuda socioeconómica
y la inclusión de la perspectiva de género. Por lo
tanto, se obtuvo un 66.67% en la evaluación del
principio de eficiencia respecto a los indicado
–
res 6, 8 y 11; y un 66.67% en la eficacia de los
indicadores 7, 9 y 10 del EJE 2 “Definición e imple –
mentación de procedimientos que contribuyan al de –
sarrollo de la planificación de los programas de ayuda
socioeconómica frente a la pandemia COVID-19 y su
aporte a la consecución del ODS 1 y 16” de este ejer –
cicio de fiscalización, situándolo en un nivel “En
desarrollo”, según la interpretación de la escala
del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA

59
EJE 3 | IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
El Gobierno de Guatemala, considerando las in-
dicaciones mencionadas, benefició a 2,692,752
habitantes. De entre quienes, el 95% registró un
consumo menor a 200 kWh/mes, y el 5% no con-
taba con energía eléctrica. Sin embargo, durante
la inspección en sitio, se identificaron aldeas y
caseríos que no recibieron el beneficio del Bono
Familia, a pesar de no contar con energía eléctri-
ca durante 2020. Esto se debió a deficiencias en
la estructuración de la base de datos de beneficia-
rios y a la débil participación y coordinación de
las entidades públicas encargadas de identificar
a la población vulnerable.
El Fondo Bono Familia estableció metas y objeti-
vos para la entrega de la ayuda socioeconómica
en relación a rubros y cronogramas de entrega.
Además, dispuso de la totalidad de la asignación
presupuestaria, aunque no existe evidencia docu-
mental de que la institución haya hecho observa-
ciones respecto al cumplimiento de estas metas.
No se establecieron metodologías para controlar,
monitorear y evaluar el avance del programa.
Cobertura
oportuna a
beneficiarios Toma oportuna de medidas correctivas Identificación y Mitigación de Riesgos
en programas ejecutados Canales de
comunicación
y mecanismos
de coordinación de calidad que permitieron
alcanzar los objetivos y
metas de los programas de ayuda
socioeconómica Control,
monitoreo y evaluación oportuna
del avance y
cumplimiento
de los objetivos y metas de
los programas de ayuda
socioeconómica
EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA
0% 100%
80%
50%
0%
EFICACIA EJE 3
EFICIENCIA EJE 3
50%45%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA

60
En relación con el aporte de los resultados del
programa a la consecución de las metas 1.3 y
16.6, estos fueron poco visibles debido a que no
se cubrió a la totalidad de las familias en situación
de pobreza, pobreza extrema y población vulne-
rable, especialmente en áreas marginales. No hay
información que evidencie acciones para identifi-
car este aspecto como un riesgo y tomar medidas
correctivas.
El Gobierno de la República de Guatemala, a tra-
vés de las entidades líderes involucradas en el
Bono Fondo Familia, implementó los canales de
comunicación y mecanismos de coordinación
requeridos para el proceso. Se desarrolló la le –
gislación necesaria para la cooperación interins –
titucional entre el Ministerio de Finanzas Públi-
cas, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
y el Instituto Nacional de Estadística, los cuales
fueron los principales órganos involucrados en
el desarrollo y ejecución del Programa Bono Fa-
milia, facilitando que las familias seleccionadas ingresaran los datos necesarios para calificarse
como beneficiarias.
En resumen, los programas de ayuda socioeco
–
nómica cumplieron con los objetivos y metas
propuestos y contaron con canales de comunica-
ción adecuados. No obstante, es importante con-
siderar la existencia de oportunidades de mejo –
ra en cuanto a la cobertura oportuna y el control
e implementación de acciones de monitoreo en
la ejecución de los programas. Como resultado,
se obtuvo un 45% en la evaluación del princi-
pio de eficiencia respecto a los indicadores 12,
14, 15 y 16; y un 50% en eficacia del indicador
13. Así, los indicadores que conformaron el EJE
3 “Los Gobiernos Nacionales en la implementación y
ejecución de los programas de ayuda socioeconómica
frente a la pandemia de COVID-19 incluyeron meca –
nismos de monitoreo y seguimiento y su aporte a la
consecución del ODS 1 y 16”, se enmarcan en un
nivel “En formación”, acorde a la interpretación
de la escala del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA

61
EJE 4 | EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El acceso a la información sobre las Ayudas de
Emergencia y la divulgación de los resultados
fue gestionado por el Ministerio de Desarrollo
Social a través de su página web, donde se publi-
có el padrón de beneficiarios, el monto asignado
y los criterios de acceso al Bono. Asimismo, el
Sistema Integrado de Administración Financie-
ra (SICOIN) registró la ejecución del programa y
el número de beneficiarios a los que se les trans –
firieron los recursos.
En cuanto a la retroalimentación por parte de
la sociedad civil, se realizaron varios análisis
sobre el Fondo, llevados a cabo por el Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN),
Mecanismos
de acceso a la información
y difusión de
resultados de la
información de los
programas de ayuda socio económica
EFICACIA
Difusión de
resultados y procesos de
retroalimentación
de la sociedad civil
EFICACIA
Impacto de
programas de ayuda socioeconómica
EFICACIA
Mitigación de los
efectos sociales y económicos
EFICACIA
100%
25%
0%
50%
EFICACIA EJE 4
44%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA
el Instituto de Investigaciones Económicas y So
–
ciales de la Universidad Rafael Landívar y la De –
fensoría de Seguridad Alimentaria Nutricional
de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Estos estudios se publicaron en las páginas web
de las instituciones mencionadas, aunque no se
evidenciaron canales para que los ciudadanos
presentaran sugerencias y observaciones.
Respecto a la existencia e implementación de una
metodología para evaluar el impacto de los pro –
gramas de ayuda socioeconómica, aunque se en-
cargó al Viceministerio de Política, Planificación y
Evaluación la elaboración de dicha metodología,
no se evidenció su existencia ni aplicación.
El Bono Familia, una vez ejecutado, contribu-
yó escasamente a la mitigación de los efectos
sociales y económicos ocasionados por la pan-
demia de COVID-19. En casos especiales de la
población sin acceso a electricidad, no se reci-
bieron los tres desembolsos previstos. Asimis –
mo, el pago se realizó en un solo acreditamiento,
de manera tardía y a una población considera-
da como “Casos Especiales” incompleta, debido
a, por un lado, la falta de priorización de este
grupo en estado de pobreza y extrema pobreza

62
y, por otro lado, al desarrollo tardío de los me-
canismos y lineamientos normativos del Fondo.
Esto dejó potencialmente sin cobertura a un 5%
de las familias que se enmarcaban en el objeti-
vo del beneficio.
Por lo expuesto, se determinó que existieron
mecanismos de acceso a la información pública
y una mediana retroalimentación de la sociedad
civil, con oportunidades de mejora en sus proce -sos debido a la falta de evidencia en la medición
del impacto o mitigación de los efectos sociales
y económicos. Como resultado, se obtuvo un
43,75% en la evaluación del principio de eficacia
respecto de los indicadores 17, 18, 19 y 20, los
cuales conformaron el EJE 4 “Acciones definidas
para evaluar los programas de ayuda socioeconómica
y la rendición de cuentas”, situándose en un nivel
“
En formación”, según la interpretación de la
escala del índice integrado.
Índice Integrado Guatemala
EFICACIA EFICIENCIA
71%
54%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – GUATEMALA

63
HONDURAS
63
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS
INTRODUCCIÓN
El informe de auditoría del Gobierno de Hon-
duras sobre la gestión de la emergencia sanita-
ria provocada por la pandemia de COVID-19 se
centra en cuatro ejes principales: preparación,
planificación, implementación y seguimiento, y
evaluación y rendición de cuentas. Este análisis
revela tanto los aciertos como las deficiencias en
la respuesta del gobierno ante la crisis.
En el eje de preparación, se destacó la creación
de un marco legal sólido con la Ley del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y la
declaración de estado de emergencia sanitaria
mediante varios decretos ejecutivos. A pesar de
estos esfuerzos, la auditoría identificó una fal-
ta de coordinación y participación de algunas
instituciones clave, así como la ausencia de un
enfoque en equidad social en la planificación y
ejecución del programa “Honduras Solidaria”.
La planificación de la operación “Honduras So-
lidaria” se caracterizó por la implementación de
modalidades centralizadas y descentralizadas
para la distribución de alimentos y ayudas. Sin
embargo, la auditoría encontró que la informa-
ción utilizada para la focalización de beneficia-
rios no estaba actualizada, y los criterios de se –
lección no eran técnicos ni estructurados, lo que
limitó la efectividad de la distribución de ayudas
a los sectores más vulnerables. En la fase de implementación y seguimiento, se
llevaron a cabo entregas significativas de racio
–
nes de alimentos, pero la falta de metodologías e
indicadores para monitorear y evaluar el progre –
so, afectó la capacidad de determinar si los ob –
jetivos del programa se cumplieron plenamen-
te. Además, la auditoría reveló que no se cubrió
adecuadamente a todos los grupos prioritarios
y no se implementaron mecanismos formales
para la identificación y mitigación de riesgos.
El eje de evaluación y rendición de cuentas mos –
tró que, aunque se crearon mecanismos para la
transparencia, como el portal EMERGENCIA CO –
VID19 y el Sistema de Registro de Beneficiarios,
faltaron recomendaciones oportunas y vincu-
lantes de parte de organizaciones de la sociedad
civil. Además, no se definió una metodología de
evaluación del impacto del programa, lo que im-
pidió una comprensión completa de su efectivi-
dad y de los efectos sociales y económicos pro –
ducidos por la pandemia.
En conclusión, el Gobierno de Honduras de –
mostró una capacidad de respuesta rápida y es –
tructurada ante la emergencia sanitaria, pero la
auditoría destaca la necesidad de mejoras signi-
ficativas en áreas clave como la actualización de
información, la inclusión de criterios de equidad
y la participación de todas las instituciones re –
levantes. Estas mejoras son esenciales para ga-
rantizar una gestión más eficaz y justa en futuras
emergencias.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

64
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS
Fuente: Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras
EJE 1 | PREPARACIÓN
Definición de instituciones líderes que
atiendan la
emergencia sanitaria Equidad en proceso de
preparación
de emergencia sanitaria Institución
líder orientada a la población vulnerable Marco legal
institucional Marco legal
emergencia sanitaria
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA
100% 100%
90%
20%
81%
EFICACIA EJE 1
78%
El 26 de septiembre de 2009, mediante el De
–
creto No. 151-2009, publicado en el Diario Ofi-
cial La Gaceta, en su No. 32,098, el Gobierno
de la República de Honduras aprobó la Ley del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINA –
GER). Esta legislación estableció el marco legal
hondureño para que el país desarrolle la capaci-
dad de prevenir, disminuir, responder y recupe –
rarse de potenciales riesgos, desastres y daños
provocados por fenómenos naturales o activida-
des humanas.
Con el propósito de fortalecer las acciones de
vigilancia, prevención y control, y garantizar
la atención a la población frente a la infección
de coronavirus (2019-nCov), la Presidencia
de la República, mediante el Decreto Ejecutivo
PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta, No. 35,171 de 10 de febrero de 2020,
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en
todo el territorio nacional. Este decreto imple –
mentó las directrices y medidas de protección
para contrarrestar los efectos de la pandemia
de COVID-19.
Asimismo, mediante la emisión de los Decretos
Ejecutivos PCM-016-2020 y PCM-029-2020,
publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nos.
35,193 y 35,220, de 6 de marzo y 7 de abril de
2020, respectivamente, el Gobierno de Hondu-
ras definió las instituciones líderes para aten-
der la emergencia sanitaria. Estas instituciones
pudieron disponer de sus partidas presupues –
tarias asignadas y gestionar la obtención de re –
cursos financieros, servicios y bienes necesa-
rios para cubrir la emergencia, en colaboración
con Agencias Internacionales de Cooperación y
gobiernos amigos.
Además, se instruyó a las Secretarías de Estado
y demás entes descentralizados y desconcentra-
dos del Gobierno para que faciliten los proce –

65
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS
dimientos administrativos para la importación,
manufactura y comercialización de insumos,
medicamentos, equipos, materiales médico-qui-
rúrgicos, permisos sanitarios y productos nece-
sarios para enfrentar la emergencia sanitaria.
En este contexto, el Gobierno de la Repúbli-
ca de Honduras, mediante el Decreto Ejecutivo
PCM-025-2020, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta No. 35,212 de 28 de marzo de 2020,
creó la operación “HONDURAS SOLIDARIA”, con
el objetivo de abastecer de alimentos de la ca-
nasta básica a al menos ochocientas mil familias
hondureñas.
Para la ejecución de la Operación, se definie –
ron dos modalidades: la ejecución centralizada,
a cargo del Gobierno Central, que entregó ra-
ciones de alimentos en seis municipios con la
mayor incidencia de COVID-19; y la ejecución
descentralizada, que consistió en la entrega de
transferencias monetarias a las 292 municipali-
dades restantes. Estas municipalidades, en coo –
peración con otras instituciones, apoyaron en el
perfilamiento de beneficiarios para la compra de
productos alimenticios, kits de higiene y bolsas
para las entregas. Ambas modalidades contaron
con equipos interinstitucionales con funciones
y responsabilidades claramente definidas. No
obstante, el Tribunal Superior de Cuentas evi-
denció que algunas instituciones no participa-
ron ni desempeñaron el rol asignado.
En cuanto a los cambios y/o adaptaciones de
marcos legales institucionales, los entes en-
cargados de atender a los grupos prioritarios a
través del programa de ayuda socioeconómica
mencionado, no evidenciaron la aplicación de
normativa ni información que avale la inclusión
de conceptos de desarrollo, inclusión y protec -ción social tras la declaratoria de la crisis sani-
taria. Tampoco se implementó la metodología
relacionada con la “Inclusión Social” por parte
de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
(SEDIS) en la ejecución de la Operación Hondu-
ras Solidaria Modalidad Centralizada.
Ante las condiciones impuestas por la Emergen-
cia Sanitaria Nacional derivada de la presencia
del COVID-19 en Honduras, se emitieron dispo
–
siciones y marcos legales orientados a garanti-
zar los servicios básicos, la protección social y
la entrega de ayudas socioeconómicas a grupos
vulnerables. Sin embargo, a pesar de que el país
mantenía un marco legal respecto a la equidad,
el programa de ayuda socioeconómica imple –
mentado por el Gobierno de Honduras no con-
templó explícitamente el principio de equidad
en sus fases de preparación y modalidades Cen-
tralizada y Descentralizada.
Por lo tanto, los indicadores 1 y 4 obtuvieron un
resultado del 100%, mientras que los indicado –
res 2, 3 y 5 obtuvieron 90%, 81% y 20%, respec –
tivamente. De las 21 instituciones que lideraron
el proceso de atención a la emergencia sanitaria,
19 se orientaron a la población vulnerable; 17
contaron con normativa relacionada y/o adap –
taron la misma; y solo 1 base legal consideró el
principio de equidad.
En conclusión, el Gobierno de la República de
Honduras obtuvo un 78,20% respecto a la eva-
luación del principio de eficacia de los indica-
dores 1 al 5, que conformaron el EJE 1 “Prepa –
ración de los Gobiernos Nacionales para atender
emergencias sanitarias” de la auditoría coordina-
da, enmarcándose en un nivel “Optimizado”
acorde a la interpretación de la escala del
índice integrado.

66
EJE 2 | PLANIFICACIÓN
La ejecución centralizada de la Operación Hon-
duras Solidaria implementada por el Gobierno
de Honduras se basó en la selección de territo-
rios de acuerdo con el Índice de Priorización de
Barrios, Colonias y Comunidades del país. Esta
100% 95%
Definición
oportuna de criterios de
selección de
beneficiarios
EFICIENCIA
Información y acciones con
perspectiva de género
EFICACIA
Presupuesto del Programa
EFICACIA
Definición
oportuna de
instrumentos de
control financiero
EFICIENCIA
Participación de actores
relevantes en la definición
de criterios de selección de
beneficiarios
EFICACIA
Información de
calidad para
formulación y ejecución del programas
EFICIENCIA
25%
50%
0%
50%
EFICACIA EJE 2
EFICIENCIA EJE 2
50%57%
modalidad también contempló la selección de
beneficiarios de los sectores de la micro y peque –
ña empresa, así como el sector social de la eco –
nomía, identificados a través de la información
proporcionada por el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios (SENPREN-
DE), y mediante informes presentados por insti-
tuciones públicas y privadas.
En la modalidad descentralizada y entrega de
ayudas socioeconómicas en especie (raciones de
alimentos) con fondos propios, se confirmó que
los gobiernos locales o municipalidades delega-
ron a los patronatos, iglesias y otras instancias la
responsabilidad de seleccionar a los beneficia-
rios del programa auditado. No obstante, estas
entidades no mantuvieron criterios de selección
ni contaron con un mecanismo técnico y estruc –
turado para realizar una selección oportuna de
beneficiarios y público objetivo del programa de
ayuda socioeconómica.
En cuanto a la participación de actores relevan-
tes en la definición de criterios de selección de
beneficiarios, se comprobó que el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
fue la única organización que participó en este
proceso. En este sentido, no hubo participación
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS

67
de instituciones públicas, privadas, sociedad
civil, academias y ONG, ya que no se imple-
mentaron estrategias para motivar el proceso
participativo y de otras instancias, ni se generó
legislación que sirviera como medida coerciti-
va para que los ejecutores de las intervenciones
sociales involucraran a las organizaciones de la
sociedad civil y otros en todas las etapas de los
programas de ayudas socioeconómicas.
Respecto a la información de calidad para la for –
mulación y ejecución del Programa Honduras
Solidaria, en su modalidad centralizada se iden-
tificó que el CENISS utilizó como referencia la in-
formación del Instituto Nacional de Estadística
(INE) del 2013 y la correspondiente al cálculo del
índice de priorización de barrios, colonias y co –
munidades, que consideró una media de hoga-
res vulnerables en cada territorio. Esta informa-
ción no estaba actualizada, dado que no se tomó
en cuenta que, debido a la Emergencia Sanitaria
Nacional, varios segmentos de la población que –
daron ligeramente por debajo de la media y al-
gunos hogares agravaron su situación de pobre –
za, a pesar de lo cual estos ciudadanos no fueron
considerados beneficiarios del programa.
En la modalidad descentralizada, algunas mu-
nicipalidades reportaron que no recibieron in-
formación para la focalización de beneficiarios,
por lo que tuvieron que recurrir a los patronatos,
iglesias y otras instancias para identificar a los
receptores para la entrega de las bolsas o racio –
nes de productos alimenticios y kits de higiene.
De lo expuesto se puede concluir que el progra-
ma auditado en su modalidad centralizada no
contó con información actualizada; mientras
que, en su modalidad descentralizada hubo una
ausencia de información actualizada y validada
de los beneficiarios, por lo que se utilizó el me –
canismo disponible en ese momento.
El hecho descrito ha originado la incertidumbre
acerca de la cobertura en la entrega de ayudas
socioeconómicas a todos los hogares más vulne –
rables ante los efectos de la pandemia COVID-19.
Además, ha provocado que los gobiernos locales
o municipalidades disminuyeran el monto pre –
visto de las raciones de alimentos, para extender
la atención a un mayor número de hogares. Por otro lado, no se contempló la perspectiva de
género en la preparación y ejecución de la aten-
ción a la emergencia sanitaria, dado que la infor
–
mación sobre la variable de jefatura del hogar fe –
menina, descrita en la “Nota Técnica del Índice
de Priorización de Barrios, Colonias y Comuni-
dades de Honduras con base en los Conglomera-
dos de Grupos Vulnerables”, no fue considerada
en la entrega de raciones alimenticias casa a
casa dentro de cada barrio, colonia y comunidad.
En el marco de la Emergencia Sanitaria Nacio –
nal, se emitió el Decreto Ejecutivo PCM-020-
2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
No. 35,201 de 16 de marzo de 2020, a través
del cual se motivó la necesaria reorientación
de recursos consignados en el Presupuesto Ge –
neral de Ingresos y Egresos de la República del
ejercicio fiscal 2020, para cubrir los insumos,
materiales, suministros y todos los gastos nece –
sarios para enfrentar la emergencia declarada.
Así, para la modalidad centralizada se estable –
ció como responsable de garantizar los recursos
económicos a la Secretaría de Estado en el Des –
pacho de Finanzas (SEFIN), y para la modalidad
descentralizada, en coordinación con la Secre –
taría de Estado de Gobernación, Justicia y Des –
centralización (SGJD), se asignaron los recursos
para la transferencia de fondos a los gobiernos
locales para su ejecución.
Finalmente, se verificó que, previo a la Emergen-
cia Sanitaria Nacional derivada del COVID-19, el
Gobierno de Honduras ya contaba con instru-
mentos de control financiero para precautelar el
uso y destino de los recursos de programas de
ayudas socioeconómicas. No obstante, se com-
probó que, en contraposición a lo establecido
en la Ley Orgánica de Presupuesto y la Ley de la
Suplidora Nacional de Productos Básicos (BA –
NASUPRO), mediante el Decreto de creación de
la Operación Honduras Solidaria, se facultó a la
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y a la
Secretaría de Estado en los Despachos de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) la relación, negocia-
ción, selección o retiro de los proveedores. Sin
embargo, los pagos de los compromisos adqui-
ridos por los representantes de ambas institu-
ciones se realizaron bajo la firma de la Gerencia
de BANASUPRO, y con cargo al presupuesto de
la referida institución. No obstante, no se iden-
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS

68
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS
tificaron ajustes al marco normativo general que
abordaran la ejecución de los fondos de la Supli-
dora de forma interinstitucional o desagregada
en varios entes gubernamentales.
Se puede concluir que el indicador 10 alcanzó
un porcentaje de cumplimiento del 100% debi-
do a que existió presupuesto para el programa
de ayuda socioeconómica. Sin embargo, es im-
portante considerar la existencia de oportunida-
des de mejora en cuanto a la definición oportu-
na de criterios de selección, la participación de
actores relevantes y la calidad de la información
para la formulación y ejecución de los progra-
mas de ayudas socioeconómicas, así como la de-
finición oportuna de instrumentos de control fi-
nanciero. Por lo tanto, los indicadores 6, 7, 8, 9 y
11 obtuvieron, en su orden, 50%, 50%, 25%, 0%
y 95%, dado que no se evidenció un adecuado
establecimiento de los criterios de selección de beneficiarios, no existió participación de actores
relevantes en la definición de los mismos, no se
contó con información completa, actualizada y
validada, no se incluyó la perspectiva de género
en las acciones implementadas, y el proceso de
control financiero no se efectuó acorde con la le
–
gislación aplicable.
Por lo expuesto, el Gobierno de la República de
Honduras obtuvo un 56,67% respecto a la eva-
luación del principio de eficiencia y un 50% para
eficacia en relación con los indicadores que con-
formaron el EJE 2 “Definición e implementación
de procedimientos que contribuyan al desarrollo de
la planificación de los programas de ayuda socioeco –
nómica frente a la pandemia COVID-19 y su aporte
a la consecución del ODS 1 y 16” de este ejercicio
de fiscalización, enmarcándose en un nivel “En
Desarrollo”, acorde con la interpretación de la
escala del índice integrado.

69
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS
EJE 3 | IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
El Modelo de Ejecución Centralizado abarcó la
atención a seis municipios con mayor inciden-
cia de casos de COVID-19 (La Ceiba, Choluteca,
Choloma, San Pedro Sula y el Distrito Central), y
a los sectores sociales de la economía donde los
ingresos familiares se redujeron debido al es-
tancamiento económico. Dado que persistían las
restricciones impuestas por la Emergencia Sani-
taria Nacional, se decidió ejecutar la operación
en tres etapas. En la Primera Entrega, se prio –
rizaron 720,000 familias, de las cuales se aten-
dieron 703,061, dejando 16,939 sin atender.
En la Segunda Entrega, también se priorizaron
720,000 familias, atendiendo a 798,080, lo que
resultó en 78,080 núcleos familiares adicionales
a los previstos. En la Tercera Entrega, se priori-
zaron 751,876 familias, atendiendo a 747,286 y
dejando sin atender a 4,590 familias.
Para el Modelo de Ejecución Descentraliza-
do, aplicable a 292 municipalidades, también
se decidió ejecutar la operación en dos etapas
debido a las restricciones de la Emergencia Sa-
nitaria Nacional. Al 25 de noviembre de 2020,
Cobertura
oportuna a
beneficiarios Toma oportuna de medidas correctivas Identificación y Mitigación de Riesgos
en programas ejecutados Canales de
comunicación
y mecanismos
de coordinación de calidad que permitieron
alcanzar los objetivos y
metas de los programas de ayuda
socioeconómica Control,
monitoreo y evaluación oportuna
del avance y
cumplimiento
de los objetivos y metas de
los programas de ayuda
socioeconómica
EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA
100% 94%
50%
81%
0%
EFICACIA EJE 3
EFICIENCIA EJE 3
81%61%

70
el número total de raciones de alimentos y kits
de higiene reportados como entregados por las
municipalidades fue de 1,567,990, es decir,
146,502 entregas adicionales a las 1,421,488
previstas. Esto fue posible gracias a la decisión
de algunas municipalidades de reducir el valor
de las raciones para beneficiar a un mayor nú-
mero de hogares.
Las 3,816,417 raciones de alimentos (bolsas
solidarias) entregadas a través de la Operación
Honduras Solidaria en sus modalidades Centra-
lizada y Descentralizada, superaron el número
previsto de 3,613,364, aunque no se logró cubrir
a todos los beneficiarios y grupos vulnerables
según el índice de priorización. Esto fue confir-
mado por el Equipo Interinstitucional Coordi-
nador Estratégico, que ratificó que el esquema
de entrega fue “Casa a Casa”. En la modalidad
descentralizada, los beneficiarios no fueron ex –
clusivamente los contemplados en el índice de
priorización, dejando sin atender a parte de la
población más vulnerable, que en varios casos
reportó la necesidad de alimentos al Sistema
Nacional de Emergencias 911.
En cuanto a la identificación y mitigación de ries –
gos en los programas ejecutados, se evidenció la
falta de un mecanismo formal para este fin. A
pesar de esto, los ejecutores implementaron al-
gunas acciones para garantizar el cumplimiento
de los cronogramas, asignación presupuestaria,
abastecimiento, focalización, liquidación, entre
otros factores relacionados.
Respecto a la modalidad centralizada y descen-
tralizada de atención, se constató la existencia
de canales de comunicación y mecanismos
efectivos de coordinación entre las institucio –
nes involucradas en la ejecución de la Ope –
ración Honduras Solidaria, excepto entre el
Registro Nacional de las Personas (Equipo de
Distribución) en la modalidad centralizada y
entre los gobiernos locales y el CENISS en la
modalidad descentralizada.
Se comprobó la inexistencia de metodologías e
indicadores definidos para controlar, monito -rear y evaluar el avance y cumplimiento de los
objetivos del Programa de Ayuda Socioeconómi-
ca. Esta situación se originó por la falta previa
de instrumentos de gestión de riesgos para ser
utilizados en intervenciones sociales en situa-
ciones de desastre y/o emergencia.
Esta carencia ha impedido determinar si se alcan-
zaron los objetivos formulados, considerando ele
–
mentos como la cantidad de entregas, cobertura,
eficacia, focalización, calidad, recursos, duración
y eficiencia, y si las necesidades que se preten-
dían satisfacer fueron cubiertas. Además, dado
que no se contaba con metodologías e indicado –
res para controlar, monitorear y evaluar el avance
y cumplimiento de los objetivos del Programa de
Ayuda Socioeconómica, las acciones correctivas
fueron implementadas de manera reactiva ante
las situaciones y necesidades emergentes.
Así, el indicador 12 obtuvo un 100%, mientras
que los indicadores 13, 14, 15 y 16 obtuvieron
81%, 94%, 0% y 50%, respectivamente. Esto se
debió a que en las modalidades centralizada y
descentralizada no se cubrió exclusivamente a
los grupos de atención prioritaria, no existió un
mecanismo para identificar y mitigar los riesgos,
el Registro Nacional de las Personas no aportó in-
formación para el proceso, no se implementó una
comunicación efectiva entre los gobiernos loca-
les y el CENISS, y no se definieron metodologías
para controlar, monitorear y evaluar el avance del
cumplimiento de objetivos y metas, por lo que las
acciones correctivas fueron reactivas.
Por lo expuesto, el Gobierno de la República de
Honduras obtuvo un 61% en la evaluación del
principio de eficiencia respecto a los indicado –
res 12, 14, 15 y 16, y un 81% en eficacia del in-
dicador 13. Estos resultados conformaron el EJE
3 “Los Gobiernos Nacionales en la implementación y
ejecución de los programas de ayuda socioeconómica
frente a la pandemia de COVID-19 incluyeron meca –
nismos de monitoreo y seguimiento y su aporte a la
consecución del ODS 1 y 16”, enmarcándose en un
nivel “En Desarrollo” y “Optimizado”, respecti-
vamente, según la interpretación de la escala del
índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS

71
EJE 4 | EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El Gobierno Hondureño creó el portal denomi-
nado EMERGENCIA COVID19 para que todas las
instituciones que ejecutaron fondos para aten-
der la emergencia COVID-19 tuvieran la obliga-
ción de publicar la información sobre la admi-
nistración de los recursos en este sitio.
Adicionalmente, el Centro Nacional de Infor-
mación del Sector Social (CENISS), a través del
Sistema de Registro de Beneficiarios, recopiló
información sobre las personas atendidas por
las municipalidades con las raciones de alimen-
to. Con esta información, se generaron mapas
interactivos, cuadros detallados de ubicación
Mecanismos
de acceso a la información
y difusión de
resultados de la
información de los
programas de ayuda socio económica
EFICACIA
Difusión de
resultados y procesos de
retroalimentación
de la sociedad civil
EFICACIA
Impacto de
programas de ayuda socioeconómica
EFICACIA
Mitigación de los
efectos sociales y económicos
EFICACIA
100%
50%
0%
50%
EFICACIA EJE 4
50%
geográfica, montos asignados a cada municipio,
cantidad mínima de hogares a atender, porcen-
taje de la población atendida y el listado de per
–
sonas por municipio que firmaron las actas de
recepción de raciones de alimentos.
Como parte de la difusión de resultados, se com-
probó que el Gobierno de Honduras realizó ca-
denas de radio y televisión para informar a la
ciudadanía sobre algunos aspectos de la ejecu-
ción del Programa de Ayuda Socioeconómica,
evidenciando mecanismos de acceso a la infor –
mación y difusión de resultados del programa.
El Consejo Nacional Anticorrupción emitió el in-
forme “Prácticas Erróneas en la Administración
Pública”. Sin embargo, en el proceso de retroa-
limentación por parte de organizaciones de la
sociedad civil, se identificaron debilidades como
la falta de recomendaciones escritas y oportu-
nas a las entidades que ejecutaron el programa
de ayuda socioeconómica. Además, algunas re –
comendaciones no fueron vinculantes con el
citado programa, por lo que no se consideraron
en la implementación de correcciones o modifi-
caciones a los procesos. También hubo informes
por parte de la función de control y vigilancia en
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS

72
relación con los asuntos objeto de veeduría por
parte de organizaciones de la sociedad civil y la
ciudadanía en general, los cuales no se difundie-
ron a las instancias que podrían utilizarlos como
insumo para otras acciones de control.
Respecto al impacto del programa de ayuda so –
cioeconómica ejecutado en Honduras, el equi-
po interinstitucional emitió el “Informe de la
Operación Honduras Solidaria”, que reflejó los
modelos de ejecución del programa, los roles y
responsabilidades de las entidades, la red na-
cional de veedores, el contenido del saco y bol-
sa de alimentos entregados a la población y los
resultados cuantitativos de la ayuda (número y
porcentaje de familias atendidas). Sin embar –
go, el programa no definió una metodología de
evaluación del impacto. Adicionalmente, en los
gobiernos locales seleccionados como muestra
para la presente auditoría, tampoco se evaluó el
impacto del Programa de Ayuda Socioeconómi-
ca ejecutado.
En cuanto a los efectos sociales y económicos
producidos por la presencia del COVID-19, el
Programa Honduras Solidaria tuvo una mitiga-
ción limitada. El número de entregas de raciones
de alimento fue limitado, en comparación con el
período durante el cual la economía se mantuvo inactiva. El costo de las raciones de alimentos fue
significativamente inferior al costo de la canasta
básica, y la focalización de los beneficiarios de
–
finida en la etapa de planificación del programa
no se mantuvo en la ejecución del mismo. Esto
incrementó la brecha de la desigualdad social y,
por consiguiente, las condiciones de pobreza de
la población ligeramente por debajo de la media
determinada por el CENISS se agudizaron debi-
do a la presencia del COVID-19 en el país.
Por lo expuesto, el indicador 17 obtuvo un
100%, mientras que los indicadores 18, 19 y 20
obtuvieron 50%, 0% y 50%, respectivamente.
Esto se debe a que, en las modalidades centrali-
zada y descentralizada, las organizaciones de la
sociedad civil, en general, no retroalimentaron
el proceso; no se evaluó el impacto de la imple –
mentación de la “Operación Honduras Solida-
ria” y se mitigaron de forma limitada los efectos
sociales y económicos. Por lo tanto, el Gobierno
de la República de Honduras obtuvo un 50% en
la evaluación del principio de eficacia respec –
to a los indicadores que conformaron el EJE 4
“ Acciones definidas para evaluar los programas de
ayuda socioeconómica y la rendición de cuentas”, el
cual se enmarca en un nivel “En Desarrollo”,
según la interpretación de la escala del índice
integrado.
Índice Integrado Honduras
EFICACIA EFICIENCIA
63%59%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – HONDURAS

INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY
73
PARAGUAY
INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 presentó desafíos sin
precedentes a nivel global, requiriendo respues-
tas rápidas y eficaces de los gobiernos para mi-
tigar sus efectos. En Paraguay, la emergencia sa-
nitaria movilizó a diversas instituciones públicas
y privadas, las cuales adoptaron medidas excep –
cionales para proteger a la población vulnerable
y asegurar la continuidad de la economía. Este
informe de auditoría busca analizar y evaluar la
efectividad de las acciones emprendidas por el
gobierno paraguayo en el marco de la pandemia,
centrándose en cuatro ejes fundamentales: pre –
paración, planeación, implementación y segui-
miento, y evaluación y rendición de cuentas.
El primer eje, Preparación, examina las disposi-
ciones iniciales adoptadas por el gobierno para
enfrentar la crisis sanitaria. Desde la creación de
la Secretaría de Emergencia Nacional mediante
la Ley 2615/2005, hasta la declaración del esta-
do de emergencia sanitaria en marzo de 2020,
Paraguay estableció un marco normativo robus –
to para coordinar la respuesta a emergencias.
Este eje evalúa la definición de instituciones y
normativas orientadas a atender a la población
afectada, destacando la equidad de género y la
protección social como pilares fundamentales.
En el segundo eje, Planeación, se analiza la de –
finición e implementación de procedimientos
para la ejecución de programas de ayudas so –
cioeconómicas. El Ministerio de Hacienda, junto
con otras entidades, fue responsable de dise –
ñar y poner en marcha programas como “Ñan-
gareko” y “PYTYVO”, destinados a apoyar a los
trabajadores informales y a aquellos afectados
por la interrupción de actividades económicas.
Este eje examina la selección de beneficiarios, la asignación de presupuesto y la participación
de actores no públicos en el proceso de planifi-
cación, identificando áreas de éxito y oportuni-
dades de mejora.
El tercer eje, Implementación, Ejecución y Se
–
guimiento, aborda la operativización de los pro –
gramas de ayuda y el monitoreo de su impac –
to. El gobierno implementó mecanismos para
registrar, verificar y pagar a los beneficiarios,
así como para monitorear la efectividad de las
ayudas a través de transacciones electrónicas.
Sin embargo, se identificaron deficiencias en la
gestión de riesgos y en la implementación de
canales de comunicación para recibir quejas y
denuncias, lo cual afectó la transparencia y la
eficacia de las acciones emprendidas.
Finalmente, el cuarto eje, Evaluación y Rendi-
ción de Cuentas, se centra en la transparencia
y la retroalimentación con la sociedad civil. La
plataforma “Rindiendo Cuentas” permitió un
seguimiento detallado de los gastos y la difu-
sión de los resultados de las ayudas socioeco –
nómicas. A pesar de los avances en la divulga-
ción de información, se evidenció una falta de
mecanismos efectivos para captar la percep –
ción de los ciudadanos y beneficiarios sobre las
ayudas recibidas, lo que limitó la capacidad de
ajustar y mejorar las políticas implementadas.
En conjunto, este informe ofrece una visión
comprensiva de las medidas adoptadas por el
gobierno paraguayo durante la pandemia de
COVID-19. Al evaluar la preparación, planea-
ción, ejecución y evaluación de las acciones de
emergencia, se busca proporcionar recomen-
daciones que fortalezcan la capacidad del país
para enfrentar futuras crisis sanitarias y eco –
nómicas, asegurando una respuesta más efec –
tiva y equitativa.

74
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY
Fuente: EFS de Paraguay
Previo a la pandemia, mediante la Ley 2615/2005
de 10 de junio de 2005, se creó la Secretaría de
Emergencia Nacional en Paraguay, la cual de-
pende de la Presidencia de la República y tiene
como objetivo prevenir y contrarrestar los efec –
tos de las emergencias y desastres, mediante la
coordinación de las actividades de las institucio –
nes públicas y privadas.
La República de Paraguay, mediante el Decreto
del Poder Ejecutivo 3456/2020 de 16 de marzo
de 2020, declaró el estado de emergencia sani-
taria en todo el territorio nacional para el control
y cumplimiento de las medidas sanitarias dis –
EJE 1 | PREPARACIÓN
Definición de
instituciones líderes que
atiendan la
emergencia sanitaria Equidad en proceso de
preparación
de emergencia sanitaria Institución
líder orientada a la población vulnerable Marco legal
institucional Marco legal
emergencia sanitaria
EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA EFICACIA
100% 100% 100%
100% 100%
EFICACIA EJE 1
100%
74 puestas ante el riesgo de expansión del corona-
virus. Posteriormente, la Ley 6524/20 de 26 de
marzo de 2020 ratificó el estado de emergencia
ante la pandemia causada por el COVID-19 y es –
tableció medidas administrativas, fiscales y fi-
nancieras para la protección del empleo y evitar
el corte de la cadena de pagos.
Mediante el Decreto del Poder Ejecutivo
3506/2020 del 31 de marzo de 2020, se regla-
mentaron las funciones, obligaciones y procedi-
mientos a llevar a cabo por las instituciones con
participación directa e indirecta, las cuales fue –
ron las encargadas de atender la emergencia sa-
nitaria en lo referente a los programas de ayudas
socioeconómicas en el marco del COVID-19. Estas
ayudas se implementaron mediante transferen-
cias monetarias (4 instituciones), transferencias
en especie (4 instituciones), servicios básicos (2
instituciones) y protección social (10 entidades).
Posteriormente, las instituciones que intervinie –
ron directa e indirectamente emitieron decre –
tos y emprendieron acciones para adaptar sus
normativas en los ámbitos económico, sanitario
y social; incluyendo conceptos de desarrollo, in-

75
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY
clusión y protección social con el objetivo de res-
guardar a la población más vulnerable mediante
la entrega de las ayudas socioeconómicas.
Las ayudas socioeconómicas tuvieron como po –
blación objetivo a trabajadores informales que
realizan actividades por cuenta propia o que es –
tán en dependencia de alguna Micro, Pequeña o
Mediana Empresa, así como a los trabajadores
cotizantes activos afectados por el cese total de
las actividades de los sectores económicos afec –
tados, incluyendo indirectamente a sus núcleos
familiares.
Además, el Ministerio de Hacienda facultó al
Poder Ejecutivo para realizar modificaciones en
el presupuesto de los Organismos y Entidades
del Estado, a través de la Ley 6469/2020 de 2
de enero de 2020, en la cual se aprobó el Pre –
supuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2020.
Respecto al marco legal para atender emergen-
cias sanitarias en Paraguay, se cuenta con los si-
guientes cuerpos normativos:
•

Le

y 6524 del 26/03/2020 que declaró el esta-
do de emergencia y estableció medidas admi-
nistrativas, fiscales y financieras.
•

Decr

etos 3446/2020, 3506/2020,3531/2020
y 3536/2020 que reglamentan y modifican la
Ley 6524/2020. •
Decr eto 3456/2020 se declaró el estado de
emergencia sanitaria en todo el territorio Na-
cional para el control del cumplimiento de las
medidas sanitarias.
•

Decr

etos 3576/2020, 3619/2020, 3706/200,
3835/2020 Fase I, II, III, IV.
•

Le

y 6587 del 04/08/2020 “Pytyvo 2.0” y De-
creto 6587/2020.
•

Le
y 6603/2020 “Ollas populares”.
•

Le
y 6584/2020 “Artistas”.
Por lo expuesto, los indicadores 1, 2, 3, 4 y 5
presentan un resultado óptimo, ya que se con-
tó con la definición de instituciones orientadas
a atender a la población vulnerable afectada por
la emergencia sanitaria, y se emitieron norma-
tivas que consideraron los aspectos de desa-
rrollo, inclusión y protección social, así como la
equidad de género. Por ello, se obtuvo un 100%
en la evaluación del principio de eficacia de
los indicadores 1 al 5 que conformaron el EJE
1 “Preparación de los Gobiernos Nacionales para
atender emergencias sanitarias” de la audito –
ría coordinada, la cual se enmarca en un nivel
“ Optimizado”, acorde a la interpretación de la
escala del índice integrado.

76
EJE 2 | PLANEACIÓN
El Ministerio de Hacienda, mediante el Decreto
3495 del 30 de marzo de 2020, creó el programa
de apoyo para la seguridad alimentaria “Ñanga-
reko” y encargó a la Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN) la compra de alimentos y pro-
100%
100%
Definición
oportuna de criterios de
selección de
beneficiarios
EFICIENCIA
Información y acciones con
perspectiva de género
EFICACIA
Presupuesto del Programa
EFICACIA
Definición
oportuna de
instrumentos de
control financiero
EFICIENCIA
Participación de actores
relevantes en la definición
de criterios de selección de
beneficiarios
EFICACIA
Información de
calidad para
formulación y ejecución del programas
EFICIENCIA
50% 50%50%
25%
EFICACIA EJE 2
EFICIENCIA EJE 2
58%67%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY
ductos de higiene para jornaleros, vendedores
informales y personas en situación vulnerable
que no participen en programas sociales ni re –
ciban pensiones de la tercera edad. Mediante
el Decreto 3506, se creó el programa PYTYVO,
orientado a la protección del ingreso, cuya po –
blación objetivo son los trabajadores informales
que realizan actividades por cuenta propia o que
dependen de alguna micro, pequeña o mediana
empresa. Posteriormente, se amplió con la Ley
6587, denominándose PYTYVO 2.0, para im-
plementar un programa de asistencia a trabaja-
dores en situación de informalidad en algunos
sectores de la economía, priorizando a aquellos
que residen en ciudades fronterizas y a los que
fueron despedidos durante la declaración del es –
tado de emergencia nacional, mediante un pago
dividido en cuatro partes.
Para este fin, se creó un Fondo Social, al que el
Poder Ejecutivo aportó para su constitución y se
encargó de reglamentar su funcionalidad y con-
diciones. Dicho fondo fue administrado por el
Ministerio de Hacienda.
Se evidenció la participación de las institucio –
nes líderes en el proceso de entrega de ayuda
socioeconómica. Sin embargo, el Ministerio de

77
Hacienda, en relación a la participación de ins-
tituciones no públicas, mencionó: “Desde esta
Cartera de Estado no tenemos conocimiento de
la conformación de comités o comisiones para
la planificación de las acciones en el marco de la
pandemia”, por lo que el porcentaje de cumpli-
miento del indicador 7 es del 25%.
La definición de criterios para la selección de los
beneficiarios se sustentó en lo establecido en la
Ley 6524/20 del 26 de marzo de 2020, que au-
torizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Hacienda, a implementar medidas para sal-
vaguardar los ingresos de los trabajadores en si-
tuación de informalidad. A tal efecto, se otorgó
un subsidio del 25% del Salario Mínimo Legal
Vigente a trabajadores por cuenta propia o de –
pendientes de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES) que cumplían con los re –
quisitos establecidos en dicha ley. Sin embargo,
no se realizó una validación de la base de datos
de sectores vulnerables, a pesar de que el Mi-
nisterio de Hacienda contaba con información
completa y actualizada. Por ello, se ejecutaron
transferencias de recursos a personas que no
cumplían con los requisitos generales previs –
tos en la Ley 6524/20 y las Resoluciones CGR
637/19 y 211/20, que disponían la realización
de una Fiscalización Especial Inmediata al MH
como entidad directamente afectada por la
emergencia sanitaria. La información y acciones implementadas en
el marco de la emergencia sanitaria no hicieron
distinción de género; los criterios de selección
se basaron en la edad y el nivel socioeconómico.
Se observó que la distribución fue mayormente
equitativa, considerando que el porcentaje de
mujeres beneficiarias fue del 50% al 52%, leve
–
mente superior al de los hombres, cuyo porcen-
taje comprendió entre el 48% y el 50%.
El Ministerio de Hacienda determinó un presu-
puesto para atender los programas de ayudas
socioeconómicas, conforme a las necesidades
impuestas por la pandemia en el país, con el fin
de adoptar medidas para reducir sus efectos. El
total ejecutado contribuyó a la consecución del
ODS 1, meta 1.3, entre otros; pero no al ODS 16,
meta 16.6.
En lo referente al control financiero, la Ley
6524/2020 creó una Comisión Bicameral del Con-
greso, de carácter transitorio, por la duración del
ejercicio fiscal 2020, para el control permanente
en materia de transparencia en la administración
de los recursos previstos. Dicha comisión se inte –
gró por seis senadores y seis diputados. Adicio –
nalmente, la Contraloría General de la República
(CGR), en coordinación con la Secretaría Nacio –
nal Anticorrupción y los órganos de control per –
tinentes, establecieron lineamientos en materia
de transparencia y control en la administración
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY

78
de los recursos previstos y de prevención de he-
chos de corrupción, fomentando la participación
ciudadana en procesos de rendición de cuentas.
Por lo manifestado, se puede concluir que los
indicadores 6 y 9 alcanzaron un porcentaje de
cumplimiento del 100%, debido a que existió
una definición oportuna de criterios de selec –
ción de beneficiarios, así como equidad en la
distribución de los recursos; considerando que
la distribución fue mayormente equitativa, sin
distinción de género, con un porcentaje de mu-
jeres beneficiarias del 50% al 52%, levemente
superior al de los hombres, cuyo porcentaje fue
del 48% al 50%. Con relación a los indicadores 8,
10 y 11, alcanzaron el 50%, puesto que se contó
con información completa y actualizada a partir
del registro de los posibles beneficiarios, pero no
fue validada, lo que ocasionó la transferencia a
personas que no reunían los requisitos exigidos
para ser beneficiadas con las ayudas socioeco –
nómicas. Además, se contó con presupuesto
para la ejecución de las ayudas e instrumentos de control financiero para precautelar el uso de
los fondos, los cuales, según el MH, solo aporta-
ron a la consecución del ODS 1, meta 1.3, entre
otros, pero no al ODS 16, meta 16.6.
En cuanto a la participación de instituciones pri-
vadas, sociedad civil, ONGs, entre otros, para la
definición de los criterios de selección de los be
–
neficiarios, esta no fue considerada, por lo que el
indicador 7 alcanzó el 25%.
Por lo expuesto, se obtuvo un 66.67% en la eva-
luación del principio de eficiencia respecto de
los indicadores 6, 8 y 11, y un 58.33% en efica-
cia de los indicadores 7, 9 y 10, respectivamente,
que conformaron el EJE 2 “Definición e implemen –
tación de procedimientos que contribuyan al desa –
rrollo de la planificación de los programas de ayuda
socioeconómica frente a la pandemia COVID-19 y su
aporte a la consecución del ODS 1 y 16” de este ejer –
cicio de fiscalización, el cual se enmarca en un
nivel “En desarrollo”, acorde a la interpretación
de la escala del índice integrado.
EJE 3 | IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Cobertura
oportuna a
beneficiarios Toma oportuna de medidas correctivas Identificación y Mitigación de Riesgos
en programas ejecutados Canales de
comunicación
y mecanismos
de coordinación de calidad que permitieron
alcanzar los objetivos y
metas de los programas de ayuda
socioeconómica Control,
monitoreo y evaluación oportuna
del avance y
cumplimiento
de los objetivos y metas de
los programas de ayuda
socioeconómica
EFICIENCIA EFICACIA EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA
100% 100%
50%
33% 33%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY

79
El Gobierno de la República del Paraguay, a tra-
vés del Ministerio de Hacienda (MH), realizó la
estimación de la cantidad de potenciales bene-
ficiarios de las ayudas sociales. Posteriormente,
avanzó con el registro, inscripción y verificación
de los beneficiarios, quienes fueron incorpora-
dos a la planilla de pagos. El avance y cumpli-
miento de los objetivos de los programas fueron
monitoreados a través de las transacciones re –
portadas por las Entidades y Medios de Pagos
Electrónicos (EMPEs), observándose la inyección
económica de los programas y el movimiento de
recursos generado a través de las acreditaciones.
A continuación, se expone el detalle de la cober –
tura de beneficiarios al 31 de diciembre de 2020:
EFICACIA EJE 3
EFICIENCIA EJE 3
33%71%
El número de beneficiarios del programa PYTYVO
se estimó en 1,180,000 personas. Los dos pagos
previstos alcanzaron una cobertura del 93.59% y
92.32%, respectivamente. En el caso del progra-
ma PYTYVO 2.0, se sobreestimó la cantidad de
beneficiarios en los primeros dos pagos; sin em-
bargo, para el tercer pago, el número de benefi-
ciarios se redujo a un total de 737,927 personas,
logrando así una cobertura del 85%.
El MH estableció metas y objetivos para cada
uno de los programas de ayudas socioeconómi-
cas, contemplando fechas de inicio y fin para su cumplimiento. Sin embargo, los riesgos asocia-
dos al cumplimiento de estos objetivos, así como
los relacionados con la asignación presupuesta-
ria, no fueron considerados.
La principal limitación durante la ejecución de
la ayuda socioeconómica fue el factor tiempo, ya
que el subsidio debía llegar a una gran cantidad
de beneficiarios en un corto plazo. A pesar de
esto, el diseño, la puesta en marcha y la difusión
a la ciudadanía se llevaron a cabo eficientemen-
te durante la cuarentena total implementada por
el gobierno paraguayo.
PROGRAMA
CANTIDAD DE PERSONAS
PARA RECIBIR EL
SUBSIDIO ESTABLECIDAS COMO META. CANTIDAD DE PERSONAS
BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO
Pytyvo 1 180 000
1° Pago 1 104 316
1 180 000 2° Pago 1 089 402
Pytyvo 2.0 1 595 500
1° Pago 699 280
1 595 500 2° Pago 640 481
737 927 3° Pago 627 305
Fuente: Nota A.I/C.G.R. N° 11/2022 en respuesta al Memorándum CGR/DGCFP N° 03/2022
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY

80
No obstante, se estableció que el MH no realizó
la matriz de riesgos, por lo que el indicador 13
alcanzó un porcentaje del 33.33%.
El avance y cumplimiento de los objetivos de los
programas fueron monitoreados a través de las
transacciones reportadas por las EMPEs, obser-
vándose la inyección económica de los progra-
mas y el movimiento económico generado a tra-
vés de las acreditaciones.
La Ley de Emergencia, así como los decretos
emitidos en consecuencia, reglamentaron los
procesos y se ajustaron a los distintos escena-
rios que iban surgiendo. Las instituciones ade –
cuaron sus reglamentaciones y procedimientos
para acompañar la actuación del gobierno en la
planificación, ejecución y monitoreo de los pro –
gramas, permitiendo el cumplimiento de los ob –
jetivos con transparencia.
En cuanto a las acciones correctivas para los ca-
sos de denuncias referentes a pagos de subsidios,
el Ministerio de Hacienda mantuvo una comuni-
cación constante desde el inicio con la Dirección
de Anticorrupción para precautelar los fondos
públicos administrados. Sin embargo, no se esta-
blecieron canales de comunicación que facilita-
ran el flujo de información a través de sitios web o
vía telefónica para la recepción de quejas o suge –
rencias por parte de los beneficiarios.
Asimismo, mediante la habilitación del portal
de denuncias de la Secretaría Anticorrupción, el
mapa de riesgo de corrupción y la creación de la
comisión bicameral del Congreso, se realizaron
gestiones administrativas para la devolución de
los montos transferidos por parte de los benefi- ciarios que, posterior a nuevos controles, resulta-
ron con algún impedimento para optar por la ayu-
da socioeconómica. Esto permitió precautelar los
fondos públicos y, en aquellos casos en los que no
fue posible su recuperación, el mecanismo esta-
blecido fue la comunicación al Ministerio Público.
Por lo manifestado, se puede concluir que los
indicadores 12 y 15 alcanzaron un porcentaje
de cumplimiento del 100%. En relación a los
indicadores 13, 14 y 16, obtuvieron valores in-
feriores al 50%, debido a que, aunque se dio co
–
bertura a la población vulnerable y se observó el
monitoreo por parte del MH del avance y cum-
plimiento de los objetivos y metas de los progra-
mas de ayudas socioeconómicas, no se realizó el
control y seguimiento de los resultados para im-
plementar acciones correctivas. El MH se limitó
a mantener contacto con la Dirección de Anti-
corrupción y no remitió evidencias documenta-
les sobre la remisión de antecedentes de estas
denuncias al Ministerio Público. Además, no se
establecieron riesgos para el establecimiento de
cronogramas ni para el cumplimiento de la asig –
nación presupuestaria.
Por lo expuesto, se obtuvo un 70.83% en la eva-
luación del principio de eficiencia respecto a los
indicadores 12, 14, 15 y 16, y un 33.13% en efi-
cacia del indicador 13, que conformaron el EJE 3
“Los Gobiernos Nacionales en la implementación y
ejecución de los programas de ayuda socioeconómica
frente a la pandemia de COVID-19 incluyeron meca –
nismos de monitoreo y seguimiento y su aporte a la
consecución del ODS 1 y 16”. Este eje se enmarca
en un nivel “En desarrollo” y “En formación”,
respectivamente, acorde a la interpretación de la
escala del índice integrado.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY

81
EJE 4 | EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El acceso a la información sobre las ayudas de
emergencia y la divulgación de los resultados se
realizó a través de la implementación de la pla-
taforma “Rindiendo Cuentas”. Esta plataforma
permite el seguimiento de los gastos efectuados
en el marco de la pandemia. Su objetivo prin-
cipal es impulsar la transparencia, fomentar la
participación y potenciar el interés de la ciuda-
danía en conocer cómo se planifican, captan e
invierten los recursos del Estado, así como re-
forzar el control y seguimiento del presupuesto
público. Su gran funcionalidad radica en su inte –
gralidad, pues permite visualizar la información
disponible sobre la planificación, presupuesto
Mecanismos
de acceso a la información
y difusión de
resultados de la
información de los
programas de ayuda socio económica
EFICACIA
Difusión de
resultados y procesos de
retroalimentación
de la sociedad civil
EFICACIA
Impacto de
programas de ayuda socioeconómica
EFICACIA
Mitigación de los
efectos sociales y económicos
EFICACIA
100% 100%
50% 50%
EFICACIA EJE 4
75%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY
y ejecución de créditos presupuestarios de los
diferentes organismos y entidades del Estado,
mostrando el desempeño de los mismos.
En relación con los mecanismos de acceso a la
información y difusión de resultados, se eviden-
ció que se iniciaron acciones. Sin embargo, la re –
troalimentación con la sociedad civil fue parcial
o nula, ya que no se implementaron estrategias
orientadas a obtener la percepción de la ciuda-
danía sobre los beneficios otorgados en atención
a la emergencia sanitaria. Esto impidió la imple –
mentación de acciones futuras para evaluar los
programas. Es decir, el equipo auditor no consta-
tó la implementación de procesos o instrumen-
tos que permitieran conocer la percepción de los
beneficiarios y de la ciudadanía en general sobre
las ayudas socioeconómicas y su repercusión
durante la pandemia.
Respecto a la evaluación del impacto del pro –
grama, se supo que la metodología adoptada
para evaluar el impacto de los programas de
ayudas socioeconómicas fue realizada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyas
publicaciones estadísticas se refirieron a las
ayudas socioeconómicas implementadas. Sin

82
embargo, la medición de resultados se realizó
de forma global, sin considerar los programas
de manera individual.
Se evidenció que las ayudas socioeconómicas
implementadas por el gobierno nacional mitiga-
ron los efectos de la pandemia en lo referente al
aumento esperado de la línea de pobreza, cum-
pliendo con la reglamentación establecida para
asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Se puede concluir que los indicadores 17 y 20
obtuvieron un 100%, ya que se contaron con
mecanismos de acceso y difusión de resultados
de la información de los programas de ayudas
socioeconómicas a través de la implementación
de la plataforma “Rindiendo Cuentas”. Además,
según las publicaciones del INE, se evidenció
que las ayudas socioeconómicas implementa-
das por el gobierno evitaron que el nivel de po-breza alcanzara cifras más altas que las regis
–
tradas. En relación con los indicadores 18 y 19,
se alcanzó un 50%, ya que en la difusión de re –
sultados y procesos de retroalimentación no se
observó gestión por parte de la institución líder
para obtener la percepción de los beneficiarios,
y no se visualizaron mecanismos de recepción
de quejas y denuncias. Además, la medición de
resultados se realizó de forma global para todos
los programas, sin considerar las ayudas socioe –
conómicas de forma individual.
Por lo expuesto, se obtuvo un 75% en la evalua-
ción del principio de eficacia respecto a los indi-
cadores 17, 18, 19 y 20, que conformaron el EJE
4 “Acciones definidas para evaluar los programas
de ayuda socioeconómica y la rendición de cuen –
tas ”. Este eje se enmarca en un nivel “Optimi-
zado”, acorde a la interpretación de la escala del
índice integrado.
Índice Integrado Paraguay
EFICACIA EFICIENCIA
78%
69%
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO – PARAGUAY

83
Los programas de ayuda socio económica
y la Agenda 2030
Desde su concepción, los programas de ayuda socio económica creados por los gobiernos estuvieron
orientados a poblaciones vulnerables a fin de evitar el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad de
los sectores sociales, contribuyendo directamente a la meta del ODS # 1.3. “Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo”.
CAPÍTULO III
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

84
Aunque la mayoría de los gobiernos incluyó
explícitamente criterios de equidad durante la
planificación de los programas de ayuda socioe-
conómica, estos cambiaron durante la imple –
mentación. Por ejemplo, inicialmente se consi-
deró que solo las mujeres son cabezas de familia
monoparental, una situación que no se cumple
en todos los casos, por lo que esta consideración
tuvo que ser modificada. Este cambio permitió
una aplicación más equitativa de los beneficios,
destacando la condición socioeconómica de los
ciudadanos y mejorando así el aporte de los pro –
gramas a la meta 1.3. de los ODS.
La mitigación de los efectos de la pandemia a
nivel social se abordó desde diversas aristas,
considerando que los factores generadores de
pobreza son múltiples. Uno de ellos es la pérdida
de empleo, un aspecto considerado por algunos
gobiernos de la región, que aplicaron acciones
emergentes para impedir que el impacto de la
pandemia fuera mayor y más difícil de recuperar
en los años siguientes.
La existencia de entidades líderes y la disponi-
bilidad de información de los ciudadanos bene –
ficiarios contribuyó a la meta 1.3.1. al facilitar la
identificación y atención de los necesitados. Sin
embargo, algunos factores limitaron un mayor impacto en la atención a los grupos vulnerables,
principalmente la falta de confiabilidad en la in-
formación utilizada para identificar a los benefi-
ciarios. Las bases de datos gubernamentales no
se contrastaron entre instituciones, beneficiando
a ciudadanos no elegibles y excluyendo a aque
–
llos que sí cumplían los criterios. Además, la bre –
cha tecnológica impidió el registro de personas
vulnerables en los aplicativos gubernamentales,
afectando la consecución de la meta 1.3.
En conclusión, aunque los programas de ayuda
socioeconómica contribuyeron a la meta 1.3.1.
de la Agenda 2030, es necesario aplicar acciones
preventivas y alineadas con los instrumentos in-
ternacionales en los planes de desarrollo nacio –
nales para potenciar su impacto y enfrentar futu-
ras emergencias, reduciendo así las afectaciones.
Respecto al aporte a la meta 16.6: “Crear a todos
los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas” del ODS 16, los programas
de ayuda socioeconómica podrían haber tenido
un mayor impacto mediante la implementación
de mecanismos de control, seguimiento y eva-
luación efectivos y eficaces en todos los países,
permitiendo detectar y atender situaciones no
previstas y fortalecer la gestión de riesgos aso –
ciados a estos programas.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

85
Conclusiones y
resultados de los
índices regionales
Todos los gobiernos conformaron comités de cri-
sis integrados por varias entidades encargadas
de ejecutar acciones para atender la emergencia
sanitaria. Además, la emisión de disposiciones
legales y normativas permitió asignar funciones
y atribuciones. Sin embargo, en algunos países
existen oportunidades de mejora en lo referente
a la determinación de mecanismos de coordina-
ción interinstitucional, lo que puede constituir
un riesgo en la ejecución de los programas de
ayuda socioeconómica.
Los gobiernos incluyeron lineamientos de equi-
dad mediante el establecimiento de criterios que
no se limitaron únicamente a un aspecto de gé-
nero, sino que consideraron la realidad socioe –
conómica de ciertos grupos de ciudadanos, tales
como la existencia de hogares monoparentales,
situación de pobreza y reducción de tasas de
desempleo mediante la modificación de las con-
diciones laborales. Sin embargo, es importante
que estos criterios se definan de manera explíci-
ta desde el inicio de los programas de ayuda so –
cioeconómica, ya que su modificación posterior
podría incidir en los resultados de la implemen-
tación de los programas.
Todos los gobiernos contaron con leyes, decretos,
normas aclaratorias, informes, datos estadísticos
y otros medios referentes al consumo que permi-
tieron la definición de criterios para seleccionar
beneficiarios de ayudas económicas y atender a
los sectores más vulnerables de la sociedad. Para
ello, el sector gubernamental participó mayori-
tariamente con sus distintas instancias y se de –
finieron bases de datos e información de benefi-
ciarios. Sin embargo, la falta de involucramiento
del sector privado y de la sociedad civil generó
información parcial y en algunos casos incom-
pleta que, además, no se validó previamente. Esto
permitió que se otorgaran ayudas económicas a
personas que no cumplían los requisitos estable –
cidos. A pesar de ello, se brindó mayor ayuda a las
mujeres de manera equitativa. Dichas asistencias contaron con los recursos, presupuestos y asigna-
ciones para afrontar la crisis y fueron monitorea-
das y controladas a través de instancias y organis
–
mos gubernamentales a fin de transparentar los
procesos de otorgamiento de recursos y, en caso
de requerirse, efectuar la recuperación de valores
indebidos pagados para precautelar el uso de los
recursos de los gobiernos.
A través de sus instituciones, los gobiernos na-
cionales de la región implementaron procedi-
mientos para obtener información de los ciuda-
danos que accedieron a los Programas de Ayuda
Socioeconómica, lo que permitió garantizar una
cobertura de 73,67%, demostrando que este in-
dicador estuvo EN DESARROLLO.
Dentro de los procesos de preparación, planifi-
cación y ejecución de los programas de ayudas
socioeconómicas, los países de la región no es –
tablecieron controles exhaustivos para garan-
tizar el cumplimiento de metas y objetivos, los
cronogramas y la asignación presupuestaria, lo
que evidenció que en la región estas actividades
se encontraron EN DESARROLLO con un cum-
plimiento de 48,92%.
En cuanto al proceso de preparación, planifi-
cación y ejecución de los programas de ayuda
socioeconómica implementados por los países
de la región, las instituciones establecieron pro –
cedimientos que contribuyeron a mantener una
mejor comunicación e intercambio de informa-
ción, alcanzando un cumplimiento de 84,86%,
equivalente a un nivel OPTIMIZADO.
En referencia al monitoreo, evaluación y segui-
miento del cumplimiento de los objetivos y me –
tas de los programas de ayudas socioeconómi-
cas, las instituciones no establecieron controles
que permitieran medir el avance hacia la conse –
cución de lo planificado para beneficio de la po –
blación vulnerable y la implementación de polí-
ticas públicas. Esto resultó en un cumplimiento
de 28,57%, evidenciando que este aspecto se
encontró en un nivel EN FORMACIÓN.
Como parte del seguimiento al cumplimiento de
las metas y objetivos institucionales y naciona-
les, los países de la región no priorizaron con-
tar con información completa y verificable que
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

86
contribuyera a la toma oportuna de medidas co-
rrectivas y eficientes, lo que resultó en un cum-
plimiento de 61,76%, evidenciando que este
proceso se encontraba EN DESARROLLO.
En referencia a los mecanismos de acceso a la
información pública y de divulgación de los re –
sultados de los programas de ayuda, los países
implementaron parcialmente estos mecanis –
mos, ya que no consideraron una retroalimenta-
ción con la sociedad civil.
Los programas de ayudas socioeconómicas fue –
ron medianamente eficaces para satisfacer las
necesidades de la población más vulnerable.
Esto se debe a que los gobiernos enfrentaron va-
rios desafíos que, en conjunto, hicieron que las
medidas adoptadas fueran insuficientes para
mitigar el impacto social y económico de la pan-
demia, considerando que los modelos de protec –
ción social están supeditados a criterios de ele –
gibilidad y fuentes de financiamiento. Recomendaciones
Todo lo mencionado lleva que los gobiernos con-
sideren las experiencias aprendidas desde un
enfoque preventivo. Es decir, analizar y evaluar
los aspectos susceptibles de mejora para permi-
tir la generación, mantenimiento o reforma de
la normativa y la organización de las entidades
estatales. Esto les permitirá responder eficiente –
mente a eventuales emergencias, independien-
temente de su naturaleza, y estructurar progra-
mas de asistencia social emergente que inicien
su implementación en el menor tiempo posible.
Los gobiernos deben evaluar los puntos críticos
o deficiencias presentadas en los procesos desa-
rrollados e implementados durante la pandemia,
elaborando planes que les permitan enfrentar
mejor futuras eventualidades o contingencias.
Esto garantizará que los proyectos o programas
lleguen a más beneficiarios con información
oportuna, completa, verificada y precisa. Ade –
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

87
más, se recomienda siempre precautelar que
los recursos públicos se entreguen a los más
vulnerables mediante procesos transparentes,
aprovechando el contingente público y priva-
do y logrando un mayor involucramiento de los
distintos sectores. Esto contribuirá a cumplir los
objetivos de las ayudas socioeconómicas, man-
teniendo un adecuado control y garantizando el
uso adecuado de los recursos.
Los gobiernos nacionales, mediante la imple-
mentación de procesos de focalización y terri-
torialización, deben asegurar que las ayudas
socioeconómicas sean entregadas a la población
objetivo, procurando una cobertura óptima de
este beneficio.
Es imperante fortalecer, a través del desarrollo
de instrumentos de planificación y política pú-
blica, las etapas de formulación e implemen-
tación de programas de ayuda impulsados por
los gobiernos de la región. Esto permitirá a los
estados contar con mecanismos aplicables en
caso de emergencias, incrementando la eficacia
y eficiencia de los programas e identificando y
mitigando los riesgos.
Es importante que los gobiernos nacionales
mantengan y evalúen los canales de comunica-
ción y coordinación intersectorial, para asegu-
rar un flujo adecuado de información necesaria
para la toma de decisiones oportunas y efecti-
vas. Asimismo, se recomienda revisar la infor –
mación de las bases de datos de ciudadanos
considerados en los grupos vulnerables, a fin de
contar con información actualizada y confiable
que permita determinar el número de ciudada-
nos objetivo de los programas de ayuda socioe –
conómica y, por lo tanto, los presupuestos nece –
sarios para financiarlos.
El fortalecimiento de los mecanismos de segui-
miento y control por parte de los estados per –
mitirá verificar el avance del cumplimiento de
los objetivos institucionales y nacionales, faci- litando la detección de posibles desviaciones
para ser atendidas oportunamente o prevenir su
generación. Además, la mejora de estos meca-
nismos también debería considerar como insu-
mos las denuncias y/o quejas, proporcionando el
respaldo suficiente y pertinente para la toma de
decisiones oportuna y eficiente.
Es crucial que los gobiernos nacionales manten-
gan y fortalezcan los mecanismos que permitan
que la población tenga acceso a la información
sobre las ayudas socioeconómicas, fomentando
una mayor participación ciudadana y la identifi-
cación de beneficiarios.
La implementación de estrategias y mecanismos
por parte de los gobiernos nacionales, orienta-
das a obtener la percepción de la sociedad civil
sobre los beneficios otorgados, permitirá mejo
–
rar los procesos y tomar decisiones basadas en
la información proveniente de los beneficiarios
y otras partes interesadas.
Es esencial que las entidades públicas establez –
can mecanismos para evaluar el impacto de las
ayudas socioeconómicas, a fin de contar con
información para la mejora continua de los pro –
gramas y la toma de decisiones oportunas.
Se destaca la necesidad de establecer mecanis –
mos de recolección de aportes de las organi-
zaciones sociales, tanto de manera presencial
como digital, que permitan formular objetivos
y metas de los proyectos de los programas de
ayuda socioeconómica implementados por los
estados, asegurando así la inclusión de diversos
criterios y grupos sociales en las fases de formu-
lación e implementación de los programas.
Por último, los estados deben mejorar las estra-
tegias que permitan identificar brechas y nece –
sidades de protección social para la población
más vulnerable, con el fin de mitigar el impacto
de posibles emergencias mediante acciones ar –
ticuladas entre las entidades competentes.
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

88 Durchgeführt von:
Por meio da:
Por medio de la:
Implemented by:
COORDINACIÓN
ECUADOR
Contraloría General de la República del Ecuador
Juan Sebastián Arias Guamán
(Coordinador General)
Marco Terán Santamaría (Coordinador Técnico)
Pablo Chalco Loya (Especialista Temático)
Leyla Tapia Hoyos (Actuario)
Verónica Quintana Pérez
Alf redo Vladimir Hidalgo
Adriana Cueva Buitrón
Daniel Crespo Pazmiño (Enlace técnico CTCT)
EJECUCIÓN
ARGENTINA
Auditoría General de la Nación
Macarena Barrile
María Laura Fragoso
Deborah Goren
Jesica Seranusoglu
Agustín Paz Mercado
Proyecto regional Fortalecimiento del
Control Externo en el Área Ambiental
Proyecto regional Fortalecimiento del
Control Externo para la Prevención y
Lucha Eficaz contra la Corrupción
Erwin Ramírez (Director)
Katrina Narguis (Asesora Técnica)
Melissa Narro (Consultora) Presidencia de la OLACEFS
Contraloría General de la República del Paraguay
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Auditoría Superior de la Federación de México
Presidencia de CTCT de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile
Coordinación de la Auditoría Coordinada
Contraloría General del Estado de la República
del Ecuador
AGRADECIMIENTOS
La participación efectiva y la ayuda mutua de los actores involucrados y partes interesadas fueron fun-
damentales para la realización de esta auditoría coordinada en América Latina y el Caribe. Además, el
éxito de este trabajo de gran magnitud se debe a la dedicación de los equipos de auditoría en las diver
–
sas etapas de este trabajo.
Cabe destacar el apoyo técnico recibido de la Cooperación Alemana, por medio de la Deustche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través de los Proyectos regionales “Fortalecimiento del Control
Financiero Externo en el Ámbito Ambiental y Fortalecimiento del Control Financiero Externo para la Pre –
vención y Combate Eficaz de la Corrupción”, que contribuyó a la buena ejecución de los trabajos.
APOYO TÉCNICO
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO

89
Imágenes
Portada • Freepik
Pág. 4 • Thaut Images /AdobeStock
Pág. 9 • Divulgación
Pág. 13 • Freepik
Pág. 18 • Anna Shvets/Pexels
Pág. 23 • Freepik
Pág. 26 • Dollar Gill/Unsplash
Pág. 31 • Ivan Samkov/Pexels
Pág. 42 • Rafael Urdaneta/UnsplashPág. 48 • De An Su/Unsplash
Pág. 51 • Steven Cornfield/Unsplash
Pág. 58 • John Alvin Merin/Unsplash
Pág. 60 • Jan Kopriva/Unsplash
Pág. 68 • Kojo Kwarteng/Unsplash
Pág. 77 • Mufid Majnun/Unsplash
Pág. 83 • Parastoo Maleki/Unsplash
Pág. 84 • Eric Elter/Unsplash
Pág. 86 • Nathana Reboucas/Unsplash
BRASIL
Tribunal de Cuentas de la Unión
Helena Álvares da Silva Vianna
Ana Cristina Bittercourt Santos
Marcos Lima de Matos
Luiza da Silva Jaques
HONDURAS
Tribunal Superior de Cuentas
Yessy Marlen Rubio
Victor Manuel Morán
Imelda Tercero Lobo
Fredis Castro Galeano
Mayra Vásquez Girón
José Fernando Fuentes PARAGUAY
Contraloría General de la República
Lidia Fabiola Grijalba
José Roberto Araujo
Fabiola Alejandra Encina
Karina Mazacotte
Leydi Figueredo GUATEMALA
Contraloría General de Cuentas
Lisbeth Cajas Acosta
Rubén Paz Velásquez
Roberto Quan Martínez
Juan Carlos Angelio Gómez
Flor de María Castillo Mejía
EJECUCIÓN
Proyecto gráfico, portada, diagramación
Bia Gomes y Cecília Gomes • Revuo Design
INFORME REGIONAL CONSOLIDADO