La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y la Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) de 1969 definen a los migrantes como personas que se desplazan dentro o fuera de su país de origen, considerándose inmigrante a quien llega de otro país, mientras que el emigrante abandona su país de origen. El término refugiado se refiere a una persona que, debido a un temor fundado de persecución y a un riesgo de violencia y violación de los derechos humanos, se ve obligada a abandonar su país de origen para buscar protección internacional. Los apátridas, por otro lado, son personas sin nacionalidad y no se consideran nacionales de ningún país. Estas personas sufren la privación de los derechos más básicos y a menudo son perseguidas.

El flujo de migrantes, refugiados y, en menor medida, apátridas, es un fenómeno social y una realidad mundial. Este movimiento se ve influenciado por diversos contextos internacionales y se ha ido modificando a lo largo de la historia, además de que puede producirse a través de desplazamientos tanto forzosos como voluntarios.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la actualidad hay 114 millones de personas desplazadas, principalmente debido a conflictos. Filippo Grandi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, describió este fenómeno como «un síntoma tangible, pero a veces desatendido, del actual desorden extremo del mundo» en su presentación anual ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en octubre de 2023.

Sin embargo, estas cifras no incluyen a todas las personas que forman el colectivo de inmigrantes, refugiados y apátridas. Además de los conflictos, otros factores, como las condiciones socioeconómicas y, más recientemente, los factores medioambientales, motivan a las personas a cruzar las fronteras de sus países. Los eventos climáticos extremos, como huracanes, sequías e inundaciones, tienen un impacto directo en la vida de las comunidades, a menudo obligándolas a migrar en busca de condiciones más seguras y sostenibles. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estima que en 2020 había 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población mundial. Esta cifra ha aumentado en las últimas décadas y se espera que aumente aún más en los próximos años. Para ilustrar la relevancia de la situación, el número total de migrantes internacionales en el mundo es actualmente tres veces mayor que en la década de 1970.

Aunque sea esencial reconocer que la migración puede aportar beneficios, incluidos los económicos, al país de destino, a menudo se considera una fuente de perjuicios y amenazas. Por este motivo, muchos países adoptan políticas migratorias restrictivas, lo cual a menudo aumenta el riesgo de explotación y trata de personas que necesitan y desean emigrar. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que un flujo migratorio intenso puede incidir negativamente en la prestación de servicios públicos, como la educación y la sanidad, debido al aumento inesperado de la demanda.

Aunque un país cuente con una legislación progresista y acogedora, desde el punto de vista de las políticas públicas, es importante subrayar que no basta con conceder permisos de entrada para garantizar los derechos humanos y la dignidad de aquellos que llegan a un país de destino. Es necesario brindar un apoyo mínimo y son muchos los retos que hay que superar para ofrecer una acogida efectivamente humanizada y transformadora de la realidad de estas personas.

Las cuestiones migratorias son transversales e implican velar por la garantía de los derechos humanos de migrantes, refugiados y apátridas, quienes en general se encuentran en una situación muy vulnerable. Los datos del ACNUR muestran que alrededor del 75% de los refugiados de todo el mundo viven en situación de pobreza (Refugees’ Access to Jobs and Financial Services, de 2023). En este contexto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores pueden desempeñar un papel importante en la mejora de las condiciones de vida de estas personas.

Podemos realizar trabajos de diversas naturalezas, no solo para evaluar el cumplimiento, sino también para identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos y políticas relacionadas con estos flujos migratorios, aportando transparencia a la sociedad y proponiendo mejoras si es necesario y oportuno.

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) apoya la iniciativa Equal Futures Audit Changemakers de la Intosai Development Initiative (IDI), en la que participan las entidades fiscalizadoras de Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Holanda, Honduras, Indonesia, Kosovo, Liberia, Maldivas, Mauritania, Nepal, Palestina, Paraguay, Serbia, Tailandia, Túnez, Tuvalu, Uruguay y Vanuatu. El objetivo de dicho proyecto es transformar a un grupo de auditores en verdaderos agentes de cambio que se encargarán de elaborar una estrategia para sus respectivas entidades fiscalizadoras, así como de llevar a cabo una auditoría relacionada con cuestiones de igualdad e inclusión. La migración es una de las causas relevantes de desigualdad que se abordan en esta iniciativa.

La migración también se menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, tanto de forma transversal en diferentes objetivos como de forma específica, como en el ODS 10 – Reducir la desigualdad en y entre los países, que tiene como una de sus metas «facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas».

El creciente fenómeno de la migración emerge como un reto crucial que requiere la atención de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, poniendo en evidencia la necesidad de estrategias globales y de cooperación para lidiar con la afluencia de refugiados.

La INTOSAI reconoce la importancia de las políticas públicas relacionadas con las cuestiones migratorias en el contexto de la igualdad y la inclusión. Como Entidades Fiscalizadoras Superiores, no solo tenemos la capacidad, sino también el deber, de aportar un valor agregado a la sociedad en el contexto de los flujos migratorios y contribuir a la construcción de un mundo más próspero, justo e igualitario.