Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú
Presidente de la OLACEFS

La pandemia por enfermedad de coronavirus (Covid-19) que sufren los países en la actualidad ha traído como consecuencia nuevos planteamientos y acciones inmediatas de las instituciones públicas, así como de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. En el siguiente artículo se expondrá respecto al Control Concurrente aplicado por la Contraloría General de la República del Perú y sus principales resultados en la contribución del adecuado uso de los recursos públicos, destacando como prioridad, garantizar una respuesta rápida por parte del Estado en beneficio de la ciudadanía y oportunidades de mejora en la gestión pública.

Cabe destacar que el Control Concurrente en el Perú fue aprobado por ley en el año 2017, y todo este tiempo se ha venido ampliando su intervención para cubrir mayor cantidad de proyectos que usan fondos públicos, por tanto, la experiencia nos demuestra que sus beneficios son significativos.

La Contraloría General de la República del Perú (CGR), en el marco de pandemia por el Covid-19 y como prioridad ante la nueva situación que azotó al país, creó el Grupo de Gestión ante la Emergencia, el cual diseñó una estrategia de control integral de los recursos que el Gobierno ha dispuesto para financiar las medidas de contención y reactivación económica que supera los 79 mil 300 millones de soles (unos 23 mil millones de dólares). La estrategia recibe el nombre de “Mega Operativo de Control Emergencia Sanitaria 2020”, el cual comprende el despliegue nacional de más de 1600 auditores de diferentes especialidades y visitas a más de 1400 entidades públicas.

Para garantizar un control oportuno, preventivo, proactivo y propositivo, la CGR además del uso intensivo de tecnologías estableció las bases para la creación de un marco normativo para el control concurrente ante la emergencia. De esta manera, rápidamente se realizaron coordinaciones con el Poder Ejecutivo y Legislativo, exponiendo la necesidad de aplicar dicho tipo de control en la emergencia nacional. Así, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 31016. A partir de esta medida se iniciaron las acciones de Control Concurrente durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Con el marco legal y la planificación adecuada, la Entidad Fiscalizadora Superior del Perú ha aplicado el Control Concurrente en el marco de la pandemia. Este tipo de control tiene la finalidad de que las entidades públicas (y la ciudadanía en general) tengan conocimiento de las situaciones adversas, previamente identificadas por los equipos especializados y apliquen a tiempo y de forma oportuna, las medidas correctivas para así, garantizar la correcta ejecución de las contrataciones de bienes y servicios en la Emergencia Sanitaria.

Las posibles situaciones de riesgo son identificadas a través de hitos, donde el control es determinante para lograr hacer recomendaciones oportunas, y ello se hace a través de la implementación de un proceso de acompañamiento sistemático y multidisciplinario por parte del personal de la CGR, con la finalidad de que la entidad pública tome medidas correctivas. Gracias a ello, el Control Concurrente constituye un apoyo y asistencia a las instituciones públicas y servidores. Además, este tipo de control incluye un componente y de transparencia y comunicación a la población respecto a las decisiones, riesgos y aspectos a mejorar en las distintas intervenciones públicas.

Al 19 de junio del 2020, la CGR ha emitido 5940 informes de control respecto al Control Simultáneo en el marco de la emergencia sanitaria, de los cuales 2381 corresponden al Control Concurrente. Estos informes fueron realizados en las 25 regiones del Perú, 196 provincias y 1553 distritos. Todos los informes se difunden en la plataforma informática de la CGR, constituyendo un insumo importante para la población y la opinión pública respecto a las decisiones, riesgos y aspectos a mejorar en las distintas intervenciones.

La aplicación del Control Concurrente ha permitido que se mejoren los procesos de compra y distribuciones de las canastas con insumos de primera necesidad para las personas más pobres; que se emplee un adecuado equipamiento y adecuación de espacios en centros hospitalarios; que se genere un ordenamiento en los centros de abastos, se trabaje en la planificación de la prevención y control del covid-19 en los trabajadores de las entidades públicas; que se efectúe un mejor proceso de desinfección del transporte público, contribuyendo en general, a que se mejoren los servicios para la ciudadanía y se mitiguen los efectos ocasionados por la pandemia; entre otros.

Finalmente, es importante destacar que la creación de la plataforma “Monitor de Control y Transparencia” corresponde a la estrategia de control de ante el COVID-19, la que posee cuatro objetivos enfocados en “Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud; “Apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social;, “Ayudar a la implementación de las medidas de contención de la emergencia sanitaria”; y, “Contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica”.

Para más información, visite: https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/

Acerca del autor

Nelson Eduardo Shack Yalta, es Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido Director General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, Director Nacional del Presupuesto Público del Perú y Director del Banco de la Nación.

También se ha desempeñado como Coordinador del Proyecto para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia en el Perú, un proyecto de modernización de la Administración de Justicia que se ejecutó con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial.

Ha sido Consultor Internacional y ha realizado trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Delegación de la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina en más de una docena de países de la Región (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) en temas de Presupuestos por Programas y por Resultados, Programación Multianual, Presupuesto Participativo, Planeación Estratégica, Programación de Inversiones, Adquisiciones Públicas, Auditorias de Desempeño y desarrollo de Evaluaciones de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) y Estudios de Análisis de la Calidad del Gasto Público en áreas de Seguridad y Justicia.

Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial del Perú y Presidente de la Asociación Nacional Invierte Perú – ANIP, una asociación sin fines de lucro que reúne a profesionales para generar espacios de análisis, reflexión y acción para gestionar y compartir el conocimiento de la gestión de la inversión pública y su relación con los sistemas de planeamiento, presupuesto y contrataciones públicas.

Desde el 20 de julio de 2017 es el Contralor General de la República del Perú.