La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las naciones, desempeñando un papel crucial en la mejora de los indicadores sociales y económicos que contribuyen a garantizar una vida digna para todos. Desde los niveles más básicos, el desarrollo de habilidades es capaz de influir de manera significativa en la competitividad futura de un país, impulsando su economía y elevando su nivel de desarrollo.

Los programas y acciones implementados por el gobierno en el área de la educación, financiados en gran parte con recursos públicos, permiten que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) evalúen la eficiencia en el logro de metas establecidas tanto a nivel nacional como internacional. Esto contribuye al acceso al conocimiento, la reducción de las desigualdades sociales y la construcción de un futuro socialmente más justo, equitativo y comprometido con la sostenibilidad.

En el marco de los compromisos internacionales, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se destaca como un pilar clave en la cooperación internacional, proporcionando una visión integrada para el desarrollo global. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el cuarto objetivo, que busca “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, enfatiza la educación como un derecho humano fundamental y reafirma el compromiso del Estado con la continuidad de las políticas públicas. Además, al fomentar el desarrollo humano integral, la igualdad social, la ciudadanía activa y prevenir el retroceso social, la educación se posiciona como un motor clave para la consecución de los demás objetivos planteados en la Agenda 2030.

El informe “Education at a Glance 2024” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela avances significativos en la educación y en la inserción en el mercado laboral, pero también señala desafíos para garantizar el acceso universal a oportunidades educativas de calidad, mostrando una fuerte correlación entre el origen socioeconómico y el rendimiento escolar. Los niños de familias con menores ingresos tienen menos acceso a la educación y cuidado en la primera infancia, una desventaja que tiende a persistir a lo largo de su vida escolar, inclusive en la educación superior.

De igual manera, el “Progress in International Reading Literacy Study” (PIRLS) destaca la gran disparidad en la alfabetización entre estudiantes de diferentes realidades socioeconómicos. En países como Brasil, Bulgaria, Hungría y Sudáfrica, se ha identificado una notable disparidad en el rendimiento académico: los alumnos de orígenes más ricos superan a los de origen más pobre en más de 120 puntos. En relación con la educación superior y la formación profesional, los datos de las “World Education Statistics 2024” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), muestran que la tasa global media de matriculación en la educación superior es del 43%, alcanzando el 79% en países de ingresos altos, según la clasificación del Banco Mundial.

La equidad también es un aspecto crucial que debe considerarse en las políticas educativas, ya que las disparidades en los sistemas educativos entre países y poblaciones generan desigualdades en el mercado laboral y en la sociedad. Además, se observan marcadas diferencias de género en la educación y la formación técnica, así como disparidades en las habilidades en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre zonas urbanas y rurales. Asimismo, los adultos indígenas presentan menores tasas de finalización de la educación superior en comparación con los no indígenas en todos los países analizados.

Ante estos desafíos, las Entidades Fiscalizadoras Superiores asumen un papel cada vez más relevante en las políticas públicas para la educación. No es casualidad que la Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que se llevará a cabo a finales de este mes de octubre, haya elegido la educación como tema central, destacando la importancia del papel de las EFS en el fortalecimiento de una educación de calidad en la región.

Asimismo, se ha propuesto desarrollar una estrategia conjunta entre las instituciones de la OLACEFS para fortalecer la colaboración de las entidades fiscalizadoras en el ámbito educativo. Esta estrategia busca mejorar los resultados educativos al centrarse en la gobernanza de las políticas públicas y en la evaluación de la economía, eficiencia y eficacia de las acciones gubernamentales, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

La actuación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores es crucial para garantizar que las inversiones y políticas públicas en educación se implementen con eficiencia, transparencia y equidad. Para ello, es necesario que nuestras instituciones se adapten continuamente a las nuevas realidades y desafíos del sector educativo, que cada vez exigen más una perspectiva a largo plazo y una comprensión profunda de las transformaciones sociales en curso, así como de las innovaciones tecnológicas emergentes.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores tienen un rol esencial en promover el desarrollo sostenible al evaluar el impacto de las políticas educativas y entender cómo los desafíos están interrelacionados. En este escenario, la cooperación internacional, especialmente en el ámbito de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de fiscalización y asegurar que la educación siga siendo una prioridad para el desarrollo sostenible.

Juntos, podemos transformar las políticas educativas en cada país en verdaderos instrumentos de transformación social.