La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México fue elegida para presidir el Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Gestión de Desastres en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTFD). La elección se anunció en reunión virtual realizada el lunes 1 de julio de 2019, en la que participó la Presidencia de la OLACEFS y las EFS integrantes de dicho órgano técnico: Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, además de las EFS miembros asociados de Buenos Aires (Argentina), Ceará y Tocantins (Brasil).
El GTFD surgió como propuesta de la Contraloría General de la República del Perú y aprobación del Consejo Directivo la Organización regional, busca promover la cooperación entre EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización de desastres. Asimismo, tiene como objetivo elaborar una guía de fiscalización de desastres y crear un servicio en línea de intercambio y difusión de buenas prácticas en la materia, como parte del contenido de la página web de la Organización Regional, que contribuya a la implementación de la Agenda 2030.
En representación del Lic. David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación de México; la Lic. Mariana Calderón, Directora de Vinculación Internacional de la ASF, agradeció la confianza de las EFS e indicó que el tema de desastres naturales es relevante para toda la región.
La ASF propuso acciones específicas enfocadas en la promoción del intercambio de experiencias sobre la recuperación después de un desastre dentro de las cuales se destaca: 1) el intercambio de experiencias sobre la recuperación después de un desastre y lecciones aprendidas que incorporan la perspectiva de reconstruir de manera eficaz y eficiente como un mecanismo de prevención; 2) la creación de sistemas comunes de información y de intercambio de buenas prácticas para la cooperación y el desarrollo de habilidades fiscalizadoras; 3) la creación de un mecanismo de evaluación que permita medir los procesos y resultados de fiscalización, y 4) la adopción de sistemas que incluyan el uso de las tecnologías para mapear, estudiar, analizar y anticiparse (dentro de lo posible) a los eventos de desastre.