Joaquín Caprarulo
Coordinador de Fortalecimiento Democrático y Acceso a la Justicia
Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia (ACIJ)
La pandemia de COVID-19 ha planteado una serie de desafíos sin precedentes para el conjunto de las instituciones públicas. Ninguna de ellas se ha visto exenta de los efectos de esta inesperada situación y, más aún, son impredecibles los cambios que quedarán tras su paso. Sin embargo, esta crisis ha permitido también revitalizar el rol del Estado y de algunos de sus órganos. De esta forma, se presenta un contexto de oportunidad pocas veces visto para impulsar algunas agendas que, a pesar de su importancia, hasta el momento habían tenido una escasa prioridad.
Un ejemplo bastante sintomático de este fenómeno es el de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina en general y, en particular, el de la participación ciudadana en el marco de las funciones de estas instituciones. Sobre lo primero no hay mucho que pueda decirse que aún no se haya dicho. En una situación en la que los gobiernos han concentrado facultades, ejercido poderes excepcionales, asignado enormes masas de dinero para responder a la pandemia o bien simplificado procesos de contrataciones públicas, el control externo ha sido nuevamente puesto en el centro de la escena como forma de asegurar que los recursos públicos sean utilizados de forma transparente y eficiente.
Sin embargo, no pareciera correr una suerte idéntica lo que al involucramiento de la ciudadanía en este tipo de instituciones refiere. Si bien el escenario de la región a principios del 2020 mostraba experiencias crecientes en cantidad y calidad sobre participación ciudadana en el proceso de fiscalización1, existen aún importantes desafíos para que esta discusión impacte de lleno en el rol que las EFS deben ocupar como respuesta a la pandemia.
Existen dos argumentos posibles -y que aquí expondremos como complementarios- que refuerzan la necesidad de aprovechar el contexto actual como una oportunidad para abrir las EFS a sus ciudadanos y ciudadanas. El primero es pensar la participación como un requisito democrático ineludible en el control de las acciones de gobierno en cualquier circunstancia. El segundo es dar cuenta de los múltiples beneficios que puede traer a todo el ciclo de fiscalización que la ciudadanía se incorpore de forma activa en él y principalmente en el referido a la pandemia y sus efectos.
En relación al primero de los puntos, debemos empezar por subrayar el impacto absolutamente generalizado que la pandemia tuvo en todas las poblaciones y, sobre todo, en aquellas más vulnerabilizadas. Las decisiones que tomaron los distintos gobiernos, así como la forma en la que utilizaron sus recursos, pudieron haber sido determinantes en mayor o menor medida para los distintos colectivos sociales, pero sin duda no fueron indiferentes para nadie. Pensar que es posible entonces llevar a cabo la fiscalización de estas medidas sin la participación de la ciudadanía responde a modelos de gobernanza democrática ya vetustos y de erosionada legitimidad. Para arribar a decisiones democráticas, sin importar la institución pública de la que se trate, es necesario asegurar una deliberación igualitaria entre las múltiples partes interesadas y/o afectadas, sin exclusiones de ningún tipo.
A su vez, la incorporación de la sociedad civil al proceso de fiscalización puede mejorar sustancialmente sus resultados. La posibilidad de que las y los funcionarios de las EFS sumen miradas, conocimientos, información y hasta un compromiso directo en las actividades de fiscalización (como en el caso de las auditorías sociales) provenientes de la sociedad civil tiene una potencialidad aún poco explorada. La especialización técnica de quienes tienen a su cargo la fiscalización no puede ser nunca considerada como autosuficiente, menos aún en contextos como el actual. La pandemia ha demandado medidas de una diversidad muy amplia: prestaciones de salud de todo tipo, ayudas socioeconómicas, subsidios al sector privado, asistencia directa a sectores vulnerabilizados, entre otras. Una auditoría que pretenda ser exhaustiva y dar cuenta de forma efectiva del desempeño de cualquiera de estas medidas deberá, necesariamente, ir en busca de toda esa información en manos de la ciudadanía.
La participación ciudadana sigue encontrando diversos obstáculos en el ámbito de la fiscalización derivados de la subsistencia de falsos mitos. Algunas de estas conceptualizaciones sobre la participación advierten supuestos peligros a su independencia o la falta de conocimiento técnico de la ciudadanía. Las distintas experiencias que en los últimos años se han observado en países como Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador y Costa Rica, entre otros, han demostrado la poca adecuación de estos temores. Por el contrario, algunas de estas experiencias toman particular relevancia en los desafíos que la pandemia les presenta a las EFS, aportan soluciones y aprendizajes concretos, y refuerzan esta idea de que nos encontramos frente a una oportunidad única.
Hacerse eco entonces de lo que la participación ciudadana puede aportar a fortalecer la respuesta de las EFS a los retos que la pandemia trajo implica también pensar cómo asegurar ese proceso de apertura no solo para el corto plazo, sino también como una propuesta permanente. Para eso es necesario el compromiso de las máximas autoridades de las EFS y del conjunto de las y los funcionarios. La búsqueda de procesos participativos satisfactorios implica un trabajo de mucho compromiso que demanda planificar, mapear, simplificar y comunicar, entre muchas otras cosas, para que la ciudadanía en general y en particular los grupos más vulnerabilizados puedan contribuir a la totalidad del ciclo de fiscalización. Esto implica también aprovechar otras herramientas que la pandemia potenció, como el uso extendido de las TICs, que, si bien presentan una brecha de acceso aún significativa y no reemplazan la presencialidad de forma plena, sí permiten derribar muchas barreras geográficas.
La creatividad y el compromiso deben ser dos pilares fundamentales de un proceso que atienda las dificultades de los tiempos que corren y aseguren que las EFS, en tanto instituciones centrales de nuestras democracias, pongan su trabajo al servicio de las necesidades de las personas y los colectivos que más padecen los efectos desiguales de la pandemia. Si este objetivo se cumple habremos logrado avanzar lo suficiente para tener la tranquilidad de que el rol que las EFS deben cumplir en el seguimiento de otros compromisos estatales en materia de derechos humanos -los ODS por dar un ejemplo- será mucho más efectivo, legítimo e inclusivo.
Acerca del autor:
Joaquín Caprarulo es Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en Economía y Finanzas de la Universitat Pompeu Fabra. Coordinador de los programas de fortalecimiento democrático y de apertura del Poder Judicial y acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Sitio web: https://acij.org.ar/
Tw: @ACIJargentina / personal: @joaquin_capra
1Ver por ejemplo M. Mendiburu “La participación ciudadana en las Entidades Fiscalizadoras Superiores en América Latina: ¿avance o impasse?” (2020)
