La energía es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social, ya que abastece a nuestros hogares, industrias y sociedades. En el centro de la agenda global, desempeña un papel crucial a la hora de hacer frente a los desafíos actuales del desarrollo sostenible.

El Acuerdo de París, firmado en 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21), se perfiló como una estrategia global en respuesta a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza. Uno de los compromisos asumidos en el acuerdo es limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

En línea con esta estrategia, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establece en el ODS 7 la meta de garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

Los datos de la Agencia Internacional de Energía[1] revelan que el sector energético es responsable de más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Además, según la Agencia Internacional de Energías Renovables[2], para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, será necesario reducir las emisiones de CO₂ y conseguir emisiones netas cero en el sector energético para 2050. Esto requiere un aumento significativo de la cuota de energías renovables en la combinación energética global, del 16% en 2020 al 77% en 2050, y una inversión total estimada en USD 150 billones, con una media anual que supera los USD 5 billones, lo que supone unas cuatro veces la cantidad invertida actualmente.

Sin embargo, el escenario global revela muchas desigualdades en el acceso y la capacidad de pago de las energías limpias. La inversión en energías renovables sigue concentrada en un número limitado de países y centrada en unas pocas tecnologías, y el 85% de la inversión global beneficia a menos del 50% de la población mundial.

La COP28, celebrada en Dubái a finales de 2023, presentó el Primer Balance Global del Acuerdo de París, en el que se concluye que las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado un calentamiento global de alrededor de 1,1°C. Estos impactos se están dejando sentir a nivel global, afectando más gravemente a quienes menos han contribuido a estos cambios, con pérdidas y daños que aumentarán con el calentamiento. Además, las respuestas de adaptación son fragmentadas, graduales y desiguales entre las regiones, con brechas significativas que seguirán creciendo.

Teniendo en cuenta la relevancia de los compromisos firmados por los países, los niveles de emisiones del sector energético y la rápida aceleración de los impactos del cambio climático, la conferencia insistió en la necesidad de actuar urgentemente para mantener la meta de limitar el calentamiento global, lo que requiere esfuerzos cooperativos para mitigar los avances, migrar a economías bajas en carbono y aumentar la resiliencia ante los impactos de la crisis.

Las transiciones energéticas justas e inclusivas son esenciales para reducir las emisiones, aumentar la eficiencia energética y promover la equidad. Ante la urgencia de hacer frente a la crisis climática y la necesidad de inversión tanto pública como privada, las entidades fiscalizadoras superiores tienen un papel crucial que desempeñar en el apoyo a transiciones energéticas equitativas. Con nuestras acciones podemos contribuir a fortalecer las estructuras institucionales, promover un entorno propicio para la inversión y unas políticas públicas eficaces, y garantizar la transparencia y la responsabilidad mediante la evaluación de la integridad, la eficiencia y la eficacia de las políticas relacionadas con las transiciones energéticas. Esto incluye fortalecer las instituciones y las prácticas reglamentarias, mitigar los riesgos financieros y supervisar las iniciativas destinadas a aumentar las inversiones en energías renovables, especialmente en los países en desarrollo y las economías emergentes.

Una encuesta reciente realizada por el Grupo de Trabajo sobre Auditoría de las Industrias Extractivas (WGEI, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en la que participaron 25 países, puso de relieve los principales desafíos a los que se enfrentan las EFS a la hora de realizar auditorías sobre transición energética. Los resultados señalaron que las EFS reconocen su competencia en este ámbito, y varias de ellas ya han auditado este tema en los últimos años. Un ejemplo es Brasil, que en 2018 realizó una auditoría piloto y una coordinada en el marco del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (GTOP/OLACEFS), con la participación de EFS de Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela. La fiscalización identificó las mejores prácticas y oportunidades de mejora en las políticas de energías renovables.

Sin embargo, la mayoría de las entidades fiscalizadoras superiores reconoce la insuficiencia de su capacidad técnica para hacer frente a los desafíos de la transición energética, debido a la falta de equipos cualificados, los datos limitados y la ausencia de metodologías específicas. Por tanto, es crucial fortalecer nuestro dominio técnico para que podamos contribuir eficazmente a nuestros gobiernos mediante insights y recomendaciones acordes con las metas climáticas, fomentando el desarrollo sostenible y la cooperación global.

Bajo la presidencia de Brasil, el G20 eligió la promoción del desarrollo sostenible como una de sus prioridades, abordando sus dimensiones económica, social y medioambiental, incluyendo las transiciones energéticas. En este sentido, el SAI20, liderado por el TCU y abierto a todas las entidades fiscalizadoras superiores, ha querido impulsar esta discusión y contribuir a este esfuerzo global, aportando al debate cuestiones fundamentales como gobernanza, reglamentación, transparencia y accountability, con el objetivo de catalizar cambios significativos para un futuro más sostenible. En este esfuerzo conjunto, la cooperación entre las EFS es fundamental para consolidar nuestro compromiso de incentivar y promover políticas públicas más eficaces y responsables, que garanticen la prosperidad y el bienestar de todos.

Juntos podemos contribuir a crear un entorno de gobernanza más sólido y transparente, esencial para hacer frente a los desafíos urgentes y complejos de la actualidad.

[1] Disponibles en https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer

[2] World Energy Transitions Outlook 2023, volumen 1, disponible en <https://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transitions-Outlook-2023>