Dr. Frédéric Boehm
División de Integridad Pública
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Hace varias semanas que las noticias en el mundo giran alrededor del COVID-19. La crisis sanitaria viene acompañada de una crisis socio-económica que, sin lugar a dudas, ocupará a los gobiernos en los próximos años. En el fondo, tanto la capacidad de respuesta inmediata de los gobiernos frente a la crisis, como su facultad para manejar los coletazos socio-económicos dependen en gran medida de la fortaleza de las instituciones del país, de la confianza que tienen los ciudadanos en sus gobiernos y en la espina dorsal del estado que son los funcionarios y la administración pública.
Desafortunadamente, así como las noticias sobre el COVID-19, también proliferan las noticias sobre malversación de fondos o de materiales destinados a superar la crisis, fraudes o abusos políticos de programas de apoyo social, la influencia indebida por parte de intereses particulares en el diseño de programas de ayudas a sectores económicos, casos de corrupción en compras públicas regidas por leyes de emergencia, o incluso abusos del estado de emergencia para actuar a mano libre sin el control de otros poderes del estado. Es cierto que la situación actual conlleva varios riesgos de corrupción específicos e intensifica los habituales.
Ahora, más que nunca, es importante identificar los riesgos de integridad y gestionarlos de manera efectiva. De hecho, relegar la integridad a los tiempos “normales” pone en riesgo la efectividad de todas las medidas que se tomen para controlar la pandemia y mitigar sus impactos sociales, económicos y políticos. Casos de fraude y corrupción, e incluso sospechas de tales prácticas, afectan de manera significativa la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos – una confianza que ahora más que nunca es necesaria para implementar de forma efectiva las medidas para lidiar con los efectos de la pandemia y de la crisis.
Es en este contexto histórico que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó a inicios de julio el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública. En el 2017, el Consejo de la OCDE adoptó la Recomendación sobre Integridad Pública. Los trece principios incluidos en la Recomendación y agrupados en las tres dimensiones: sistema, cultura y rendición de cuentas, sirven como hoja de ruta para los gobiernos. Pero un cambio sostenible requiere de una orientación clara. El Manual responde a esta la demanda de gobiernos pidiendo orientación concreta con respecto a cómo poner en práctica estrategias de integridad pública. Así, el Manual proporciona información en relación a qué implica la integridad en términos de implementación de políticas públicas e identifica los desafíos a los que pueden ir enfrentándose los gobiernos a lo largo de este camino.
Por ejemplo, el Manual provee orientación para optimizar la coordinación y la cooperación entre las entidades gubernamentales, sobre cómo diseñar e implementar estrategias de integridad y monitorearlas, y cómo aumentar el intercambio y el aprendizaje entre los niveles de gobierno nacional y subnacional. Asimismo, con el objetivo de construir culturas de integridad en todo el gobierno y la sociedad, el Manual detalla los elementos básicos de un sistema de gestión de recursos humanos basado en el mérito, y explica cómo los líderes éticos, receptivos y confiables son cruciales para las culturas organizativas abiertas a través de su función de buen ejemplo y de gestor de la integridad. También clarifica el rol del gobierno en brindar orientación a las empresas, a la sociedad civil y a los ciudadanos en la defensa de los valores de la integridad pública. A su vez, en miras a mejorar la rendición de cuentas, el manual detalla cómo utilizar los procesos de gestión de riesgos para evaluar y gestionar los riesgos en materia de integridad, y destaca cómo utilizar el sistema de aplicación sanción de la ley para garantizar una verdadera rendición de cuentas respecto a las violaciones a la integridad. Además, se discuten medidas para fortalecer el proceso de formulación de políticas, involucrando a todas las partes interesadas, gestionando y previniendo conflictos de intereses, y garantizando la integridad y transparencia en el cabildeo y el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
El Manual viene acompañado de una herramienta virtual con la cual cualquier gobierno, entidad o parte interesada puede evaluar de forma interactiva el nivel de madurez de su propio sistema de integridad con respecto a buenas prácticas internacionales y de acuerdo a cuatro niveles incrementales: naciente, emergente, establecido y líder. Para las Entidades Fiscalizadoras Superioras (EFS), que se reconocen como una parte esencial de cualquier sistema de integridad en el principio 12 de la Recomendación que pide reforzar el papel de la supervisión y del control externo, el Manual y las herramientas de la OCDE proporcionan una guía orientadora sobre cuales debieran ser los elementos claves de un sistema de integridad funcional y efectivo. Así, la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública y su Manual pueden contribuir a clarificar y a definir los criterios para potenciales auditorías externas de los sistemas de integridad pública y ayudar a las EFS a impulsar una mejora continua de la cultura de integridad pública en sus países.
Finalmente, viendo los casos de corrupción que emergen ahora debido a la crisis, vale la pena resaltar que centrarse en un mero enfoque punitivo no resuelve las raíces del problema de la corrupción. Similar a la Hidra de Lerna, pareciera que, para cada corrupto encarcelado, apareciera al menos uno nuevo y que la corrupción en vez de ser controlada se vuelva cada vez más sofisticada. Para realmente lograr avanzar en la lucha contra la corrupción, es imperioso promover un cambio sistémico. La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública ofrece a los responsables políticos una visión estratégica de la integridad pública. Cambia políticas de integridad reactivas, ad hoc, por políticas proactivas que tienen en cuenta el contexto en el que se aplican y con especial énfasis en promover una cultura de integridad en toda la sociedad. Solo así se podrá evitar la situación en la cual la discusión se reduzca a castigar a tal o cual corrupto.
Solo así se logrará una resiliencia a largo plazo de los gobiernos y su capacidad de respuesta frente a situaciones de crisis como la que estamos pasando.
Acerca del autor:
Frédéric tiene un doctorado en economía y más de 15 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción y gobernanza. En la OCDE encabeza el trabajo sobre Integridad Pública en América Latina y lidera la iniciativa sobre políticas de integridad basadas en evidencia y lecciones aprendidas de ciencias conductuales. Antes de ingresar a la OCDE, Frédéric trabajó como profesor de economía en Colombia y para la Cooperación Internacional Alemana (GIZ). También fue consultor para gobiernos e instituciones como U4, PNUD, UNDOC, DFID o la GIZ y profesor visitante en Perú y Panamá, dictando clases sobre “economía de la corrupción”. Frédéric publicó en libros y varias revistas académicas.
