Ponencia Base Tema Técnico 2 – 2021

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25th Nov 2021

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“ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA
LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS
SUPERIORES ”
TEMA TÉCNICO Nº 2
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARAGUAY

XXX ASAMBLEA GENERAL

2

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo destaca el valor de la aplicación de una perspectiva de los
derechos humanos y el rol de las EFS y de la rendición de cuentas como
pilares de un E stado de Derecho.

El documento, que apunta a poner en valor el enfoque de Derechos Humanos
en el control gubernamental, se desarrolla introduciendo el tema con una
conceptualización de los derechos humanos, una justificación del tema y con
aproximaciones c onceptuales sobre la temática abordada. Asimismo, se
sustenta en los documentos y tratados internacionales que se han compilado
en los antecedentes.

A fin de recibir la colaboración y compartir experiencias con los colegas, se
han realizado preguntas sobr e derechos humanos, corrupción, enfoque
basado en derechos humanos y políticas públicas, pandemia, desigualdad,
grupos vulnerables y pueblos indígenas, no discriminación, equidad de género
y la igualdad de oportunidades.

Diez y ocho EFS miembros de OLACEF S han respondido a las preguntas
remitidas, generando valiosos aportes que se han incorporado al documento
en el cuadro que está en el anexo N° 1. En base a las reflexiones iniciales y a
las respuestas, se elaboró un breve cuadro estadístico con las respue stas a
las primeras preguntas, elemento que además se utilizó como insumo para la
elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Destacamos el aporte de
la ASF de México que además de responder a las preguntas, aportó
consideraciones valiosas, aproxima ciones conceptuales y aspectos
relacionados al formato.

El trabajo se centra en el alcance, el valor y el impacto que tiene la
implementación de una perspectiva y enfoque de derechos humanos para
mejorar la calidad de vida de las personas y los desafíos y los retos que
enfrentan nuestras organizaciones para encarar nuestra labor misional.

3

1. PRESENTACION

Los D erechos H umanos son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico,
lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se
incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud
ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo,
entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin
discriminación alguna.
El derecho internacional de los derechos humano s establece la obligación de
los Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de
emprender ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. 1
Los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas y
grupos de personas contra los actos de los gobiernos que lesionan libertades
fundamentales y la dignidad humana. Las normas de derechos humanos
obligan a los gobiernos a hacer determinadas cosas y les impiden hacer otras. 2
Algunas características de los derechos humanos que suelen citarse con mayor
frecuencia son :
– Apuntan a la dignidad del ser humano
– Están protegidos legalmente
– Están garantizados internacionalmente
– Protegen a las personas y a grupos de personas
– Obligan a los Estados y a los agentes estatales
– No pueden ser objeto de excepción ni eliminarse
– Son iguales e interdependientes
– Son universales.
El rol de los Estados para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
personas se ve afectado notablemente por la corrupción, que es un problema
en todos los países del mundo y pese a los esfuerzos de muchos gobierno s en
el desarrollo de políticas pública s para enfrentarla, queda aún mucho por hacer.
La C omisión Interamericana de Derechos Humanos, C IDH , consideró a la
corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del
poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés
1 https://www.un.org/es/global -issues/human -rights 2 Manual de capacitación para la fiscalización de los derechos humanos. NACIONES UNIDAS. Nueva York y Ginebra,
2001. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS .

4

público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la
institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los
derechos humanos. 3
La corrupción y la impunidad afectan de manera directa al ejercicio pleno de los
Derechos Humanos de las personas. Es una de las causas de la pobreza,
afecta generalmente a los más necesitados en materia de salud, educación,
alimentación, ambiente y vivienda, entre otros.
Sus consecuencias se materializan en falta de insumos e infraestructura
adecuada en los hospitales públicos, educación deficiente, falta de servicios
básicos como agua potable, caminos, transporte público, servicio eléctrico,
alcantarillados sanitarios, entre otros, que impiden alcanzar una vida digna.
El rol d e las Entidades Fiscalizadoras Superiores en el combate contra la
corrupción es clave para mejorar el ejercicio de estos derechos, por eso todo
control gubernamental que se ejerce sobre la gestión pública implica la
promoción y d efensa de los Derechos Huma nos.
El control gubernamental colabora en la m ejora de la calidad de vida,
garantizando el acceso a una vida digna que permita el desarrollo personal y
colectivo de los seres humanos.
Las Instituciones de control tienen la obligación, además, de prevenir y
combatir los posibles actos de corrupción a nivel interno para ello, cuenta con
varias herramientas e instrumentos políticos y normativos que aseguran la ética
del servidor público .
Numerosa bibliografía destaca el valor de la participación de la ciudada nía en
promoción y defensa de los Derechos Humanos. Es por ello que resulta
im perioso empoderar a l a sociedad civil en el ejercicio del control social y
político sobre la gestión del Estado, en la vigilancia sobre la toma de decisiones
de interés general q ue contribuyan a la mejora de bienes y servicios públicos, a
través de una continua comunicación y cooperación entre entidades públicas,
las EFS y los ciudadanos para la detección oportuna de actos de corrupción
que impactan de manera considerable en los D erechos Humanos.

3 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion -1-18 -es.pdf

5

2. JUSTIFICACION DEL TEMA

¿POR QUÉ EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS ES IMPORTANTE
PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL?

2.1. Control gubernamental
El control gubernamental es un sistema y un conjunto ordenado de
procedimientos que tiene como finalidad velar por el cumplimiento de los
procesos y resultados de la gestión de las instituciones públicas , cuya función,
a su vez, es la de ser garante de los derechos humanos de todas las personas.

2.2. La rendición de cuentas y el Enfoque de Derechos humanos
La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de
los países (entendida ésta como la capacidad de los gobiernos para usar
eficazmente los recursos públicos en la satisfacción de las necesidades
comunes), y constit uye un principio de la vida pública, mediante el cual, los
funcionarios depositarios de la voluntad del pueblo están obligados a informar,
justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones. Se constituye
por mecanismos políticos, sociales y j urídicos de control vinculados en forma
de redes de intercambio. 4
La rendición de cuentas es crucial en el enfoque basado en derechos humanos
(EBDH ). Desde este EBDH la consecución de los objetivos de desarrollo y el
cumplimiento de los derechos humanos son dos caras de un mismo proceso. El
EBDH ha agregado legitimidad a los objetivos de desarrollo, al transformar el
lenguaje de las necesidades en un lenguaje de los de rechos. También ha
introducido el análisis de la responsabilidad de diferentes actores y la ubicación
de la rendición de cuentas por fallas dentro de un sistema social. 5
Para un control con EBDH, existen diversas herramientas, entre ellas se
destaca la a uditoría de desempeño, que es una revisión independiente, objetiva
y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas,
actividades u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios
de economía, eficiencia y eficacia, y sob re si existen áreas de mejora , esta
mirada holística sobre los derechos de las personas permite ir más allá de una
mera observación economicista o financiera sobre la gestión de Estado.

4 Declaración de Asunción, Principios sobre Rendición de Cuent as. XIX Asamblea General de
la OLACEFS. 5 3rd ECPR Graduate Conference, Section: Political Development. Panel: External Actors and
Developing States. Paper 349. Dublin City University 1 September 2010. “How to build
institutional capacity in developing cou ntries: the case of supreme audit institutions.” Katharina
Noussi, University of Vienna

6

2.3. El enfoque de Derechos Humanos 6
El EBDH es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que se
basa normativamente en los estándares internacionales de derechos humanos
y está operativamente dirigido a promover y proteger los derechos humanos.
Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de
los problemas del desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las
distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo.
Gracias al EBDH los planes, políticas y procesos de desarrollo se rela ciona con
las obligaciones establecidas por los tratados internacionales, incluyendo todos
los derechos humanos, y el derecho al desarrollo. El EBDH basado en requiere
la universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad de los
derechos, la i gualdad y la no discriminación para guiar la acción. El enfoque es
uno de los principios rectores del marco de cooperación de las naciones unidas
para el desarrollo sostenible.
El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos es un marco
conceptual para el proceso de desarrollo sostenible que, desde el punto de
vista normativo, se basa en los principios y las normas internacionales de
derechos humanos y, desde el punto de vi sta operacional, está orientado a
promover y proteger los derechos humanos. Con arreglo al enfoque basado en
los derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo se
fundamentan en un sistema de derechos y obligaciones establecidos p or el
derecho internacional, incluidos todos los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo. El
enfoque basado en los derechos humanos requiere que los principios de
derechos humanos (universalidad, in terdependencia, indivisibilidad y
progresividad, igualdad y no discriminación) orienten la cooperación para el
desarrollo y se preste atención al desarrollo de la capacidad de los “garantes
de los derechos” para cumplir sus obligaciones y de los “titulares de los
derechos” para reivindicar sus derechos 7.
Este enfoque nace de la vinculación del desarrollo con los derechos humanos y
la importancia de la indivisibilidad de los derechos humanos; la consecución de
un progreso duradero en la aplicación de los de rechos humanos depende de
unas buenas y eficaces políticas, tanto nacionales como internacionales, de
desarrollo económico y social, como se señaló en la Proclamación de Teherán.
6 Este sub capítulo que contiene aproximaciones conceptuales sobre el enfo que de derechos
humanos forma parte de un retroalimentación del documento, correspondiente al aporte de l a
ASF de México . 7 Organización de las Naciones Unidas, Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sosten ible,
Directrices Internas, Versión editada, 3 de junio de 2019, p. 13, disponible en:
https://unsdg.un.org/sites/de fault/files/2019 –
10/ES_UN%20Sustainable%20Development%20Cooperation%20Framework%20Guidance.pdf
recuperado el 16 de julio de 2021.

7

En la Declaración de la Conferencia de Viena, se señala que la democracia, e l
desarrollo y el respeto a los derechos humanos son conceptos
interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la
voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su régimen político,
económico, social y cultural y en su p lena participación en todos los aspectos
de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e
internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La
comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la
democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos.
En relación con el derecho al desarrollo, éste está reconocido en la Declaración
sobre el derecho al desarrollo adoptada por la Asamblea General en la
resolución 42/128, de 4 de diciembre de 1986, que en su artículo 1.1 establece
“El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual
todo ser humano y todos los pueblos están facultados para p articipar en un
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos, contribuir a ese desarrollo y disfrutar
de él.
En la Declaración y Programa de acción de Viena, podemos leer “reafirma el
derecho al desarrollo, como un derecho universal e inalienable y como parte
integrante de los derechos fundamentales. El progreso duradero con miras a la
aplicación del derecho al desarrollo requiere de políticas eficaces de desarrollo
en el plano nacional así como relaciones económicas equitativas y un entorno
económico favorable en el plano internacional.
En enfoque basado en derechos humanos en lo correcto desde el punto de
vista moral y ético que, además, conduce a mejores resultados y más
sostenibles en materia de desarrollo. Nos propone aprovechar y aprender de
las enseñanzas extraídas de las buenas prácticas del desarrollo. Tanto los
actos como la práctica demuestran la importancia decisiva que tienen para el
desarrollo muchos de los resultados de de rechos humanos 8
Su valor práctico reside en que se centra en la realización de los derechos de
las personas en situación de vulnerabilidad y cuyos derechos están en riesgo
de ser infringidos, basándose en la premisa de que un país no puede avanzar
de form a sostenida sin reconocer los principios de derechos humanos (en
especial el de universalidad) como principios básicos de gobernanza. La
universalidad significa que todas las personas tienen derechos humanos,
aunque las limitaciones de recursos obliguen a fijar prioridades.
Implica, también, una visión holística del entorno, teniendo en cuanta a la
familia, la comunidad, la sociedad civil y las autoridades. Tiene presente el
8 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas frecuentes
sobre el enfoque de derechos humano s en la cooperación para el desarrollo, Organización de
las Naciones Unidas, 2006, p. 15 -18, disponible en:
https://www.ohchr.org/documents/publications/faqsp.pdf , recuperado el 16 de julio de 2019.

8

marco social, político y legal que determina la relación entre las instituciones y
las exigencias, deberes y responsabilidades. Suprime sesgos sectoriales y
facilita una respuesta integrada a los problemas de desarrollo que tienen
múltiples dimensiones.
Los resultados específicos, el nivel de la prestación de servicios y la conducta
se d erivan de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ayuda a
traducir estas metas y normas en resultados nacionales. Las responsabilidades
en el logro de esos resultados se determinan mediante procesos participativos
(elaboración de políticas, p lanificación) y reflejan el consenso entre las
personas cuyos derecho son infringidos y las personas que tienen el deber de
actuar. El enfoque basado ayuda a la formulación participativa del marco
político y legislativo como velar porque ellos procesos par ticipativos y
democráticos sean institucionalizados a nivel local y nacional.
Además, ayuda a formular políticas, leyes, reglamentos y presupuestos que
determinen los derechos humanos a abordar, qué debe hacerse, en qué grado,
quién es responsables, y vela porque se tengan las capacidades y recursos
necesarios. Así, contribuye a que el proceso de creación de políticas sea más
transparente y da a la población capacidad de acción para que los que tienen el
deber de actuar rindan cuentas al respecto.
Además, a poya a la vigilancia de los compromisos asumidos por el estoado, a
nivel internacional, y mediante evaluaciones públicas e independientes de la
actuación del Estado.
También lleva a obtener mejores y sostenidos resultados en los esfuerzos de
desarrollo y h ace que las inversiones den mayores beneficios: aumentando la
capacidad de los principales agentes para emprender el diálogo, cumplir con
sus responsabilidades y hacer que el Estado rinda cuentas, fortaleciendo la
cohesión social mediante la búsqueda de co nsenso en los procesos
participativos y canalizando la asistencia a los grupos en situación de
vulnerabilidad, codificando el consenso social y político sobre la rendición de
cuentas en materia de resultados en leyes, políticas y programas acordes con
los convenios internacionales, anclando los derechos humanos en un marco de
leyes e instituciones, institucionalizado los proceso democráticos y
fortaleciendo las capacidades de las personas y las instituciones para cumplir
sus obligaciones, expresadas en leye s políticas, programas.
Los derechos humanos tienen una relación con la buena gobernanza, ya que
se refuerzan mutuamente, ya que están basados en principios de participación,
rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad del estado. Los derechos
humanos requieren un ambiente favorable y propio, en especial, normas,
instituciones y procedimientos apropiados que enmarque la actuación del
Estado, a la vez que dan normas de actuación respecto del cual puede hacerse
rendir cuentas al gobierno y otros ag entes. Los derechos humanos fortalecen
los marcos de buena gobernanza y exigen ir más allá de los tratados,
integrarlos en los derechos humanos en la legislación, política y práctica del
estado, establecer la promoción de la justicia como finalidad del est ado de

9

derecho, entender la credibilidad de la democracia dependen de la efectividad
a las demandas sociales y económicas, promover sistemas de contrapesos y
salvaguardas entre las instituciones de gobernanza oficiales, realizar cambios
sociales necesarios y responder a los retos básicos en materia de derechos
humanos y buena gobernanza, como la corrupción y la violencia 9.

2.4. ESTADO DE DERECHO, ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
Y DERECHOS HUMANOS
El Estado es el garante de los derechos humanos y las violaciones de esos
derechos son aquellas que el Estado comete tanto en acciones como en
omisiones que le son directamente imputables y que suponen un
incumplimiento de los compromisos jurídicos asumido s voluntariamente,
derivados de las normativas de derechos humanos que han internalizado.
También se pueden configurar violaciones de derechos humanos cuando un
Estado retira o elimina medidas o normativas existentes que protegen derechos
humanos.
Las EF S son los órganos que funcionan para que el Estado actúe conforme a
derecho, para que el Estado cumpla su rol, como garante de Derechos
Humanos, son las instituciones cuyo trabajo permite la consolidación de los
Estados de derecho, de la democracia y de la buena gobernanza, a través de
la operativización de la rendición de cuentas.
“En ausencia de efectivas herramientas de control que permitan encuadrar las
acciones de gobierno dentro de las normas del debido proceso, la eficiencia y
la legitimidad del esta do se debilitan. El estado es percibido por la población
como una institución colonizada por intereses particulares que capturan
determinados sectores del mismo, distorsionando su lógica institucional así
como la orientación de las políticas públicas. Los déficit de control se traducen
inevitablemente en una gestión estatal deficiente que alimenta el desencanto
ciudadano con el desempeño de la democracia ”.10
La rendición de cuentas tiene por fin minimizar las asimetrías existentes entre
el Estado y la sociedad. Mientras la asimetría informativa se acorta con la
implementación de mecanismos que aseguren la trasparencia, la justificación y
la posibilidad de repr egunta; la asimetría funcional o vincular requiere ampliar
las instancias y los modos de participación de la sociedad civil, incentivarla a
involucrarse en mayor medida en la dinámica política. Propiciar los
mecanismos para que reapropie la gobernabilidad.
9 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas frecuentes
sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Organización de
las Naciones Unidas, 2006, p. 10, disponible en:
https://www.ohchr.org/documents/publications/faqsp.pdf , recuperado el 16 de julio de 2019. 10 Peruzzotti, E. (2007) Re ndición de Cuentas, Participación Ciudadana y Agencias de Control en América Latina. Ponencia preparada para la XVII Asamblea General Ordinaria Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), Santo Domingo, Repúb lica Dominicana.

10

La existencia de un ambiente de control eficiente, adecuado, de alto alcance
aumenta la información disponible sobre el funcionamiento del Estado. Mayor
información permite a la ciudadanía observar a su agente. La información que
permite al principal supone r que el agente no está siendo capturado por ningún
grupo de presión, sino que este último responde a las misiones y funciones
para las cuales ha sido nombrado, “empodera” a la sociedad civil en su vínculo
asimétrico con el Estado.
La percepción por parte de ciudadano de un ambiente de control eficiente,
adecuado, de alto alcance solidifica la confianza en el sistema democrático
representativo, permitiendo la existencia de la distancia requerida entre la
ciudadanía y quien la representa. 11

2.5. Los ODS y la Agenda 2030
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento
universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar
las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como
parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
A fin de entender el importante vínculo entre un EBDH, la agenda 2030 , la
rendición de cuentas y el control gubernamental, consideramos que el
argumento expuesto en el marco de la ponencia del Tema Técnico N° 2
“Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ”, a cargo de la EFS Coordinadora , Contraloría General de la
República de Colombia , en junio de 2017, desarrolla de manera magistral el
asunto:
“La agenda 2030 se sustenta en el enfoque basado en los derechos humanos
(EBDH), cuyo fin es analizar las desigu aldades que caracterizan el desarrollo y
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que
obstaculizan el desarrollo. Este enfoque normativamente se basa en las
normas internacionales de derechos humanos y operacionalmente está
or ientado a la promoción y la protección de los DDHH.
En el EBDH, el objetivo principal de la formulación de las políticas y los
programas desarrollo debe ser la realización de los derechos humanos; se
centra en los grupos de población marginados, excluidos y discriminados para
garantizar que las intervenciones lleguen con prioridad a estos segmentos;
desarrolla la capacidad de los titulares de obligaciones para cumplirlas y de los
titulares de derechos para reivindicarlos.
11 El control gubernamental ante el nuevo paradigma de Gobierno Abierto , Nadina G . Mezza – tesis diplomat ura de
control g ubernamental, univers idad de Belgrano, Ar gentina.

11

Los principios de los DDHH guían to do el ciclo de las políticas, programas y
proyectos. Estos principios son: universalidad e inalienabilidad,
interdependencia e interrelación, indivisibilidad, no discriminación e igualdad,
participación e inclusión, responsabilidad y obligación de rendir c uentas
(accountability) y el imperio de la ley. La Agenda 2030, prioriza los valores
universales de igualdad, justicia y seguridad.
Los gobiernos deben respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho.
Respetar un derecho significa abstenerse de interferir en su disfrute; protegerlo
es evitar que otras partes interfieran en dicho goce y; hacerlo cumplir
(garantizarlo) implica adoptar medidas activas para poner en práctica leyes,
políticas y procedimientos, incluida la asignación de recursos, que permitan a
las personas disfrutar de sus derechos.
El EBDH propende por el cumplimiento de los derechos de las personas, en
lugar de la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios. Así, mientras
las necesidades no atendidas conducen a la insatisfacción, los d erechos que
no se respetan derivan en su violación, ante lo cual legalmente es posible
reclamar la compensación o la reparación.” 12

2.6. Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas y las minorías sufren, en forma especial, los efectos de
la corrupción. Por lo general se encuentran entre los grupos más vulnerables y
con mayor desventaja dentro de la sociedad. Las mujeres indígenas o
pertenecientes a una minoría están expuestas a riesgos incluso mayores.
La vulneración de derechos que sufren mu chas comunidades indígenas, por
carecer de acceso equitativo a la educación es enorme, porque impacta de
manera global, impidiendo a las comunidades ejercer otros derechos
fundamentales. No tienen acceso a la información pública necesaria, ni a los
mecanis mos o herramientas oportunas para denunciar y reclamar a las
autoridades.
La falta de acceso a la justicia agrava los riesgos de sufrir perjuicios
desproporcionados. Rara vez se escuchan las voces indígenas en las
discusiones políticas por lo que estas po blaciones tienen muy poca influencia
sobre el diseño y la implementación de las políticas y programas anticorrupción
que pudieran mejorar su nivel de vida.
Las comunidades indígenas, están muy vinculadas a la tierra en la que viven
de forma colectiva, por lo que son particularmente vulnerables a la corrupción
no sólo en los proyectos de infraestructura (grandes represas donde pueden
ser desplazados), sino que, también, se ven afectados cuando existe
corrupción en la venta y registro de tierra s.
12 https://www.olacefs.com/wp -content/uploads/2017/08/01 -Propuesta -Inicial -y-Documento –
Gui%cc%81a.pdf

12

2.7. Corrupción y Derechos Humanos
Los estándares de derechos humanos, como se establecen en los principales
tratados internacionales y las legislaciones nacionales, imponen obligaciones a
los Estados. La corrupción genera un impacto negativo en la dem ocracia, en el
respeto a los derechos humanos y en la ética ciudadana; socaba la confianza
de los ciudadanos para con sus autoridades, en todos los niveles e
instituciones del Estado.
Debilita la legitimidad del Estado y con ello su fundamento democrático, afecta
el correcto funcionamiento de la administración pública, el patrimonio estatal, la
ética en el ejercicio de funciones públicas.
Es responsabilidad de todos los Estados mejorar la transparencia y la eficiencia
de la gestión pública, brindar solucion es efectivas y en igualdad de condiciones
a todos los problemas sociales.
En la medida que se promueva la eficiencia en la gestión pública y se oriente la
gestión hacia la obtención de resultados y el establecimiento de claros
esquemas de responsabilidad y la rendición de cuentas de quienes manejan
recursos públicos, aumentará el acceso a la justicia y el ejercicio de los
Derechos humanos.
El intercambio de experiencias y buenas prácticas se constituye en una
brillante oportunidad que tenemos todas las EFS de la región a fin de ahondar
esfuerzos para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

2.8. Pandemia y Derechos Humanos
Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria
global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el
COVID -19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y
contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos
humanos.
La pandemia del COVID -19 puede afectar gravemente la plena vigencia de l os
derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida,
salud e integridad personal que supone el COVID -19; así como sus impactos
de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre
las personas y grupos e n situación de especial vulnerabilidad.
Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por
profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen
un problema transversal a todos los Estados de la región; así como p or la falta
o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad
alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o
de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y
de trabaj o e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en

13

la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del
COVID -19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas
básicas de prevención contra la enfermeda d, en particular cuando afecta a
grupos en situación de especial vulnerabilidad. 13
La desigualdad histórica que afecta a Latinoamérica, en lugar de ser abordada
con políticas públicas que garanticen la equidad, se está agravando por la
desigualdad en el ac ceso a las vacunas anti -covid -19. Mientras algunos países
lograron avanzar en su proceso de vacunación, como por ejemplo, Israel,
Reino Unido y Estados Unidos, otros países tienen cero vacunas o muy pocas,
generando un riesgo global por la posible generaci ón de nuevas variantes en
países en los que el contagio sigue avanzando. Es urgente fortalecer
mecanismos de acceso a vacunas para todos los países y seguir discutiendo la
pertinencia de establecer normativas internacionales que flexibilicen las leyes
de p atentes de las mismas.
13 Resolución 1/2020 C IDH. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion -1-20 -es.pdf

14

3. ANTECEDENTES

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos 14
Es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos
con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). El sistema dispone de diferentes instancias, mecanismos y
organismos destinados a la protección de los derechos humanos.

Declaración universal de los Derechos humanos 15
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que
marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por
representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes
jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unida s en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución
217 A (III)) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La
Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales
que deben protegerse en el mundo entero .

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 16
Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la
Resolución N° 58/4, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América,
el 31 de octubre de 2003, y suscrita por la Repúb lica del Paraguay el 9 de
diciembre de 2003, en la ciudad de Mérida, está ratificada en Paraguay por la
Ley N° 2535 .

Convención Interamericana Contra la Corrupción 17
En 1996, los Estados miembros de la OEA adoptaron el primer instrumento
jurídico internacional anticorrupción y en 2002 pusieron en marcha el
mecanismo que evalúa su cumplimiento. La Convención Interamericana contra
la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación
(MESICIC) constituyen, desde entonces, los prin cipales instrumentos de
cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en las
Américas. 18
14 https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HowItWorks.aspx 15 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Tr anslations/spn.pdf 16 https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_d e_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf 17 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B -58_contra_Corrupcion.pdf 18 http://www.oas.org/juridico/spanish/folleto_mesicic.pdf

15

De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la
República del Paraguay ratificó la Convención Interamericana cont ra la
Corrupción el día 29 de noviembre de 1996 y depositó el instrumento
respectivo de ratificación el día 28 de enero de 1997.
Asimismo, la República del Paraguay suscribió la Declaración sobre el
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Conve nción
Interamericana contra la Corrupción, el día 4 de junio de 2001, con ocasión de
la Asamblea General de la OEA en San José, Costa Rica.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 19
Se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional
Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se
adoptó la propia Carta de la OEA, que pr oclama los «derechos fundamentales
de la persona humana» como uno de los principios en que se funda la
Organización.
Como un primer instrumento internacional, el 29 de marzo de 1996 fue
adoptada la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) en el
marco de la Organización de los Estados Americanos, la cual entró en vigor el
3 de junio de 1997 y a la fecha cuenta con la ratificación de todos los Estados
miembros, salvo Cuba.
El preámbulo de la Convención contra Corrupción, que se indica en su
fun damento, radica en la necesidad de fortalecer y salvaguardar la democracia
como condición indispensable para la estabilidad de los Gobiernos de la región.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 20
La Comisión Interamericana, “la Comisión” o “la CIDH” tiene como función
principal la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas.
Ejerce dichas funciones a través de diversos mecanismos, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (OEA)1 y 41 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
En ejercicio de su mandato y frente a la coyuntura regional que ha sido
relevada a través de sus distintos mecanismos, la CIDH presenta u n análisis
del fenómeno de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos.
Asimismo, la Comisión realiza un análisis de avances y desafíos, así como de
las iniciativas que permiten consolidar una estrategia a nivel regional, nacional
y local para hacer frente a la necesidad de combatir y erradicar el fenómeno de
la corrupción en el hemisferio.
19 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 20 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp

16

La CIDH se propone dar cuenta del impacto multidimensional de la corrupción
sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente para el goce y
ejerc icio de los derechos humanos en el continente. De este modo, en su
informe incluye una serie de recomendaciones para los Estados con el fin de
combatir dicho fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos.
La corrupción desde el enfoque de derechos hum anos permite articular
estrategias efectivas para la erradicación de este flagelo regional;
conjuntamente con acciones encaminadas por otros mecanismos de la OEA y
del sistema universal; y que, en particular, fortalezca la cooperación con los
Estados.

Otr as iniciativas internacionales
Con el fin de atacar el fenómeno de la corrupción se han adoptado importantes
normativas e iniciativas como respuesta a la situación internacional, entre ellas
se puede citar, como una primera experiencia relevante en la región, a la
Foreign Corrupt Practi ces Act (1977) emitida en la década de los años 70 , en
Estados Unidos.
Dicha normativa evidenció la relevancia de dar tratamiento al tema de
corrupción con alcances internacionales; posteriormente, a partir de la década
de los noventa, el fenómeno de la co rrupción se introdujo plenamente como
tema en la agenda internacional, lo que se tradujo en herramientas
multilaterales para enfrentar la.
Asimismo, se destaca la C onvención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerc iales internacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su
recomendación sobre integridad pública de 2017 21 y su manual de integridad
(2020) 22. 23

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores , (OLACEFS ) 24
Es un organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico y de
carácter permanente, que nace en 1963, en Caracas, Venezuela; con el Primer
Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizado ras – CLADEFS, ante la
necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y experiencias
relacionadas a la fiscalización y al control gubernamental, así como al fomento
de las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades. En dicho
Congr eso se recomendó la creación de un Instituto Latinoamericano de Control
21 Disponible en: https://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion -integridad -publica/ 22 Disponible en: https://www.oecd.org/publications/manual -de -la-ocde -sobre -integridad –
publica -8a2fac21 -es.htm 23 Co nsideraciones que fo rman parte de l a porte de la ASF de M éxico . 24 https://www.olacefs.com/historia/

17

Fiscal, que realice las funciones de investigación especializada y sirva como
centro de información, enseñanza, coordinación y asesoría mutua entre
entidades fiscalizadoras.
El Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción
Transnacional (GTCT) fue constituido el 12 de abril de 2019, durante la LXIX
Reunión Anual del Consejo Directivo de la OLACEFS, realizada en Lima, Perú,
con el objetivo de centrar los esfuerzo s de las EFS en el combate a la
corrupción en su dimensión transnacional, propiciando el intercambio de
información oportuna entre organismos de control de la región, para mejorar la
ejecución de procesos de investigación y fiscalización gubernamental.

De claración de San Salvador »Sobre la lucha contra la corrupción
transnacional» 25
Es el primer hito importante para la Lucha contra la Corrupción Transnacional,
que permitió instrumentar la cooperación multilateral para fortalecer las
capacidades de fisc alización y control público de las EFS, dada en la XXIX
Asamblea General de la OLACEFS, en la República de El Salvador, en octubre
de 2019.
El documento permitió instrumentar la cooperación multilateral para fortalecer
las capacidades de fiscalización y c ontrol público de las EFS. Además, se
reconocieron otros acuerdos internacionales y regionales, destacando la
Convención de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNCAC), la
Agenda 2030 -en particular el ODS 16 -, y el Compromiso de Lima.

25 https://www.olacefs.com/declaracion -de -san -salvador -sobre -la-lucha -contra -la-corrupcion –
transnacional/

18

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general.
Poner en valor el enfoque de Derechos Humanos en el control gubernamental.
4.2. Objetivos específicos .
a) Destacar el rol de las EFS en la promoción y defensa de los Derechos
Humanos.
b) Intercambiar experiencias con otras EFS.
c) Identifica r buenas p rácticas, para el combate a la corrupción y la
impunidad.
d) Coordina r acciones entre el control estatal y el control social.

5. PREGUNTAS
Las respuestas de las EFS a las siguientes preguntas serán insumos a tener en
cuenta para el desar rollo del tema técnico.

Preguntas generales en materia de Derechos Humanos
¿Cuenta su EFS con planes, políticas, programas y/o mecanismos de
formación en materia Derechos Humanos? En caso afirmativo, favor
especifíquelos.
¿Participa su EFS de plataformas de trabajo y/o intercambio de experiencias
con OSC especializadas en materi a de DDHH?

Corrupción y Derechos Humanos
¿Cumple su EFS un rol en el seguimiento e implementación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción?
¿Cumple su EFS un rol en el seguimiento e implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción?
¿Ha participado activamente su EFS en el diseño, elaboración y/o
implementación de planes o políticas a nivel nacional en materia de
anticorrupción?

Enfoque basado en Derechos Humanos y políticas públicas

19

¿Su EFS cuenta con un registro de hallazgos que reflejen impacto y/o
indicadores en materia de Derechos Humanos? En caso afirmativo, expláyese.
En el marco de las auditorías de desempeño, ¿cuáles serían las buenas
prácticas que su EFS ha identificado aplicando el EBDH en sus ac tividades de
control?

Pandemia, desigualdad, grupos vulnerables y pueblos indígenas
En el marco del Derecho a la Salud, ¿Cuáles serían las buenas prácticas que
ha identificado su EFS en la pandemia de la covid -19?

En materia de la no discriminación, la equidad de género y la igualdad de
oportunidades
¿Cuáles serían los principales esfuerzos en materia de control que su EFS ha
aplicado con relación a la protección de los derechos de grupos
vulnerables?¿Cuáles serían los principales esfuerzos en materia de control que
su EFS ha aplicado con relación a la protección de los derechos de los pueblos
indígenas?

20

6. Entidades Fiscalizadoras que respondieron a las preguntas
del documento guía del Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS
HUMANOS , UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES”

En orden alfabético.
1. Argentina .
2. Belice .
3. Brasil .
4. Buenos Aires .
5. Chile .
6. Colombia .
7. Costa Rica .
8. Ecuador .
9. El Salvador .
10. Guatemala .
11. Honduras .
12. México .
13. Paraguay .
14. Portugal .
15. Puerto Rico .
16. República Dominicana .
17. Uruguay .
18. Venezuela .

21

7. Cuadro de respuestas de las entidades fiscalizadoras en
términos de respuestas afirmativas, negativas o sin respuesta
sobre las primeras 6 preguntas del cuestionario del documento
guía del tema técnico N° 2

22

Las respuest as completas de todas las preguntas están en el anexo 1.
1
0
1
2
3
0
15
7
8
8
8
8
2
11
9
8
7
10
0 5 10 15 20
¿Cuenta su EFS con un registro
de hallazgos que reflejen impacto
y/o indicadores en materia de
Derechos Humanos?
¿Participa su EFS en el diseño,
elaboración y/o implementación
de planes o políticas a nivel
nacional en materia de
anticorrupción?
¿Cumple su EFS un rol en el
seguimiento e implementación de
la Convención Interamericana
Contra la Corrupción?
¿Cumple su EFS un rol en el
seguimiento e implementación de
la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción?
¿Participa su EFS de plataformas
de trabajo y/o intercambio de
experiencias con OSC
especializadas en materia de
DDHH?
¿Cuenta su EFS con planes,
políticas, programas y/o
mecanismos de formación en
materia Derechos Humanos?
RESPUESTAS DE LAS EFS
AFIRMATIVA NEGATIVA SIN RESPUESTA

23

8. CONCLUSIONES

– La implementación de la perspectiva de Derechos Humanos juega un rol
fundamental en el diseño, la planificación, la ejecución, el control y la mejora
continua de las políticas públicas.
Las actividades de control de las EFS permiten visibilizar, detectar, evaluar y
ajustar políticas públicas y desviaciones normativas y de gestión que tienen
impactos directos sobre la plena vigencia, el uso y el goce de los derechos
humanos de las personas, tanto a nivel ind ividual como colectivo.
Asimismo, las EFS juegan un papel clave en la implementación de los ODS,
evaluando a los Organismos del Estado, con un enfoque basado en derechos
humanos, mediante herramientas como las auditorías de desempeño en el
contexto de los ODS; con el fin de que las instituciones sean transparentes,
eficientes y responsables.

– La transversalidad de la perspectiva de derechos humanos, no debiera ser
una mera declaración apuntada en documentos formales de las entidades, sino
que constituye una decisión polít ico -institucional que reafirma la voluntad de las
entidades y permite trabajar en cada aspecto y etapa desde la construcción
hasta la evaluación y proceso de mejora continua de cada política pública.

– Se verifica un desafío y reto para las EFS en cuanto a la adquisición de un
enfoque de derechos humanos integral , sobre todo a fin de superar un abordaje
aislado en la planificación, ejecución y evaluación de las tareas de control d e
las EFS. Se entiende por abo rda je a islado aquellas acciones co ncretas
desarrolladas en el marco d e las EFS en torno a temáticas relativas a derechos
humanos, desar rolladas por distintas in stancias, áreas sin una deb ida
sistematicidad y sin visión holística .
Se considera que existen aspectos para mejorar en cuanto a la coherencia con
la que se determinan las decisiones políticas para la definición de controlar
instituciones.

– Es fundamental poner en valor la participación ciudadana para conectar con
las realidades de las comunidades y distintas partes interesadas. En América
Latina, las instituciones públicas, incluidas las EFS, aún se encuentran en un
proceso de transición, siendo prevalentes culturas organizacionales de
sistemas cerrados, pero con tendencia a la apertura a la ciudadanía. Esta
transición no es un destino sino un largo camino que está en marcha.
Consideramos que las EFS que tienen más predisposición para implementar
herramientas de participación ciudadana, generan una mejor conex ión con las

24

realidades sociales que son múltiples y diversas, y por tanto, tienen una
adecuada capacidad de respuesta a las problemáticas de Derechos Humanos.
Además, la sociedad civil aporta conocimiento y experiencia de trabajo con la
ciudadanía, con los beneficiarios directos de las políticas públicas.

– Los últimos avances de las Tics han representado un cambio de paradigma
en la esencia misma las EFS de control, como un cambio de ADN. El manejo
del big data o macrodatos, su combina ción con herramientas de inteligencia
artificial, la minería de datos, y más recientemente, la ciencia de datos, se han
convertido en aliados protagónicos para el manejo de gran cantidad de
información permitiendo una mayor precisión y eficiencia, en la ta rea de control.
Esta irrupción de nuevas tecnologías y sus beneficios, genera una ventana de
oportunidades para el enfoque de derechos humanos aplicado al control,
puesto que no solo amplia su cobertura, sino que habilita a incorporar la
complejidad de las políticas públicas a ser auditadas, los datos desagregados y
la posibilidad de construir indicadores claros en derechos humanos, con
enfoque de género.

– Las convenciones internacionales son los marcos mínimos del derecho
internacional de los derechos h umanos, que cada Estado se compromete
voluntariamente a internalizar, cumplir y rendir cuentas.
Es así, que el vínculo y el rol de las EFS en el seguimiento e internalización de
las convenciones de lucha contra la corrupción son trascendentes, puesto que
dichos espacios permiten acceso a información calificada para liderar procesos
en la problemática de la corrupción en cada país, respondiendo a la naturaleza
misma de las EFS.
Asimismo, las convenciones internacionales son valiosas porque establecen
direct rices globales, y son espacios para compartir experiencias y aprendizajes
entre pares y determinar estándares generales que permitan construir las
bases de políticas públicas locales de derechos humanos.
Las convenciones internacionales de derechos humano s, finalmente son
marcos civilizatorios que permiten a los Estados ingresar en la comunidad
internacional, para rendir cuentas en base a marcos mínimos deseables.

– Las actividades de control y los procesos de mejora requieren de una serie de
condiciones que hacen sostenible la optimización de los procesos y la calidad
de la gestión institucional, entre ellas, se destaca la construcción de
conocimiento en derechos humanos como una condición básica para la mejora
continua de las instituciones del e stado.
La capacidad y conocimiento instalados, tanto en actores públicos como en la
sociedad civil y partes interesadas genera las condiciones y construyen el

25

cimiento primigenio que permiten un flujo favorable de interconexiones entre las
políticas públi cas, los derechos humanos y el control del Estado. Esto implica
un cambio de cultura necesario para cumplir el verdadero rol de un estado de
derecho como garante de derechos humanos. De esta manera se pone en
valor el control preventivo como política de ma yor eficiencia para la vigencia de
los derechos humanos.
Las EFS juegan un papel importante en la consolidación de los sistemas de
derechos humanos porque evalúan la ejecución y los impactos de las políticas
públicas que deben orientarse al cumplimiento d e los Derechos humanos.

– Sin lugar a dudas la Pandemia de la covid -19 represent a un enorme reto y
desafío a las EFS, puesto que el contexto de emergencia y de crisis, exacerba
el valor de la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza
ante la incertidumbre y la coyuntura desatada.
En América Latina y el Caribe, la pandemia ha develado l a realidad precaria de
los sistemas de salud y protección social, poniendo en relevancia la relación
entre los derechos humanos y la rendición de cuentas. En el mismo sentido,
todos los indicadores económicos demuestran que la crisis ha profundizado los
niveles de pobreza y desigualdad, ejes centrales y transversales de los
compromisos ante la agenda 2030 de los ODS, en el cual las EFS también
colaboran activamente para el monitoreo de las agendas locales.
Esta ponencia, ha colectado buenas prácticas desarr olladas por las entidades
miembros de OLACEFS ante la emergencia sanitaria, las que, debieran ser
consideradas como aprendizajes de cara a los próximos desafíos que plantean
las situaciones de desastres y emergencias eventuales, que pueden ser
agravadas an te la imprevisión y la falta de protocolo de crisis.
Asimismo, la pandemia ha sido un escenario en que se verifica la ausencia del
Estado en el cumplimiento de garantías vitales de Derechos Humanos y el
valor de las entidades fiscalizadoras en el monitoreo de dichas garantías para
su eficaz y eficiente cumplimiento.
En el marco de las buenas prácticas en pandemia de la Covid -19, queremos
destacar las experiencias de Colombia que ha articulado una estrategia integral
para el manejo de la emergencia con enfoq ue diferencial para pueblos étnicos
y la de Costa Rica que a través de su portal, comunica detalladamente todos
los aspectos de su abordaje institucional para enfrentar la pandemia. 26

26 https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid -19/Aplicacion -de -controles -contribuyen -al-abordaje –
emergencia

26

9. RECOMENDACIONES

– Promover una visión holística de los derechos humanos en las políticas y en
el plano estratégico y político de las EFS miembros de OLACEFS y de nuestra
propia organización.

– Difundir la utilidad y las buenas experiencias sobre la implementación de las
auditorías de desempeño.

– Impulsar la transversalidad de la perspectiva de derechos humanos en todos
los instrumentos y documentos políticos y estratégicos de las EFS de
OLACEFS y de nuestra propia organización, impulsando la adopción de
indicadores y herramientas de medición y autoevaluación.

– Promover que la gestión de las EFS tenga en cada etapa de sus procesos de
control, un abordaje y enfoque de derechos humanos y de género.

– Consolidar los logros obtenidos por la OLACEFS y sus miembros en el ámbito
de la participación ciudadana a fin de p romover una cultura de apertura y
participación con enfoque de derechos humanos.

– Impulsar el avance de estrategias, mecanismos y herramientas tecnológicas y
de la información para el control gubernamental que permitan aumentar el
acceso ciudadano desde una perspectiva de DDHH.

– Compartir experiencias exitosas de EFS que hayan implementado Tics para el
control.

– Impulsar el valor de las EFS en el seguimiento y la internalización de las
convenciones de Derechos Humanos , especialmente en las de lucha contra la
corrupción

– Promover la formación con tinua, la construcción del conocimiento y la
investigación en derechos humanos, tanto en la OLACEFS, como para sus
EFS miembros.

27

– Compartir experiencias de entidades que han implementado programas y
políticas públicas de formación y capacitación en der echos humanos.

– Prever protocolos institucionales para situaciones de emergencia y crisis
sanitaria, que permitan desarrollar las actividades de control con enfoque de
derechos humanos.

28

10. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

1. https://www.un.org/es/global -issues/human -rights
2. Manual de capacitación para la fiscal ización de los derechos humanos.
NACIONES UNIDAS. Nueva York y Ginebra, 2001. OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS.
3. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion -1-18 -es.pdf
4. Declaración de Asunción, Pri ncipios sobre Rendición de Cuentas. XIX
Asamblea General de la OLACEFS.
5. 3rd ECPR Graduate Conference, Section: Political Development. Panel:
External Actors and Developing States. Paper 349. Dublin City University 1
September 2010. “How to build institut ional capacity in developing countries:
the case of supreme audit institutions.” Katharina Noussi, University of
Vienna
6. Organización de las Naciones Unidas, Grupo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible, Marco de Cooperación de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible, Directrices Internas, V ersión editada, 3 de
junio de 2019, p. 13, disponible en:
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019 –
10/ES_UN%20Sustainable%20Development%20Cooperation%20Framewor
k%20Guidance.pdf
7. Alto Comisionado de las Naciones Unid as para los Derechos Humanos,
Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la
cooperación para el desarrollo, Organización de las Naciones Unidas,
2006, p. 15 -18, disponible en:
https://www.ohchr.org/documents/publications/faqsp.pdf
8. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la
cooperación para el desarrollo, Organización de las Naciones Unidas,
2006, p. 10, disponibl e en:
https://www.ohchr.org/documents/publications/faqsp.pdf
9. Peruzzotti, E. (2007) Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y
Agencias de Control en América Latina. Ponencia preparada para la XVII
Asamblea Genera l Ordinaria Organización Centroamericana y del Caribe de
Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), Santo Domingo,
República Dominicana.
10. El control gubernamental ante el nuevo paradigma de Gobierno Abierto,
Nadina G. Mezza – tesis diplomatura de cont rol gubernamental, universidad
de Belgrano, Argentina.
11. https://www.olacefs.com/wp -content/uploads/2017/08/01 -Propuesta -Inicial –
y-Documento -Gui%cc%81a.pdf
12. Resolución 1/2020 CIDH.
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion -1-20 -es.pdf
13. https ://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HowItWorks.aspx

29

14. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
15. https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Co
rrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
16. http: //www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_
B-58_contra_Corrupcion.pdf
17. http://www.oas.org/juridico/spanish/folleto_mesicic.pdf
18. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
19. https://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion -integridad -publica/
20. https://www.oecd.org/publications/manual -de -la-ocde -sobre -integridad –
publica -8a2fac21 -es.htm
21. https://www.olacefs.com/historia/
22. https://www.olacefs.com/declaracion -de -san -salvador -sobre -la-lucha -contra –
la-corrupcion -transnacional/

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES” , que es liderado por la EFS de Paraguay y que será
presentado en la próxima Asamblea General de la OLACEFS.

1. Preguntas generales en materia de Derechos Humanos

CUADRO N° 1

Países/EFS
Preguntas y respuestas
1.1. ¿Cuenta su EFS con planes, políticas, programas y/o mecanismos de formación en
materia Derechos Humanos? En caso afirmativo, favor especifíquelos .
Argentina La AGN como políticas adoptó el Cupo laboral para personas con discapacidad Ley 22.431. ¿Qué es el cupo laboral para personas con discapacidad? Es una obligación del Estado para asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Por esa obligación, el Estado debe tener al menos un 4% de personas con discapacidad entre sus empleados. A ra íz de la incorporación de Personal con discapacidad a la EFS se dictó el Curso Integración Laboral de Personas con Discapacidad Por Disposición AGN Nº 362/18 se creó el Comité para la Prevención, Atención y Seguimiento de casos de violencia laboral, en el ámbito de la Auditoría General de la Nación y se aprobó el Protocolo para la Prevención, Sensibilización y Erradicación de Situaciones de Violencia en Ambientes de Trabajo cuya última actualización fue aprobada por Disposición AGN Nº 389/20. Actualmente el Comité, entre otras cosas está desarrollando una encuesta de Clima Laboral. 19-07-2019 Convenio entre la AGN y el Instituto Nacional de las Mujeres La AGN y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) firmaron un convenio de cooperación cuyo objetivo es i mplementar la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”. Por Disposición AGN Nº 352/20 se aprobó el programa del Curso “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado – Ley 27.499”. La Ley N ° 27.499 establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Recientemente se aprobó la Ley 27636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” que establece la =nclusión laboral en el Estado nacional. Cupo: El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no infer ior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes. El artículo 2º de la Resolución AGN Nº 49/12 establece que se debe mantener en los plan es anuales de capacitación cursos de actualización en materia de Prevención y detección de lavado de activos, destinados al personal afectado a la ejecución de proyectos de auditoría de estados contables. Por último, la AGN capacita a sus agentes para audi tar los ODS, por Disposición AGN Nº 183/19 – se aprobó el Plan Operativo de capacitación Sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Belice NO

Brasil No existe un plan específico de capacitación en esta área, a pesar de esto, en el pasado, ha habido un posgrado en justicia social, crimen y derechos humanos junto con el Senado Federal, la Cámara de diputados y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud). Sin embargo, dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2020 -2024) del Instituto Serzedello Correa (ISC/TCU), es el objetivo desarrollar acciones afirmativas para la defensa y promoción de los derechos humanos y la igualdad étnico -racial, desarrollar acciones de inclusión y responsabilidad social y desarrollar acciones de educación en derechos humanos. Junto al Centro Cultural del TCU se desarrolla una acción denominada «Programa Educativo», que trabaja el tema de la ciudadanía en todas las actividades que desarr olla.
Buenos
Aires
Cabe señalar en primera instancia, que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (en adelante, HTCPBA) ha concebido al área funcional encargada del desarrollo de las Auditorías de Desempeño, como un sector de capacitación continua del personal de TODO el organismo, ya que los equipos que llev an adelante estos estudios se conforman para cada objeto de auditoría en particular, con agentes de distintos sectores del Tribunal. De esta manera, se completa su formación auditora con la perspectiva que porta este enfoque, que se centra en evaluar las c ondiciones de economía, eficiencia, eficacia, equidad, sostenibilidad ambiental y respeto por los lineamientos marcados por los ODS, que presentan las intervenciones públicas, en pos del debido resguardo de los intereses de la ciudadanía como sujeto de der echo. Claramente entonces, las acciones cotidianas desarrolladas por esta área de Auditorías de Desempeño implican en sí mismas un mecanismo habitual inserto en el contexto de las actividades misionales del HTCPBA, que opera como un proceso constante, no s ólo de formación interna en materia Derechos Humanos, sino de evaluación de cómo los mismos se contemplan en la actividad gubernamental. En esa evaluación, se brindan recomendaciones a los gestores públicos para que mejoren su desempeño, lo que también rep resenta una forma válida, continua y efectiva de hacer docencia en el ámbito estatal, exponiendo fundadamente los aspectos a mejorar en este sentido, y brindando herramientas concretas para lograrlo. Por otro lado también es importante mencionar, que el HT CPBA ha participado masivamente de capacitaciones externas realizadas en aspectos vinculados con los Derechos Humanos, tales como la llevada a cabo por el Gobierno de la provincia

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

de Buenos Aires en “temáticas de género y violencia contra las mujeres”. Asi mismo, en el contexto del HTCPBA se conformó un “Equipo =nterdisciplinario” cuya misión es realizar acciones y tomar medidas respecto a situaciones que afecten la perspectiva de género dentro del Organismo, brindando asesoramiento integral, acompañamiento, resolución y seguimiento de cada caso.

Chile La Contraloría General de la República de Chile en su interés por capacitar a las personas funcionarias de la institución, ha considerado en sus diferentes líneas de formación, el apego irrestricto a los der echos humanos, como una mirada transversal centrada en entregar las condiciones de dignidad humana en su funcionamiento interno y externo. Durante los últimos años, el rol de las personas funcionarias de la institución como fiscalizadores de la materializa ción de la universalidad e igualdad de estas condiciones de vida en el accionar del Estado chileno, ha sido reforzado a través de una serie de cursos que han tratado la materia desde distintos ámbitos. A continuación, se presentan los cursos y actividades de formación que han aportado en esta perspectiva, a través de una breve descripción: Actividad o curso e -learning Objetivo u descripción
Curso Integridad y Códigos: relación con nuestra labor Su objetivo es comprender la importancia de los Códigos de Ética y Conducta y fomentar la reflexión ante dilemas en el desempeño de nuestras labores.
Curso Integridad Institucional Su propósito es comprender qué es integridad y la importancia de contar con un sistema de integridad institucional en el d esarrollo de la función pública y el resguardo de la probidad.
Programa de Inducción General a funcionarios de reciente ingreso a la CGR
En este programa e -learning se revisan los contenidos mínimos con los que deben contar las personas funcionarias para realizar sus funciones en la Contraloría General de la República de Chile, en donde se tratan diversas temáticas tales como la integridad institucional.
Curso Ética y Conducta Funcionaria Busca comprender la importancia que tiene la ética y los principios que rigen la buena conducta en el desarrollo de la función pública y el resguardo de la probidad.
Curso de Ética, Transparencia y Lobby en el Sector Público
Identificar el marco normativo de la transparencia, los procedimientos de lobby que aplica a los funcionarios públicos. A su vez, identificar la importancia de la ética y probidad en la función pública, desde los aspectos legales básicos relacionados con ellas.
Charlas ¿Cómo resguardar el interés general en las labores de la CGR?
Estas char las se enmarcan en la línea de prevención de irregularidades, en donde se espera que los contenidos puedan entregar información relevante y ser un recordatorio respecto de los mecanismos de resguardo del principio de probidad y del interés general: exclusi vidad de funciones, declaración de intereses y patrimonio, deber de abstención, mecanismos que regulan el lobby, entre otros.
Curso Inclusión en el Sector Público Una mirada institucional y ciudadana: Este curso en modalidad e -learning tiene como objetivo profundizar la comprensión y valoración de la diversidad e inclusión en el quehacer institucional, a nivel de discursos y prácticas, tanto individuales como colectivas
Curso Introducción a la Igualdad de Género y no Discriminación
Este curso en modalidad e-learning tiene como objetivo Incorporar la perspectiva de género a la acción interna y externa de las personas funcionarias en Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), como herramienta impulsora de la equidad y no discriminación, y como respuesta al e nfoque de derechos y a la especial susceptibilidad de mujeres y niñas, en circunstancias de pandemia mundial por el virus COVID -19.
Webinarios en Tiempos de COVID -19 Ciclo compuesto por videos en donde se aborda la actual contingencia y la labor de los órganos de control en medio de este escenario y en que se tratan temáticas tales como la salud mental en pandemia y el impacto diferenciado del COVID -19 en las mujeres.
Colombia La Contraloría General de la República, desde el año 2000, cuenta con una Contraloría Delegada específica para promover el derecho ciudadano a participar en la vigilancia de la gestión pública, en el entendido de que a través de este derecho se pueden hacer efectivos todos los demás. En el marco del Sistema de Control Fiscal Participativo – CFP, definido en la reglamentación interna como: «[…] función de la Contraloría General de la República – CGR para promover, dinamizar y fortalecer a la ciudadanía en el ejercicio del control social a la gestión pública, con el propósito d e mejorarla y hacerla más transparente, para aportar en la garantía de los derechos de los colombianos e integrar los resultados del control social a lo público con el ejercicio del control fiscal.» En desarrollo de esta función, la Contraloría Delegada pa ra la Participación Ciudadana despliega una oferta de servicios para la ciudadanía que se organizan de forma articulada en las denominadas intervenciones de Control Fiscal Participativo – CFP, que buscan generar competencias en la ciudadanía para que pueda n evaluar las políticas públicas y elevar su voz cuando consideran que sus derechos no están siendo garantizados. En el marco de las mencionadas intervenciones, la Contraloría acompaña a la ciudadanía para que reconozca su papel en el escenario del Estado y cómo cada individuo puede directamente, en ejercicio del poder soberano que le inviste, modificar en positivo las condiciones de ejecución de las políticas públicas y, en esa vía, la garantía de sus derechos a través de la inversión de recursos públicos. Cada modalidad tiene una metodología de trabajo que busca un objetivo específico, a saber: 1. Evaluación concertada: Es un procedimiento que facilita el diálogo y concertación entre los actores sociales e institucionales intervinientes en una política, pl an, programa o proyecto, que permite construir un diagnóstico sobre una problemática en torno a la gestión pública, con el fin de promover compromisos de mejora y acompañar su seguimiento. 2. Intervención temática y sectorial: Es el acompañamiento de la CG R a la ciudadanía y sus organizaciones para el ejercicio del control social sobre uno o varios contratos asociados a planes, programas o proyectos, en cualquier momento de su ciclo de gestión (planeación, ejecución), con el propósito de acompañar el proces o hasta que se entregue la obra, el bien o se preste el servicio contratado. 3. Marketing para el control social: Es la formulación, ejecución y evaluación de estrategias propias del marketing social que la CGR realiza para generar o fortalecer conductas e imaginarios positivos en la ciudadanía y sus organizaciones a favor del cuidado de lo público, que incentiven mayor participación para el control y la vigilancia de la gestión pública.

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4. Apoyo técnico y legal: Es el diseño, desarrollo y transferencia de metodologías, instrumentos e información para mejorar las competencias ciudadanas y la calidad de su participación y sus pronunciamientos, con el fin de fortalecer la incidencia en la protección de lo público. 5. Especial Seguimiento: Es el mecanismo ordin ario de vigilancia fiscal mediante el cual se realiza el seguimiento permanente a los bienes, fondos, recursos o intereses patrimoniales destinados para la atención de emergencias y desastres y para la participación ciudadana, o aquellos derivados de las a lertas ciudadanas, promovido por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana con el apoyo de las demás Contralorías Delegadas Sectoriales y mediante la vinculación de la ciudadanía. Implica la recolección y análisis permanente de información út il para la toma de decisiones de vigilancia y control fiscal, durante la implementación de la política, programa o proyecto, con base en la comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos. Por su parte, la unidad operacional del S istema de CFP, la materia prima de las intervenciones son los servicios. Los servicios de CFP se clasifican según sus objetivos así: 1. Servicios de información: En estos servicios se entrega información básica para exponer elementos mínimos de la gestión de la CGR, del Sistema de CFP y del control social a lo público como derecho y deber del ciudadano. Dentro de estos servicios se cuentan la divulgación de la misión de la CGR, las orientaciones a ciudadanos y las ferias para la ciudadanía, entre otros. 2. Servicios de formación: El objetivo de estos servicios es generar competencias cognitivas (saber/saber, saber/pensar) que permiten a los participantes mejorar sus conocimientos sobre elementos conceptuales para el ejercicio del derecho ciudadano a vigilar la gestión pública. Incluyen talleres de sensibilización y capacitaciones para el control fiscal participativo. 3. Servicios de diálogo y deliberación: Servicios de CFP en los que la ciudadanía, sus organizaciones y otros actores de la gestión pública (aca demia, gestores de recursos, otros entes de control), intercambian ideas en espacios facilitados por los servidores públicos de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana del nivel central y desconcentrado. En estos servicios, la CGR busca generar escucha activa y celebrar compromisos para abordar una problemática dentro de la gestión de una inversión pública. Son servicios de diálogo y deliberación los foros, las audiencias públicas, la construcción de agendas ciudadanas, los diálogos socia les, las mesas ciudadanas de concertación y seguimiento, los diálogos de caracterización temática y poblacional y los diagnósticos y análisis participativos, entre otros. 4. Servicios de organización: Estos servicios están destinados a fortalec er las competencias de la ciudadanía y sus organizaciones para el ejercicio efectivo del control social a lo público (saber / hacer). Incluyen, entre otros, los acompañamientos que hacen los servidores públicos de la Contraloría Delegada para la Participac ión Ciudadana del nivel central y descentrado para (i) la consolidación formal y legal de organizaciones de la sociedad civil, (ii) el desarrollo de estrategias y herramientas de control social, (iii) interponer acciones legales y denuncias, (iv) construir pronunciamientos e informes ciudadanos y (v) realizar trabajo de campo. 5. Servicios de articulación: Son los servicios de CFP específicos para la ejecución de las acciones de vigilancia y control fiscal (seguimiento permanente al recurso público para el ejercicio del control fiscal preventivo y concomitante o en el marco del control posterior y selectivo) y estudios sectoriales articulados. En general, se materializan en las mesas de trabajo que se realizan con los equipos de trabajo de las Direcciones de Vigilancia Fiscal y de las Direcciones de Estudios Sectoriales, o de las demás dependencias competentes para adelantar ejercicios de vigilancia y control fiscal. El objetivo final del Sistema de CFP supera el escenario de la capacitación y aborda la pr oblemática, ya propuesta por la Investigación Acción Participativa, de que el verdadero ejercicio de los derechos comienza con la acción consciente y colectiva de las comunidades para modificar realidades inequitativas, excluyentes y que, en consecuencia, limitan el goce efectivo de los derechos. Adicionalmente, los ciudadanos también pueden proponer a la Entidad aquellos temas del universo de lo público sobre los que requieren acompañamiento para la garantía de sus derechos a través de la vigilancia de la gestión pública. Como ejemplos que concretan estas premisas conceptuales, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana despliega, entre otras, una evaluación concertada sobre la política pública de educación inclusiva para personas en condición de discapacidad, una intervención temática y sectorial para acompañar los reclamos de comunidades campesinas (que han obtenido alivios para créditos y otros beneficios gracias a los espacios promovidos por la Contraloría General de la República y una masiv a estrategia de terminación de proyectos críticos denominada Compromiso Colombia. Gracias a esta estrategia, que deviene una modalidad especial de intervención temática y sectorial, durante el último año (junio 2020 – mayo 2021) fueron terminados 46 proyec tos en todo el territorio nacional, mediante la celebración de acuerdos de gestión entre los ejecutores de los recursos y el seguimiento de la ciudadanía. El valor estimado de estos proyectos que salieron de su criticidad o abandono y ahora prestan servici os a la ciudadanía ronda los cuatro billones de pesos ($ 3.878.204.582.988). En conclusión, los mecanismos que despliega la Contraloría General de la República para la promoción de los derechos humanos se basan en acciones concretas, que generan competenci as a partir de la práctica efectiva de mecanismos que permitan la garantía de los derechos de los ciudadanos, con su participación directa en el control y mejoramiento de la gestión pública.

Costa Rica En cuanto a mecanismos de formación, en la instituc ión no se cuenta con un programa específico en materia de Derechos Humanos, sin embargo, a lo largo de los años se ha gestionado la participación del personal en eventos de capacitación puntal en los que se ha abordado el tema. Del 2018 a la fecha se han g estionado los siguientes eventos: 2018: Dos funcionarios. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal: Las Garantías Constitucionales y Convencionales Aplicadas al Proceso. 2019: Veinte funcionarios. Como parte del programa “Vive Bien”, con un grupo de representantes de todas las Divisiones, se trabajó en una de sus sesiones el tema “=nclusión: Una Visión en Conjunto”. 2020: Siete funcionarios. Curso: Derechos Humanos para el Servidor Público. 2021: Cuarenta y un funcionarios. Como parte del “Plan de Desarrollo de Competencias de la División Hurídica”, en el 2021 se abordó por medio de tres sesiones del plan el tema: “Sistema =nteramericano de Derechos :umanos”, en el cual se cubrió la conformación del sistema, funciones de la Comisión y la Corte In teramericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad y las implicaciones de algunas sentencias recientes sobre el quehacer de la Contraloría en su función sancionadora.

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Ecuador La Contraloría General del Estado de Ecuador (CGE) por medio de l a Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria (DNAEyPC) ha realizado lo siguiente: • Desarrolla mecanismos y acciones que promuevan la vinculación de grupos de atención prioritaria. • Dirige el diseño de programas y proyectos institucionales relacionados a la buena práctica de atención a usuarios con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas; • Asesora en temas relacionados a grupos de atención prioritaria, a las unidades admi nistrativas en concordancia con la misión, funciones y atribuciones que deben cumplir; • Promueve y fomenta el control ciudadano respecto del buen uso de recursos públicos en planes, proyectos, programas o políticas direccionados a grupos de atención prior itarios; Para el efecto implementa cursos específicos en modalidad virtual directamente relacionados con abordaje de los derechos humanos y grupos de atención prioritaria como son: • Ética Pública. • Control Social y Participación Ciudadana. • Rol Social d e la Contraloría General Del Estado Dichos eventos de capacitación son dirigidos a personal de la CGE, servidoras/es de instituciones públicas y actores de la sociedad civil; y, hace posible fortalecer conocimientos, actitudes y prácticas frente al ejercic io de los derechos humanos, asumidos como el conjunto de principios, valores y normas de comportamiento basados en el respeto a la dignidad humana, superando para ello, barreras culturales, de género, religiosas, sexuales, políticas, entre otras. Considera ndo, que el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, supera la concepción de ser sujetos de necesidades para constituirse en sujetos de derechos y principales agentes de transformación social. Durante el último año, se desarrollaron l as jornadas “Educación por un Ecuador Transparente” coordinadas por la CGE y PADF (Fundación Panamericana para el Desarrollo) dentro del programa Unidos por la Lucha contra la Corrupción y la Transparencia en Ecuador (ACTÚA), en donde se vincularon actores de diversas organizaciones sociales como: mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, representantes de pueblos y nacionalidades, grupos LGTBI, entre otros.

El Salvador Dentro del Plan Anual Operativo se cuenta con la Meta Número 16, que se encuentra a cargo de la Unidad de Género de nuestra Institución para contribuir con el desarrollo integral del talento humano, mediante la ejecución de acciones en materia de género, como la igualdad la equidad, con base al marco legal aplicable. Los avances en la P olítica de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de Integración Centroamericana (PRIEG/SICA) fue analizada por la Primera Magistrada de la Corte de Cuentas de la República, Licda. María del Carmen Barahona, mediante designación del Secretario de la Inte gración Centroamericana (CFR -SICA), Lic. Roberto Anzora. La PRIEG/SICA es un instrumento público regional que tiene como fin posicionar la igualdad de género y la no discriminación a las mujeres. Campañas Internas de concientización sobre la protección al Medio Ambiente por parte de la Unidad Ambiental para fomentar la participación del Talento Humano en temas medio ambientales.

Guatemala No
Honduras En la ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) (Decreto N° 10 -2002 -E https://www.tsc.gob.hn/web/ley_tsc/Ley_Organica_TSC.pdf) establece en su Artículo 68 – MEDIDAS PREVENTIVAS. – Se entiende por medidas preventivas contra la corrupción las diligencias iniciales encaminadas a prevenir, evitar o impedir todo acto que menoscabe o lesione los intereses del patrimonio del Estado. – El Tribunal con fundamento en la Convención Interamericana Contra la Corrupción y para salvaguardar el patrimonio del Estado ejecutará entre otras las medidas preventivas siguientes: 1. La aprobación de a ctos administrativos de carácter general para el correcto, transparente y adecuado cumplimiento de las funciones públicas y su régimen sancionatorio. 2. La comprobación del cumplimiento adecuado de las instrucciones o recomendaciones giradas a la Administr ación Pública. 3. La colaboración en el diseño e implementación de sistemas de transparencia en la contratación y adquisición de bienes y servicios bajo los principios de legalidad, publicidad, equidad, eficiencia y economía. 4. La coordinación de activida des de investigación con otros organismos u órganos nacionales o extranjeros. 5. El fomento institucional y la implantación de una cultura de transparencia anticorrupción. 6. El fortalecimiento institucional de su nivel de actuación. 7. La emisión de norma s de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas e igualmente las que tiendan a prevenir conflictos de intereses que aseguren la preservación y el uso adecuado de los bienes y recursos asignados a los servidores p úblicos en el desempeño de sus funciones. 8. El establecimiento de medidas y sistemas que obliguen a los servidores públicos a informar al Tribunal sobre actos de corrupción en la función pública cuantas tengan conocimiento. 9. Estimular la participación d e la ciudadanía y de los organismos no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción vinculada al ejercicio de la función pública. 10. Crear mecanismos y sistemas para proteger a los servidores públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. 11. La formulación de recomendaciones e implementación de sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción. 12. Desarrollar mecanismos modernos como eficien tes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas dentro de la Administración Pública. 13. Implementar medidas que impidan los sobornos de servidores públicos por personas nacionales o extranjeras, tales como mecanismos para asegurar que los sujetos de la Ley mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle de adquisición y enajenación de activos y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan al personal del Tribunal detectar actos de corrupción.
México Se cuenta con cursos de formación en materia de igualdad y no discriminación, impartidos por la autoridad encargada de promover la igualdad de género en el país, el Instituto Nacional de las Mujeres. Es un tema que es abordado en algunos

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programas de forma ción para el personal de las áreas jurídicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México. Incluyen el tema como parte del contenido temático.
Paraguay No. Existe una política de no discriminación y equidad de género a nivel instituciona l, adoptada por la Contraloría de Paraguay, a través de una resolución. Asimismo, el código de ética establece como valor la no discriminación y equidad de género. En términos de política institucional, la CGR propicia la inclusión de personas con discapac idad, en concordancia con la Ley.
Portugal Sim. Na definição dos planos de controlo está presente a matéria dos direitos humanos.
Estão, por exemplo, programadas para 2021 auditorias sobre os seguintes aspetos:
• Auditoria aos apoios extraordinários à manutenção dos postos de trabalho no período
da pandemia (Lay -off simplificado);
• Acompanhamento das medidas municipais de apoio social a idosos;
• Auditoria à atribuição de pensões no sistema público de proteção social;
• Oferta, procur a e empregabilidade dos cursos do Ensino Superior;
• Auditoria aos sistemas municipais de abastecimento de águas;
• Avaliação do modo como o Estado, nas suas diferentes formas jurídicas, utiliza os
recursos públicos na gestão e prevenção do risco de desast res e catástrofes, bem como
na proteção e apoio às respetivas vítimas (incluindo na resposta à crise da Covid -19);
• Avaliação das medidas com vista à consecução dos ODSs, em especial os prioritários
para Portugal

Puerto Rico Al momento nuestra EFS no c uenta con planes, políticas, programas y/o mecanismos de formación en materia Derechos Humanos. Sin embargo, la iniciativa 1.2.3 de nuestro Plan Estratégico indica: Establecer programas de participación ciudadana para contribuir al control y a la vigilanci a de la gestión fiscal.
República
Dominicana
No
Uruguay -No se cuentan con programas específicos.
Venezuela La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela cuenta con un Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual contiene una serie de objetivos estratégicos destinados a preservar la lucha contra el flagelo de la Corrupción, en concatenación con el Plan Nacional de los Derechos Humanos, emanado del Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con un banco de cursos y talleres dirigidos a los servidores y servidoras públicas, para ilustrar la materia de Derechos H umanos en el ámbito del control fiscal.

CUADRO N° 2

Países/EFS
Preguntas y respuestas
1.2. ¿Participa su EFS de plataformas de trabajo y/o intercambio de experiencias con OSC
especializadas en materia de DDHH?
Argentina Sí, el Programa de Planificación Participativa: participación de las OSC en el proceso de planificación, y también brindaba cuatro tipos de talleres: 1) de capacitación, 2) previos a las auditorías, para intercambio de información entre especialistas y los técnicos de la AGN , 3) para definir correctamente las propuestas de auditoría y 4) de presentación de los resultados de las Auditorías. El proceso se inició con la participación de 5 OSC en 2012 La Disposición AGN 98/14, aprobada el 23 de abril de 2014, reglame nta el procedimiento de Planificación Participativa en el ámbito de la AGN y actualmente este es el listado de OSC participantes de las actividades: Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales – ANDHES, Akahatá Equipo de Tra bajo en Sexualidades y Género, Amartya, AMNISTIA, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH – Área Mujer, Asociación “Luz para ellos” – Electrodependientes , Asociación Argentina de Abogados Amb ientalistas, Asociación argentina de electrodependientes – AAED, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AIDIS Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente – AAMMA, Asociación Argentina de Padres de Autistas – APADEA, Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones – AADT, Asociación Civil AMANECER, Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano – AVANZAR, Asociación Civil en Defensa del Consumidor Discapacitado – ADECODIS, Asociación Civil Madres del Dolor, Asociaci ón Civil por la Igualdad y la Justicia – ACIJ, Asociación Civil Tierras Altas – ACTA, Asociación Civil Unificando Derechos Argentina – ACUDA, Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes – ACUCC, Asociación de Abogados en Derecho Indí gena – AADI, ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE CONSUMIDORES ENTRERRIANOS – ADECEN, Asociación de defensa de los consumidores y usuarios de la Argentina – ADECUA, Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores – ADDUC, Asociación de Discapacita dos en marcha, Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales – ADEM, Asociación del Consumidor – ADELCO, Asociación Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina – AMUMRA, Asociación Mutual Israelita Argentina – AMIA – Departamento de dis capacidad, Asociación por la Justicia Ambiental, Asociación por los Derechos Civiles – ADC, Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur – PROCONSUMER, Asociación Vecinal Belgrano «C» – Consumidores Activos, Asociación vecinos de La Boca, C EDEM San Fernando, CEDEPESCA, Central de Producciones Radiofónicas del CEPPAS, Centro Argentino para la Inclusión de las pers onas con Discapacidad – CAIDIS, Centro de Educación al Consumidor – CEC, Centro de estudio sobre nutrición infantil – CESNI, Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica – CIPCE, Centro de la Mujer CEDEM, Centro de

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Orientación, Defensa y Educación del consumidor – CODEC, Centro de Políticas Públicas para el Socialismo – CEPPAS, Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra – GAJAT, CIPPEC Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados – CAREF, Comisión Nacional de Justicia y Paz, Comité N acional de Defensa del Usuario Vial – CONADUV, CONAMI Consejo Nacional de la Mujer Indígena, Conciencia, Consejo Plurinacional Indígena, Consumidores Argentinos, Consumidores Financieros, Asociación Civil para su Defensa, Consumidores Libres, Cruzada Cívic a – Asociación Civil de Defensa del Consumidor, CTA, área discapacidad, Defensa de usuarios y consumidores – DEUCO, Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA, Federación Converger, Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo – FEMUDECO, Félix Díaz – consejo consultivo participativo de los pueblos indígenas de la república Argentina, Fondo de Mujeres del Sur, Foro de Periodismo Argentino – FOPEA, FORO -PRO y Comisión Discapacidad Arzobispado, Funda ción – EFORO, Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN, Fundación Argentina del Medio Ambiente – FUNDAMA, Fundación Cambio Democrático, Fundación Comisión Católica Argentina de Migrantes – FCCAM, Fundación Directorio Legislativo, Fundación Media Pila , Fundación Metropolitana, Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación Par, Fundación para Estudio e Investigación de la mujer – FEIM, Fundación Poder Ciudadano, Fundación Reciduca, Fundación T.E.A. Trabajo – Educación – Ambiente, Fundación Vida Silvestre, Gr eenpeace Argentina, INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Instituto Nacional de las Mujeres, Liga De Consumidores LIDECO, Mesa de los Pueblos Originarios de la Provincia de Bs As y Cap Fed, Mujeres de la Matria Latinoame ricana – MuMaLa , Nilo CAYUQUEO – MESA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS , Observatorio DDHH y Género UCR , Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas , Observatorio del Derecho a la Ciudad , Observatorio ODS de la Cámara de Diputados , Observatorio Petrolero Sur – OPSUR , Organización de Comunidades de Pueblos Originarios – ORCOPO , Pequeños Pasos , Poder Ciudadano , Prevención asesoramiento y defensa del consumidor – PADEC , Protección a los consumidores y usuarios de la República Argentina – PROCURAR , Red Nacional de Acción Ecologista , Red Solidaria , Red Universitaria de Ambiente y Salud – REDUAS , REDAF/ASOCIANA , RENACE , Roberto Aramayo – Taller Pueblos Originarios – Consejo Plurinacional Indígena , Ser Unx , Servicio Paz y Justicia – SERPAJ , UNADEC , Unido s por la Justicia , Unión de consumidores de la Argentina – UCA , Unión de Usuarios y Consumidores , Unión Libanesa Mundial de la República Argentina – ULM , Usuarios y Consumidores «En defensa de sus derechos» – UYC . En Reunión Abierta de Planificación Participativa, la AGN acordó realizar en el 2014, respecto a la temática de la discapacidad, una auditoría sobre el Programa de Inserción laboral para personas con discapacidad. Sistema de búsqueda y registro de postulantes.

Belice NO

Brasil En 2018 se emitió la ordenanza No. 345 del 4 de diciembre de 2018, que aprobó el documento «TCU y Control Social». Esta norma surge del aprendizaje con 7 (siete) iniciativas de colaboración llevadas a cabo por el TCU y entidades del tercer secto r y consta de los siguientes ejes: 1) El primer eje trata del control ejercido por la sociedad con el apoyo del TCU y se basa en el concepto de comunidad y un grupo de trabajo del modelo “Empresas x Organizations”. En este escenario, las acciones tienen como p rotagonista a la sociedad y el TCU actúa como partidario de las acciones, brindando servicios de acceso a bases de datos y análisis automatizado, y entrenamiento. 2) El segundo eje se refiere al control ejercido por el TCU con el apoyo de la sociedad, y se basa en el concepto de personal bajo demanda. En este escenario los roles se invierten, porque el TCU es el protagonista y la sociedad es la que apoya las acciones, generalmente proporcionando información. 3) El tercer eje se ocupa de la gestión de riesgo s en el trabajo que implica la asociación, con el fin de aumentar las posibilidades de éxito en las acciones colaborativas. El documento prevé la colaboración con dos tipos de público: los ciudadanos considerados individualmente; y organizaciones de la soc iedad civil (OSC), constituidas o no con fines de control de la administración pública. El documento también propone sentar las bases para la elaboración de una «Estrategia para fortalecer la asociación con la sociedad para el control de la administración pública», que aún está pendiente de elaboración. Otra iniciativa con control social fue la construcción de la Plataforma IRB Conocimiento, producto de la Acción 10/2020 de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos – ENCCLA, que fu e coordinada por el TCU. En ese momento, fueron publicados en las redes sociales el 9 de diciembre de 2020, en alusión al Día Internacional contra la Corrupción, celebrado en la misma fecha, que aclaran el producto diseñado para y desde el Observatorio Soc ial de Brasil, una ONG activa que actúa en la supervisión de la gestión pública en Brasil. Por último, en la parte del texto «Principios para el compromiso», sugerimos que se considere la creación de redes con otros organismos de control para ampliar el mandato de las EFS y mejorar la asociación con la sociedad, como las redes de control de Brasil y la estrategia para combatir la corrupción y el lavado de dinero – ENCCLA: Aumentar la eficacia con el trabajo en red. La EFS debería considerar si el alcance de su mandato es suficiente para cubrir las expectativas de los ciudadanos y las OSC con las que colabora. En algunos casos puede ser necesario establecer asociaciones con otros órganos de control para abarcar competencias jurídicas que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de las EFS, pero que son esenciales para la eficacia de la acción de colaboración con la sociedad civil organizada. El trabajo de los órganos de control en redes (Redes de Control) es un ejemplo de complementación de los esfuerzos y competencias legales que pueden ser esenciales para el éxito de las acciones en asociación con los ciudadanos y las OSC.
Buenos
Aires
En el ejercicio de sus funciones, y en especial en el desarrollo de las Auditorías Ambientales, el H TCPBA ha interactuado con varias OSC que focalizan sus actividades en diversas temáticas atinentes a los DD.HH. Actualmente se están desarrollando actividades que convocan a OSC con la finalidad de incorporar la participación ciudadana en las Auditorías de Desempeño, en la expectativa de sumar el interés y control social al ámbito de la gestión gubernamental en la Provincia de Buenos Aires.

Chile Actualmente la Contraloría General de la República a través de la Secretaría Técnica del COSOC no está partic ipando en ninguna plataforma de trabajo y/o de intercambio de experiencias con OSC, en específico, sobre materias de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, en el contexto de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), se realizaron diversas jornadas de diálogo con grupos prioritarios y otras organizaciones ( https://www.contraloria.cl/portalweb/web/es trategia -nacional – anticorrupcion/jornadas -de-dialogo -con -grupos -prioritarios ), articulando un grupo de discusión de Derechos Humanos y Ciudadanía, de la cual se adjunta la minuta de dicho encuentro. Por otra parte, existen organizaciones de nuestro Consejo de las Asociaciones de la Sociedad Civil que responden a grupos identificados en el documento adjunto como promotores de derechos, con líneas de trabajo exclusivas de Derechos Humanos, agrupaciones indígenas y agrupaciones medioambientales. Con dichas org anizaciones, nuestro diálogo es permanente sobre

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materias que convoca la CGR en el marco de sus atribuciones y sus objetivos estratégicos en relación a la promoción de la probidad y la lucha contra la corrupción.

Colombia Para el trabajo del Sistema de Control Fiscal Participativo, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana busca tanto a ciudadanos de a pie y sus organizaciones para que se vinculen a la oferta de servicios del CFP, como a organizaciones especializadas sobre los pl anes, programas y proyectos sobre los que se despliega la oferta de servicios de CFP. Cabe señalar que, en el ordenamiento jurídico colombiano, la entidad que cuenta dentro de sus competencias con la promoción y defesa de los derechos humanos es la Defenso ría del Pueblo. La Contraloría y la Defensoría forman parte, entre otros escenarios, de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, espacio de coordinación que permite consolidar una oferta para las OSC basada en las competencias de cada enti dad que la conforma. En este escenario, la Contraloría interactúa con organizaciones de la sociedad civil para promover el ejercicio ciudadano a vigilar la gestión públ ica.

Costa Rica NO
Ecuador La DNAEyPC de la CGE ha venido implementando el proyecto denominado “Red ciudadana de control de uso de los recursos públicos”, en donde participan actores sociales como: estudiantes universitarios, organizaciones de jóvenes, líderes barriale s; además de vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parro quiales Rurales. Dichas acciones han permitido generar espacios de participación ciudadana parroquial a manera de red; para la promoción, vigilancia y control social del us o de los recursos públicos en la gestión de las entidades públicas y aquellas que ma nejan recursos públicos a nivel territorial, las mismas que son integradas de manera plural y con vinculación permanente de los grupos de atención prioritaria. Adicionalmente, mantiene relación o intercambio de experiencias con las escuelas para niños con discapacidades, con quienes se han desarrollado espacios de capacitación y reflexión sobre la política pública e inversión hacia las personas con discapacidad, así como también, se ha acompañado técnicamente a la implementación de procesos de vigilancia y control social en específico para la conformación de una veeduría ciudadana integrada por madres y padres de familia de niños con discapacidad. En la DNAEyPC se cuenta con una base de datos de registro de actores sociales a nivel nacional de manera que las acciones y procesos que impulsa la CGE cuenten con una amplia y diversa participación de actores de la sociedad civil, esta información es actualizada de manera permanente y se constituye en una herramienta importante para la vinculación de organizaciones sociales y de grupos de atención prioritaria a los procesos de gestión institucional como la rendición de cuentas y para la participación en eventos de capacitación. Además, los eventos que desarrolla la CGE y en especial la presentación de informes de Re ndición de Cuentas sobre la gestión institucional, ha contado con un intérprete de lengua de señas, para que exista una comunicación inclusiva y que se adapte a la diversidad de actores sociales. Para el efecto, se mantiene una relación y coordinación perm anente con asociaciones de personas con discapacidad y con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS.
El Salvador Mesa de Trabajo Multisectorial para impulsar una agenda de fortalecimiento de la Ética y la Transparencia, Organizada por el Consorcio por la Transparencia y Lucha por la Corrupción, con el apoyo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desar rollo (CLACDS) y el INCAE Business School.

Guatemala No

Honduras Se colabora con el Programa Presidencial mediante la plataforma “Tú Voz Sí Cuenta para la Transparencia”, denominada LÍNEA 130 se reciben de la ciudadanía en general denuncias, sugerencias, quejas y consultas, son canalizadas a este Tribunal las denuncias de nuestra competencia, referentes al mal uso de los bienes y recursos del Estado por parte de los servidores públicos o terceros que los administren. La Mesa Interin stitucional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoria Social, (2008 -2021) conformada por organizaciones de sociedad civil, gobierno, empresa privada y cooperantes, se socializan y coordinan acciones en contra la corrupción, siendo los objetivos in cidir en el fortalecimiento de la democracia a través de acciones inherentes a la rendición de cuentas, auditoria social y transparencia, para el incremento de mecanismos de participación ciudadana orientado a fortalecer la gobernabilidad. Este Tribunal añ o con año, presenta ante los miembros de la Mesa una presentación Informe de Rendición de Cuentas Municipales, generando interés, también se brindan capacitación referente a la promoción del quehacer Institucional, promoción de la participación ciudadana y la denuncia ciudadana, se evacuan consultas que tienen los miembros de las comisiones ciudadanas de transparencia (CCT) referente al roll del Tribunal. También se participa en la elaboración del plan de acción de la Mesa, que contiene temas de transparenc ia, rendición de cuentas y auditoria social, todas que se traducen en acciones en contra de la corrupción. Comité Interinstitucional para la Implementación de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH)Decreto Ejecutivo PCM 058 -2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 34,447 de fecha 20 de septiembre del 2019 (2017 -2021) se trabaja técnicamente con la Mesa de Democracia, donde se han capacitado enlaces institucionales ahora puntos focales de cada institución referent e a los temas de participación ciudadana y la denuncia ciudadana, como una de las herramienta para combatir la corrupción; se contesta anualmente el Cuestionario para el Seguimiento a la incorporación de acciones del PNDH donde han requerido lo sig uiente: Elaborar un Reglamento de sanciones dirigidas a las violaciones del Código de Conducta Ética del Servidor Público, acción cumplida en su totalidad, se elaboró el denominó “Reglamento del Código de Conducta Ética del Servidor Público”, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 33,797 de fecha 01 de agosto del 2015, además se socializa el Reglamento en mención. https://www.tsc.gob.hn/web/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf El diseñar y poner en funci onamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión dentro del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción: desde el año 2005 se puso en funcionamiento la Guía Práctica “Promoción Ciudadana y Transparencia en la Gestión Pública” como una herramienta para poder difundir los mecanismos de Participación Ciudadana en el seguimiento de la Gestión Pública la cual sigue vigente; siendo desde ese año que a través d e la Dirección de Participación Ciudadana se puso en marcha la difusión dichos mecanismos de participación a través de jornadas de capacitación, mediante módulos básicos en un

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

lenguaje sencillo para realizar un seguimiento a la Gestión Pública; también se realizó un video audiovisual educativo e informativo para la difusión y promoción del Tribunal Superior de Cuentas y en el año 2010 se realizó un video tutorial de la Denuncia Ciudadana, donde se orienta al denunciante como interponer denuncias a través de la Pág -Web del Tribunal Superior de Cuentas – www.tsc.gob.hn ; https://www.tsc.gob.hn/web/Denuncia%20Ciudadana/index_denunci a_ciudadana.html El publicar en los portales de transparencia de cada institución pública, los planes estratégicos Institucionales, programas, proyectos, planes operativos anuales, presupuestos y los reportes trimestrales, utilizando un lenguaje técnico co mprensible, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde el año 2008 el Tribunal Superior de Cuentas ha publicado en el Portal de Transparencia Institucional www.tsc.gob.hn, según lo estipulado en el artículo N° 13 d e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica donde establece la información que debe ser difundida de oficio, cabe mencionar desde el año 2008 a la fecha ha sido calificado con 100% por cumplir a cabalidad con dicho mandato. Se interactúa con la Dirección de Investigación y Cumplimiento de Compromisos Internacionales de la Secretaria de Derechos Humanos envían consultas desde el 2017 a la fecha, realizan consultas referente a los informes sombras de las organizaciones de sociedad civil: Consultas sobre observaciones al Capítulo V del =nforme “Situación de los Derechos :umanos en :onduras” enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Solicitaron proporcionar información pertinente que pueda contribuir a facil itar el debate referente a los temas “Programas de Educación Escolares y Universitarios sobre la lucha contra la Corrupción (Art.13) e Integridad en instituciones de Justicia Penal (artículos 7,8, y 11) este Tribunal Superior de Cuentas a través de su Dire cción de Probidad y Ética (DPE) está desarrollando el siguiente programa denominado: Programa Rescatando Valores, el cual se ha desarrollado desde el 2011, con el propósito de fomentar en la población infantil y juvenil , una cultura basada en principios ét icos como lealtad, honradez, honorabilidad, integridad, responsabilidad; ya que son los jóvenes los que formarán parte de la gestión pública en años futuros y se convertirán en miembros activos de nuestra sociedad civil. Este programa consiste en impartir charlas y talleres a estudiantes de nivel básico, medio y superior; de centros públicos y privados; buscando concientizar al alumno de la importancia de la parte ética y moral en el desarrollo de sus actividades tan to personales como académicas. Además, se han desarrollado dinámicas de retroalimentación, concursos de pintura y cuentos infantiles, con el objetivo de que los alumnos expresen conceptos de ética y despierten su imaginación; se han creado los personajes de “Alejo y Susana” y han sido incorporado s en tiras impresas y compiladas en un pequeño libro para los infantes de nivel básico. También se han organizado eventos para que estos personajes dramaticen escenarios, para que los niños diferencien las conductas correctas de las incorrectas y se ha lle vado a cabo teatro de títeres, con obras especialmente montadas para ellos, etc. Los requerimientos para este programa consisten en ampliar la impresión del material didáctico, así como también aumentar la participación de los estudiantes a través de la cr eación de un álbum de vistas coleccionables y del montaje de una plataforma virtual, incitando actividades interactivas y foros electrónicos, entre otros; por lo que se requiere fortalecer y madurar el proyecto en materia de capacitaciones didácticas, meto dológicas, creación de procedimientos y formatos, herramientas pedagógicas, diseño, elaboración y reproducción de material didáctico; y en todo el proceso de creación y montaje de la plataforma. Se puede observar en la en el apartado especial en la página de inicio en Probidad y Ética Página Web www.tsc.gob.hn https://www.tsc.gob.hn/web/rescatando_valores.html Se colabora con el Consejo de Prevención de Violencia Hacia la Niñez y Juventud en Honduras (COPREV) existe la Política Nacional publicado en el Dia rio Oficial según Decreto Ejecutivo PCM -011 -2013 – La Gaceta 33, 078 de fecha 18 de marzo del 2013 (2018 -2020) desarrollándose reuniones de trabajo para conocer si existen dentro del Tribunal programas con jóvenes y niños, siendo que a través de la Direcc ión de Probidad y Ética se desarrolla el Programa Rescatando Valores y se coordinó presentar ante la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoria Social la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud en Honduras para u nir esfuerzos con los representantes de sociedad civil. Se participa en el Dialogo Nacional de Salud, a través de la Mesa de Veeduría Social a la Gestión de Salud (2019 -2020) trabajando en mecanismos para acercar a la ciudadanía a la veeduría y auditoria s ocial a la gestión de salud. Decreto Ejecutivo PCM -024 -2019 instalación de la Mesa Nacional de Salud, publicado en la Gaceta 34, 960 de fecha 3 de junio del 2019. Se participó en la revisión de la propuesta de la nueva Ley Nacional de Salud, colaboración c on la encuesta en Google Form para realizar el mapeo de los actores principales para realizar veeduría o auditoria social en temas en salud, propuesta de la creación de una unidad de participación ciudadana dentro de la Secretaria de Salud, para darle segu imiento a los planes de acción de mejora de los informes de veeduría o auditoria social elaborados por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se garantiza el acceso eficaz del público a la Información a través de nuestra Página Web donde se pública los i nformes de las investigaciones, con fácil acceso y se brinda el servicio de seguimiento del estatus de su denuncia mediante correo electróni co proporcionado por el denunciante. https://www.tsc.gob.hn/web/Denuncia%20Ciudadana/index_denuncia_ciudadana.html véase denuncia ciudadana
México La relación bidireccional está en proceso de desarrollo.
Paraguay Sí, la Contraloría General de la República, a través de su Plan Estratégico, fomenta el relacionamiento con OSC, además, cuenta con una estrategia de Par ticipación Ciudadana que determina la política institucional de relacionamiento con OSC, a través del Departamento de la Promoción de la Participación ciudadana, que es la dependencia institucional responsable de impulsar la participación de la ciudadanía y fomentar una cultura de control. Asimismo, se cuenta con convenios vigentes con Organizaciones de la Sociedad Civil, con quienes se trabaja de forma periódica.
Portugal Sin respuesta
Puerto Rico Al presente, nuestra EFS no participa de plataformas de trabajo y/o intercambios de experiencias con Organizaciones de Sociedad Civil en materia de DDHH. En nuestro Plan Estratégico se considera: Establecer programas de participación ciudadana para contribuir al control y a la vigilancia de la ge stión fiscal.
República
Dominicana
No
Uruguay -Hasta el momento no se ha instrumentado dicho intercambio

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Venezuela En al año 2013 la Defensoría del Pueblo, órgano con carácter Constitucional cuya función es velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la República e integrante del Poder Ciudadano, realizó un entrenamiento a los auditores para que posean la visi ón en materia de derechos al momento de realizar las auditorías. De igual modo, la Entidad Fiscalizadora Superior de Venezuela, al momento de practicar la Auditoría de Desempeño para evaluar la preparación del Gobierno Nacional en materia de Objetivo de D esarrollo Sostenible, Agenda 2030, realizó mesas de trabajo para verificar el cumplimiento de la referida Agenda en materia de Derechos Humanos.

2. Corrupción y Derechos Humanos

CUADRO N° 3

Países/EFS
Preguntas y respuestas
2.1. ¿Cumple su EFS un rol en el seguimiento e implementación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción?
Argentina Ley 26.097 Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003. Si bien la lucha contra la corrupción no es función específica de la AGN, sino de la Oficina Anticorrupción (creada en diciembre 1999 mediante el artículo 13 de la Ley de Ministerios Nº 25.233, posteriormente reglamentado por el Decreto Nº 102/99), desde su rol promueve la rendición de cuentas. La AGN es un organismo de asistencia técnica al Poder Legislativo. En los casos que el auditor detecte en la etapa de planificación o durante la ejecución de la auditoría situaciones, acciones o ele mentos vinculados al fraude o lavado de activos, debe proceder conforme lo establece la Resolución AGN Nº 49/12 – Aplicación de Normas Antilavado. En el sitio Web de la AGN se puede encontrar el Formulario de presentaciones sobre posibles irregularidades d e entes u organismos sujetos al control de la Auditoría General de la Nación. Una vez cumplidos los requisitos, puede dar curso a la Presentación de la siguiente forma: – Tenerla como antecedente de una auditoría en ejecución o en labores de auditoría. – Incluir, en una futura Planificación, una auditoría o examen especial sobre el tema. – Comunicarla a otros organismos con facultades investigativas. En la historia institucional existes casos que fueron presentados en la justicia penal y resultaron en sanc iones. Internamente la ANG posee un código de ética y en las Normas de Control Externo Gubernamental un apartado dedicado a los Principios Éticos Fundamentales (Resolución AGN 26/15)
Belice No

Brasil En el TCU no existe una estrategia específica para seguir y monitorear la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ni de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Con respecto al control externo, el TCU está comprometido con la implementación y el m onitoreo de los ODS. En relación específicamente con el ODS 16, en 2017 se creó la Secretaría de Relaciones de Control Institucional en la Lucha contra el Fraude y la Corrupción (Seccor), cuyo propósito es desarrollar, promover, monitorear, apoyar y coordi nar las acciones de control para combatir el fraude y la corrupción, a través del fortalecimiento de la relación entre la Corte y otros órganos y entidades de control y supervisión. En 2021, la Secretaría se aglutinó con otras dos unidades, la Secretaría de Métodos y la Secretaria de Gestión de la Información para el control, con el amplio propósito de contribuir a la garantía de la calidad y eficacia de las acciones de control externo, a través del apoyo metodológico y la supervisión de las inspecciones, la gestión de la información y la producción de conocimiento de inteligencia, con el fin de apoyar las acciones de las unidades vinculadas a la Segecex, incluso en la lucha contra la corrupción.

Buenos
Aires
Si bien las actividades que desarrolla el HTCPBA en su accionar diario no invocan específicamente el seguimiento e implementación de las mencionadas Convenciones, en los planes de auditoría que se implementan siempre se encuentra incorporado, como lineamiento explícito o implícito, l a detección del fraude. En los hechos, el HTCPBA ha realizado numerosas denuncias en el fuero judicial correspondiente, a efectos de que se investiguen en la instancia adecuada y con las atribuciones legales necesarias para ello, aparentes situaciones de f raude ocasionadas en supuestos hechos de corrupción que se evidenciaron como hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento que dan marco inicial al Juicio de Cuentas que lleva a cabo el organismo.
Chile Chile ha participado en los dos ciclos de revisión d e la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). En ambas instancias la Contraloría General de la República ha colaborado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar la información relativa a su ámbito de competencia, coordinar las respuestas a los comentarios de los países examinadores y acompañar la evaluación de otros países. En el contexto del segundo ciclo de revisión de los Capítulos II y V de la UNCAC, Chile es país evaluador de España junto a Irlanda. A la fecha, se han definido aspectos técnicos preliminares del examen y se está a la espera del Cuestionario de Autoevaluación por parte de la delegación española. Además, Chile está siendo evaluado por Jamaica y Uzbekistán. Como primer paso, el Min isterio de Relaciones Exteriores en colaboración de la Contraloría y otras entidades públicas remitió a UNODC el Cuestionario de Autoevaluación como base del proceso durante 2020. Bajo las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Contraloría y el Ministerio Público actualmente actúan como instituciones coordinadoras de la revisión de los comentarios enviados por los países examinadores sobre el

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Cuestionario de Autoevaluación y continuarán colaborando en las instancias venideras, tales como la v isita in situ de Jamaica y Uzbekistán que ha sido pospuesta por la crisis sanitaria.

Colombia La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR, como Entidad Fiscalizadora Superior cumple su rol en el seguimiento e implementación de la Convención de las Naci ones Unidas contra la Corrupción -UNCAC, en consonancia con: • Lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html), denominada Estatuto Anticorrupción, que enmarca su actuar y la designa como miembro de la Comisión Nacional de Moralización, instándole a mantener contacto permanente con entidades oficiales y privadas del país y del exterior, que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción administrativa. Adicionalmente, el artículo 128 de la Ley en mención, fortalece la estructura organizacional de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, creando entre otras dependencias, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevenci ón, Investigación e Incautación de Bienes para apoyar sus objetivos misionales contra la corrupción en el escenario internacional. • En consideración a que funge como Autoridad Central de la República de Colombia ante la Secretaría General de la Organizaci ón de las Naciones Unidas – en los términos del parágrafo 13 del artículo 46 de la UNCAC, reconocida mediante notificación del 28 de septiembre de 2012. El rol de Autoridad Central de nuestra Entidad es ejercido a través de la Unidad de Cooperación Naciona l e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes – UNCOPI, en virtud de la función asignada en el artículo 3° numeral 6 de la Resolución Organizacional de la CGR No.OGZ -0724 del 10 de octubre de 2019 (https://relatoria.blob.core.window s.net/$web/files/resoluciones/OGZ -0724 -2019.pdf) En relación con la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, destacamos la participación de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a través de la Unidad de Cooperación Naci onal e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, en el Examen de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción – UNCAC, realizado a la República de Haití del 24 al 27 de mayo de 2021, siendo los paíse s examinadores las Repúblicas de Colombia e Indonesia. Adicionalmente, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a través de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes, ha utilizado la Convención com o base jurídica para la asistencia judicial recíproca en calidad de Estado requirente. En virtud de lo anterior, ha realizado Solicitudes de Asistencia Judicial Recíproca a diferentes países y a manera de ejemplo enunciamos diez (10) casos de los últimos c inco (5) años, los cuales son condensados en el siguiente cuadro. VER ANEXO 1 Por otra parte, en su importante papel de Autoridad Central, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a través de la UNCOPI y bajo los lineamientos de la Cancillería, ha atendido l as invitaciones realizadas por la Secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la UNCAC, y por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, para el intercambio de experiencias y conocimientos tendientes a la implementación sos tenible de la UNCAC. En virtud de lo anterior, por ejemplo, atendiendo los compromisos emanados de la Convención, recientemente se ha dado respuesta a: • Cuestionario sobre los aportes y mejores prácticas de la Contraloría General de la República para la i dentificación e indemnización de las víctimas de la corrupción en Colombia. • Se realizaron comentarios y observaciones frente al Proyecto de Directrices No Vinculantes Para el =ntercambio Oportuno de Información entre Estados, conforme al artículo 56 de l a UNCAC. • Se respondió el cuestionario sobre la utilización de la figura de la “Asistencia Hudicial Recíproca”, en esta oportunidad, la UNCOPI relaciona solicitudes realizadas en los últimos cinco años y se reseñan las dificultades y retos enfrentados por nuestra Entidad ante la respuesta de la comunidad internacional y se proporcionan sugerencias en el contexto de la utilización de la Convención como base jurídica de la “Asistencia Hudicial Recíproca”. • Se representó a Colombia en la Reunión Virtual de E xpertos sobre Corrupción e Inversiones Internacionales celebrada en Viena – Austria, cuyos temas centrales giraron en torno de los tratados vinculantes en temas de inversión; protección de las inversiones y arbitraje.
Costa Rica Si. La Contraloría General de la República, por medio de la Procuraduría de la Ética Pública, quién es el represente del país ante ese organismo, ha participado y atendido los diversos requerimientos solicitados según sea la temática que la ronda de evalua ción de esta Comisión disponga.
Ecuador La CGE realiza diversas actividades para la implementación de los artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, así como las principales resoluciones de la Conferencia de los Estados -Partes y de la Asamblea General de Naciones Unidas relacionadas a la temática. Particularmente, el trabajo de la entidad se ha enfocado en fortalecer la integridad pública mediante la aplicación del Código de Conducta -Ética, que está en actualizaci ón para cumplir con los lineamientos de la ISSAI 130; y que, además, según el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se espera que sirva de modelo para un instrumento similar de alcance a todo el sector público. Por otro lado, la entidad cumple con la normativa nacional para la selección de personal a través de la ejecución de concursos de méritos y oposición, y su evaluación de desempeño de forma anual. La capacitación del personal de la Contraloría General del Estado, prevista como medi da para retención del talento humano, se ejecuta por medio de la Dirección Nacional de Capacitación. Este fortalecimiento de capacidades se complementa con la promoción de cursos internacionales, obtenidas ofertados por la OLACEFS, INTOSAI y otras partes i nteresadas. La entidad, además, tiene la competencia para dictar capacitaciones en ámbitos pertinentes al mandato de la Contraloría a otras instituciones públicas y sociedad civil. La Contraloría General del Estado cuenta con la facultad de emitir normas d e control interno, coadyuvando a la integridad de las operaciones del sector público. Este aspecto, también se incluye en la oferta de capacitación para lograr que el sistema de control interno cumpla con las normativas pronunciadas por la institución. La participación ciudadana es otra actividad que se fomenta desde la Contraloría General del Estado en diversos mecanismos como la atención de denuncia ciudadana, fichas de vigilancia y redes ciudadanas. Asimismo, la entidad forma parte de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana de la OLACEFS, liderando en 2017 una investigación para conocer el estado de implementación de indicadores de impacto de participación ciudadana en las EFS que conformaban dicho órgano técnico.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

En lo que respecta a la cooperació n internacional, la entidad lidera el Grupo de Trabajo Especializado en la lucha contra la Corrupción Transnacional de la OLACEFS, promoviendo el intercambio de experiencias e información en América Latina y el Caribe. Para este último punto, la Presidenci a del GTCT, ha solicitado apoyo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para implementar mecanismos de asistencia mutua en el ámbito administrativo. De esa forma, la Resolución 6/4 del sexto periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados -Partes (COSP), deviene como un instrumento orientador para el intercambio de información entre EFS. Por otro lado, la Presidencia del GTCT también ha impulsado una línea de investigación sobre el nexo de la corrupción transnacional y los de litos ambientales contra la vida silvestre con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana por medio de GIZ, atendiendo a la Resolución 73/343 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Finalmente, la Contraloría General del Estado forma parte de la Red de Autoridades de Prevención de la Corrupción (NCPA) y co -lidera el Equipo Global de Expertos de la INTOSAI, que tienen entre sus objetivos promover la cooperación entre Entidades Fiscalizadoras Superiores y las Agencias Anticorrupción, respondiendo a la Decl aración de Abu Dabi (Resolución 8/13) del octavo periodo de sesiones de la COSP. Recientemente, la entidad contribuyó con la información pertinente para el segundo ciclo de exámenes de implementación de la Convención que corresponde a los capítulos II Medi das Preventivas y V Recuperación de Activos. Por último, un representante de la entidad participó en la 12° Reunión del Grupo de Mecanismo de Revisión de la UNCAC, en donde se compartieron buenas prácticas respecto a la implementación de la Convención.

El Salvador Tomando en cuenta que la finalidad de la Convención es: a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnic a en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. La Corte de Cuentas de la República ha realizado e sfuerzos para cumplir con dicha finalidad por ejemplo se ha abierto al público realizando un Diplomado en Fiscalización Gubernamental dirigido a periodistas con el fin de ampliar sus conocimientos sobre la labor institucional. También el Organismo de Direc ción ha coordinado el Plan de capacitación para Alcaldes y Concejos Municipales 2021 – 2024 sobre (NTCI) Normas Técnicas de Control Interno. Nuestro PEI (Plan Estratégico Institucional) 2018 -2021 posee macro actividades que tienen relación con las finalidade s antes mencionadas: Motivar la participación ciudadana, Generar acercamiento con Entidades y Organismos del Estado, Implementar métodos y técnicas de auditoría y otros tipos de control. Por otro lado, según el Informe de Coyuntura Legal e Institucional de l segundo semestre del año 2020 realizado por FUSADES que es una Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Centro de Pensamiento podemos resaltar algunos puntos relevantes: “A lo largo del semestre, la CCR ha dado muestras claras de ejercer su mandato cons titucional de vigilar el uso adecuado de recursos públicos, tal como se ha visto con adquisiciones y gastos realizados por varias instituciones debido a la pandemia por COVID -19.” “Es positivo que la CCR esté asumiendo su función constitucional de controla r que no haya abusos en el uso de recursos públicos y por ende actos de corrupción.” “Estadísticas La Secretaría de Actuaciones de la Cámara de Segunda =nstancia de la CCR reportó que, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, no caducó ningún juic io de cuentas, así como tampoco ocurrió en las siete Cámaras de Primera Instancia, de la misma manera que en el semestre pasado. Las estadísticas de la CCR se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a la información a su Unidad de Acceso a la Información Pública (UA=P).” Además, la Corte de Cuentas de la República en marzo del 2021 realizó su rendición de cuentas por medio de su Informe de Labores 2020, también contamos con una revista electrónica quincenal llamada CUENTAS CLARAS la cual informa sobre el quehacer institucional. Se han realizado tres campañas publicitarias de la Corte de Cuentas en 8 radios de cobertura y 3 periódicos digitales, en las que resaltó a esta Entidad Fiscalizadora como aliada para la transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en la gestión pública.

Guatemala No
Honduras Sin duda alguna, el Estado de Honduras ha procurado en todo tiempo definir los principios y valores imprescindibles en la función pública. Las medidas que ha adoptado para aplica r esta Disposición de la Convención. En atención ARTÍCULO 205 numeral 20 de la Constitución de la República de Honduras, establece que el Congreso Nacional debe aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Sup remo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, Instituciones Descentralizadas y demás Órganos auxiliares del Estado. Asimismo, el ARTÍCULO 245 de la Constitución de la República considera como atribución No. 18 del Presidente de la República, velar en general, por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y del Estado. Por su parte, el ARTÍCULO 323, establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está oblig ado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito. Igualmente, el ARTÍCULO 324 establece que si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. La responsabilidad civil no excluye la deducción de l as responsabilidades administrativa y penal contra el infractor. De igual manera, en cuanto a las funciones al mandato del TSC, el ARTÍCULO 222 establece que: “…Le corresponde, además, el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de lo s servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. Para cumplir con su función el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su Ley Orgá nica.”

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

En nuestra Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC) incluye en el ARTÍCULO 7 un objetivo esencial el cual establece que el TSC tendrá la dirección, orientación, organización, ejecución y supervisión del sistema de control que se regula en la Ley. En consecuencia le corresponde entre otros, el control de probidad y ética pública y en el ARTÍCULO 37 numeral 5) de la misma ley, señala que el sistema de control bajo su ámbito, tiene entre otros objetivos, promover el desarrollo de una cultur a de probidad y de ética pública y en el numeral 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas. En un nivel más amplio, la LOTSC en su ARTÍCULO 53, desarrolla el ob jeto del control de probidad y ética, indicando que tiene por objeto establecer las condiciones para asegurar el ejercicio correcto de las actuaciones de los servidores públicos y de aquellas personas vinculadas con actividades financieras y económico‐patr imoniales relacionadas con el Estado, a fin de que dichas actuaciones estén enmarcadas en principios de legalidad y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y de eficiencia que aseguren un adecuado servicio a la colectividad; así como salvaguardar el patrimonio del Estado, previniendo, investigando y sancionando a los servidores públicos que se valgan de sus cargos, empleos, o influencias para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción. Así mi smo, le da atribuciones al TSC para promover la creación de Comités de Probidad y Ética Pública (CPEP), y establecer la forma de integración y funcionamiento mediante un reglamento. En el ARTÍCULO 54 define las atribuciones para la función de Probidad así: 1. Formular, orientar y dirigir un sistema de transparencia de la gestión de los servidores públicos para el correcto y adecuado desempeño de sus funciones; 2. Recibir y examinar la declaración jurada y detallada de los bienes, conforme a est a Ley; 3. Investigar, comprobar y determinar si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito y darle al expediente el trámite previsto en la ley; 4. Comprobar de oficio o a solicitud de cualquiera de los miembros del Comité Consultivo de la Oficina Normati va de Contratación y Adquisiciones, prevista en el Artículo 30 de la Ley de Contratación del Estado, que en los procedimientos de selección y contratación que se llevan a cabo, se le dé cumplimiento a los principios de legalidad, eficiencia, publicidad, tr ansparencia, igualdad y libre competencia establecidos en los Artículos 5, 6 y 7 de dicha Ley; 5. Fiscalizar en forma concurrente, cuando lo considere necesario, la ejecución y supervisión de las obras públicas, suministro de bienes y servicios o consulto ría; 6. Promover, establecer y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar, sancionar, y, en general, combatir la corrupción; y, 7. Las demás previstas en la ley y en los reglamentos que emita el Tribunal. Finalmente, el ARTÍCULO 55, e stablece que el TSC promoverá políticas y normas de conducta inspirados en principios de probidad y valores éticos y morales que orienten la actuación personal y oficial de los servidores públicos y la relación de éstos con la colectividad. Por su parte, e l reglamento de la LOTSC en el ARTÍCULO 58 sobre probidad y valores éticos, establece y explica las diez (10) Normas de Conducta que los Servidores Públicos están obligados a cumplir así: 1. Lealtad institucional, 2. Honradez e integridad, 3. Buena conduct a y disciplina, 4. Responsabilidad, 5. Probidad, 6. Transparencia, 7. Objetividad, imparcialidad e independencia, 8. Seguridad, confianza y credibilidad, 9. Interés Público; y 10. Calidad de Servicio. El Congreso Nacional aprobó mediante el Decreto No. 36 -2007, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,439 el 24 de octubre de 2007. Las normas de conducta ética son de obligatoria observancia para todos los servidores públicos sin excepción, indist intamente de la entidad o Poder en el cual se desempeñe. Dicho Código contempla: a) Normas de conducta ética. b) Regulación del conflicto de intereses. c) Restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, tales como la prohibición de gestionar en los casos en los que tuvo intervención en razón de su competencia, o ante las entidades en las cuales tuvo vinculación reciente. d) El régimen de regalos y otros beneficios e) El sistema de sanciones. f) La obligación de todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, de leer en voz alta ante sus subordinados o ante su superior jerárquico, e inmediatamente después suscribir la Declaración de Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público. Con la apli cación de este Código, el TSC persigue que todos los Servidores Públicos, conozcan las disposiciones generales, las normas de conducta ética, las obligaciones, las incompatibilidades y las prohibiciones establecidas en el mismo, con el propósito de que tod os los fondos, bienes o recursos que el Estado ha puesto en sus manos se manejen de forma transparente. Asimismo el Tribunal Superior de Cuentas, cumpliendo con lo establecido en el ARTÍCULO 53 de su Ley Orgánica, se ha creado los Comités de Probidad y Éti ca Pública, en la gran mayoría de los entes estatales, por lo que dicho Código constituye una primordial herramienta para combatir la corrupción. Siendo el órgano facultado para dictar disposiciones reglamentarias, dictámenes, instrucciones y aclaraciones al presente código. Las instituciones públicas promueven permanentemente programas de capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público y sus normas reglamentarias, la mayoría de ellas mediante acciones conjuntas con el TSC, ya que todo s ervidor público está obligado a recibir un curso sobre dicho Código y sobre las reglas de ética específicas de la institución para la cual presente sus servicios, sin perjuicio de la obligación de asistir a los cursos, talleres, conferenci as o seminarios q ue sobre ética y moral pública se impartan por su institución pública u otros que programe el Estado.

ANEXO N° 1
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En el 2015 ante la necesidad de contar con mecanismos claros para la aplicación del Código, se incorporó el Reglamento del Código de Conducta Ética del Se rvidor Público, aprobado en Pleno Administrativo del Tribunal Superior de Cuentas No. 06/2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,797 de fecha 01 de agosto del 2015, en el cual se abordan temas como el régimen de regalos y otros beneficios, con flicto de intereses y el procedimiento disciplinario. Con este Reglamento se dio cumplimiento al Compromiso No. 3 del II Plan de Acción de Gobierno Abierto de Honduras (II PAGAH) referente a la Ética en el Servicio Público, el cual contaba con dos hitos en particular: a. La publicación y socialización del Reglamento del Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos y b. La aplicación del Reglamento asegurando la participación ciudadana mediante el diseño y la promoción de un mecanismo de quejas o denu ncias. De igual manera se renovó el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y Ética Pública, reformado mediante Pleno Administrativo del Tribunal Superior de Cuentas No. 08/2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N o. 33,908 de fecha 14 de diciembre del 2015. Esta herramienta indica claramente cuál es el proceso de elección y las funciones de los Comités, nos habla además de la comisión coordinadora y del comité adjunto, incluyendo entre otros aspectos importantes, e l mecanismo de denuncia, lo que da uniformidad a este proceso. No obstante, además de estas normas de carácter general, cada Institución sujeta al Código de Conducta Ética del Servidos Público (CCESP), puede emitir normas específicas de conducta ética. En caso de discrepancia entre las normas generales del CCESP y las normas específicas emitidas por una institución sujeta a dicho código, prevalecerá siempre lo dispuesto en el CCESP. Actualmente, muchas de las Instituciones a nivel central cuentan con Código de Conducta propios, gestionados por los Comités de Probidad y Ética pública existentes. Tanto la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como el Código de Conducta Ética del Servidor Público establecen la obligación que tienen los servidores públic os de denunciar actos de corrupción en la función pública de los que tienen conocimiento, así como define la garantía de reserva del nombre del denunciante y protección a quienes presenten denuncias por actos de corrupción. En el tema de las denuncias el C CESP les da funciones específicas a los Comités de Probidad y Ética Pública que haya organizado el Tribunal y, en defecto de ellos, a la unidad de auditoría interna y al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas desde el 2005 cuenta con un sistema de denuncia ciudadana, como un mecanismo de atención al ciudadano para denunciar actos de corrupción en la Administración Pública. La Dirección de Participación Ciudadana a través del Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias, atiende denuncias sobres aspectos puntuales que les presentan, garantizando en todo momento la estricta confidencialidad y reserva del caso. Asimismo, cada Comité de Probidad y Ética Pública ha implementado a lo interno de sus instituciones diferentes mecanismos o sistemas para facilitar las denuncias sobre actos de corrupción, mismas que van desde la instalación de buzones de denuncias, quejas o sugerencias, correos electrónicos específicos de los CPEP para denuncias, formatos especiales para la presentación de de nuncias y sistemas ubicados en los portales Web de sus instituciones. Complementariamente el TSC adaptó su Sistema de Denuncia Web para que los Comités tengan un sitio para atender las denuncias que pueda presentar el ciudadano desde cualquier parte del pa ís sobre un hecho en particular que involucre una violación a las normas de conducta ética. Parte de la función de los Comités de Probidad y Ética Pública, es promover estos mecanismos existentes, por lo que han realizado campañas de difusión por diferente s medios, así como propiciado espacios de capacitación sobre el tema de denuncia ciudadana a lo interno de sus instituciones. En la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece en su Capítulo IV, de la administración, la responsabilidad del Trib unal Superior de Cuentas de “coordinar las acciones de las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad en el combate contra la corrupción”. En concordancia con la sección cuarta, medidas contra la corrupción en los Artículos 68, 69, 70, y 71 se definió la responsabilidad de desarrollar estrategias de participación ciudadana para “coadyuvar a la legal, correcta, ética, honesta, eficiente y eficaz administración de los recursos y bienes del Estado”. Para tal efecto corresponde al Tribunal Sup erior de Cuentas “establecer instancias y mecanismos de participación que contribuyan a la transparencia de la gestión de los servidores públicos y a la investigación de denuncias que se formulen acerca de irregularidades en la ejecución de los contratos.” El Tribunal Superior de Cuentas cuenta con la Dirección de Participación Ciudadana, encargada del macroproceso de organización y administración de la red nacional de participación ciudadana para fortalecer el vínculo del control institucional con el contr ol social. Promover la participación ciudadana a través de la Sub -Dirección, como el control y seguimiento de las denuncias ciudadanas por medio del Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias. Dentro de sus funciones principales se encuentran las e stablecidas en los numerales siguientes: 5) Supervisar, asesorar y orientar la ejecución de las investigaciones y exámenes derivados de denuncias ciudadanas; 9) Supervisar el proceso de recepción, evaluación, investigación y seguimiento de las denuncias re alizadas a través de la participación ciudadana; 10) Supervisar el proceso de administración del sistema de recepción de consultas y denuncias ciudadanas. Uno de los Objetivos de la Dirección de Participación Ciudadana es fortalecer la capacidad de respues ta institucional del Tribunal Superior de Cuentas para una atención oportuna a las denuncias ciudadanas. El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras ha puesto a disposición de la ciudadanía hondureña un medio de información y consulta a través de su Página Web www.tsc.gob.hn en la que presenta los principales aspectos de la gestión institucional a través de informes que sirven de rendición de cuentas sobre su gestión, su normatividad legal vigente en materia de control fiscal, los aspectos generales del f uncionamiento de sus dependencias así como espacios para consultas y un espacio para interponer denuncias ciudadanas. También se publican los informes de las investigaciones especiales que se derivan de las denuncias interpuestas. Actualmente la Dirección de Participación Ciudadana ofrece módulos básicos de capacitación y formación ciudadana que apoyan la promoción de la denuncia, la vinculación de los ciudadanos y organizaciones civiles a los procesos auditores que realiza el Tribunal Superior de Cuentas a demás de la promoción y seguimiento ciudadano a recomendaciones para el mejoramiento de la gestión pública. A través de su Sub -Dirección se dirige el área de promoción de la participación ciudadana desarrollando programas de promoción, sensibilización y di fusión de la denuncia ciudadana. El proceso de promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión pública está orientado a cualificar la participación en el control y vigilancia de la administración a través de actividades de sensibilización y capacitación, en s í

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la promo ción de denuncias ciudadanas es un procedimiento orientado a que los ciudadanos reconozcan y utilicen la denuncia como una herramienta efectiva del control de la corrupción. De igual manera el Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias Ciudadanas, es el responsable de recepcionar, evaluar, investigar y realizar seguimiento a las denuncias presentadas por los ciudadanos y servidores públicos, competencia de la Institución. Este procedimiento establece los pasos para la recepción, evaluación, trámit e y/o inclusión de la denuncias dentro del proceso de control institucional que ejerce el Tribunal Superior de Cuentas. Desde el año 2005 mediante una consultoría denominada “Diagnóstico de la Participación Ciudadana en la lucha contra el Fraude y la Corru pción en :onduras” se puso a disposición de la ciudadanía las herramientas siguientes:
• Guía =nformativa “Promoción de la Participación Ciudadana en el Tribunal Superior de Cuentas”.
• Video Audiovisual Educativo e Informativo para la difusión y promoción del Tribunal Superior de Cuentas y la Dirección de Participación Ciudadana.
• Manual para multiplicadores y capacitación sobre control social. Asimismo; se desarrolló una consultoría denominada Proyecto de Vinculación de la Ciudadanía y las Organizaciones Civil es a los Procesos Auditores del Tribunal Superior de Cuentas liderado y ejecutado en su totalidad por la Dirección de Participación Ciudadana, la que inició en septiembre 2007 y concluyó exitosamente en marzo 2008, realizado con apoyo financiero y técnico del Banco Mundial más una contraparte del Tribunal Superior de Cuentas. El mismo constituyó una alianza estratégica entre la sociedad civil y el Tribunal Superior de Cuentas para la participación ciudadana en el control de los recursos del Estado y mejoram iento de la gestión pública. Como resultado de la misma se establecieron:
• Ciento Ochenta (180) deficiencias
• Doscientas (200) recomendaciones
• Ciento Cuarenta y Seis (146) responsabilidades civiles por un monto superior a Treinta y Un Punto Seis Millones de Lempiras (L. 31.6 millones)
• Cuarenta y Siete (47) responsabilidades administrativas y Cuatro (4) indicios de responsabilidad penal Lo anterior como resultado de las auditorías realizadas a ocho (8) entidades gubernamentales, detalladas a continuación:
• Cent ro Universitario Regional de Occidente (Santa Rosa de Copán)
• Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (oficina regional de Olancho)
• Hospital Departamental de San Marcos de Ocotepeque
• Hospital Escuela
• Instituto Jesús Milla Selva (Tegucigalpa)
• Alcaldía M unicipal de Cedros
• Alcaldía Municipal de San Rafael (Lempira)
• Proyecto Carretero de Gracias, Lempira a San Juan de Intibucá, sección IV, SOPTRAVI. En la ejecución del proyecto se desarrolló la metodología de participación ciudadana para la vinculación a los procesos auditores de sectores que conforman la sociedad civil vinculada a las instituciones auditadas, ciudadanos interesados en participar como beneficiarios de la gestión institucional, entre ellos dirigentes de entidades gremiales, pr ofesionales, trabajadores y personal del TSC, esta estrategia concreta la interacción entre los ciudadanos y el Tribunal Superior de Cuentas para el fortalecimiento de las actividades de control fiscal que realiza la entidad, se desarrollaron los mecanismo s siguientes:
• Primero la promoción, atención, control y seguimiento de denuncias ciudadanas.
• Segundo la vinculación de la ciudadanía y organizaciones civiles a los procesos auditores que realiza el Tribunal Superior de Cuentas.
• Tercero la promoción del seg uimiento ciudadano a planes de acción para el mejoramiento de entidades auditadas. A continuación se detallan los Documentos producidos por la Dirección de Participación Ciudadana referente a las medidas para facilitar que se denuncien los actos de corrupc ión:
• GUÍA PRÁCTICA. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN HONDURAS.
• MANUAL GUÍA PARA LA VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LOS PROCESOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS. https://w ww.tsc.gob.hn/web/Participacion_ciudadana/MANUAL_GUIA_VINCULACION_CIUDADANIA_A_L OS_PROCESOS_AUDITORES_DEL_TSC.pdf
• DEMOCRATIZACIÓN DEL CONTROL INSTITUCIONAL. BALANCE DE LA VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES CIVILES A LOS PROCESOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. 2007 -2008 https://www.tsc.gob.hn/web/Participacion_ciudadana/proyecto_balance.pdf
México Sí, en dos vías. En atención a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano al ser parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la ASF aporta información sobre su labor y su relación con el combate a la corrupción a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia del gobierno mexicano encargada de recopilar la información sobre la implementación de dicha Convención que se remite a la Conferencia de los Estados Parte para el mecanismo de examen. Por otra parte, como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, se colabora en la materialización de las obligaciones que der ivan de la Convención en el ámbito nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución, al Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativa s y la Política Nacional Anticorrupción.
Paraguay No se realiza. Se hace a través de la Cancillería, dependiente del Poder Ejecutivo. La CGR presta asesoramiento, a pedido de la Cancillería.

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Portugal Sim. O Tribunal de Contas de Portugal faz mesmo p arte do Grupo de Peritos da INTOSAI para a implementação do Memorando de Entendimento com o United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) que visa promover a cooperação entre as EFS e as entidades anti -corrupção na prevenção e luta contra a Corrupção.
Puerto Rico No, nuestra EFS no cumple un rol en el seguimiento e implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no forma parte de la ONU por ser un territorio no incorporado de los EE.UU..
República
Dominicana
Participamos en el seguimiento a las actividades que establece la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, órgano responsable en la República Dominicana de la implementación de las acciones.
Uruguay No por el momento
Venezuela Si, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela cumple su rol para el cumplimiento de las Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

CUADRO N° 4

Países/EFS
Preguntas y respuestas
2.2. ¿Cumple su EFS un rol en el seguimiento e implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción?
Argentina En Argentina la Ley 24.759 Aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos. Al igual que en el caso anterior no es función específica de la AGN.

Belice No

Brasil En el TCU no existe una estrategia específica para seguir y monitorear la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ni de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Con respecto al control externo, el TCU está comprometido con la implementación y el monitoreo de los ODS. En relación específicamente con el ODS 16, en 2017 se creó la Secretaría de Relaciones de Control Institucional en la Lucha contra el Fraude y la Corrupción (Seccor), cuyo propósito es desarrollar, promover, monitorear, apoyar y coordinar las acciones de control para combatir el fraude y la corrupción, a través del fortalecimiento de la relación entre la Corte y otros órganos y entidades de control y supervisión. En 2021, la Secretaría se aglutinó con otras dos unidades, la Secretaría de Métodos y la Secretaria de Gestión de la Informac ión para el control, con el amplio propósito de contribuir a la garantía de la calidad y eficacia de las acciones de control exte rno, a través del apoyo metodológico y la supervisión de las inspecciones, la gestión de la información y la producción de conocimi ento de inteligencia, con el fin de apoyar las acciones de las unidades vinculadas a la Segecex, incluso en la lucha contra la cor rupción.

Buenos
Aires
Si bien las actividades que desarrolla el HTCPBA en su accionar diario no invocan específicamente el seguimiento e implementación de las mencionadas Convenciones, en los planes de auditoría que se implementan siempre se encuentra incorporado, como lineamiento explícito o implícito, la detección del fraude. En los hechos, el HTCPBA ha realizado numerosas d enuncias en el fuero judicial correspondiente, a efectos de que se investiguen en la instancia adecuada y con las atribuciones legales necesarias para ello, aparentes situaciones de fraude ocasionadas en supuestos hechos de corrupción que se evidenciaron c omo hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento que dan marco inicial al Juicio de Cuentas que lleva a cabo el organismo.
Chile La Contraloría General de la República de Chile (https://www.contraloria.cl/web/cgr/ ) en conjunto con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el Ministerio Público y la Corte Suprema, hace parte de la delegación que por Chile participa en el Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC (http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/ ). El Mecanismo Anti corrupción de la OEA, el cual reúne a 33 de los Estados Miembros para analizar sus marcos jurídicos e instituciones de acuerdo con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, es el órgano responsable del análisis técnico de la i mplementación de la Convención por los Estados Parte. Este Comité se reúne dos veces al año en Washington D.C. para la consideración y la aprobación de los informes anticorrupción de los Estados analizados y para intercambiar buenas prácticas y tratar tema s de interés colectivo con miras al fortalecimiento de la cooperación contra la corrupción en el marco de la Convención. Anualmente la Contraloría General de la República rinde un informe de los principales desarrollos y avances respecto a la implementaci ón de las recomendaciones y medidas sugeridas en las seis rondas del Mecanismo, de conformidad a los artículos 31 y 32 del reglamento y normas de procedimiento del Comité de Expertos. Es así como, la Contraloría General de la República entrega en el mes d e febrero de cada año, al Auditor General de Gobierno quien funge como experto titular por Chile ante el Mecanismo, los progresos referentes a la realización de actividades de capacitación, realización de actividades de cooperación internacional, actividad es de fortalecimiento institucional, la adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas y en general el reporte de todas las herramientas de cooperación anticorrupción implementadas cada año con el fin de prevenir y combatir la corrupción . También la Contraloría General de la República se destaca por presentar en cada reunión del Comité de Expertos y Expertas las buenas prácticas implementadas para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas al país. Se destaca el interés de la Contralor ía General de la República en constantemente contribuir a los mandatos de la convención, es así como, actualmente la EFS tiene injerencia en el Grupo de Trabajo de Corrupción Trasnacional (https://www.olacefs.com/grupo – de-trabajo -especializado -en-la-lucha -contra -la-corrupcion -transnacional -de-la-olacefs/ ) de la OLACEFS (https://www.olac efs.com/ ) (GTCT) de la OLACEFS, cuyo eje principal es el desarrollo y fortalecimiento de líneas de investigación con miras a potenciar la incidencia del cont rol externo para prevenir, detectar y combatir la corrupción en delitos transnacionales.

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De igual m anera, su participación activa en el grupo de trabajo de la Alianza Anticorrupción UNCAC (http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/ ) Chile, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales y cuya finalidad es impulsar la implementación y difusión de la mencionada Convención, junto con diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los principio s en ella contenidos; además de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia; se destaca además s u part icipación en la comisión de expertos por parte del Estado de Chile que realizarán el examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a España, entre otros.

Colombia La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR, como Entidad Fiscalizadora Superior cumple su rol en el seguimiento e implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA, en consideración a que funge como Autoridad Central de la República de Colombia ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos -OEA, en los términos del artículo XVIII de la Convención. (http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html) La Convención Interamericana Contra la Corrupción tiene un mecanismo para el seguimie nto de su implementación conocido como MESICIC, el cual se realiza a través del Comité de Expertos de la OEA, quienes presentan los principales avances o desarrollo a nivel nacional. El último seguimiento se realizó para el período 2019 -2020. (http://www.o as.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic5_col2.pdf) A continuación, se presenta el seguimiento hecho a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, denotándose avances en: a. La Política de Integridad emitida con la Resolución Organizacional 0719 del 06 de septiembre de 2019, la cual está contenida en el Código de Integridad, la Cartilla Preventiva sobre Conflicto de Intereses de los servidores de la CGR y la regulación del Comité de Integridad. b. El Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 po r medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal en Colombia. A continuación, los apartes del informe que conciernen a la Contraloría General de la República, en relación con las disposiciones seleccionadas (artículo iii, párrafos 1, 2, 4 y 11 de l a Convención) RECOMENDAC=ÓN: “Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención , y optimizar su coordinación tal como lo establece el ordenamiento jurídico colombiano, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control, dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo político y social; y estableciendo mecanismos que permitan una continua evaluación y seguimiento de sus acciones”. MEDIDAS: Sugerida: “Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en l a gestión pública”. AVANCE: La Contraloría General de la República (CGR), durante los primeros meses del año 2019 se diseñó, aplicó y evaluó un instrumento para diagnosticar la gestión ética de la CGR, esto, a través de una encuesta aplicada a una importan te muestra de funcionarios de todos los niveles de la Entidad, cuyos resultados permitieron proponer y adecuar las acciones tendientes a mejorar la ética de los servidores de la Entidad. La Contraloría General de la República, como miembro de la INTOSAI – OLACEFS, debe incorporar en su marco de gestión ética los lineamientos trazados por dicha organización a través de la línea de trabajo de IntoSAIN y su herramienta para la evaluación de la integridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en particula r los concernientes la Integridad Pública adoptada por INTOSAI en el XXI INCOSAI, celebrado en Beijing, en 2013. En procura del mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos, estrategias, productos y valores adoptados en el Plan Estratégico 2018 -2022, la CGR se debe actualizar respecto a la normatividad sobre integridad de los servidores públicos y de sus contratistas, adoptando una Política acorde a la Constitución, las normas que rigen la Función Pública y a los estándares internacionales para las Entidades Fiscalizadoras Superiores – EFS. Para ello, el comité de Ética de la entidad adelantó dentro de su Plan de Acción 2019, la revisión a los principios, valores y directrices éticas y el diagnóstico ético de la Entidad, estableciéndose de los resul tados la necesidad de adecuar las políticas sobre estos aspectos éticos encontrados más débiles, a la normatividad nacional sobre la materia y a las recomendaciones formuladas en el marco de la Evaluación del Desempeño de la CGR realizada en el año 2018, m ediante la aplicación de la metodología SAIPMF (Marco para la medición del desempeño de las EFS – Entidades Fiscalizadoras Superiores) de la INTOSAI. Como resultado de este trabajo, se estableció la Política de Integridad de la CGR mediante la Resolución O rganizacional 0719 del 06 de septiembre de 2019, la cual está contenida en el Código de Integridad, la Cartilla Preventiva sobre Conflicto de Intereses de los servidores de la CGR y la regulación del Comité de Integridad. Sugerida: “Mecanismos para hacer e fectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta”. La Contraloría General de la República, se activó la implementación de controles sobre conflicto de interés en Mapas de riesgos de corrupción, en las iniciativas adicionales para la divulgación y capac itación. Ver en: https://www.contraloria.gov.co/contraloria/planeacion -gestion -y-control/gestionestrategica/plan -anticorrupcion -y-atencion – al-ciudadano. En la cuarta ronda de análisis: Nombre del Órgano de Control Superior analizado: Contraloría General de la República RECOMENDACIONES: “Fortalecer cuando corresponda, la coordinación de las actuaciones entre los funcionarios de la CGR que tienen el carácter de autoridad de policía judicial y la Fiscalía General de la Nación (FGN), de conformidad con lo previ sto en el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 (ver sección 5.2. del capítulo == de este informe)”. «Fortalecer cuando corresponda, la cooperación interinstitucional entre la CGR y la FGN para que las pruebas, elementos materiales de prueba y evidencias físic as se trasladen entre el procedimiento fiscal y el proceso penal, teniendo en cuenta el artículo 271 de la Constitución Política. (ver sección 5.2. del capítulo II de este informe).»

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“Adoptar las medidas pertinentes para adecuar la estructura y planta de p ersonal de la CGR al nuevo marco normativo en materia de control fiscal (ver sección 5.2. del capítulo == de este informe)”. «Elaborar información estadística que permita conocer si en los procesos de responsabilidad fiscal a cargo de la CGR se ha declarad o la prescripción prevista en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 5.3. del capítulo II de este informe).» “Adoptar las medidas pertinentes para lograr una mayor recuperación para el erario público, de las sumas que deben ingresar al mismo como resultado de los procesos de responsabilidad fiscal (ver sección 5.3. del capítulo == de este informe)”. MEDIDAS: • En relación con la primera recomendación, la Contraloría General de la República como miembro del Consejo Nacional de Policía Judicial, a través de la Delegada para Investigaciones ha participado activamente en el Comité Técnico donde, en coordinación con las demás entidades que forman parte del Consejo, se ha t rabajado mancomunadamente en la elaboración del Manual de Policía Judicial, con aportes en los aspectos y procedimientos inherentes al Proceso de Responsabilidad Fiscal. Así mismo en la elaboración de otros documentos de apoyo para el ejercicio de las func iones de Policía Judicial tales como el Manual de Cadena de Custodia; Protocolo para orientar y articular investigaciones económico -financieras: Lavado de Activos y Extinción de Dominio; entre otros. • En relación con la segunda recomendación, la Contralor ía General de la República, adicional a acercamientos con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI y los propios acercamientos de la UNCOPI, ha adelantado esfuerzos para la estandarización de los métodos de investigación y recopil ación de pruebas en el ejercicio de las funciones de policía judicial. • En relación con la tercera recomendación, la Contraloría General de la República, establece los siguientes avances: o El artículo 332 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Plan Nacio nal de Desarrollo 2018 -2020 reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para reestructurar jerárquica y funcionalmente a la CGR. o El Contralor General mediante memorando 024 del 22 de mayo de 2019, conformó el equipo líder del proc eso de fortalecimiento institucional; integrado por la Gerente de Talento Humano, la Directora de la Oficina de Planeación y el Director de la Oficina Jurídica. o Mediante el Decreto 2037 del 7 de Noviembre de 2019, se ejercen las facultades extraordinaria s para modificar y desarrollar la estructura de la Contraloría General de la República, crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el funcionamiento de la Entidad. o Mediante el Decreto 2038 de Nov iembre 7 de 2019, se ejercen las facultades extraordinarias para modificar la planta de personal de la Contraloría General de la República creando los empleos a los que haya lugar de acuerdo con la nueva estructura definida para la Entidad. o En implementa ción de lo anterior la Contraloría General ha expedido las siguientes Resoluciones Organizacionales: o OGZ 0730 y 731 de Dic 2019, Por la cual se distribuyen los empleos de la planta global de la CGR. o OGZ 0734, 0739, 0745 de 2020, Manual específico de fu nciones, Requisitos y Competencias Laborales de los empleos de la Planta de la CGR. o OGZ 0737 de 2020, por la cual se adopta la estructura dispuesta en el Decreto Ley 2037 de 2019 y se dispone la entrada en funcionamiento de las nuevas dependencias de la CGR. o OGZ 0738 de 2020, Por la cual se establece la planta de personal de unas dependencias y se reubican unos empleos de la CGR. o Referente al Acto Legislativo 04 del 18 de Septiembre de 2019 por medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal, s e dinamiza a través del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020. exterior. Así mismo, en su rol como Autoridad Central ante la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la CGR participó en los grupos de trabajo sobre recuperación de activos y cooperación internacional que se realizaron en Viena el mayo del 2019 y de manera virtual en el año 2020.

Costa Rica Sí. La Contraloría General, por medio de la Procuraduría de la Ética Pública, quién es el represente del país ante ese organismo, ha participado y atendido los diversos requerimientos solicitados por parte del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimient o de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) según sea la temática que la ronda de evaluación de esta Comisión disponga. Como parte del rol de seguimiento e implementación de la Convención de las Naciones Unidas c ontra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Contraloría General de la República, a través de la División de Contratación Administrativa trabajó en conjunto con otros actores en la redacción, presentación y discusión de un pr oyecto de ley en materia de contratación pública que establecía una reforma integral al sistema de contratación pública nacional, co n el fin de robustecer el control, garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y brindar una mayor transparencia a l os procedimientos de contratación, mediante el uso de tecnologías de información y priorizando en la utilización de los procedimientos ordinarios de contratación. Luego de un amplio proceso de discusión y conformación de un documento base, el proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa y este órgano contralor desde el 2019 participó activamente del trámite legislativo (por petición expresa de la Comisión Especial integrada a lo interno de la Asamblea) que buscaba reformar integralmente la Ley de Contr atación Administrativa, a través del proyecto de ley denominado “Ley General de Contratación Pública que se encuentra en la Asamblea Legislativa”, bajo el expediente 21.546. En virtud de las discusiones en la propia Comisión Especial, encargada de analizar el proyecto, se sometió el texto a consulta, según lo exige el trámite legislativo. De esta forma, conforme se recibían las observaciones (que incluían tanto a organizaciones tanto públicas como privadas), estas fueron analizadas una a una por parte de lo s funcionarios de la División de Contratación Administrativa, que conformaban el equipo de trabajo encargado del proyecto, y se consolidaron en un documento a partir del cual se sometió a discusiones con los asesores legislativos de los diputados que integ ran la Comisión Especial encargada del proyecto. Es necesario señalar que dentro del análisis de estas observaciones, la División de Contratación efectuó diversas coordinaciones a nivel interno de la Contraloría General, con las otras divisiones de la inst itución, con el fin de contar con todos los insumos necesarios para realizar una análisis completo y detallado del documento, para que este reflejara la posición institucional. Como parte de las tareas efectuadas, también se participó en calidad de asesore s técnicos en todas las sesiones de la Comisión Especial establecida para dicho proyecto. Además de participar en todas las sesiones de discusión del texto con los

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asesores legislativos, asesorando desde el punto de vista técnico y conciliando posiciones e n procura de obtener los insumos necesarios para depurar el texto del proyecto. Esta labor de asesoría técnica, implicó no solo extensas sesiones de discusión del texto con diputados y asesores, sino que además implicó una labor de coordinación con diversa s administraciones con el fin de analizar ventajas y oportunidades de mejora en relación con el texto del proyecto. Incluyendo sesiones de trabajo en las que se exponía la motivación que se encontraba detrás de cada uno de los artículos contenido en el pro yecto. Como resultado de lo anterior, el proyecto se convirtió en la Ley No. 9986 “Ley General de Contratación Pública” el 27 de mayo del 2021. En dicho texto se abordan las principales oportunidades de mejora identificadas al sistema de contratación nacio nal, abordando las diferentes observaciones que han efectuado tanto organizaciones internas como internacionales con respecto al ordenamiento jurídico existente en nuestro país, con respecto a la contratación pública. Primeramente, es necesario señalar que el proyecto busca unificar en una sola norma las regulaciones existentes en materia de contratación, que a la fecha se encontraban repartidas en distintas normas, lo que dificultaba la comprensión del sistema no solamente para el caso de los ciudadanos, s ino que en general para el operador jurídico, comprometiendo la seguridad jurídica. De tal forma, que a partir de la promulgación de la norma y su entrada en vigencia, se contará con un marco general base, aplicable a todas las compras que se realicen util izando fondos públicos, facilitando de esa forma el control, la obtención de datos, el impulso de políticas, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Esta simplificación de la compleja “telaraña” normativa existente hasta la fecha, atomizad a en un sin número de normas con regulaciones distintas, sin duda es un gran paso que permitirá dotar a los interesados de una mayor seguridad jurídica y además, permitir un mayor control ciudadano. Adicionalmente, mediante el proyecto se impulsa la utiliz ación de los procedimientos ordinarios de contratación, entiendo que estos son los que brindar mayores garantías en cuanto al uso de los fondos públicos, en virtud de la transparencia que existe en las diferentes etapas y los distintos mecanismos de contro l establecidos. Para ello, en el texto de la ley recientemente aprobada, existe una reducción considerable en la cantidad de excepción, quedando establecidas únicamente aquellas, en las que se logre acreditar que efectivamente resultan ser la mejor vía par a satisfacer el interés público. Adicionalmente, se ha elaborado un mecanismo novedoso para el establecimiento de los umbrales que determinan los montos a partir de los cuales se puede utilizar cada procedimiento. A su vez, como parte de uno de los grandes objetivos de la Ley General de Contratación Pública, se establece el uso de un sistema digital unificado. De tal forma que a la entrada en vigencia de la norma, todos los procedimientos que se realicen, deben constar en el sistema, desde las fases previas a la promoción del procedimiento y hasta la formalización y ejecución contractual. En ese misma línea, la fase recursiva se realizará directamente en el sistema. Con esto no solo se contará con u n sistema completo que recopile toda la información de los p rocedimientos con el fin de obtener los datos necesarios para la toma de decisiones, sino que además se aumenta la transparencia y se permite un mayor control ciudadano. Dentro de ese mismo punto, en el proyecto de ley se establecen algunos mecanismos de c ontrol ciudadano en fases estratégicas, mediante el desarrollo de diferentes registro, como es el caso del registro sobre el uso de excepciones y del registro de declaraciones juradas con respecto al régimen de prohibiciones, que deben constar en el sistem a, con libre acceso para cualquier interesado y cumpliendo con parámetros de datos abiertos. Igualmente, en el texto resultante se busca fortalecer al rector en la materia, buscando consolidarlo como un actor clave que tenga dentro de sus facultades la emi sión de guías y lineamientos de carácter vinculante que orienten la gestión de la actividad contractual de las administraciones públicas. Uno de los aspectos que resultan trascendentales en la nueva legislación tiene que ver con la capacitación y profesion alización de los funcionarios, pretendiendo el establecimiento de un proceso de certificación en busca que en la gestión de las compras públicas se cuente con el recurso humano idóneo para el correcto desempeño de la actividad contractual. Asimismo, dentro de la norma se mantiene el régimen recursivo, pero se simplifica la determinación de la instancia competente para el conocimiento de las impugnaciones, con el fin de eliminar barreras innecesarias en el acceso a la garantía que implican los mecanismos de impugnación. De esa forma, mediante el conocimiento de impugnaciones de carteles y actos finales de los procedimientos, se permite dilucidar, en una forma oportuna, la aplicación de las reglas definidas para la selección de la oferta más idónea e incluso, se puede anular un proceso y solicitar que se inicie uno nuevo en caso de estimar viciada la totalidad del procedimiento. Estas prerrogativas no solo permiten garantizar los principios de eficiencia y libre competencia, sino que permite verificar la motiva ción y transparencia en las decisiones en materia de compras públicas.
Ecuador En el marco de la Convención Interamericana contra la corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación (MESICIC), la CGE encamina varias acciones que se informan de manera anual a la Autoridad Central del Estado ecuatoriano. Entre las últimas se pueden destacar que este ente de control suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría Genera l del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, así como el Convenio Ampliado a este Instrumento, incorporando al Consejo de la Judicatura y a la Presidencia de la República. Este Convenio de Cooperación vigente tiene por objeto establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan a las partes intervinientes fortalecer el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales en el marco de la lu cha contra la corrupción y la recuperación de activos. En cuanto a la participació n ciudadana, la Contraloría General del Estado habilitó diversos medios de denuncias a través de ventanillas de servicios a nivel nacional, línea telefónica 1800 -ETICOS, correos electrónicos institucionales, Formulario Electrónico para la Recepción y Trámi te de Denuncias para Investigación Administrativa. Así mismo, en relación con la implementación de sistemas o herramientas tecnológicas se actualizó la visualización de los informes de auditoría con formatos amigables de resumen ejecutivo de alcance y prin cipales conclusiones para que se encuentre a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos. Adicionalmente, en lo que se refiere a las Declaraciones Patrimoniales Huradas sobre la “Reforma al Reglamento Sustitutivo para la Declaración, Presentación y Regi stro de las Declaraciones Patrimoniales Huradas, Otorgadas Electrónicamente” se puede conocer los activos y pasivos que posee los servidores públicos. Finalmente, en torno a la cooperación internacional, la Contraloría General del Estado, en calidad de Pre sidente del Grupo de Trabajo de Lucha contra la Corrupción Transnacional (GTCT) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) ha alcanzado varios hitos.

El Salvador Los propósitos de la presente Convenc ión son:

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1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fi n de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. La Corte de Cuentas de la República forma parte de varios organismos internacionales tales como: Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) Consejo Fiscalizador del Sistema e Integración Centroamericana (CFR -SICA)
Guatemala No
Honduras En atención al artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Superi or de Cuentas https://www.tsc.gob.hn/web/ley_tsc/Ley_Organica_TSC.pdf, establece que para los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Tribunal será la autoridad central para formular y recibir directamente las solicitud es de asi stencia y cooperación a que se refiere la citada Convención. Desde año de 2005 el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras realiza el seguimiento y año con año los expertos de este Tribunal participan en la reunión del Comité de Expertos y Expertas del Mec anismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) se informa sobre las medidas adoptadas por Honduras, en relación a las recomendaciones formuladas por el Comité en las rondas de evaluación de las cua les ha sido objeto el Estado de Honduras, como dificultades que se han tenido en su implementación; además, sobre otros avances relativos al cumplimiento de dicha Convención. Con los informes del MESICIC los Estados miembros tienen una herramienta con las recomendaciones que deben implementar para mejorar sus mecanismos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. Siendo que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en septiembre del 2020, formó parte del Subgrupo de Análisis que realizó la primera visita in situ, en formato virtual, realizada a Paraguay, en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). El Comité de Expertos del MESICIC, como parte de las decisiones para dar comienzo a la Sexta Ronda, seleccionó a Honduras y Guatemala como integrantes del Subgrupo de Análisis en relación con Paraguay, cuyo proceso de evaluación incluyó la realización de la primera visita in situ realizada en formato virtual a causa de los efe ctos de la pandemia por el covid -19. La agenda incluyó reuniones con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, académicos e investigadores, como con autoridades públicas, abordando temas de negación o impedimento de beneficios tributarios po r pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, el secreto bancario, la prevención del soborno de funcionarios públicos, el enriquecimiento ilícito, la tipificación del soborno transnacional y la extradición. Además, se desarro llaron paneles y reuniones entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. La primera visita in situ, de manera virtual, fue catalogada de productiva, obteniendo resultados positivos para el logro de los objetivos pro puestos relacionados al conocimiento de avances en la implementación de recomendaciones. La enriquecedora experiencia servirá como base para los expertos titular y alterna en las próximas visitas in situ que se realicen como parte del MESICIC. https://www. tsc.gob.hn/web/CICC/cicc.html https://www.tsc.gob.hn/web/ véase Memorias desde 2005 al 2020. También se cumple la Convención a lo estipulado en de nuestra Ley Orgánica del TSC https://www.tsc.gob.hn/web/ley_tsc/Ley_Organica_TSC.pdf, en su el ARTÍCULO 68, numeral 10) se determina crear mecanismos y sistemas para proteger a los servidores públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. También est ipula la investigación de las denuncias de la ciudadanía en el “ART?CULO 70. – ALCANCES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. Corresponde al Tribunal con el objeto de fortalecer la transparencia en la gestión pública, establecer instancias y mecanismos de participación de la ciudadanía, que contribuyan a la transparencia de la gestión de los servidores públicos y a la investigación de las denuncias que se formulen acerca de irregularidades en la ejecución de los contratos.” y como medida de protección del denunciante di spone en el ART?CULO 72) “Servidores públicos que tengan conocimiento de infracciones o violaciones a normas legales en la función pública, deberán comunicarlo de inmediato a su superior jerárquico o al Tribunal. Los servidores públicos y las personas seña ladas en este artículo gozarán de la más amplia protección del Estado de conformidad con la Ley.” en el segundo párrafo ordena la más amplia protección del Estado y en el Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC en el ART?CULO 70 se establece la “PROT ECC=ÓN PARA EL DENUNC=ANTE”. – El denunciante tendrá derecho a que se mantenga en reserva su nombre y su identidad e igualmente se le extienda copia de la denuncia si así lo solicitare.”; así como en el ART=CULO 64 establece la “CONF=DENC=AL=DAD Y RESERVA”. – Los funcionarios y empleados del Tribunal deberán guardar absoluta reserva sobre el contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que se practiquen los que no podrán servir para otros fines que los previstos en la Ley. La violación de esta disposición, una vez comprobada, con el debido derecho de defensa dará lugar a la destitución inmediata del funcionario o empleado público culpable sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.” Como lo establecido en su ARTÍCULO 35. – PUB LICIDAD DE LOS INFORMES. El Tribunal publicará los informes enviados al Congreso Nacional, empleando los medios que considere apropiados, respetando los derechos y garantías previstos en la Constitución de la República y las leyes. Así mismo publicará una recopilación anual de los informes emitidos. Se exceptúan los casos de asuntos en proceso de investigación.” https://www.tsc.gob.hn/web/Auditorias/index_auditorias.html https://www.tsc.gob.hn/web/Denuncia%20Ciudadana/DC_2019.html En atención al numeral 12) del ARTÍCULO 68 de la Ley Orgánica donde establece desarrollar mecanismos modernos como eficientes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas dentro de la Administración Pública. Existe n los Comité de Probidad y Ética, conforma dos por la Dirección de Probidad y Ética los cuales promover la cultura de valores mediante el conocimiento y aplicación del Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento. https://www.tsc.gob.hn/web/Normativa%20Vigente/Normativas%20Externas _pdf/CODIGO_%20D E_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO.pdf / https://www.tsc.gob.hn/web/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_del_Codigo_de_Conducta_etica_del_Servidor_Público.pdf En el ARTÍCULO 53 de nuestra Ley Orgánica manda a promover la creación de comités de probidad y ética públicas, como una medida preventiva contra la corrupción. Cuya integración y funcionamiento están reglamentados y están a cargo de la

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Dirección de Probidad y Ética. https://www.tsc.gob.hn/web/Probidad%20y%20Etica/Reglamento_integracion _func_comites_prob_etica.pdf

México Al igual que en el caso de la Convención de las Naciones Unidas, en atención a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano al ser parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la ASF aporta información sobre su labor y su relación con el combate a la corrupción a la Secretaría de la Función Pública para integrar el Informe de Avance Nacional que se presenta al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención (MESICIC). Por otra parte, como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, colaboramos en la materialización de las obligaciones que derivan de la Convención en el ámbito nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución, al Ley General del Sistema Nacional Anticorru pción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Política Nacional Anticorrupción.
Paraguay Sí, se realiza a través del MESISIC, La CGR es consultada periódicamente para la e laboración del informe país que es parte del Mecanismo. En ocasiones, el Contralor General ha sido invitado como evaluador de otros países. El MESISIC ha emitido recomendaciones que son tenidas en cuenta por la CGR.
Portugal Não aplicável.
Puerto Rico No , nuestra EFS no tiene un rol en el seguimiento e implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ya que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un territorio no incorporado de los EE.UU. .
República
Dominicana No . En la República Dominicana el seguimiento es realizado por la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales.
Uruguay No
Venezuela No. En atención a que la República Bolivariana de Venezuela, se retiró oficialmente en abril del año 2019, de la Organización de Estados Americanos, previo cumplimiento a lo establecido en la Carta de esta Organización.

CUADRO N°
5
Países/EFS
Preguntas y respuestas
2.3. ¿Ha participado activamente su EFS en el diseño, elaboración y/o
implementación de planes o políticas a nivel nacional en materia de anticorrupción?
Argentina Como asesor técnico del Poder Legislativo, la AGN, envía la totalidad de los informes al congreso y sirven como herramientas para el desarrollo de las leyes Nacionales. Por Disposición AGN Nº 198/18 – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE se aprobó la incorporación en la Planificación Institucional de un mínimo de 5 (cinco) auditorías que aborden el tratamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS establecen un vínculo explícito ent re la corrupción y las sociedades pacíficas, justas e inclusivas. El ODS 16 y sus metas de reducir el soborno, fortalecer las instituciones y acceder a la información no solo son aspiraciones valiosas en sí mismas, sino que son condiciones fundamentales pa ra lograr los 17 objetivos. (ejemplo informe AGN Aprobado por Resolución Nº 178/2018) La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), de la OLACEFS, presidida por Jesús Rodríguez, presidente de la AGN, realizó el lunes 16 de noviembre de 2020 el segundo encuentro del ciclo de webinarios Gobernanza postpandemia: GPS para la integridad La AGN participó en el marco del Programa de Integridad de la Actividad conjunta entre la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) y organi smos públicos sobre integridad y contrataciones.
Belice No

Brasil Desde 2009, el TCU ha invertido en la formación de Redes de Control como una forma de optimizar esfuerzos, reducir costos y mejorar los resultados relacionados con la lucha contra la c orrupción. Hoy en día, los 26 estados brasileños y el Distrito Federal están representados en la Red de Control de Gestión Pública, una iniciativa que trabaja para reunir conocimientos como experiencia, bases de datos y profesionales capacitados para comb atir la corrupción. Las ventajas de la acción conjunta son diversas. Además del acceso al conocimiento, podemos citar una mayor eficiencia y eficacia, ya que evita la duplicación del trabajo y añade calidad, reduciendo el tiempo y la cantidad de errores. La innovación trae consigo grandes beneficios. Esto se debe a que las asociaciones a menudo terminan desarrollando nuevas formas de abordar viejos problemas y desafíos complejos. En la lista de instituciones que forman parte de la Red Brasileña, además del TCU, tenemos a la Policía Federal, a la Contraloría General de la Unión y al Ministerio Público Federal y Estatal. Este año se implementó el sistema de prevención electrónica (e -Prevención) para apoyar el desarrollo de las acciones contempladas en el Programa Nacional de Prevención de la Corrupción (PNPC). El proyecto está siendo desarrollado por la Secretaría de Soluc iones de Tecnología de la Información en asociación con la antigua Seccor y la Secretaría de TCU en el Estado de Mato Grosso do Sul. La solicitud surgió como apoyo para que más de 18.000 organizaciones federales, estatales y municipales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan instituir buenas prácticas para prevenir la corrupción adoptada internacionalmente. Para posibilitar su uso, las Secretarías del TCU en los Estados y la unidad (Soma), en una acción conjunta con las Superintendencia s de la CGU y la Red de Control, están recogiendo información sobre todo el sector público local para la formación de un registro multi propósito, que permitirá un contacto facilitado, no sólo para las acciones del PNPC, sino también para otras acciones fu turas relacionadas con el control. Con el e -Prevenção, la idea es que las entidades puedan tener un auditor en línea y las personas puedan auditar, recopilar evidencias, autoevaluar y ejecutar un plan de acción para implementar buenas prácticas en su organ ización. La idea es

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que las redes de control puedan promover y permitir el uso de la aplicación localmente, incluyendo la concesión de acceso y soporte a sus usuarios, permitiendo así una actualización constante.

Buenos
Aires
Más allá de haber tenido co ntacto e intercambios productivos con funcionarios titulares de Oficinas Anticorrupción de las distintas gestiones de la provincia de Buenos Aires, el HTCPBA no ha participado directamente en el diseño y elaboración de políticas públicas anticorrupción a i mplementarse por parte del gobierno provincial.

Chile En materia de políticas anticorrupción, la Contraloría desarrolla y participa en diversas iniciativas relacionadas. En dicho marco, se destaca la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA) y el lideraz go de la Alianza Anticorrupción UNCAC en Chile. En primer lugar, la Contraloría formuló durante 2020 y 2021 la Estrategia Nacional Anticorrupción. Como puntapié inicial, el estudio “Radiografía de la corrupción: ideas para fortalecer la probidad en Chile” sintetizó las percepciones ciudadanas en la materia desde una consulta abierta en la que participaron 16.807 personas. Esta reveló, entre otros datos, que el 64,3% está muy de acuerdo con que la Contraloría es la institución responsable de combatir la cor rupción en Chile y que el 77% percibe que Chile es un país corrupto o muy corrupto. El proceso de formulación de la Estrategia inició con una etapa participativa que convocó a 1.554 personas y 77 organizaciones de la sociedad civil. La sistematización de l os resultados arrojó 25 propuestas de acción desde las instituciones públicas en colaboración con otros sectores para fortalecer: (a) la buena administración, (b) la protección de recursos públicos y (c) la probidad y democracia. En segundo lugar, la Contr aloría lidera junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 2012 la Alianza Anticorrupción UNCAC. Esta es una iniciativa de trabajo permanente y voluntario, conformada por 30 entidades del sector público, privado, academia y sociedad ci vil que colaboran en 5 grupos de trabajo: promoción de la integridad; capacitación; estándares y buenas prácticas; propuestas legislativas; y comunicaciones. El objetivo principal de esta Alianza es diseñar y desarrollar acciones que permitan dar cumplimi ento a los principios de la UNCAC, tales como la implementación de códigos de ética en el sector público, reconocimiento de buenas prácticas, seguimiento legislativo y propuestas para fortalecer los esfuerzos nacionales que se realizan para combatir la cor rupción. Algunos resultados de este trabajo son: • Acompañamiento para la generación de códigos de ética municipales: durante 2021 hemos trabajado en el desarrollo de códigos para 70 municipios del país y progresivamente para el 2026 coadyuvar a la instal ación de Sistemas de Integridad en todos los municipios del país. • Ejecución de numerosas capacitaciones para el sector público y privado en materia de corrupción. • Realización de webinarios sobre los riesgos de corrupción durante la crisis COVID -19 que atrajeron a una gran audiencia. • Lanzamiento del decálogo “Recomendaciones de buenas prácticas de integridad en tiempos de pandemia”. • Generación y diseminación de producto “Bases para sistemas de integridad en las empresas” • Priorización d e proyectos de ley clave para alcanzar los estándares de la UNCAC. • Gran presencia en redes sociales Adicionalmente, esta Alianza ha sido reconocida internacionalmente por UNODC y otros organismos como una buena práctica para fortalecer la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe.

Colombia La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como máximo órgano de control fiscal del Estado Colombiano en el ejercicio de su función de vigilar el buen manejo de las finanzas públicas, establecer la respon sabilidad fiscal de quienes ocasionan daño al patrimonio público y procurar su resarcimiento, ha participado activamente en el diseño, elaboración e implementación de planes y políticas a nivel nacional en materia de anticorrupción. En su lucha incesante c ontra este flagelo la Entidad ha adoptado políticas institucionales y medidas de control fiscal ajustadas a las necesidades jurídicas y administrativas, dentro de las cuales denotamos las siguientes: 1. Acto Legislativo 04 de 2019 – Control Preventivo y Co ncomitante (Decreto 403 de 2020). La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la implementación de políticas a nivel nacional en materia de anticorrupción es la reforma a la Constitución Política de Colombia surtida mediante el Acto Legislativo 04 de 2019. Los mayores aportes en la lucha contra la corrupción de la reforma al Control Fiscal contenida en este Acto Legislativo, fueron introducidos en los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional. En efecto, de conformidad con el inciso 4º del artículo 267 , la vigilancia de la gestión fiscal de competencia de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fisca l. Adicionalmente, se incluye una nueva modalidad de ejercicio del control fiscal de forma preventiva y concomitante cuyo propósito fundamental es el de vigilar en tiempo real el destino que se da al recurso público. De otra parte, de conformidad con el nu meral 16 del artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 04 de 2019, eleva a rango constitucional la función del Contralor General de la República de “ejercer, directamente o a través de los servidores públicos de la en tidad, las funciones de policía judicial que se requieran en ejercicio de la vigilancia y control fiscal en todas sus modalidades”. 2. Fortalecimiento institucional: Creación de la DIARI La creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmed iata -DIARI, al interior de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representa una acción para el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento en tiempo real al recurso público y, atiende la facultad otorgada a través de los artículos 136 y 332 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, que le confiere a la Entidad el acceso sin restricciones a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas, y la reserva legal no le es oponibl e. La inclusión de mayores posibilidades para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, trajo consigo introducir reform as en su estructura organizacional, para atender, entre otros aspectos, la necesidad de realizar el análisis de la información, a través de minería de datos e inteligencia artificial; la necesidad de incorporar mecanismos que garanticen la seguridad de la información, bienes y servidores que intervengan en las acciones que deba adelantar la Entidad y además, para asegurar acciones prontas ante los hechos de corrupción o en los cuales se evidencie pérdida de recursos públicos.

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Con fundamento en normativa enunciada, es expedido el Decreto 2037 de 2019, por el cual se desarrolla la estructura de la CONTRALARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y se crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, dependencia responsable de la custodia y administración de los sistemas de información y bases de datos de otras entidades a las cuales tenga acceso la CONTRALORÍA, en virtud del artículo 94 del Decreto Ley 403 de 16 de marzo de 2020. 3. Sistema General de Obras Inconclusas – Matriz de Elefantes Blancos. La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, según lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de Julio de 2020 (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=135349), abrió el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en el que todas las entidades estatales, sujetos de control de la CGR y entes territoriales del país, gobernaciones y a lcaldías, reportan la identificación de esta información clave para la vigilancia y control fiscal de los recursos públicos. Es de anotar, que conforme a lo establecido en el artículo 15° de la citada Ley se incluyó en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas un registro especial de las obras civiles ya terminadas que no se encuentren en funcionamiento. (https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1776254/CIRCULAR_2020EE0096013_REGISTRO_NACIONAL_OBRAS_INCONCLUSAS.PDF/785952d4 -4b41 -48cb -916b -4881 c3b4a095) La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la CGR es la dependencia encargada de llevar este Registro Nacional de Obras Civiles e Inconclusas que se puede consultar desde el 18 de octubre de 2020 a través del link dispu esto para tal fin en la página Web de la Entidad. Vale la pena anotar, que las obras inconclusas y ‘Elefantes Blancos’, para finales del 2020 ya superaban el registro de 1.400 proyectos de este tipo en los que se han invertido más de 25 billones de pesos d el presupuesto de todos los colombianos. (https://www.contraloria.gov.co/resultados?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=1982009&_101_type=content&_101_urlTitle=cruzada -para -acabar -elefantes -blancos -contraloria -lanza -registro -nacional -de-obras – inconclusas&inheritRedirect=false) 4. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana La ciudadanía dispone ahora de herramientas vitales para convertirse en la mejor guardian a del patrimonio público, que en el pasado reciente se veía en riesgo ante la ausencia de un control directo y expedito. Es por eso que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, cuenta con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, que garantiz a y promueve las herramientas para que la ciudadanía pueda ser parte del proceso de vigilancia a la gestión de las entidades públicas y la ejecución de los recursos de los colombianos. Por el Acto Legislativo 04 de 2019 y las normas que lo desarrollan, se crearon estos nuevos escenarios: • La ciudadanía puede participar en los espacios de Diálogo Institucional para analizar con la CONTRALORÍA, contratistas y gestores de recursos públicos problemas relacionados con la ejecución de proyectos de interés nacion al, regional y local. Para lo cual, a través de la estrategia “Compromiso Colombia, Cuentas Claras”, la Entidad en uso de sus facultades de Control Fiscal Participativo, y bajo la metodología de evaluación concertada facilita la consecución de las metas qu e se han trazado los responsables de las distintas problemáticas públicas. • A través de veedurías conformadas legalmente, la ciudadanía puede pedir la intervención excepcional de la CGR cuando las contralorías territoriales no logren alcanzar su objetivo. También podrán hacerlo a través de cabildos abiertos, consultas populares y otros mecanismos previstos en la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana. 5. Desarrollo de Herramientas Tecnológicas En atención a lo dispuesto en el parágrafo de l artículo 117 del Decreto Ley 403 de 2020 y con el fin de desarrollar herramientas tecnológicas que apoyen los procesos misionales, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA se encuentra trabajado en la creación de una solución informática para la automatiza ción de la búsqueda de información patrimonial a nivel nacional, con el objeto de modernizar y optimizar la consulta en bases de datos de bienes, cuentas y otros activos de presuntos responsables y responsabilizados fiscales. 6. Participación en la Comisió n Nacional de Moralización. La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA hace parte de la Comisión Nacional para la Moralización (CNM) creada como instancia colegiada de lucha contra la corrupción por la Ley 190 de 1995 y perfeccionada por la Ley 1474 de 2011, actual Estatuto Anticorrupción, el cual se ha consolidado como una poderosa herramienta que materializa avances concretos en los diferentes campos que regula. En efecto, combina medidas administrativas, penales, disciplinarias, fiscales y pedagógicas y el t rabajo de organismos especiales de lucha contra la corrupción orientados a una mejor coordinación interestatal a nivel nacional y local, así como una mayor interlocución entre el Estado y la sociedad civil para combatir la corrupción. La iniciativa del Est atuto Anticorrupción, como consta en su exposición de motivos, fue producto del diálogo y colaboración entre el Gobierno Nacional, entes de control, -entre ellos, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la academia y la sociedad civil. 7. Proyecto de Ley I ntegral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes – UNCOPI y de la Unidad de Apoyo Téc nico al Congreso, participó en la construcción del Proyecto de Ley Integral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, divulgado por la Vicepresidencia de la República el 27 de octubre de 2020, y con el que se busca fortalecer las acciones de prevención y lucha contra la corrupción. Fue elaborado por los miembros de la Comisión Nacional de Moralización, de la que como expresamos, hace parte la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. La iniciativa es liderada por el Presidente y la Vicepresident e de la República, en coordinación con la Secretaría de Transparencia; y en su creación participaron 25 entidades del Estado, entre ellas la CONTRALORÍA, con el fin de hacer un trabajo conjunto y coordinado. Cada entidad aportó la solución desde su compete ncia y conocimiento directo, sobre los temas que requieren una regulación urgente. El objetivo del proyecto es el de implementar herramientas que contribuyan a la prevención de los actos de corrupción, la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad, la integridad y el buen manejo de los recursos públicos. A su vez, busca fortalecer la institucionalidad para tener más y mejores competencias para atacar la corrupción. Se resalta, que el proyecto incluye a los ciudadanos como víctimas de los delitos de corr upción, promueve la indemnización efectiva de las víctimas individuales y colectivas de actos de corrupción, buscando que se garantice que las indemnizaciones por estos actos sean invertidas en el resarcimiento y restablecimiento de los derechos colectivos . 8. Observatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas Públicas.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

El Observatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y las Políticas Públicas es un espacio donde la ciudadanía tiene a su disposición la información presupuestal, estud ios fiscales, investigaciones y novedades del control fiscal macrofiscal y macrosectorial. Los diferentes documentos son resultado del ejercicio de la vigilancia de la Contraloría General de la República a las finanzas y las políticas públicas del país. En el futuro se incorporará información microfiscal donde se mostrarán los frutos del ejercicio de las auditorías realizadas a los sujetos de control. (https://observatoriofiscal.contraloria.gov.co/Pages/Observatorio.aspx) 9. Observatorio de control fiscal a mbiental OCFA (https://observatorioambiental.contraloria.gov.co/SitePages/HomeOcfa.aspx ) El objetivo del observatorio es contribuir al buen manejo de los recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de la protección ambiental como fin del Estado, y lo cumple a través de: • Fortalecer la transparencia en el control y vigilancia fiscal ambiental de la Contraloría General de la Republica que incluya la comunicación y la participación de la ciudadanía en el control fiscal ambiental, focalizando las acc iones en los mayores generadores de impactos ambientales. • Vigilar y promover la aplicación del principio de valoración de costos ambientales en todos los proyectos de inversión susceptibles de afectar el capital natural o los servicios ecosistémicos del país. • Aportar una visión analítica de las políticas públicas ambientales desde su origen hasta el cumplimiento de sus objetivos esenciales, así como de la efectividad de su aplicación sobre los recursos naturales.
Costa Rica La Contraloría General de la República ha participado activamente y dentro del ámbito de sus competencias, en la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) próxima a ser lanzada en el país. En octubre de 2019 , se conformó un grupo de trabajo multiactor, con el fin de elaborar e implementar la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC). Los sectores involucrados trabajaron por alrededor de un año, con rigurosidad y compromiso, en la definición de los lineamientos generales de la ENIPC, y en una metodología para la toma de decisiones, lo cual permitió concretar el presente documento de la Estrategia. La iniciativa de la ENIPC se desarrolló gracias a la conformación de un grupo multise ctorial que se dio a la tarea de proponer la primera Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021 -2030 (ENIPC) de Costa Rica, con el objetivo fundamental de unificar la respuesta de la institucionalidad frente a este fenómeno, estab lecer un horizonte común, medidas definidas y evaluables, y fortalecer el impacto de estos esfuerzos para el país. Una de las misiones del Grupo de Trabajo se refiere a la articulación de distintas agendas nacionales e internacionales que se relacionan con estas temáticas, pero que operan paralelamente con escasa coordinación. En ese sentido, la ENIPC recupera compromisos del país establecidos en las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, la Conv ención Anticohecho de la OCDE, los Compromisos de la VIII Cumbre de las Américas (Lima, 2018), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible -específicamente el ODS 16 -; el Plan de Acción de Estado Abierto, el Programa Regional de la OCDE para América Latina y e l Caribe (Integridad para el Bueno Gobierno, 2018), entre otros. Es por ello que la ENIPC retoma algunos de los temas que ya están planteados en estas agendas, y pretende brindar una plataforma de coordinación inter -institucional e inter -sectorial para la adopción de estas iniciativas con un plazo más largo. Uno de los principales aportes de la Contraloría General de la República a esta iniciativa ha sido la elaboración y puesta a disposición de toda la información que a través de los años ha ido recopiland o acerca de la prevención de la Corrupción. Ejemplos de esto son las Encuestas Nacionales de Prevención de la Corrupción 2017 y 2020 que se pueden ubicar en el siguiente vínculo https://www.cgr.go.cr/03 -documentos/publicaciones/encuestas -nac.html o de los informes de opiniones y sugestiones que en esta materia ha remitido a las Asamblea Legisltiva, principalmente en el capítulo 1 de las Memorias Anuales 2016 y 2019, que se pueden observar en el siguiente vínculo: https://www.cgr.go.cr/03 -documentos/publica ciones/memoria -anual/memoria -anual.html Por otra parte, la Contraloría General de la República ha implementado desde el año 2013 un Congreso Jurídico, en el cual se abordan temas de interés nacional y jurídico. Este evento se dirige a los operadores jurídi cos institucionales, así como a otros actores claves del sector público, donde cabe resaltar los siguientes temas, en los cuales se ha abordado la prevención de la corrupción y la importancia de la transparencia: Congresos Jurídicos 2013 ● Control judicial de las compras públicas. 2015 ● Transparencia y rendición de cuentas. ● Transparencia y acceso a la información. 2017 ● Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. ● Transparencia y rendición de cuentas: su aporte en la mejora de la gestión públic a. 2019 ● Transparencia en la era digital como mecanismo de resguardo de la HP. ● Buenas prácticas para prevenir los conflictos de intereses en la gestión pública. ● La gobernanza y la prevención de la corrupción como elementos del buen gobierno Además, se han desarrollado espacios para exponer y discutir temas, entre funcionarios públicos dedicados al campo jurídico, en el cual se han planteado los siguientes temas sobre anticorrupción y transparencia: ● Ley contra la corrupción y el enriquecimie nto ilícito en la función pública ● El acceso a la información pública y sus excepciones ● Manejo de las denuncias y querellas en delitos contra la función pública ● Transparencia de las compras públicas en Costa Rica ● El combate a la corrupción desde la perspectiva de los delitos funcionales: realidades y desafíos
Ecuador La Contraloría General del Estado forma parte de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), que elaboró en 2019, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este plan fue desarrollado con todas las entidades que

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forman parte de la FTCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, y recoge tres objetivos: a) Promover la integridad en la gestión pública y privada que se desarrolle con recursos público, b) Fortalecer la acción ciudadana en sus diversas formas de organización para lograr su incidencia en lo público, c) Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperaci ón interinstitucional pública y privada que articulen iniciativas y acciones para la prevención y lucha contra la corrupción. Cabe indicar que cada objetivo contempla proyectos enfocados en la experticia de cada institución, esperando ser finalizados en 20 23. Por ejemplo, la Controlaría General de Estado, en vista de la experiencia exitosa en la aplicación de la herramienta de autoevaluación (IntoSAINT) a nivel institucional y con una (SAINT) institución pública, incorporó como proyecto la implementación de los talleres de autoevaluación a las demás instituciones de la FTCS y a entidades de otras funciones del Estado. De igual forma, el plan prevé la institucionalización de otros mecanismos como las denuncias ciudadanas y las redes de vigilancia. Cabe indica r que el plan fue socializado del 2 al 3 de julio de 2019, mediante la ejecución de mesas de trabajo conformadas por instituciones públicas, entidades privadas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Como punto de partida, el Plan co ntempla el desarrollo de diagnósticos para reconocer el alcance y viabilidad de los proyectos. Si bien la pandemia por el COVID -19 afectó la rapidez de implementación del Plan, todas las entidades de la FCTS, abocaron sus gestiones al cumplimiento de los i ndicadores previstos, realizando 13.494 acciones de control, atendiendo un total de 366.420 trámites ciudadanos; planteando reformas legislativas necesarias para fortalecer sus mandatos institucionales, entre otras acciones.

El Salvador • GT=AC LANZA D=PLOMADO EN PREVENC=ÓN Y COMBATE S=STÉMAT=CO DE LA CORRUPC=ÓN. El diplomado fue ejecutado para fortalecer las áreas que permitan a los operadores trabajar coordinadamente en la prevención, detección, investigación, litigación y decisión sob re conductas corruptas o antiéticas, de naturaleza penal o administrativa y brindar una respuesta ante el fenómeno de la corrupción de forma sistémica. El plan de formación es por competencia y permitió fortalecer los conocimientos sobre el impacto de la c orrupción en la ciudadanía, cómo prevenirla, cómo probarla, cómo trabajar con insumos de otras instituciones y cómo combatirla de una forma sistémica y colaborativa entre las instituciones con mandatos en materia anticorrupción. • Convenio de Cooperación 2 021 -2025 para la fiscalización de los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en Centroamérica. Contralorías Guatemala, Honduras y Nicaragua. • Representante de la Embajada Americana ofreció apoyo técnico para reforzar la labor de f iscalización. (El Presidente de la Corte de Cuentas explicó a los delegados de la Embajada Estadounidense los planes del Nuevo Organismo de Dirección de combatir frontalmente la corrupción; por ello han creado la Unidad de Auditoría Forense. • Programa de Contraloría Escolar entre la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Ministerio de Educación (MINED) es un proyecto de formación en participación ciudadana, dirigido a los jóvenes de las instituciones educativas públicas, su función está orientada a pr omover y actuar para el buen uso de los recursos y bienes públicos fomentando la transparencia y rendición de cuentas como un plan piloto se da inicio con 7 Centros Educativos.
Guatemala No
Honduras No directamente en el diseño, elaboración y/o imple mentación de planes o políticas pero si se participa activamente en darle seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, como la suscripción de convenios, acuerdos o memorando de entendimiento:
• Acuerdo entre el Tribunal Superior de Cuenta s y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre el marco de actuación, apoyo y acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
• Memorándums de Entendimiento con el Tribunal Superior de Cuent as y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
• Tribunal Superior de Cuentas firma Memorando de Entendimiento con la Academia Internacional Anticorrupción (IACA)
México Sí, como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF participó en el diseño, y, actualmente, en la implementación de la Política Nacional Anticorrupción.
Paraguay Sí, la CGR ha sido convocada a participar en el proceso de diseño y elaboración del último plan nacional anticorrupción, el mismo comprendió una etapa de talleres técnicos interinstitucionales, liderados por la Secretaría Nacional Anticorrupción, que estuvo a cargo del proceso de elaboración.
Portugal Sim, o Tribunal foi ouvido e colaborou ativamente na elaboração da Estr atégia Nacional contra a Corrupção
Puerto Rico Si, nuestra EFS participó activamente en el grupo de trabajo interagencial que tuvo a cargo el diseño y elaboración del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2 -2018). En el mencionado Código se creó el “Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción” del cual nuestra EFS es miembro. El mismo fue creado a los fines de lograr una continua cooperación de todas las agencias con participación en la lucha contra la corrupción.
República
Dominicana
Hemos participado en mesas de trabajo, coordinadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Uruguay No
Venezuela Sí. La EFS -Venezuela ha elaborado el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Control Fiscal, y ha participado activamente en mesas de trabajo para la confección de políticas y planes destinado a los Derechos Human os.

3. Enfoque basado en Derechos Humanos y políticas públicas

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CUADRO N° 6

Países/EFS
Preguntas y respuestas
3.1. ¿Su EFS cuenta con un registro de hallazgos que reflejen impacto y/o indicadores
en materia de Derechos Humanos? En caso afirmativo, expláyese.
Argentina Por Disposición 198/18 se creó una base de datos a fin de registrar en ella las observaciones y conclusiones en materia de ODS. El Departamento de Planificación Operativa dependiente de la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales es responsable de administrar la base de datos, debiendo llevar a cabo todas las tareas necesarias que de ella se deriven; siendo referente y asistente técnico de las áreas de la casa en materia de ODS. Actualmente, la AGN en el marco del 4to Plan de Gobierno abierto se encuentra trabajando en una plataforma de recomendaciones realizadas por las EFS donde las OSC puedan participar en el seguimiento de las mismas, incluyendo las relacionada con DDHH.
Belice No
Brasil El TCU no tiene un sistema de registro de hallazgos o indicadores sobre los derechos humanos. El TCU cuenta con paneles internos: “gestão de pós -julgamento (gestión posterior al juicio)” e o “sismonitoramento” que tienen como objetivo promover el re gistro de información inherente a las deliberaciones dadas por el Tribunal y su cumplimiento. Estos paneles tienen como objetivo proporcionar información relevante para el post -juicio y el monitoreo sistemático por parte de las unidades técnicas de las deliberaciones de determinación y recomendación emitido por el Tribunal a las unidades jurisdiccionales, pero, al menos por el momento, no existe un filtro temático.

Buenos
Aires
Si b ien no se cuenta con un registro sistematizado de los hallazgos detectados en el contexto de las auditorías que lleva a cabo el HTC, en el caso de las Auditorías de Desempeño resultan de clara identificación tanto aquellos hallazgos que tienen que ver con aspectos atinentes a los DD.HH., como el resultado de los indicadores que se utilizaron para la construcción de información sobre la gestión gubernamental vinculada a los mismos. Contar con esta información permite evaluar el nivel de arraigo e impacto que los principios sostenidos por los DD.HH. poseen en el diseño y ejecución de las políticas públicas examinadas. En las respuestas acordadas a las preguntas siguientes, se exponen algunos de los hallazgos detectados en materia de DD.HH., así como seguidame nte se ilustran indicadores elaborados y aplicados en el desarrollo de estas auditorías, que permiten cuantificar variables que se relacionan con esta temática: -­ Porcentaje de beneficiarios presupuestados sobre la población total destinataria de planes a limentarios -­ Nivel de captación de destinatarios de planes alimentarios -­ Nivel de contribución del programa a la efectiva mejora alimentaria -­ Porcentaje de error en el padrón de afiliados a la obra social provincial (errores que limitan la cobertura ) Proporción de afiliados a la obra social provincial incorporados por medios inadecuados de afiliación (lo que genera desigualdad en los aportes y servicios) -­ Porcentaje de embarazadas captadas por programa de atención de salud específico, que no registran la práctica de laboratorio en el primer control prenatal -­ Porcentaje de embarazadas captadas por dicho programa, que abandonó la atención en el sistema de salud antes del parto -­ Nivel de cobertura del Servicio Alimentario Escolar en distritos escolares específicos

Chile No, la EFS de Chile no cuenta con esa información
Colombia En atención a las funciones encomendadas a la Delegada trasversal par a población focalizada, las actuaciones específicas de control fiscal micro, son excepcionales y bajo la estricta autorización del contralor general, por ello, la generación de hallazgos que se encuentra limitada a las Delegadas sectoriales, no hace parte de las funciones regulares de la misma y a la fecha, no se han realizados actuaciones de control fiscal que hayan generado hallazgos; del mismo modo, no se han formulado al interior de la Delegada, indicadores que reflejen el impacto de las actuaciones int ernas en los derechos humanos; sin embargo, si han realizado acciones tendientes a caracterizar la población vulnerable relacionada con temas de género, LGBTI y pueblos indígenas, con el objeto de realizar informes de evaluación de política pública e inter sectoriales que permitan establecer el avance, tanto de compromisos como de políticas públicas que buscan minimizar las brechas discriminatorias e instar al mejoramiento de las entidades para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La Contralor ía Delegada para el Posconflicto presentó el pasado 20 de julio de 2020, al Honorable Congreso de la República, el informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones, que inc luyó el seguimiento al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. De esta evaluación se identificaron los siguientes riesgos: 1) No se cuenta con la programación de recursos específicos para la implementación del capítulo étnico, ni con la aplicación de un trazador transversal para identificar los recursos asignados a este fin. 2) No se registran avances de cumplimiento a los indicadores étnicos de la Reforma Rural Integral en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto. 3) Ausencia de un componente diferencial étnico y deficiencia de recursos en el Programa Nacional de Cultivos Ilícitos para cumplir los compromisos suscritos con las 10.606 familias étnicas inscritas. 4) Ausencia de enfoque diferencial étnico en el funcionamiento del Sistem a Integral de garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y ausencia de funcionamiento de todas sus instancias. Adicionalmente, en el Estudio de evaluación y monitoreo de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo con grupos étnicos – Pacto transversal No. X== “Pacto por la Equidad de Oportunidades para Grupos Étnicos: =ndígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rrom”, realizado por la Dirección de Estudios =ntersectoriales de la Contraloría Delegada para Población Foca lizada con corte a junio de 2020 se logró establecer que se encuentran en riesgo de incumplimiento debido a que no registran avances o se encuentran con nivel bajo en su ejecución y/o no cuenta con recursos asignados:

ANEXO N° 1
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• 52% de 216 acuerdos con =ndígenas • 53% de 239 acuerdos con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras • 83% de 78 acuerdos con el Pueblo Rrom o Gitano. El presupuesto asignado para el cuatrienio apenas llega al 5.22% de los $10 billones acordados con los pueblos indígenas, y al 5.9% de los $19 billones acordados con las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. En el Estudio sectorial “Acuerdos de consulta previa con pueblos indíge nas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018”. La Dirección de Estudios Sectoriales del Sector Social realizó este estudio que concluye de manera general que el nivel de cumplimiento de los acuerdos de consulta previa fue bajo y que las pocas Se acciones que se realizaron para cumplir los compromisos no fueron focalizadas directamente hacia las poblaciones indígenas, no hubo disposición de recursos específicos para su cumplimiento advirtiéndose además la falta de coordinación institucional para su cumplimiento. En la actuación especial de fiscalización a los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas Vigencias 2015 a junio 30 de 2019, liderada por la Contraloría Delegada para el Sector Edu cación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, con la participación de las Gerencias Departamentales de 29 Departamentos que cuentan con resguardos indígenas. Se auditaron más de $1,04 billones de pesos del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019. Producto de esta actuación se generaron 156 hallazgos fiscales por $16.776 millones, 638 hallazgos disciplinarios y 45 de carácter penal. 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones. El informe arrojó conclusiones preocupantes, dentro de las cu ales se resaltan las siguientes: A. Solo el 25% de las 200 entidades territoriales objeto de esta actuación manejaron adecuadamente estos recursos. B. El 62% presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objeto s contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas. C. El 11% presenta deficiencias generalizadas. En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficienc ias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos; buena parte de los recursos destinados a los Resguardos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas; es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo; el presupuesto auditado en las cinco vigencias ($1,04 billones), se ejecu taron $662.702 millones aproximadamente (el 63.69%); se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales; por falta de supervisión de los contratos y convenios, se dan situaciones como la falta d e entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos.
Costa Rica No contamos con un registro de hallazgos que refleje el impacto o indicadores en materia de derechos humanos. El enfoque de la Contraloría General de la República es la fiscalización supe rior de la Hacienda Pública. Naturalmente muchos de los temas, procesos e instituciones auditadas tienen una relación directa o indirecta con los derechos humanos, pero no existe un registro explícito de esta relación.
Ecuador N/A
El Salvador No contamos con registro de hallazgos que reflejen indicadores en materia de Derechos Humanos.
Guatemala No
Honduras No, se cuenta con ese tipo de registro específico referente a temas Derechos Humanos; pero podemos ver datos interesantes en el primer esfuerzo de este Tribunal, donde se contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, específicamente con el tema de género con la realización de la Auditoría Coordinada de Desempeño a la preparación del Gobierno de Honduras para la Implementaci ón de la Agenda 2030, con énfasis en el ODS 5: Igualdad de Género – INFORME N°. 001 -2019 -SCGG -FEP -A. Se cuenta con tres (3) hallazgos que se enlistan a continuación: 1. Adaptación de la Agenda 2030 con Énfasis en el ODS5, en el Contexto Nacional. 2. Estimaci ón de Medios de Implementación (Recursos y Capacidades) para impulsar la Agenda 2030 con Énfasis en el ODS5. 3. Definición Mecanismos de Seguimiento, Examen y Presentación de Informes sobre el avance en la Implementación de la Agenda 2030 con Énfasis en el ODS5. https://www.tsc.gob.hn/web/Auditorias/Direccion_fiscalizacion/DFEP/001 -2019 -%20SCGG -FEP -A.pdf
México Si bien la ASF no ha desarrollado en específico un registro de hallazgos que reflejen el impacto y/o indicadores en específico en ma teria de derechos humanos, sí ha establecido un procedimiento para revisar los avances del gobierno mexicano en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Debemos tener en cuenta que la Agenda 2030 es un plan de acci ón aprobado por la Asamblea General de la ONU a favor de las personas, el planeta y la prosperidad y que, busca, además, fortalecer la paz y el acceso a la justicia en todo el mundo. Al respecto, es innegable la relación que existe entre la Agenda 2030 y e l ejercicio pleno y efectivo de todos los derechos humanos, la cual es más evidentes en los ODS 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género), 6 (agua limpia y saneamiento), 8 (trabajo decen te y crecimiento económico) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). La ASF cuenta con una estrategia plurianual para fiscalizar la implementación de la Agenda 2030 en México 1 , la cual tiene tres vertientes:
1 Auditoría Superior de la Federación, Fiscalización de la Agenda 2030, Seguimiento y prospectiva sobre el logro de los Objetiv os de Desarrollo Sostenible, México, 2021, disponible en: https://www.asf.gob.mx/uploads/1823_Novedades_Editoriales/Fiscalizacion_Agenda2030_ -_260321.pdf

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

a) La participación en auditorías coordi nadas en la región por la OLACEFS para compartir experiencias y fortalecer la práctica de revisiones a la Agenda 2030. b) La revisión continua, mediante auditorías de desempeño, de los coordinadores de la implementación de la Agenda 2030 y las políticas pú blicas clave de cada uno de los ODS y c) La revisión del avance de México, en la implementación de la Agenda 2030, en comparación con otros países. En la segunda vertiente, en las auditorías de desempeño, la ASF ha detectado áreas de oportunidad tanto en m ateria de política pública como en la implementación, así como buenas prácticas que contribuirían a potenciar el cumplimiento de los ODS. En general, los hallazgos de las auditorías realizadas se dividen en tres tipos: a) Hallazgos de política pública. So n deficiencias vinculadas con la planeación, la ejecución o la evaluación de una política pública que afectan su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos, o la verificación del impacto sobre la población objetivo. b) Hallazgos sobre la implementación d e la Agenda 2030, que se refiere a los resultados de auditoría que denotan deficiencias en la preparación, implementación, seguimiento y reporte de lo referente a la Agenda 2030. c) Hallazgos de buenas prácticas, que son actividades del quehacer gubernamen tal que podrían impulsar la debida preparación, implementación, seguimiento y reporte de lo relacionado con la Agenda Por otra parte, la ASF en la integración de su Programa Anual de Auditorías y considerando lo dispuesto en su Plan Estratégico, ha consid erado la fiscalización de los organismos encargados, de manera específica, de la conducción de la política pública en materia de derechos humanos y/o promoción y la protección de los derechos humanos, conforme al Programa Nacional de Derechos Humanos 2 . Todas estas auditorías están disponibles en el Sistema Público de Consulta de Auditorías. Por ejemplo, en la Revisión de la Cuenta Pública 2019 se realizó la auditoría de desempeño 93 -GB, “Protección de los Derechos :umanos” a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta auditoría tuvo como propósito fiscalizar el diseño y operación del componente de protección a los derechos humanos, se revisó la eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja, el proceso de investigaci ón y conclusión de expedientes de queja, los medios de inconformidad en materia de protección de los derechos humanos, la efectividad en el proceso para la emisión de recomendaciones generales y las determinaciones definitivas de la CNDH, al igual que los ejes transversales del desarrollo del personal del Servicio Civil de Carrera, la capacidad operativa de la CNDH para la protección de los derechos humanos y el sistema de control interno y rendición de cuenta. Las recomendaciones realizadas a la CNDH se en focan a incidir en que se realicen acciones dirigidas a incidir en que se realicen acciones dirigidas a eficientar los proceso para la atención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lograr una adecuada calificación de los hechos, asegurar que las Visitadurías Generales emitan proyectos de recomendaciones generales sustentados y permitir que los puntos recomendatorios emitidos en las recomendaciones por violaciones graves cuenten con una distinción metodológica que permita que la atención br indada a las víctimas se realice tomando en consideración el carácter grave de las violaciones identificadas por la CNDH. En la revisión de la Cuenta Pública 2014, se realizó la auditoría de desempeño GB -010, a la Secretaría de Gobernación, titulada “Dere chos :umanos” cuyo objetivo fue fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la coordinación para la protección y defensa de los derechos humanos. En esta auditoría se recomendó a la SEGOB evaluar las causas por las que en los programas anuales de tr abajo de las Unidades Administrativas encargadas de la coordinación de la política de derechos humanos no se definen indicadores y metas para medir el cumplimiento de sus atribuciones de coordinación. Se recomendó a la SEGOB definir estrategias, indicador es y metas para coordinar y evaluar la política transversal de derechos humanos, así como la instrumentación de la reforma constitucional, que cuente con una versión pública del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la CNDH, atender y hace r el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF, así como de las medidas precautorias o cautelares que le sean solicitadas, promover un registro que proporcione seguridad razonable sobre las propuestas de armonización, e implementar m ecanismos de capacitación para los servidores públicos en sus tres niveles de gobierno en materia de derechos humanos.
Paraguay No.

Portugal Não. No entanto, o Tribunal acompanha e reporta o grau de acolhimento de todas as suas recomendações,
inclui ndo as que se refletem nos Direitos Humanos

Puerto Rico Nuestra EFS no cuenta con un registro de hallazgos que reflejen impacto y/o indicadores en materia de Derechos :umanos. Debido a que nuestras auditorías no se realizan con el enfoque 3e’s (economía, eficiencia y eficacia) no contamos con esos indicadores. El enfoque de nuestras auditorías va más dirigido al cumplimiento con las leyes y los reglamentos.
República
Dominicana
No
Uruguay No
Venezuela La Contraloría General de la Repúblic a Bolivariana de Venezuela, a raíz de las auditorías practicadas en materia de Preparación del Gobierno Nacional para la Agenta 2030 del Desarrollo Sostenible, cuenta con un banco de hallazgos que determinan los indicadores en materia de Derechos Humanos.
2 El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) es un programa especial que deriva del Plan Nacional de Desarrollo, cuya elaboración se enmarca en el sistema de planeación democrática establecido en el artículo 26 de la constitución política de los Estados Unidos Mexic anos, conforme a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación. El PNDH contiene el diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos con el objeto de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en est a materia, conforme al artículo 1 constitucio nal, tratados internacionales y resoluciones internacionales, con una perspectiva transversal, por un período de 5 años y que identifica
objetivos, metas, responsables, recursos disponibles así como mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados .

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

CUADRO N° 7

Países/EFS
Preguntas y respuestas
3.2. En el marco de las auditorías de desempeño, ¿cuáles serían las buenas prácticas
que su EFS ha identificado aplicando el EBDH en sus actividades de control?
Argentina La AGN realizó un de Panel de “Adaptación del ODS 5 a nivel nacional” en el marco del Seminario =nternacional sobre Igualdad de Género. La AGN participó con el apoyo de la IDI y OLACEFS de auditoría de desempeño de lucha contra la corrupción. Se realizaron talleres/encuentros con OSC en las auditorias de electrodependientes, mal de Chagas, etc. Realización de informes en video y difusión en redes sociales para tener una mayor llegada a la sociedad.
Belice No
Brasil El sistema de planificación del TCU se desarrolla para asegurar la alineación institucional, guiar y dirigir otros planes o acciones operacionales, principalmente en el desarrollo de los objetivos del Plan Estratégico del Tribunal. Así, al creer que la ra zón de ser del Tribunal abarca no sólo la promoción del mejoramiento, sino también el desarrollo de la Administración Pública y consecuentemente una entrega de mejores productos y servicios al ciudadano, se identificó como un faro de las propuestas de cará cter estratégico que guiarán a la institución para el bienio, un conjunto de directrices finales; Lineamientos del eje infraestructura, lineamientos del eje economía, lineamientos del eje de gobierno y gestión y lineamientos del eje social. En todos los e jes podemos identificar impactos sobre los temas relacionados con los Derechos Humanos, pero no hay seguimiento sumando las lecciones aprendidas o las buenas prácticas en esta materia, porque sería un espectro muy amplio y descentralizado, con cierto carác ter subjetivo. Un ejemplo: En su eje social, el TCU debe contribuir a: a) la eficacia de las políticas para reducir las desigualdades social es y regionales en Brasil; b) aumentar la efectividad de las políticas de inclusión socioeconómica del Gobierno Fede ral relacionadas con la generación de trabajo, empleo e renta; c) una asistencia social eficiente, protectora e integradora en el mercado de trabajo.

Buenos
Aires
Las buenas prácticas en materia de Auditorías de Desempeño, pueden referirse tanto a los C RITERIOS que se aplican como parámetros de comparación respecto a la realidad auditada, como a los :ALLAZGOS “POS=T=VOS” que se pudieran haber detectado respecto al proceso/política/área/programa bajo evaluación. -­ En lo que atañe a las buenas prácticas c onsideradas como “criterios de auditoría”, el :TCPBA hace especial hincapié en la equidad como aspecto a analizar, más allá de las cuestiones atinentes a la economía, eficiencia y eficacia de las materias auditadas, habitualmente evaluadas en este enfoque y cuya existencia también indirectamente garantiza el respecto por los DD.HH. Dicho concepto de equidad, directamente vinculado con estos derechos, se basa en el principio de igualdad social, pero atendiendo a la necesidad de un tratamiento diferencial. El lo entonces implica un “trato desigual pero justo”, debiéndose beneficiar en mayor medida a la persona más vulnerable. Por lo tanto, las políticas públicas de protección y desarrollo social, que constituyen con frecuencia el objeto de las Auditorías de Des empeño, juegan un papel clave en la construcción de la equidad, y en ese sentido el HTCPBA focaliza su atención. El examen de equidad puede implicar, por ejemplo, el análisis de los criterios utilizados para la asignación de recursos según el perfil socioe conómico de la población objetivo;; el análisis de las estrategias adoptadas por el administrador público para ajustar la oferta de servicios o beneficios a las diferentes necesidades en virtud del género;; el análisis de las estrategias que benefician o n o dejan sin cobertura a determinadas minorías. Las distintas temáticas que pueden constituirse en objeto de auditoría plantearán diferentes criterios o buenas prácticas en lo que atañe a la equidad, y también en materia de “las tres E”, que permitirán la e valuación de cómo impacta la gestión estatal en el cumplimiento y observancia de principios atinentes a los DD.HH. que deben ser respetados para las respectivas poblaciones objetivo. Ejemplos de criterios vinculados a los DD.HH. y aplicados en las Auditorí as de Desempeño y Ambientales desarrolladas por el HTC, se exponen a continuación. • Criterios utilizados para evaluar en general, todas las políticas públicas, que se consideraron en Auditorías de Desempeño llevadas a cabo sobre procesos de percepción imp ositiva, prestaciones alimentarias y en materia de salud, prevención y erradicación del trabajo infantil, atención de la emergencia, gestión en Tecnologías de la Información, entre otros: o Acuerdos Internacionales, como Declaración Universal de Derechos H umanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de d iscriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Convenciones de la OIT, Agenda 2030 de Naciones Unidas, etc. o Marco normativo –nacional y provincial -­ específico respect o a las distintas temáticas abordadas, que establecen parámetros de economía, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, acceso por parte de la ciudadanía a un nivel de vida adecuado para el desarrollo y mecanismos de rendición de cuentas efectivos resp ecto a las gestiones desarrolladas o Misiones y visiones institucionales, así como documentos de gestión de los organismos auditados, que establecen especificaciones en materia de desempeño, resultados e impa cto, de equidad en los beneficiarios, así como p revisiones tendientes al bienestar económico y social a partir del cuidado y la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía o Documentos técnicos que aportan buenas prácticas en las materias expuestas en los puntos precedentes o Guías o protocolos de articulación para el abordaje de determinadas problemáticas (por ejemplo, para la prevención y erradicación del Trabajo Infan til en la provincia de Buenos Aires -­COPRETI -­UNICEF) o Protocolos de recopilación, sistematización y publicidad de la información que garanticen transparencia, seguridad y acceso a la misma por parte de ciudadanos y actores interesados • En materia específica de las Auditorías Ambientales, se identificaron y aplicaron los siguientes criterios al evaluarse pol íticas so bre Áreas Naturales Protegidas, Pasivos Ambientales Mineros, Gestión de Cuencas Hídricas, e Incorporación de la Agenda 2030 ODS: o Acuerdos internacionales, por ejemplo, Agenda 2030 de Naciones Unidas, Acuerdo de Escazú, Protocolo de Kioto, Convención Ra msar, Convenio sobre la Diversidad Biológica, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre tantos otros o Marco normativo general –nacional y provincial -­ sobre el ambiente y su conservación o Marco normativo de acceso a la información p ública ambiental en la Argentina y en la PBA o Protocolos de coordinación de políticas públicas con vistas al medio ambiente sano y al desarrollo sostenible o Manuales de seguridad para las personas en Áreas Naturales Protegidas

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

o Normas y buenas prácticas en materia de acceso al turismo ciudadano en Áreas Naturales Protegidas (beneficio compartido del patrimonio común) o Guías de Buenas Prácticas para determinadas actividades de impacto ambiental, como el Cierre de Minas (con vistas a evitar perjuicios a la ciudadanía) o Guías de evaluación de riesgos e impactos ambientales o Instrumentos de Política sobre Producción Limpia y Consumo Sustenta ble -‐ En lo que se refiere a buenas prácticas verificadas como “hallazgos positivos” en las auditorías llevadas a c abo, merecen resaltarse las siguientes: • =mplementación de procesos de capacitación y autoevaluación tendientes a generar acciones de mejora en la atención ciudadan a, verificados en programas de recepción de reclamos, gestión de trámites o de abordaje de situaciones de emergencia. • Existencia y utilización de protocolos que coadyuvan a generar una más eficiente prestación de bienes y servicios (ej.: pol ítica de gestión de Áreas Naturales Protegidas). • Diseño de política pública haciendo foco en los benef iciarios como sujetos de derecho y no como objeto pasivo de prestaciones del Estado (ej. COPRETI) • Existencia de mecanismos de coordinación instalados entre determinados actores públicos, que, más allá de necesitar fortale cimiento y sistematización, facil itan la instrumentación de políticas públicas transversales que benefician el goce de los derechos de la ciudadanía (ejemplo: en caso de organismos que interactúan para el manejo de los Pasivos Ambientales Mineros, programas de prevención y erradicación d el trabajo infantil). • Desarrollo de sistemas de información que permiten la sistematización de datos con el objetivo de facilitar la toma de deci siones fundadas (con impacto en la eficacia de la gestión) y el cumplimiento de las pautas de transparencia g ubernamental (ej.: Programa 911). • =ncorporación de sistemas de calidad a nivel gubernamental, que hacen foco en la mejora continua de los procesos con vistas al logro de los resultados y a la maximización de la satisfacción ciudadana (Ej.: ABSA). • =mpul so a la regulación normativa que asegure el resguardo de derechos ciudadanos (ej. actividades relacionadas con el trabajo inf antil permitido). • Realización de reuniones de intercambio e interacción entre distintos actores en territorio, a fin de unificar criterios en la búsqueda de la equidad en la atención de beneficiarios (ej.: afiliados de obra social pública en materia de salud;; destinatarios de prog ramas sociales). • =mplementación de canales digitales de autogestión y comunicación para la realizació n de trámites y reclamos respecto a distintas prestaciones estatales (emergencias, obra social, etc.). • Desarrollo de instancias de descentralización territorial para una mejor y más específica atención del ciudadano in situ.

Chile La Contraloría General de la República de Chile no ha efectuado auditorias de desempeño en esta materia.
Colombia Conforme lo dispuesto en el artículo 64B del Decreto 267 de 2000, adicionado por el Decreto 2037 de 2020, la Contraloría Delegada para la Pobl ación focalizada, no ha realizado a la fecha auditorias de cumplimiento.
Costa Rica – “Pregunta no clara”
Ecuador N/A
El Salvador Dentro de nuestras auditorías de gestión verificamos que la entidad del sector público desarrolle la correcta planificación, organización y ejecución y control interno administrativo. Proporcionando recomendaciones de mejora incluyendo inclusión y cumplimiento a la normativa sobre derechos humanos.
Guatemala No.
Honduras De la Auditoría Coordinada de Desempeño a la preparación del Gobierno de Honduras para la Implementación de la Agenda 2030, con énfasis en el ODS 5: Igualdad de Género – INFORME No. 001 -2019 -SCGG -FEP -A- Se constató que el Centro de Documentación del Instituto Nacional de la Mujer, como ente rec tor de las políticas de género y de la política de la Mujer, promueve y desarrolla procesos continuos de generación y transferencia del conocimiento y experiencias sobre la transversalización de género dirigida a la Administración Pública a nivel central, regional y municipal. Donde se encuentran una serie de documentos, materiales, ayudas audiovisuales, que constituyen importantes instrumentos para la transversalización del enfoque de género, estos documentos son instrumentos políticos, técnicos y metodoló gicos, que son utilizados en los programas de formación a los funcionarios públicos y otros actores interesados en la implementación del tema de género. Asimismo, el INAM ha propiciado espacios de involucramiento para cada uno de los sectores: Poder Legisl ativo, Poder Judicial, las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entre estos están:
• Convenio Marco para la cooperación interinstitucional para la Habilitación, funcionamiento, Regulación y sostenibilidad para el Programa Ciudad Mujer.
• Convenio de cooperación interinstitucional y asistencia técnica entre asociación de municipios de honduras (AMHON) y el instituto nacional de la mujer (INAM).
• Convenio de cooperación financiera entre el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y la Asociación Calidad de Vida.
• Convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional de la Mujer y la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social: cuya finalidad es propiciar mecanismos que permitan la adopción de medidas y que faciliten el acceso y promoción igualitar ia de hombres y mujeres al empleo en condiciones de respeto de las garantías mínimas establecidas.
• Convenio interinstitucional entre Instituto Nacional de la Mujer y Secretaria de Agricultura y Ganadería: tiene por objetivo impulsar la transversalización d el enfoque de equidad de género, determinando la ruta crítica para la implementación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010 -2022 y la Política de Género en el agro hondureño. https://www.tsc.gob.hn/web/Auditorias/Direccion_fiscalizaci on/DFEP/001 -2019 -%20SCGG – FEP -A.pdf véase – INFORME N° 001 -2019 -SCGG -FEP -A.
México De manera específica el enfoque basado en derechos humanos en el proceso de fiscalización no se ha aplicado. Sin embargo, institucionalizar la política de fiscalización a los ODS permite formular planes plurianuales flexibles ajustados al contexto y abordar la fiscalización de acuerdo con los objetivos, tiempos y metas definidas por el gobierno federal para el cumplimiento de la Agenda 2030. De esta forma, la selección de auditorías toma como base diversos criterios, se destaca el que incluye los mandatos constitucionales cuyo propósito es establecer la correspondencia con las obligaciones en materia de derechos humanos, las actividades de fomento y regulación, entre otras.
Paraguay La Contraloría General, a partir de la agenda 2030, a través de su Dirección General de Relaciones Internacionales y Institucionales, ha impulsado la realización de procesos de formación en políticas públicas con enfoque en derechos

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

humanos, capacitando a los auditores para realizar tareas de control, aplicando un enfoque de derechos humanos. El proceso de capacitación contó con una certificación firmada por el Instituto de ciencias sociales del Paraguay y el Contralor General.
Portugal Não aplicável
Puerto Rico En nuestra EFS no se han identificado buenas prácticas aplicando el Enfoque Basado en Derechos Humanos en nuestras actividades de control ya que no se realizan auditorías de desempeño.
República
Dominicana
La Cámara de Cuentas No ha realizado Auditorías de Desempeño con abordaje en Derechos Humanos.
Uruguay -El Tribunal de Cuentas no realizaba auditorías de desempeño hasta el presente. A partir de la ley de Presupuesto Nacional No.19924, promulgada el 18/12/2020 y publicada el 30/12/2020 , en su art.244 comete a la coordinación de la Auditoría Interna de la Nación con el Tribunal de Cuentas la r ealización de las auditorías de desempeño, a efectos de lograr una mayor eficiencia y eficacia de los recursos económicos que se destinen con dicho objetivo La participación en Auditorías de desempeño regionales, la capacitación realizada específica en el presente año permitirá abordar en el futuro todas las Temáticas que dichas auditorías habiliten.

Venezuela ✓ Plan Nacional de los Derechos Humanos y Decreto N.° 2154, Gaceta Oficial N.° 6218 Extraordinario, de fecha 02-03-2016, mediante l a cual se establecieron que los diferentes actores que participen en la implementación de dicho plan, lleven a cabo el seguimiento del cumplimiento del mismo ✓ El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Venezuela, realizó iniciativas de sensibilización de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante jornadas de capacitación con distintos actores del sector público, sector privado, organizaciones de sociedad civil y estudiantes universitarios ✓ Acuerdo suscrito entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la Revolución Agraria – “C=ARA”, para la prestación de “Servicios de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para la ejecució n de cuatro (4) productos, en el marco del proyecto de Asistencia de Emergencia para la Recuperación de la Capacidad Productiva y de los Medios de Vida de Pequeños Productores Afectados por las Inundaciones en el Municipio José Antonio Páez, Estado Apure, República Bolivariana de Venezuela.

4. Pandemia, desigualdad, grupos vulnerables y pueblos indígenas

CUADRO N° 8

Países /EFS
Preguntas y respuestas
4. En el marco del Derecho a la Salud, ¿Cuáles serían las buenas prácticas que ha
identificado su EFS en la pandemia de la covid -19?
Argentina La Auditoría General de la Nación realiza auditorias puede realizar auditorías expos, no posee atribuciones para controles concomitantes por lo cual las auditorias aún se encuentran en curso. Dentro de la AGN para preservar el Derecho a la Salud del personal se Creó un comité de Crisis – Se redactó y se mantiene actualizado un PROTOCOLO para el desarrollo de las tareas – Se Adhirió a los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el P oder Ejecutivo Nacional – Se implementó la ficha epidemiológica – Se creó un Micrositio AGN – COVID 19 dentro de la intranet de la EFS.

Belice No
Brasil TCU creó, al inicio de la pandemia, un panel en línea que reúne, en un solo entorno, toda la información sobre los procesos que se están procesando en el TCU relacionados con el tema Covid -19. El panel estaba planeado para aumentar la transparencia del desempeño del TCU durante este período de pandemia. La plataforma organiza la información en grá ficos que permiten, en un solo clic, consultar los procesos por tema, el ministro relator, unidad técnica o jurisdicción (órganos y entidades) que ejecutan una actividad.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

El panel también trae algunos procesos previos a la crisis del Covid -19, pero que, de alguna manera, han estado relacionados con la crisis de salud pública. El sistema busca todo tipo de procesos, incluidos los de carácter confidencial d e los que sólo se dispone de información pública. La herramienta es alimentada automáticamente por infor mación de otros sistemas internos de gestión de procesos de control externo. Cada unidad técnica es responsable de insertar sus procesos en el panel con la etiqueta Covid -19. Hoy son 288 los procesos que se acompañan de diversas naturalezas y Unidades Jur isdiccionales relacionadas con el programa especial de acción para enfrentar la crisis del COVID -19, no solo de salud. Además de este panel, el programa Coopera, cuenta con un panel que puede monitorear el progreso del Programa de Emergencia para la Preser vación del Empleo y los Ingresos, impulsado por el Gobierno Federal. El Panel de Seguimiento de acciones para preservar el empleo y los ingresos tiene como objetivo dar transparencia a las acciones que se están llevando a cabo con la implementación del Pl an Especial de Seguimiento de Acciones de Lucha contra el COVID -19 en las áreas de Trabajo, Asistencia, Seguridad Social y Gestión Tributaria. Con este panel, el TCU pretende dar visibilidad a acciones con mayor impacto social y mayor volumen de recursos involucrados, que son los beneficios de las áreas de trabajo y asistencia social. Incluso hay un área en el panel donde es posible monitorear la implementación de la ayuda de emergencia, creada por la Ley 13.982/2020. La ayuda prevé la transferencia de ingr esos en cuotas por un monto de R$ 600,00 para trabajadores indirectos, desempleados, beneficiarios de bolsa família y microempresarios individuales (MEI), contribuyentes individuales del Sistema General de Seguridad Social, muchos de ellos en una posición de vulnerabilidad.
Buenos
Aires
• En materia de “criterios” o buenas prácticas de gestión” consideradas como parámetros de evaluación a tener en cuenta, en la Auditoría de Desempeño que actualmente el HTCPBA se encuentra desarrollando sobre la “Gestión del Recurso :umano en Pandemia”, se están aplicando los siguientes: o “Lista de verificación para la gestión de los trabajadores de salud durante la respuesta a la COV=D -­19 – Organización Panamericana de la Salud”. o “Marco de referencia para la evaluar la gestión de la red integrada de los Servicios de Salud en respuesta a la COVID -­19 – Organización Mundial de la Salud”. o “Lista de Verificación para la gestión de los trabajadores de salud durante la respuesta a la COV=D -­19 – Organización Mundi al de la Salud”. o “Prevención, identificación y gestión de las infecciones de los profesionales sanitarios en el contexto de la COV=D 19 – Organización Mundial de la Salud”. o “Cinco Formas de Proteger al personal de salud – O=T” o “Programa de Protecció n al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID -‐19”, creado por Ley 27.548. En el marco del mismo, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró una serie de protocolos de protección y capacitaciones destinados a la prevención del contagio de aquellas personas que cumplan con actividades y servicios esenciales y por ende se encuentren expuestas a la COVID -­19. o “Plan nacional de cuidado de trabajadores y trabajadoras de la salud en el marco de la pandemia covid -‐19”, aprobado mediante la Resol ución del Ministerio de Salud de la Nación N° 987/2020. • En cuanto a “hallazgos positivos” que a priori se identificaron en el contexto de la Auditoría de Desempeño antes mencionada, se destacan las siguientes buenas prácticas desarrolladas por el Ministe rio de Salud de la Provincia de Buenos Aires: o Implementación de Programas de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID -­ 19 o Elaboración de protocolos de actuación frente a la COVID -­19, de entre los cuales se destaca el vin culado a la “Utilización de los Equipos Personales de Protección (EPP)”. o =nstrumentación de herramientas de gestión, tales como el “Panel de control de camas”, que permite hacer el seguimiento en tiempo real de la evolución en el porcentaje de ocupación de camas en hospitales públicos y privados a nivel provincial y municipal, propiciando la rápida identificación de aquellas áreas con alerta de saturación. Este panel permite priorizar el ingreso y reubicación en territorio del personal de salud hacia las zonas más comprometidas, proporcionando una mejor disposición de recursos para la atención de la ciudadanía más afectada. o Generación de “equipos de terapia itinerantes”, conformados por un médicos terapistas, enfermeros y quinesiólogos del Ministerio de Salud, que cubre las vacantes por enfermedad del personal de planta permanente. Estos equipos también fueron derivados como soporte de personal médicos a otras Provincias, como fue el caso de Santa Cruz y Neuquén. Esta experiencia funcionó además, como uni dad de capacitación a la institución asistida, en términos de manejo de la enfermedad y del sistema hospitalario, en pos de transmitir las lecciones aprendidas y mejorar la atención del ciudadano.

Chile Las buenas prácticas implementadas por la Contralo ría General de la República de Chile para la ejecución de sus auditorías durante la pandemia generada por el COVID -19 han sido: – Aumentar convenios de transferencia de datos con otras entidades públicas, por ejemplo, Servicio de Registro Civil e Identificación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Servicio de Impuestos Interno, entre otros, para llevar a cabo las auditorías de forma remota. – Implementación de herramientas tecnológicas en las auditoría, tales como, software IDEA para el análisis de datos, DOCODE para detección de plagio, análisis geoespacial, entre otros, que faciliten el análisis masivo de datos. – Trabajo remoto de los funcionarios, desde su hogar, con visitas especificas a terreno para efectuar va lidaciones. – Implementación de VPN, es decir, acceso remoto seguro a datos alojados en servidores de la CGR o de entidades públicas, en modalidad de teletrabajo, para llevar a cabo las auditorías de forma remota. – Coordinación con auditores de las entida des fiscalizadas para la solicitud y entrega de información relacionada con la auditoría y que no se puede extraer directamente desde los sistemas por medio del análisis de datos. – Elaboración de planes de capacitación según perfil del funcionario, inclui dos a aquellos que efectúan labores directas de fiscalización. – Vuelta paulatina de los funcionarios a los trabajos presenciales, con un plan de seguridad implementado por la Unidad de Prevención de Riesgos.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Colombia La Contraloría Delegada para Poblac ión Focalizada, a través de la Dirección de Estudios Intersectoriales, participó en el seguimiento permanente para la vigilancia y control fiscal de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica y social a nivel nacional relacionada con el C OVID -19, activado mediante la Resolución Organizacional 753 de 2020. En desarrollo del mismo, se realizó seguimiento a las medidas definidas para atender a los grupos étnicos (indígenas, comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras, y comunidad Rrom), a través del mecanismo “Articulación con el Control Social”, establecido en el Artículo 57 del Decreto 403 de 2020, mediante el cual se promueven sinergias con el control ciudadano para articular la gestión preventiva de la entidad, con las alertas genera das por la ciudadanía, con los siguientes resultados: Se realizaron siete mesas de diálogo entre organizaciones de los grupos étnicos, entidades del Gobierno Nacional (Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otras) y Procuraduría General de la Nación. Estas mesas permitieron visibilizar por parte de organizaciones representantes de estos grupos, los probl emas que vienen enfrentando en el marco de la emergencia, y se promovió la adopción de medidas urgentes y efectivas para la protección y atención humanitaria a favor de la población étnica en estado de vulnerabilidad, relativas a: • Agilizar el giro de rec ursos por parte del Ministerio del Interior a la UNGRD para la adquisición y distribución de kits de bioseguridad para guardias indígenas, lo cual se concretó mediante Resolución No. 448 del 30 de abril, como producto de compromiso establecido en mesa del 27 de abril. • Promover la incorporación de un observatorio en salud dentro de la subcomisión de salud de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, con el fin de hacer seguimiento a los recursos girados por el Sistema General de Seguridad Social en Salu d a las EPS e IPS indígenas para la prevención y manejo de COVID -19 en relación con los recursos, y cuya gestión está adelantando el Ministerio de Salud, como producto de compromiso establecido en mesa del 27 de mayo. • La articulación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud INS para generar cifras sobre las estadísticas de COVID -19 diferenciales para grupos étnicos, lo que permitió que el Instituto Nacional de Salud comenzara a publicar cifras desagregadas en los informes periódicos d el COVID -19 sobre la situación de salud de los pueblos indígenas, como resultado de compromiso establecido en mesa del 27 de mayo. • =mpulso a los mecanismos de concertación que adelanta el Ministerio de Salud con la Subcomisión de Salud, para asignar recursos para la atención, contención y mitigación del COVID -19 a través del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural SISPI, para lo cual el Ministerio suscribió un convenio con organizaciones indígenas con la asignación de $1000 millones par a fortalecer los procesos de salud propia e intercultural de los pueblos indígenas desde el SISPI, articulados con las medidas de prevención y mitigación del Covid19. • Promover con la Consejería Presidencial para los Derechos :umanos, la construcción de l ineamientos para la articulación de una estrategia integral para el manejo de la emergencia con enfoque diferencial para pueblos étnicos. • Seguimiento a la dotación de respiradores para el Pacífico Colombiano y territorios con predominancia de comunidades Negras, Afrodescendientes y Palenqueras. De acuerdo con compromiso establecido en mesa realizada el 4 de junio, el Ministerio de Salud reportó para dicho mes, la entrega de 9 ventiladores para Nariño el 2 de junio con destino a la ESE Hospital San Andrés de Tumaco; 10 ventiladores al Distrito de Buenaventura el 6 de junio con destino a la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata y 20 a la Clínica Santa Sofía del Pacífico; 20 ventiladores para el Valle del Cauca, 10 de éstos pa ra la ESE Mario Correa Rengifo d e Cali; 10 ventiladores para el Chocó el 5 de junio con destino a la ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís. • Reactivación de mesas de diálogo de los paros cívicos del Cauca, Buenaventura y Tumaco, así como la reactivación de las acciones de rec onocimiento y fortalecimiento de las guardias cimarronas: En mesa realizada el 4 de junio, el Ministerio del Interior se comprometió a reactivar las mesas de diálogo de los paros Cívicos del Cauca, Buenaventura y Tumaco, y en mesa del 10 de julio, dio cuen ta de las acciones adelantadas con las mesas del Paro Cívico del Chocó, Buenaventura, Mesa Raizal, y Mesa con la Organización de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. En relación con la reactivación de las acciones para el fortalecimiento de las guard ias cimarronas, se estableció el compromiso por parte del Ministerio del Interior, de reactivar este cronograma, a partir de reunión con la Unidad Nacional de Protección, lo que se concretó mediante reunión celebrada el 13 de agosto, según informó el Minis terio en mesa realizada el 14 de agosto. Asimismo, se visibilizaron las siguientes falencias: • La inexistencia de una estrategia integral diferencial para los grupos étnicos, que responda a sus características sociales y culturales, y abarque todos los se ctores. • =noportunidad en la atención de los grupos étnicos frente a la emergencia, por parte de los gobiernos nacional y territoriales, lo que conllevó a fallos de tutela para amparar los derechos de las comunidades étnicas en el marco de la pandemia: fa llo de tutela del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá del 8 de junio de 2020 que ordena adopción de plan de contingencia para los pueblos de la región amazónica; fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 2 de junio de 2020 que ord ena finalizar las entregas de 486.896 ayudas humanitarias del programa “Colombia está contigo: un millón de familias” en el término de 20 días siguientes, a las comunidades indígenas, NARP y Rrom, así como de 17.488 kits de bioseguridad destinados a guardi as indígenas, e incorporar a pueblos específicos que han requerido ayudas humanitarias y que no fueron incluidos en la primera fase de focalización de las mismas. Del seguimiento realizado por la Contraloría General a la entrega de las ayudas humanitarias del programa Colombia está contigo un millón de familias para grupos étnicos, se observó que éste no cumplió su objetivo de brindar ayuda humanitaria de emergencia a las poblaciones vulnerables, por cuanto la entrega de ayudas se prolongó hasta por 4 meses después de la declaratoria de la emergencia, de acuerdo con los reportes de entrega de la UNGRD: 2 de abril – comienza la entrega de ayudas, 8.4% a 27 de abril, 46% a 27 de mayo, 71% a 8 de junio, y 94% a 10 de julio de 2020 .

Costa Rica El mundo atrav iesa un momento decisivo de nuestra era, enfrentamos los efectos del COVID -19, enfermedad que provoca una crisis sanitaria mundial que trasciende las estructuras políticas, sociales y económicas, lo que implica un cambio radical en la forma en que vivimos nuestra cotidianidad. Las decisiones que tomen nuestras autoridades, que podían antes pasar por largos procesos deliberativos, tienen el potencial de redefinir en un tiempo corto, la forma en que hemos venido haciendo las cosas. La única condición constant e es la incertidumbre, sus efectos y su duración son inciertos lo que obliga al país a asumir retos que implican la colaboración de sus habitantes para soportar las secuelas que deja a su paso.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

A partir de lo anterior, la Contraloría General de la Repúblic a (CGR), en su rol auxiliar de la Asamblea Legislativa, busca coadyuvar con acciones que permitan transparentar la información disponible para la toma de decisiones que procuran disminuir el impacto de la emergencia, de tal forma que se cuente con informac ión útil, oportuna y relevante. Asimismo, la CGR busca brindar a toda la ciudadanía un medio de acceso actualizado a información y análisis que faciliten el control ciudadano y la profundización del ejercicio de la rendición de cuentas en un momento apremi ante. Se dispone a partir de hoy de este sitio web con el propósito de que puedan ser valorados los eventuales impactos presupuestarios y financieros de decisiones que se discuten o se toman en relación con la atención de la emergencia sanitaria así como r iesgos potenciales de las fases de abordaje de la emergencia. Esperamos que esta herramienta y sus análisis sean un insumo que genere reflexión sobre la gestión de riesgos, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento y control del gasto público, durante y posterior a la atención de la emergencia. Las propuestas, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y de la Administración Pública vinculadas a la atención de la emergencia, referentes a la atención de los gastos producto de la emer gencia, deben corresponder a un enfoque integral de la intervención pública, así como buscar mecanismos ágiles, sencillos, menos costosos y que permitan la generación de ingresos inmediatos, sobre la base de una necesaria definición de prioridades de gasto , considerando la prontitud con que deben discutirse y definirse las propuestas. Es indiscutible el impacto que experimentan las finanzas públicas y la incidencia directa que esto tendrá en la sociedad, afectando servicios esenciales como la salud, la educ ación y los programas sociales, entre otros servicios, que también verán sus ingresos reducidos producto de la disminución de la actividad económica. Esta situación se suma a la problemática ya existente del nivel de endeudamiento y déficits recurrentes y crecientes, precisamente en el momento en que se busca iniciar el ajuste gradual hacia el equilibrio en la operación del gobierno y un retorno a la sostenibilidad d e la deuda. Esa arista de la coyuntura no puede dejar de señalarse en nuestro análisis. Toda esta información puede ser obtenida en el siguiente vínculo https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid -19/inicio Particularmente, el tema de la continuidad de los servicios públicos durante la emergencia sanitaria fue fundamental dentro de los esfuerzos de fiscalización, justamente para garantizar muchos de los derechos humanos que dependen de dichos servicios. La continuidad de los servicios constituye un principio esencial que orienta la gestión pública, y adquiere una mayor relevancia ante situaciones de emergencia como la que enfrenta el país. Para cumplir ese principio de manera sostenible y adaptable, es necesario contar con una gestión de la continuidad institucional o del negocio que permita garantizar la prestación oportuna y la calida d de los servicios públicos, particularmente cuando se trata de servicios críticos, por su incidencia en el desarrollo social, económico y ambiental del país y en el funcionamiento efectivo del Gobierno. Los servicios públicos son actividades realizadas po r el Estado, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y por ende, su prestación de forma continua constituye una obligación para las instituciones y un derecho para la ciudadanía. En ese sentido, la emergencia sanitaria representa un a amenaza que puede incidir en la continuidad de esos servicios; es decir, en mantener su operación al menos con un nivel mínimo en todo momento. Por lo anterior, es necesaria la priorización de los servicios que prestan las instituciones, de manera que se identifiquen los servicios públicos críticos, entendidos como aquellos para los cuales su interrupción resultaría en afectaciones altas o muy altas para el desarrollo social, económico y ambiental del país o al funcionamiento efectivo del Gobierno. Dentro de esos servicios críticos, se encuentran los esenciales, cuya suspensión, discontinuidad o paralización puede causar un daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública de las personas, y para los cuales su continuidad no pued e verse interrumpida bajo ninguna circunstancia. Sobre esto, la Contraloría General de la República tiene compilado todo un análisis acerca de la continuidad de los servicios con el fin de articular los distintos esfuerzos del control hacia ese objetivo. E sa información puede ser obtenida en el siguiente vínculo: https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid -19/reflexionescgr/continuidad -del -servicio -publico -centrado -en-la-ciudadania.
Ecuador En función al marco normativo que rige el actuar de las Institucio nes del Sector Público, como lo son la Constitución del Estado, y leyes conexas, bajo este contexto, en la pandemia por el COVID -19 la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social, ha identifica do buenas prácticas como: – Control de la utilización de los recursos. – Durante la pandemia generada se emitieron acciones de control encaminadas a determinar la legalidad y veracidad de las compras realizadas en el sector público; permitiendo al ente de control realizar el control efectivo de los recursos para que se destinen a garantizar el Derecho a la Salud de la mayor parte de los ciudadanos. – Implementación del teletrabajo. – Por las condiciones de confinamiento muchas empresas tuvieron que suspender labores, con el consecuente desmedro en la productividad; sin embargo, la Contraloría General del Estado, implementó para los auditores la modalidad de teletrabajo, que permitió el desarrollo de actividades de control que garanticen el buen manejo de los recursos de las entidades, principalmente de las destinadas a prestar servicios de salud, y por consecuencia establecer a través de las recomendaciones establecidas en los informes, acciones de mejora en su control interno, a fin de que los procesos de con tratación sean transparentes y enmarcados con la normativa legal vigente. – Normas de bioseguridad. – Como parte de la prevención, la Contraloría General del Estado ha implementado campañas de información sobre las normas de bioseguridad entre los servidor es, para prevenir el contagio una vez que han retomado las actividades presenciales, lo cual garantiza también que los servidores al cumplir sus funciones no corran riesgo de contagio en las funciones asignadas. – Vacunación. – Como parte del control tambi én se realizó exámenes especiales al proceso de vacunación, con la finalidad que el mismo se cumpla en las condiciones previstas y llegue primero a las personas más vulnerables al virus, garantizando el Derecho a la Salud.
El Salvador Sin respuesta
Guatemala Ninguna
Honduras Se destacó la práctica del control concurrente, que faculta examinar los actos administrativos desde el inicio del proceso hasta su final, dando la oportunidad de detectar en el momento cualquier situación irregular y corregirla, aplicando la función de asesoría que le permita la Ley. Iniciativa que realizan también varios países de Latinoamérica, con resultados positivos. https://www.tsc.gob.hn/covid19/index.php/8 -noticias/68 -presidente -del-tsc-expone -en-conferencia – internacional En virtud que mediante Decreto Ejecutivo PCM 061 -2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35311 en fecha 12 de julio de 2020, se crea la Operación “Fuerza :onduras” con el propósito de apoyar los servicios de salud en los

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Municipios y para lo cual el Gobierno Central ha previsto realizar a las Municipalidades “Transferencias de Emergencia COVID -19” por un monto de DOSC=ENTOS C=NCUENTA M=LLONES DE LEMP=RAS L 250,000, 000. 00 y adicionalmente, las Corporaciones Municipales deb en identificar dentro de sus presupuestos municipales el recurso económico para hacer frente a la Emergencia Humanitaria y Sanitaria; el Tribunal Superior de Cuentas, ha proporcionado a las Unidades de Auditoría Interna Municipal, los lineamientos bajo los cuales han continuado realizando las actividades de control concurrente sobre la ejecución de los fondos. Es preciso indicar que en el Artículo 7 del referido decreto se establece que las Municipalidades implementarán los procesos de veeduría social, de a cuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, incluyendo para tal propósito a las Auditorías Municipales. https://www.tsc.gob.hn/covid19/ véase reporte consolidado U nidades de Auditoría Interna Municipal página 02 De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Estadísticas Nacional de Información Sector Social (CENISS), el indicador de priorización se basa en seis variables numéricas: 1. Pobreza por ingres os. 2. Personas con discapacidad. 3. Jefatura de hogar femenina. 4. Presencia de la primera infancia. 5. Jefe de hogar en condición ocupacional de desempleo o trabajador cuenta propia. 6. Adultos mayores. https://www.tsc.gob.hn/covid19/ véase presentación de las actividades del Control Concurrente – unidades de auditoría interna. Página 09 Si bien es cierto el Centro Estadístico Nacional de Información del Sector Social (CENISS) comunicó al TSC que puso a disposición de las Municipalidades información sobre los barrios, colonias y al de asen los que se debía focalizarla Operación Honduras Solidaria; algunas Municipalidades reportaron que tuvieron que recurrir a los patronatos, iglesias y otras instancias, para lograrla identificación dé cada uno de los hogar es en condición de vulnerabilidad; existiendo de esta forma el riesgo de su objetividad al determinar si un hogar es vulnerable o no. https://www.tsc.gob.hn/covid19/ véase presentación de las actividades del Control Concurrente – unidades de auditoría inter na. Página 10 En el Decreto Ejecutivo PCM -025 -2020, en su artículo N° 7 se establece que los fondos de la Operación Honduras Solidaria deben ser exclusivamente para comprar productos de la canasta básica más indispensables y kit de higiene que prevenga el COVID -19, proponiendo los siguientes: 1. Arroz. 2. Sardina. 3. Azúcar. 4. Café molido. 5. Frijol. 6. Harina de maíz. 7. Harina de trigo. 8. Manteca. 9. Pasta alimenticia. 10. Pasta de tomate. 11. Sal yodada. 12. Sopa de pollo. 13. Cubitos. 14. Gel antibact erial. 15. Jabón para lavar ropa. 16. Jabón para lavar platos. https://www.tsc.gob.hn/covid19/ véase presentación de las actividades del Control Concurrente – Unidades de Auditoría interna. Página 16
México Conforme a su mandato constitucional y legal, la ASF realizar fiscalizaciones de control posterior, por lo que durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la realiza actualmente, se verificaran algunas de las acciones implementadas por el gobierno federal para la atenci ón de la pandemia de COVID -19. En el ámbito de la protección a la salud, la ASF auditará:
Número de Auditoría Entidad Auditada Título de la auditoría
78-GB Secretaría de la Defensa Nacional Recursos destinados a la atención de la pandemia por el virus SA RS-CoV -2 (COVID -19).
88-GB Secretaría de Marina Recursos destinados a la atención de la pandemia por el virus SARS -CoV -2 (COVID -19).
237 -DS Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Adquisición y distribución de vacunas COVID -19.
243 -DS Instituto de Salud para el Bienestar Recursos destinados a la atención de la pandemia por el virus SARS -CoV -2 (COVID -19).
274 -DS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado Adquisición de equi po médico y material hospitalario para la atención de la emergencia sanitaria por COVID -19.
275 -DS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado Adquisición de medicamentos por la atención de la emergencia sanitaria por COVID -19.
277 -DS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado Asignaciones a personal médico y paramédico para afrontar la emergencia sanitaria de la COVID -19.
287 -DS Instituto Mexicano del Seguro Social Adquisición de equipo médico para la atención de la emergencia sanitaria por COVID -19.
288 -DS Instituto Mexicano del Seguro Social Adquisición de material hospitalario complementario para la atención de la emergencia sanitaria por COVID -19.
290 -DS Instituto Mexicano del Seguro Social Adquisición de medicamentos para la atención de la emergencia sanitaria por COVID -19.
1524 -DS Secretaría de Salud Adquisición y distribución de Vacunas COVID -19.

Paraguay
Portugal O Tribunal aprovou uma ação de controlo designada “O impacto da pandemia na
atividade e no acesso ao Serviço nacional de Saúde”, apresentando -se de seguida a
respetiva síntese:

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Puerto Rico Nuestra EFS no ha identificado buenas prácticas en el marco de Derecho a la Salud en el contexto de la pandemia del COVID -19.
República
Dominicana
• De las áreas de Fiscalización, mantener un personal mínimo en la institución. • Las solicitudes de servicios se recibirán en formato digital a través de la Página Web y Correo Electrónico. • Capacitación virtual de equipos en la herramienta Microsoft Teams para el trabajo virtual. • Reuniones regulares del Pleno de la Cámara de Cuentas se realizará en formato virtual, así como cualquier reunión con las comisiones de segu imiento. • Enviar comunicaciones a las instituciones contratantes de productos y servicios relacionados con la emergencia por COVID -19, indicando la importancia de cumplir con las prescripciones legales en cuanto a Contrataciones Públicas de Emergencia y l a responsabilidad de remitir el informe correspondiente, según el plazo legal, al ente fiscalizador.
Uruguay Se ha realizado un profundo cambio en materia de tecnología y con participación de la Unidad Informática , a los efectos de dotar las herramientas necesarias para enfocar la tarea en teletrabajo , teniendo en cuenta que la tarea se realizó a nivel nacional y reducir al mínimo la presencialidad.
Venezuela La aplicación del sistema 7×7 por parte del Ejecutivo Nacional, que contempla la aplicación de 7 días de cuarentena radical y 7 días de flexibilización, manteniendo medidas de bioseguridad y el uso obligatorio del tapabocas, para prevenir la proliferación de los contagios. Aplicación de tratamientos gratuitos a los contagiados con el COVID -19. Cuarentena en hoteles para aquellos grupos contagiados asintomáticos.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Suspensión de vuelos internacionales; apertura para alguna países siempre y cuando sea practicada la prueba PCR para ingresar a la República. Plan de vacun ación masiva a la población.

5. En materia de la no discriminación, la equidad de género y la igualdad de oportunidades .

CUADRO N° 9

Países/EFS
Preguntas y respuestas
5.1. ¿Cuáles serían los principales esfuerzos en materia de control que su EFS ha
aplicado con relación a la protección de los derechos de grupos vulnerables?
Argentina Por disposición AGN Nº 133/2013 Se aprobó el Formulario de Cumplimiento de las Leyes N° 22.431 y modificatorias, y la Ley N° 25.785. Dicho formulario debe ser remitido con la Nota de Presentación a la totalidad de los organismos auditados cada año, para relevar el cumplimiento de las Leyes de discapacidad y la Gerencia de Planificación y Proyectos especiales fue designada como encargada de la elaboración de informes semestrales.
Belice No
Brasil Sin respuesta
Buenos
Aires
El HTC, a través de los distintos enfoques de auditoría que desarrolla, lleva a cabo el control de los gastos públicos en relación al cumplimiento de las normas, el desempeño en la gestión, y la debida aplicación financiera de los fondos que se destinan a las políticas y programas que implementan el g obierno provincial y los gobiernos municipales en el contexto de la Provincia de Buenos Aires. Tales políticas y programas, en su gran mayoría de contenido social y muchos de ellos destinados a la población en estado de vulnerabilidad, pretenden garantizar el goce pleno de los derechos de la ciudadanía, en especial respecto a los sectores que poseen necesidades básicas insatisfechas, en orden a generar situaciones de seguridad, equidad y dignidad social. Entonces, la forma en que el Estado maneja y gestiona los recursos que destina al abordaje de estas problemáticas, afectará de manera directa el grado en que las mismas puedan ser contenidas y morigeradas desde la perspectiva de los DD.HH. Ello implica que la actividad de control sobre esta gestión (específi camente la que lleva a cabo el Tribunal, y en general, la que desarrolla toda EFS), constituye en sí misma un canal natural dirigido a propiciar respeto y observancia de estos derechos inalienables por parte de los gobiernos cuya actuación se fiscaliza, y conlleva al logro de las finalidades que dichos derechos persiguen. Ahora bien, las Auditorías de Desempeño se presentan, como ya se ha expuesto ut -­supra, como un enfoque particularmente apropiado para la promoción de buenas prácticas en el ámbito público . En ese sentido, en la Planificación Institucional que efectúa el HTCPBA respecto a estas auditorías (incluidas las ambientales y de sistemas), se incorporan como variables de materialidad cualitativa a considerar para la selección de los candidatos de a uditoría, a los parámetros que establecen los ODS. Ello implica considerar como preferentes, a aquellos objetos de auditoría que presenten características que versen, entre otros, sobre los aspectos a los que el enunciado de este punto refiere. Las planifi caciones operativas individuales de cada auditoría, por su parte, también incluyen los tópicos en cuestión como condiciones a evaluarse en el contexto de las temáticas específicas que se aborden en cada caso. En esa línea, en el desarrollo particular de es tas auditorías, se realizan habitualmente procedimientos de auditoría tendientes a poner el ojo en estos aspectos, así como en los demás criterios que se mencionaron en otros puntos, a fin de generar las recomendaciones pertinentes para potenciar las oport unidades de mejora existentes en ese sentido. Como ejemplo de los resultados de auditoría obtenidos en relación a estas cuestiones, se pueden mencionar, entre otras, las siguientes sugerencias planteadas: -­ Adoptar e implementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS) por parte de la Provincia de Buenos Aires, lo que implica propiciar la orientación de la política pública provincial hacia los preceptos que garantizan la no discriminación, la equidad de género y la igualdad de oportunidades, entre otros der echos que buscan impedir o morigerar situaciones de vulnerabilidad social. El resultado de la Auditoría Coordinada con OLACEFS para evaluar la “Preparación de los Gobiernos para la implementación de los ODS en América Latina”, de rivó en el dictado del Decr eto Provincial N° 1028 del año 2018, que dispuso la firma de un convenio entre la Provincia y la Nación para la efectiva implementación del tema en esta jurisdicción. Asimismo el HTCPBA participó de jornadas de sensibilización llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de la Producción (uno de los organismos auditados), sobre la implementación de la agenda 2030 en los programas del citado ministerio. Se encuentra también bajo estudio, un proyecto de sensibilización sobre ODS a nivel municipal, por parte d el HTC. -­ Impulsar la formalización de acuerdos político -­institucionales, así como propiciar la ordenada interacción de competencias y la coordinación y articulación de los distintos organismos e instancias del gobierno provincial y municipal, para el log ro del efectivo cumplimiento de compromisos necesarios por parte de los actores estatales involucrados en el desarrollo de las políticas y pr ogramas públicos, en garantía del pleno ejercicio de derechos por parte de sus destinatarios (Auditoría Ambiental a l COMIREC, Auditorías de Desempeño a COPRETI, Planes Alimentarios, Programa de Control de Inundaciones, etc.). -­ Conformar sistemas de información integrados respecto a las jurisdicciones gubernamentales interactuantes, actualizados, pú blicos y accesibles , para favorecer la adecuada toma de decisiones sobre la base de prioridades en función de riesgos y vulnerabilidades (recomendación general a las políticas y programas evaluados). -­ Realizar gestiones tendientes a la sustentabilidad ambiental en la Cuenc a del Río Reconquista, en materia de control de los efluentes industriales en la zona de cuenca, que generan contaminación de las aguas y el consiguiente detrimento en la calidad de vida de las poblaciones aledañas (Auditoría Ambiental al COMIREC). -­ Formalizar e instrumentar procesos técnicos fundados que definan prioridades para la aplicación de los fondos públicos, con v istas a atender de manera equitativa y sin discriminaciones de ningún tipo, los distintos grados de vulnerabilidad que presentan lo s destinatarios de las políticas públicas analizadas (Auditorías de Desempeño sobre el Programa de Control de Inundaciones, Planes Alimentari os, Programas de Salud, etc.).

Chile A la luz del compromiso de la Contraloría General de la República de Chile con el apoyo a la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con su espíritu que busca “no dejar a nadie atrás”, compartimos algunas experiencias de la EFS de Chile en su función de control, tanto jurídico como de a uditoría. Auditoría

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

1. Personas que viven con VIH 1.1. Auditoria a las excepciones de garantías de oportunidad de la patología VIH/sida efectuadas por centros de salud de la red asistencial del servicio de salud metropolitano sur. La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los casos exceptuados de garantías de oportunidad de VIH/SIDA, cursados por los centros de salud familiar, en adelante e indistintamente CESFAM Paine, Doctor Carlos Lorca y Pueblo Lo Espejo, todos los cuales forman parte de la red asistencial del SSMS, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de noviembre de 2018. La finalidad de la revisión consistió en verificar las acciones de supervisión, coordinación y control que el SSMS haya ejercido en relación con las excepciones de garantías de oportunidad, como asimismo, que los centros asistenciales hayan implementado procedimientos de control que les permitan asegurar que, respecto de los casos exceptuados, se haya observado la nor mativa vigente, incluida la referente al cierre administrativo de los mismos, cuando proceda, examinando también que cuenten con la respectiva documentación de respaldo. 2. Personas con discapacidad 2.1. Servicio nacional de la discapacidad – sobre auditor ia a estados financieros 2019. La auditoría tiene por objeto determinar la exactitud y/o razonabilidad de la información financiera del servicio auditado con el marco de referencia de emisión y regulatorio aplicable, utilizando como base los principios fun damentales de auditoría contenidos en las ISSAI. La auditoría se ejecutará en base a las ISSAI y las disposiciones contenidas en la resoluc ión N° 20, de 2015, para obtener una seguridad razonable de que los EEFF están exentos de representaciones incorrecta s significativas. De igual forma, considerando el conocimiento y comprensión del control interno, se efectuarán las pruebas sustantivas para determinar la razonabilidad de los estados financieros. 3. Mujeres 3.1. Auditoria de la preparación para la implementación del ODS 1 – fin de la pobreza con perspectiva de género. Evaluar la eficacia del Gobierno de Chile en la preparación para la implementación del ODS N° 1, Fin de la pobreza, específicamente sobre la meta 1.2, reducir al menos a la mitad la pr oporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales y meta 1.4, en relación a garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan acceso a los servicios básicos, considerando perspectiva de género. 3.2. Subsecretaría de la mujer y la equidad de género auditoria al subtítulo 22 -abril 2021. La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las adquisi ciones efectuadas correspondientes al subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, en la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2020. 4. Niños, niñas y adolescentes 4.1. Ser vicio nacional de menores sobre auditoría al estado de la infraestructura de los centros de internación provisoria, cerrados y semicerrados de la región metropolitana de Santiago – mayo 2021. Efectuar una auditoría al estado de la infraestructura de los ce ntros de internación provisoria, cerrados y semicerrados de la Región Metropolitana de Santiago, dependientes del Servicio Nacional de Menores -SENAME -, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de febrero de 2021. La revisión tuvo por finalidad verificar que las edificaciones e instalaciones de los mencionados establecimientos cumplan con la normativa que regula la materia, examinando además las acciones realizadas por el servicio para diagnosticar y priorizar las necesidades de mantenc ión de la infraestructura. 4.2. Servicio nacional de menores auditoria a funciones institucionales sobre prevención COVID 19 – abril 2021. La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al cumplimiento de las funciones realizadas por el Servicio Nacional de Menores, SENAME, con el propósito de prevenir la propagación del COVID -19, tanto en los centros residenciales de administración directa y de organismos colaboradores acreditados, como en los centros de cumplimiento de sanción privativa de liber tad, desde la declaración de la alerta sanitaria a la fecha. 4.3. Servicio nacional de menores – sobre eventuales irregularidades respecto de los fondos transferidos para la administración centralizada de la agencia adventista de desarrollo y recursos asis tenciales – septiembre 2020. El objetivo de este control es investigar las situaciones denunciadas sobre eventuales irregularidades en la rendición de cuentas de la subvención para la administración centralizada efectuada por la Agencia Adventista de Desarr ollo y Recursos Asistenciales al Servicio Nacional de Menores, para verificar la legalidad y el correcto uso de la subvención entregada al Organismo Colaborador del SENAME, ADRA Chile. 4.4. Servicio nacional de menores auditoría al uso de fondos públicos p or parte de entidades colaboradoras – abril 2020. La fiscalización tiene como objetivo determinar la existencia de eventuales irregularidades en actividades de capacitación, período 2015 -2017, contratadas por la Corporación de Oportunidad y Acción Solidari a OPCIÓN al Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Centro de Capacitación Profesional CCP Limitada, financiadas a través de la subvención dispuesta en la ley N° 20.032 -que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME (OCAS) -, y en la que habrían ejercido como relatores algunos trabajadores del propio organismo colaborador cuyas remuneraciones habrían sido financiadas, también, bajo el indicado régimen de subvención. 5. Personas mayores 5.1. Aud itoría y examen de cuentas a los programas «fondo servicios de atención al adulto mayor» y «fondo subsidio ELEAM», administrados por el servicio nacional del adulto mayor. Su objetivo fue efectuar una auditoría y examen de cuentas a los recursos asignados a los programas presupuestarios “Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor” que contempla a los Establecimientos de Larga Estadía, ELEAM, públicos, Condominios de Viviendas Tuteladas -CVT – y Stock de Viviendas; y, el “Fondo Subsidio ELEAM”, dir igido a los ELEAM privados, administrados tanto por el SENAMA, como por instituciones públicas y particulares sin fines de lucro, según corresponda, en la Región Metropolitana, con el objetivo de verificar su funcionamiento e instalaciones, velando que cum plan con los estándares de atención, servicio y seguridad correspondientes, así como los mecanismos de supervisión implementados, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, considerando validaciones del año 2018 en la medid a que se encontraran pertinentes. 5.2. Servicio nacional del adulto mayor sobre auditoría y examen de cuentas al fondo nacional del adulto mayor diciembre – 2017.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Su objetivo fue efectuar una auditoría y examen de cuentas al Fondo Nacional del Adulto Mayor , ejecutado por el SENAMA, en su línea de convenios institucionales y ejecutores intermedios en la Región Metropolitana, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. 6. Personas vulnerables en situación de pobrez a 6.1. Auditoría a la entrega de canastas de alimentos del PAE – diciembre 2020. La fiscalización tuvo como objetivo realizar una auditoría al Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, específic amente en lo relativo a la entrega de canastas de alimentos a las familias de estudiantes beneficiarios, en el marco del estado de catástrofe por efectos de la pandemia COVID -19, a contar del 01 de marzo de 2020, a fin de verificar la efectiva entrega de l as citadas canastas a los beneficiarios previamente definidos por la JUNAEB, y los procedimientos de control que ha implementado el mencionado servicio para garantizar la prestación del encomendado servicio. 7. Personas privadas de libertad 7.1. En gendarm ería de chile, auditoría al otorgamiento y control del “indulto general conmutativo», ley Nº 21.228 – junio 2021. La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria al otorgamiento del beneficio penitenciado denominado «Indulto – General Conmutativo», establecido en la ley Nº 21 .228, así como también verificar el control del cumplimiento de la conmutación de pena, realizado por Gendarmería de Chile, con excepción de los procedimientos desarrollados por la Dirección Regional de Valparaíso, en el periodo comprendido entre el 17 de abril y el»31 de agosto, ambos de 2020. Control jurídico 1. Mujeres 1.1. Suspensión del “Programa 4 a 7”. 1.2. Requisitos para el cargo de la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 2. Niños, niñas y adolescentes 2.1. Publicación en redes sociales de imágenes de niños, niñas o adolescentes de un hogar de protección de la red del Servicio Nacional de Menores, constituye una vulneración de su derecho a la vida privada. Procede que ese orga nismo pondere lo que se indica. 3. Personas privadas de libertad 3.1. Gendarmería de Chile no se ajustó a derecho al autorizar la grabación, al interior de recintos penitenciarios, de los programas de televisión que se indican. 3.2. Protocolo sobre visitas del personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos a recintos dependientes de Carabineros de Chile, ha sido suscrito en conformidad con las atribuciones de ambas instituciones.

Colombia En cuanto a la atención en equidad de género de grupos LGBTI OS/IG, no se identificaron estrategias diferenciales por parte de las autoridades de salud territoriales para la atención de los problemas derivados de la pandemia COVID -19, esto se fundamenta en la información obtenida de los 32 encuentros de dialogo ter ritorial sostenidos en 2019, con los Departamentos. • EQU=DAD DE GENERO LGBT= Realizar seguimiento a la destinación de los recursos asignados a estas comunidades, para evitar que sean desviados o hagan parte de prácticas ilegales, especialmente en lo que t iene que ver con la contratación de bienes y servicios. • EQU=DAD DE GENERO PARA MUHER Se han sostenido una serie de encuentros con las instituciones estatales con competencias en el plan integral para garantizar una vida libre de violencias, los cuales han llevado a fortalecer las relaciones interinstitucionales de vigilancia y control que realiza la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se destaca la creación de una metodología para la propuesta y promoción de la realización de auditorías intersectoriales, de documentos orientadores y la generación de alertas tempranas, con los que se pretende que el máximo Órgano de Control Fiscal optimice el manejo de sus recursos, articule las actividades desarrolladas por las distintas áreas, evite los reprocesos y cumpla con la vigilancia y el control fiscal eficiente, equitativo, coordinado y oportuno, en armonía con los compromisos internacionales y las políticas públicas diseñadas para el efectivo cumplimiento de los derecho s fundamentales de las personas, independientemente de las múltiples y diversas entidades encargadas de su ejecución.
Costa Rica La estrategia de fiscalización en lo que ha esta materia se refiere, ha permitido el desarrollo de diferentes auditorías po r parte de la EFS de Costa Rica, respecto de las acciones de política pública hacia las poblaciones vulnerables, a la fecha se han abarcado por ejemplo: mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñez y adolescencia. A continuación un recuento de dichas auditorías a partir del año 2016, y sus principales hallazgos. MUJERES 2017: DFOE -SOC -IF-025 -2017 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL FONDO DE FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERE S (FOMUJERES) El objetivo de la auditoría fue analizar los controles que ejerce el INAMU en la gestión del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES), en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016. Den tro de los principales resultados, se determinaron debilidades en la selección de los proyectos para los cuales se solicitan recursos del Fondo, tanto en su admisibilidad como en la valoración de su viabilidad técnica. En lo relativo al proceso de seguimie nto de los proyectos, se estableció que el Instituto Nacional de las Mujeres no cuenta con una estrategia estandarizada para efectuar las visitas in situ y para dar acompañamiento durante su ejecución. Lo anterior incide en que el INAMU no pueda tener una certeza razonable de que los proyectos seleccionados tengan la posibilidad de ser exitosos, lo que significa que se potencia el riesgo de que la inversión realizada con los recursos del Fondo no contribuya con su objetivo en términos de lograr la autonomí a de las mujeres. 2018: DFOE -SOC -IF-021 -2018 INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), CON ÉNFASIS EN GÉNERO (ODS 5) El objetivo de la auditoría fue determi nar la eficacia de las acciones de política pública llevadas a cabo por el Gobierno de Costa Rica en la preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con énfasis en Objetivo 5 (Igualdad de Género), de la Agenda 2030. Lo anterior se verificó por medio del análisis de un Índice Integrado, conformado por indicadores, que permitieron medir el grado de avance del país en aspectos tales como: planificación,

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presupuesto y seguimiento para la preparación para implementación del ODS 5. Como principal resultado, se determinó que el país presenta un resultado global, al 31 de julio de 2018, de un 45% en la eficacia de la preparación para la implementación del ODS 5. En cuanto al “eje de planificación”, donde se valoró la integrac ión del ODS5 a las estrategias, políticas, procesos nacionales de planificación, y a la legislación nacional, la auditoría determinó que a tres años de haber firmada la Agenda 2030 el Gobierno de Costa Rica ha adoptado algunas acciones en dichas líneas, lo que permitió alcanzar una eficacia de 64%. En cuanto al “eje financiamiento” de las acciones relacionadas con la igualdad de género, si bien, se reconoce que Costa Rica cuenta con recursos asignados para la atención de estas necesidades, se encontró que el país no tiene certeza sobre la estimación de los fondos que se requieren para la implementación del ODS 5, por lo cual el eje refleja un avance de un 0%. Por su parte, en cuanto al “eje de seguimiento y evaluación”, vinculado con la preparación para la implementación del ODS5, se encontró que el Gobierno ha realizado avances en materia de la definición de responsables, procesos de seguimiento y evaluación, por lo cual, en este eje se logra, en promedio, una eficacia del 70%. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018: DFOE -SOC -IF-00006 -2018 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA La Auditoría de Carácter Especial, tuvo como objetivo analizar la articulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (SNPI) con el propósito de verificar las condiciones para el logro de sus objetivos. Para ello, se priorizaron las acciones relacionadas con los procesos de dirección e inversión del SNPI pa ra los años 2014 -2017, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. Dentro de las principales debilidades, se encontraron debilidades vinculadas con el ejercicio del rol de la rectoría técnica por parte del PANI, así como limitaciones por parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia para gestionar la articulación de las instituciones que conforman dicho Consejo. Por su parte, se determinaron debilidades en los controles asociados a los proyectos financiados con el Fondo de la Niñez y Adol escencia (FNA), la ausencia de registros de información de seguimiento en 73 proyectos, y la carencia una metodología que les permita conocer de forma sistemática y periódica la inversión realizada en los proyectos dirigidos a la población menor de edad. 2019: DFOE -SOC -IF-00013 -2019 INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES DESARROLLADAS POR EL PANI EN EL CONTEXTO DE MAYORES RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA El objetivo de esa auditoría fue determina r la estrategia definida y las respectivas acciones que desarrolló el PANI en el contexto de mayores recursos transferidos por el Gobierno de la República, en procura de la protección especial de las personas menores de edad y sus familias. En el período c omprendido entre los años 2015 y 2018, ampliándose en los casos que se consideró necesario . Dentro de los principales resultados se tiene que en el PANI entre el año 2015 y principios del 2017, hubo ausencia de un Plan Estratégico y líneas de acción forma lizadas para canalizar los mayores recursos percibidos del Gobierno Central; emitiéndose tardíamente y con limitaciones dicho Plan, al carecer de metas e indicadores que concretaran la estrategia y líneas de acción específicas que guiaran el accionar insti tucional en el período en estudio. Además, se identificaron debilidades en aspectos tales como, la asignación del recurso humano en las oficinas locales, en el cumplimiento de metas de atención de denuncias y la oportunidad en la atención de las denuncias por parte de las oficinas locales, las subvenciones en servicios otorgadas a las ONG’s mediante la modalidad de transferencia de recursos, y en la determinación y atención de las necesidades de los proyectos en materia de promoción y prevención, lo cual p ermite concluir que a pesar del incremento sustantivo en las transferencias al PANI ello no se refleja en una mejora en sus funciones sustantivas. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017: DFOE -SOC -IF-26-2017 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD BAJO SUS DIFERENTES EJES DE ATENCIÓN La auditoría tuvo como objetivo e xaminar la existencia y aplicación de los mecanismos desarrollados por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) para controlar el traslado de recursos públicos a la población en condición de discapacidad bajos los ejes de promoción y protección. Dentro de los principales hallazgos se destacan las debilidades en los controles del pago de los subsidios a las personas con discapacidad y verificar la información suministrada, por medio de un sistema de monitoreo y evaluación. A su vez, se evidenciaron desigualdades en los montos por concepto de subsidios otorgados entre los beneficiarios del eje de protección y carencias de mecanismos de control adecuados sobre los hogares y residencias, respecto a la calidad del servicio y el adecuado u so de los fondos públicos. PERSONAS ADULTAS MAYORES 2016: DFOE -SOC -IF-08-2016 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA INTERRELACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. El objetivo de la auditoría fue anali zar la relación existente entre programas que ejecutan transferencias a favor de la población adulta mayor para determinar eventuales fragmentaciones, traslapes o duplicaciones que puedan afectar los servicios que se brindan a esta población. El período de examen fueron los años 2014 y 2015. Dentro de los principales hallazgos se determinó la existencia de fragmentaciones en el financiamiento estatal a las organizaciones privadas que atienden personas adultas mayores en hogares y centros diurnos. También se identificaron duplicaciones y fragmentaciones programáticas entre las instituciones que atienden a la población y le brindan recursos. Se identificó la existencia de un traslape no administrado entre las prestaciones que ofrece la Red de Atención Progr esiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas M ayores y las pensiones no contributivas que otorga el Régimen No Contributivo de Pensiones (RCNP), no garantizando el mejor uso de los recursos disponibles. Otro aspecto relevante son los vacíos en la rectoría del sector por parte del Consejo de Persona Adulta Mayor (CONAPAM). POBLACIÓN INDÍGENA 2018: DFOE – AE- IF-008 -2018 INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA ACERCA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN COMUNIDADES V ULNERABLES. La auditoría tuvo como objetivo determinar si el abastecimiento de agua en comunidades vulnerables es congruente con los atributos de calidad del servicio y propicia su desarrollo económico, social y ambiental. Este servicio es proporcionado po r el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y otros operadores bajo el esquema de delegación. La auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018.

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Esta auditoría observa el principio de inclu sión y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, Agua limpia y saneamiento, contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, adoptada por Costa Rica en el 2015. Al respecto, es relevante analizar el estado de prestación del servicio de agua en comunidade s vulnerables, a efecto de impulsar estrategias de suministro eficaz y eficiente del recurso por parte de los operadores, acorde con el medio sociocultural de los usuarios, para reducir las brechas en su calidad de vida y potencial de desarrollo. En relaci ón con este informe, la Contraloría General de la República desarrolló un proceso de formación ciudadana en la comunidad indígena de Bribrí y la comunidad de Río Blanco. Se les impartió una charla para empoderarlos en sus derechos y deberes como ciudadanos , y se les informaron los resultados de la auditoría, con el fin de instarlos a ejercer el control social para motivar el cumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones emitidas.
Ecuador De conformidad con las atribuciones establecidas p or el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría General del Estado, la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, es la Unidad encargada de la recepción y análisis de denuncias que ingresan a la institución por los diversos canales disponibles para ello y que son planteadas por la ciudadanía, que en ejercicio del control social que le atañe, busca transparencia en la gestión pública, y en complementariedad c on el control estatal se propende a erradicar la corrupción. Para el efecto, se cuenta con la participación activa de la ciudadanía, ingresando sus denuncias a través de los diversos medios habilitados para el efecto como son: ventanillas de balcón de serv icios a nivel nacional, línea telefónica 1800 – ETICOS; correos electrónicos institucionales; el Formulario Electrónico para la Recepción y Trámite de Denuncias para Investigación Administrativa en la Contraloría General del Estado; y, Opción de Recepción de Documentos disponible en la página web institucional. Dentro de los denunciantes están usuarios externos como internos, entre los que se encuentran ciudadanos/as, organizaciones sociales, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, quienes ha n acudido a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas, con el fin de exponer su preocupación por presuntas irregularidades cometidas en diversas entidades del Estado, a quienes se les ha asesorado sobre quejas y denuncias frente a tema s de naturaleza jurídica y social delicada, indicándoles el procedimiento para presentar formalmente las mismas, además se ha brindado asesoría sobre los mecanismos y procedimientos de control público; así como, el direccionamiento a entidades competentes para atender sus denuncias en el caso de que las mismas, no estén bajo el ámbito de control de la Contraloría General del Estado. A fin de brindar una prioritaria y adecuada atención a las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que acuden a este Organismo a nivel nacional, se habilitó en el balcón de servicios de la matriz y de las Direcciones Provinciales una ventanilla debidamente rotulada para atención prioritaria a este grupo de personas. Además, se brinda asesorí a y asistencia técnica a los grupos de atención prioritaria que acuden a las oficinas de este Organismo en busca de orientación respecto a la presentación de denuncias, capacitación para la conformación de veedurías ciudadanas, entre otros temas.

El Sal vador Por el momento nuestra Institución Contralora realiza auditorías financieras a Instituciones públicas que velan o brindan servicios a grupos vulnerables para garantizar el correcto uso de los fondos públicos. Contamos con la Unidad de Participación C iudadana que se encarga de recibir las denuncias por parte de la población en general sobre cualquier incorrecto uso de los fondos públicos. Contamos con diferentes medios para realizar denuncias: Correo Electrónico: denuncia@cortedecuentas.gob.sv Denunci a en línea: www.cortedecuentas.gob.sv App: Control Ciudadano
Guatemala Creación de una dirección específica para evaluar los temas relacionados a pueblos indígenas y grupos vulnerables.
Honduras ACUERDO ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOBRE EL MARCO DE ACTUACIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA MISIÓN DE APOYO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN HONDURAS. El 30 de junio del 2017 el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Se cretaría General de la Organización de Estados Americano (OEA) suscribieron un acuerdo orientado a apoyar, fortalecer y colaborar con la función que realiza el Ente Contralor del Estado de Honduras. El acuerdo se oficializó en el marco de actuación, apoyo y acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a la labor que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). El documento lo firmó el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela; y Juan Jiménez Ma yor, en su condición de representante especial de la Secretaría General de la OEA y vocero de la MACCIH. El acuerdo tiene como objeto establecer el marco de actuación para el proceso de acompañamiento de la MACCIH al TSC, encaminado a apoyar, fortalecer y colaborar activamente con dicha institución encargada de desarrollar el sistema de control de los recursos de los entes públicos, relacionado al control financiero, de gestión y de resultados, la probidad y ética pública, y control del patrimonio del Estad o. Una cláusula del Acuerdo establece que la MACCIH supervisará, evaluará y asesorará al TSC respecto al cumplimiento de su normativa y funciones, efectuando recomendaciones de forma periódica y permanente para el mejor desempeño de sus atribuciones. Por s u parte, el TSC colaborará con la MACCIH y las demás dependencias competentes de la Secretaría General de la 0EA, en todo aquello que sea requerido para la elaboración y ejecución del Plan de Acción Nacional para implementar las recomendaciones formuladas a Honduras por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). https://www.tsc.gob.hn/web/Convenios_Internacionales/2017/Acuerdo_TSC -MACCIH -.pdf https://www.tsc.gob.hn/web/Boletines/2017/junio/index.html https:// www.tsc.gob.hn/web/Memorias/Memoria_2017.pdf MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID) El 24 de abril del 2018 el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmó Memorándums de Entendimiento con el TSC y el IAIP. La USAI proveerá asistencia tanto técnica al IAIP como al TSC a través de sus proyectos:

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

“Transparencia Fiscal”, “Acción contra la Corrupción e =mpunidad”, “Gobernabilidad Local :onduras”; y “Fortalecimiento de la Transparencia, Rendición de Cuentas y Resultados https://www.tsc.gob.hn/web/Convenios_Internacionales/2018/Memorandum_USAID -TSC.pdf https://www.tsc.gob.hn/web/Boletines/2 018/abril/index.html https://www.tsc.gob.hn/web/Memorias/Memoria_2018.pdf TSC FIRMA MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON LA ACADEMIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN (IACA) El Tribunal Superior de Cuentas suscribió un Memorando de Entendimiento con la europea Academ ia Internacional Anticorrupción (IACA, por sus siglas en inglés) como marco de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades del Ente Contralor del Estado de Honduras en el ejercicio de prevenir la corrupción. La IACA es un organismo intergubernam ental con sede en Viena, Austria, al que Honduras se adhirió en diciembre de 2018, como Estado miembro; cabe señalar que es la única organización académica dedicada exclusivamente a estudiar el fenómeno anticorrupción de manera comprensiva. Esta asociación entre la IACA y el TSC busca mejorar las capacidades del Ente Fiscalizador Superior a través de la formación y capacitación de su cuerpo de funcionarios, en diferentes ámbitos de la prevención y combate a la corrupción. El presente Memorando de Entendimie nto, permite al TSC contar con un aliado estratégico de primer nivel, con alto prestigio internacional, a fin de ampliar los procesos de capacitación y asistencia técnica en las acciones orientadas a prevenir la Corrupción. https://www.tsc.gob.hn/web/Bolet ines/2020/Boletin_diciembre_2020.pdf https://www.tsc.gob.hn/web/Memorias/Memoria_2020.pdf
México Al respecto, la ASF en su planeación de auditorías, ha fiscalizado distintas políticas públicas o instancias encargadas de la atención a personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo, como el sistema de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional Penitenciario, la política de ig ualdad de género y atención a las mujeres víctimas de violencia. Actualmente, en la revisión de la Cuenta Pública 2020 se auditará la conducción y coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas, el fondo para la protección de las personas defensor as de derechos humanos y periodistas, la prevención y protección de los derechos humanos y la prevención, investigación y persecución del delito de tortura, el Programa de fortalecimiento a la transversalidad de género, la adquisición de medicamento para l a atención del VIH/SIDA y otras ITS, recursos para la atención a la salud materna, sexual y reproductiva, apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, pensión para el bienestar de personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente.
Paraguay La CGR realiza auditorías en forma periódica a la institución garante de los Derechos de las mujeres, que es el Ministerio de la Mujer. Además, ha participado en una auditorías coordinada para fiscalizar el grado de cumplimiento de las metas del ODS 5 en el marco de OLACEFS y está colaborando con otra auditoría coordinada, sobre el ODS 1 con enfoque en ODS 5, en el marco de EFSUR, la cual está en curso.

Portugal Conforme acima referido na id entificação das auditorias programadas, privilegiaram -se aspetos relativos à proteção dos idosos e dos desempregados
Puerto Rico En años recientes nuestra EFS no ha aplicado esfuerzos en materia de control con relación a la protección de los derechos de grupos vulnerables. Como parte de nuestra Plan Estratégico se incluyeron los siguientes proyectos clave: – 1.1.3.5. Realizar una fiscalización efectiva respecto al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 de las Naci ones Unidas; Declaración de Punta Cana OLACEFS). – 1.2.3.4. Promover la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030 de las Naciones Unidas).
República
Dominicana
Capacitación a través de jornadas educativas para el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil con discapacidad en materia de control social, acceso a la información pública, rendición de cuentas, transparencia y elaboración de informes par a la ejecución presupuestaria de las ONG del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).
Uruguay Se establece un Código de Ética y también previsiones de la ley 19.923, publicada el 25 de setiembre de 2019 respecto al Código de Ética en la función Públi ca.
Venezuela La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela realizó la evaluación de la preparación de la República Bolivariana de Venezuela en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 5°: Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas. Esta primera mesa de trabajo se realizó con órganos involucrados en la implementación de los ODS. Al respecto se giraron recomendaciones dirigidas a las autoridades vinculadas. En consecuencia, los es fuerzos de este Contraloría han tributado a un mejor funcionamiento en la protección de los derechos de grupos vulnerables.

CUADRO N° 10
Países/EFS
Preguntas y respuestas
5.2. ¿Cuáles serían los principales esfuerzos en materia de control que su EFS ha
aplicado con relación a la protección de los derechos de los pueblos indígenas?
Argentina Informes aprobados:

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Resolución Año Título Organismo auditado
100 2017
IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍS ES INDEPENDIENTES – PERÍODO AUDITADO: 2010 – 2015 VER VIDEO bit.ly/2MMWskA
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI)
34 2017 INFORME DE AUDITORÍA REALIZADO EN EL ÁMBITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS INAI
83 2012 SISTEMAS Y/O MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 16 – ATENCIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES INDÍGENAS INAI
172 2008 “PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS” (DCI) INAI
95 2007 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/06 – “PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS” (DCI) INAI
184 2006 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/05 – “PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS” INAI
45 2005 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/03 – «PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS» INAI
El convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley 24.071, de 1992) obliga a los 22 Estados que lo suscriben a adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar: los derechos humanos, el acceso a la tierra, un empleo digno, formación y educación, salud y seguridad social, participación de los pueblos indígenas. ENCUENTRO DE LA AGN CON PUEBLOS INDÍGENAS En el marco del Programa de Planificación Participativa de la AGN se realizó una jornada de trabajo con Pueblos Indígenas para tomar contacto con el equipo de trabajo de la AGN que llevará a cabo la auditoría al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y establecer un diálogo con las organizaciones de la socie dad civil y especialistas en el tema que permita enriquecer la labor de auditoría. La gestión institucional del INAI, los problemas de acceso a la tierra; las personerías jurídicas, la falta de participación efectiva de las comunidades indígenas en cada un a de las políticas que los involucran; fueron algunos de los temas que se debatieron ayer en la jornada convocada desde el área de Participación Ciudadana de la AGN. Las organizaciones que participaron de la actividad son: Observatorio de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas; Consejo Plurinacional Indígena; Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal; Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT); SERPA J; Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO); Comisión Nacional de Paz y Justicia; REDAF/ASOCIANA; Amnistía Internacional; APDH; Camilo Galindo del CELS; Abogados en Derecho Indígena (AADI); Comunidad QOM Potae También participaron el Def ensor General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia y Defensor General de la Nación.

Belice No
Brasil Sin respuesta
Buenos
Aires
La Provincia de Buenos Aires posee como organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, integrado por funcionarios del Estado provincial y por miembros del Consejo Indígena de l a Provincia de Buenos Aires (con representantes de los pueblos Mapuche -­Tehuelche, Kolla, Qom y Guaraní que habitan en la jurisdicción). De esta forma, se materializa la existencia de un canal institucional que facilita el ejercicio del derecho a la partic ipación y consulta en la elaboración y gestión de las políticas públicas a través de asambleas periódicas. Desde las Auditorías de Cumplimiento y el Juicio de Cuentas, el HTCPBA evalúa los programas que el citado Ministerio desarrolla, incluidos aquellos q ue son atinentes a esta temática. El análisis de materialidad que el Tribunal aplica en la planificación de las auditorías que lleva a cabo en este marco, conforme a lo que dictan las normas técnicas internacionales en la materia, asegura que de resultar d e relevancia a partir del mentado análisis, dichos programas serán contemplados entre los proyectos de auditoría a implementar. Asimismo se prevé incluir este tema como candidato de auditoría en el análisis de materialidad cualitativa que se llevará a cabo a los fines de realizar la Planificación Institucional de Auditorías de Desempeño para el año 2022

Chile Dentro de las entidades fiscalizadas por esta EFS se encuentra la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena orientada a la promoción, coordinación y ejecución de la acción estatal de los planes de desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de Chile, la cual es objeto de auditorías de cumplimiento de manera frecuente. Las últimas fiscalizaciones han estado orientada s a las siguientes materias: – Programa Chile Indígena – Subsidio para la Adquisición de Tierras por Indígenas – Fondo de Desarrollo Indígena

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

– Seguridad de la información de sistemas que capturan, procesan y almacenan los datos gestionados por el Sistema Subsidio para la adquisición de Tierras por Indígenas. – Entrega de beneficios a comunidades indígenas del país, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia Covid -19.
Colombia Se presentan a continuación algunas de las acciones que e jemplifican la labor de la CGR en este campo, desde sus diferentes esferas de actuación como ente de control: Estudios sectoriales previos. La Contraloría General de la República ha elaborado algunos análisis sectoriales sobre los pueblos étnicos. Dentro d e los últimos dos años, se identificaron los siguientes: 1. Estudio sectorial: La consulta previa ¿Realmente frena los proyectos estratégicos del País? Elaborado por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras en octubre de 2018. El estudio da respuesta a dos planteamientos: (i) si la Consulta Previa frena los proyectos estratégicos para el desarrollo del país, y (ii) si Colombia que es considerada como el Estado pionero de este mecanismo, realmente ha adelantado la gestión a decuada para cumplir con su fin. Frente al primero se responde a través de un estudio de casos en ocho vías de Cuarta Generación consideradas eje fundamental para la economía del país en los dos últimos planes nacionales de desarrollo, donde se concluye qu e, pese a que las consultas finalizaron la etapa de diálogo, siete vías no han iniciado su construcción por factores diferentes a la consulta. En relación con el segundo aspecto, el estudio reveló que la intervención del Estado continúa siendo un desafío p ara el Ministerio del Interior como entidad encargada de formular e implementar la consulta previa, ya que se pudo constatar que el desarrollo de ésta se ha reducido a su aspecto meramente instrumental dejando de lado el seguimiento a la viabilidad de los proyectos y su real impacto. 2. Estudio sectorial sobre nivel de cumplimiento de los acuerdos de consulta previa con pueblos indígenas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018. Se revisaron acuerdos sobre ciencia, tecnología e innovación, para elevar el bienestar de las familias mostrando importantes rezagos en su cumplimiento. 3. Estudio sectorial tierra y territorio para los grupos étnicos Realizado por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario y dentro de los aspectos más representativ os se señala que, aunque según el Censo Nacional Agropecuario 2014, estos grupos disponen del 36.5% del territorio nacional, el 90% de este corresponde a áreas de bosques naturales. Se visibilizan dificultades que enfrentan las comunidades debido a la baja calidad de sus tierras, su falta de adecuación a las necesidades culturales, sociales y económicas, y por las restricciones de infraestructura y vías de comunicación, además de los conflictos relacionados con: superposición con áreas protegidas del Sistem a de Parques Nacionales, traslape con la actividad minera y la incidencia de cultivos ilícitos. De igual manera, muestra los rezagos institucionales en los procesos de restitución de territorios para grupos étnicos. 4. Informe sobre los recursos de la Asig nación Especial del SGP para Resguardos y el reto para los pueblos indígenas en el ejercicio de la función pública. Elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Social en junio de 2018. Dentro de sus conclusiones se resaltan: Los resguardos indígen as que administren directamente recursos públicos, o asociaciones de autoridades indígenas creadas en virtud del Decreto 1088 de 1993, que vía convenios de ejecución de recursos con entidades territoriales, manejen fondos públicos son sujetos del control f iscal ejercido por las Contralorías. El control fiscal de la asignación especial para resguardos indígenas, por ser de origen nacional, es competencia de la Contraloría General de la República Después de 25 años durante los cuales la población indígena ha sido beneficiaria de las transferencias del SGP, y teniendo en cuenta que hasta el 2011 fueron de destinación prioritaria para temas de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, y ahora de libre destinación para el mejoramiento de la calidad de vida de su población, los indicadores de mortalidad evidencian que su situación es peor si se compara con la población rural no indígena y similar a la de otras minorías étnicas, que no cuentan con una asignación especial de recursos. Lo que demuestra que la ejecución de estos recursos no han sido la más eficaz que permita cerrar las brechas existentes. Dentro de los usos dados a los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas – AESGPRI se evidenció la compra de terrenos por parte de los resguardos, situación que viene generando dificultades en los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, y que como deber del Estado de reconocer el derecho territorial a los pueblos, afecta la au tonomía del mismo en la dotación y titulación de tierras. Se evidenció la existencia de gastos que pueden ser objeto de sobrecostos, también productos o servicios que no implican un beneficio para la comunidad y la financiación de gastos de funcionamiento en el desarrollo de algunos de los proyectos. 5. Informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 para las víctimas pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 6. Informe de seguimien to y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4634 de 2011 para el pueblo Rrom víctimas del conflicto armado. 7. Informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 para pueblos y comunidades indígenas víctimas del conf licto armado. Elaborados por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en agosto de 2018. Sus resultados ya fueron referidos en el acápite donde se describen las problemáticas que aquejan estas poblaciones. Auditorías: • Seguimiento a la Sentencia T -302 de 2017. Contraloría Delegada del Sector Social. Informe de Auditoría CGR -CDSS No. 061 de julio de 2019. Auditoría realizada al Ministerio de Salud y Protección Social, al Departamento Administrat ivo para la Prosperidad Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Departamento de La Guajira, a los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, y al Ministerio de Educación Nacional, en relación con el cumplimiento de las órdenes emit idas por la Honorable Corte Constitucional.

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

El fallo busca garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayuú, al agua, a la alimentación, a la salud, a la igualdad y a la diversidad cultural, a través de la formulación e implementación de progr amas que atiendan la realidad de esta comunidad vulnerable, teniendo en cuenta los usos y costumbres que los circunscriben. Se logró establecer que los resultados no fueron conformes, estableciendo 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 corresponde n al ICBF, 2 a la Administración Temporal del Sector Salud de La Guajira, 1 a la Administración Temporal del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en La Guajira, y 1 al Distrito de Riohacha. De estos 5 tuvieron presunto alcance fiscal en cuantía de $888 .411.089, 9 tuvieron posible alcance disciplinario y 1 posible alcance penal. • Seguimiento a la Sentencia 187 de 2018. Contraloría Delegada del Sector Social. =nforme de Auditoría CGR -CDSS No. 072 de septiembre de 2019. El Tribunal Superior de Pereira – Sala de Decisión Civil Familia, confirma el fallo proferido el 22 de junio de 2018 por el Juzgado Primero de Familia de Pereira Risaralda, y adiciona requerir a la Contraloría General de la República y otros entes de control, para que en el marco de sus fun ciones adopten medidas que permitan asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de la orden impartida en la sentencia, dirigida a que se protejan los derechos de los niños y niñas de las comunidades indígenas de Pueblo Rico (Cabildo unificado Embera Cha mí y Cabildo Gito Dokabú) especialmente los referentes a la salud, la vida, la seguridad social, la integridad física, la alimentación adecuada y la dignidad. La CGR evidenció que los accionados no garantizan la protección de los derechos tutelados de los niños y niñas de las comunidades indígenas, del Municipio de Pueblo Rico – Risaralda. • Auditoría Recursos del SGP para el Resguardo =ndígena Ticoya del Municipio de Puerto Nariño. Vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. Contraloría Delegada Se ctor Social. Informe de Auditoría CGR -CDSS No. 076 de octubre de 2019. Como resultado de la auditoría, se constituyeron 13 hallazgos administrativos de los cuales 7 tuvieron presunta incidencia fiscal en cuantía de $473.860.235, 9 presunta incidencia disci plinaria, 1 presunta incidencia penal, 2 para adelantar indagaciones preliminares y, 2 para apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio. • Auditoría a Asignación Especial Resguardos =ndígenas Municipio de Ricaurte, Nariño. Vigencias 2016, 2017 y 2018. Contraloría Delegada del Sector Social. Se identificó incumplimiento material en el manejo de los recursos del SGP, se concluye con concepto adverso sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al manejo de los recursos trasferidos. Como resultado de la auditoría, se constituyeron 21 hallazgos administrativos de los cuales 11 tuvieron presunta incidencia disciplinaria, 4 presunta incidencia fiscal por $232.161.799, 5 con presunta incidencia penal, 5 para adelantar indagaciones preliminares , 1 para apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio por la no rendición de cuenta en el SIRECI en la vigencia 2018 y 4 con otra incidencia: 2 para traslado a la DIAN; 1 para traslado al Archivo General de la Nación y 1 para traslado al Ministerio de Minas y Energía. • Auditoría de cumplimiento a la Política de acceso, formalización y restitución de derechos territoriales de comunidades indígenas en el PND 2014 -2018, realizado a la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gest ión de Restitución de Tierras Despojadas. • URT. Contraloría Delegada del Sector Agropecuario. Diciembre de 2019. Generó 18 hallazgos en materia de dotación y formalización de territorios, y restitución de derechos territoriales. Alertas Tempranas La Contr aloría General de la República alertó por competencia asignada en la Constitución Política y desarrollada por el Decreto Ley 403 de 2020 y Resolución 762 de 2020, a través de la Contraloría Delegada General para la Población Focalizada, los siguientes aspe ctos: • Retrasos en la reglamentación integral y completa de la Ley 70 de 1993, que hace parte de los acuerdos suscritos con las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. • Posible riesgo en la no ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados al Pueblo Indigena “Nukak -Maku”. Protección constitucional de la diversidad étnica y cultural de los “Nukak -Maku” y de los derechos constitucionales fundamentales de estos.
Costa Rica Desde el ejercicio de la competencia de aprobación presupuestaria externa a cargo de la Contraloría General, se identificó una situación crítica que se ha manifestado en diferentes períodos presupuestarios y que afecta la prestación de los servi cios de la institución pública que en Costa Rica que tiene a su cargo, entre otros objetivos, velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas así como promover el mejoramiento social, económico y cultural de esta población con miras a elevar sus condiciones de vida y a integrar las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) en diferentes oportunidades manifestó que la asignación de ingresos con la que cuenta resulta insuficiente para aten der la totalidad de gastos que se originan del funcionamiento propio de la institución. Dicha situación se vio reflejada en que durante varios años financiaran gastos ordinarios con fuentes de ingresos extraordinarias, práctica contraria a la sostenibilida d, hasta que para el presupuesto del ejercicio económico 2020 y 2021 la Contraloría General improbara los documentos presupuestarios. Es por ello que mediante oficio DFOE -PG-0365 (No.11906 ) del 3 de agosto, 2020, el Órgano Contralor pusiera en conocimiento de las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo del país, responsables de la rectoría del sector al que pertenece la CONAI, la gravedad de la situación presupuestaria antes indicada en tanto puede comprometer las operaciones y el logro de sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo. La comunicación se emite con el propósito de que los Ministerios rectores, identifiquen vías de acción en procura de la continuidad de los servicios y atención de las necesidades de las poblaciones indíg enas. Por otra parte, como se mencionó en la pregunta anterior, la Contraloría General realizó una auditoría, cuyos resultados expuso a una comunidad indígena, con el fin de potenciar el control social y la validación de sus derechos.
Ecuador La Ley Org ánica de la Contraloría General del Estado concede en su artículo 94 acción popular para denunciar irregularidades en la administración pública, así como en el mismo Organismo de Control, para lo cual se ha conferido, a través de su Estatuto Orgánico de Ge stión Organizacional por Procesos, a la Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria funciones específicas encaminadas a la recepción de denuncias y su consecuente tramitación, lo que incluye el brind ar asesoramiento a la ciudadanía sobre los temas inherentes a la labor de control. En ese ámbito de acción institucional, y luego de realizar el respectivo análisis de las denuncias presentadas juntamente con la verificación del cumplimiento de requisitos establecidos, se derivan a las distintas Unidades de Control y

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Direcciones Provinciales a fin de que sean consideradas en exámenes en ejecución o, a su vez, en futuras acciones de control. Dentro de las acciones relacionadas con pueblos y nacionalidades se han establecido niveles de comunicación, coordinación y acompañamiento para que en los que casos que se derivan en acciones de control por ellos denunciados; o, en los que ellos han sido parte examinada en los procesos de auditoría, se implementen sus din ámicas socio culturales y organizativas, de manera que se logre ampliar y superar esa mirada mestizo céntrica, monocultural que limita reconocer el estado de situación de los derechos humanos de las Nacionalidades y Pueblos indígenas constitucionalmente re conocidos; así como, brindar una atención específica a sus reales necesidades y garantizar sus derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa nacional e internacional. En ese sentido, por parte de este Organismo se h a buscado promover el ejercicio del derecho al debido proceso dentro de procedimientos administrativos técnicos, que en su gran mayoría son ignorados por los pueblos y nacionalidades indígenas, cuyo resultado tiene dos enfoques, el primero garantizar la pr otección de derechos en el desarrollo de estos procedimientos, y segundo lograr una participación activa y vinculación directa de los pueblos indígenas, fomentando el interés de intervenir en la labor de control de los recursos públicos.

El Salvador No contamos con acciones de control relacionados a la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Guatemala Desde el año 2020 se fiscaliza el cumplimiento de las acciones del gobierno en cuanto al cumplimiento de acciones relacionadas a la atención de los pueblos indígenas y grupos vulnerables.
Honduras En el Informe No. 04 -2015 -FEP -SEDIS, referente a la Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras correspondiente al período fiscal 2014 – Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) se manifestó que la información presupuestaria de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), se conformó de los presupuestos del Programa de Asignación Familiar, del Instituto de la Juventud, de la Secretaría de Desarrollo de los Puebl os Indígenas y Afro hondureños, y de la Dirección General del Adulto Mayor y de Personas con Discapacidad, según lo estableció el Decreto Ejecutivo PCM -03-2014, por lo anterior, el presupuesto aprobado totalizó 2,327.9 millones de Lempiras, las modificacio nes presupuestarias netas fueron por 905.1 millones de Lempiras, que dejaron un presupuesto vigente por 3,233.1 millones de Lempiras. La ejecución presupuestaria, fue por 2,433.4 millones de Lempiras, que representó el setenta y cinco punto tres por ciento (75.3%) en relación al presupuesto vigente. https://www.tsc.gob.hn/web/Auditorias/Direccion_fiscalizacion/DFEP/04 -2015 -FEP -SEDIS.pdf Se puede ver los esfuerzos en la Auditoría de Gestión sobre Patrimonio Cultural practicada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SE), donde se determinaron los siguientes hallazgos por incumplimiento a leyes, reglamentos, convenios, normas y otros: HALLAZGO N°1 1. Falta de Coordinación Interinstitucional entre la SE y las Entidades competentes de la Conservac ión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio cultural En el desarrollo de la auditoría mediante revisiones documentales, entrevistas, aplicación de cuestionarios e inspecciones in situ, se evidenció la falta de coordinación interinstitucional entre la SE con otras entidades competentes al patrimonio cultural del país como ser la Dirección de Cultura, Artes y Deportes (DECAD), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños (DINAFROH), esto debido a que no se encontraron acciones coordinadas con dichas entidades, que propendan a la conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Incumpliendo lo establecido en: Ley Fundamental de Educación, Artículo 32. Marco Rector del C ontrol Interno Institucional de los Recursos Públicos, TSC – NOGECI III -06 Acciones Coordinadas. Sobre el particular se solicitó la razón o causa de la deficiencia anteriormente mencionada al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE), según Ofic io PRESIDENCIA N° 3161 -TSC/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019; quien respondió mediante Oficio No. 1829 -SE-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, remitiendo un informe para el TSC que en el numeral 7 manifiesta lo siguiente: “…:asta el 2018, con D=NAFR OH, se ha logrado desarrollar varias acciones conjuntas tales como: Lanzamiento de la Política contra el racismo y la discriminación racial. Revisión y evaluación de la Educación Intercultural Bilingüe Elaboración de los reglamentos internos de la Direcció n General de educación Intercultural Multilingüe. Creación del Comité Nacional de Apoyo para la Educación Intercultural Bilingüe en Honduras (CONAEIBH) Preparación inicial de la investigación de la situación de la educación Intercultural Bilingüe en Hondur as. Reuniones de preparación de documentos para el fortalecimiento institucional de la DIGEPIAH, Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, que se pretende implementar en la Secretaria de Educación. Por otro lado, aclaramos que la coordinación y articulación de acciones con otras instancias institucionales aparte de las tres instituciones que son: DINAFROH/SEDIS, UNAH, UPNFM, UNAG y AHMON, aparte de estas instancias ha sido acéfalo la coordinación de acciones con otras instancia s por no haber una estrategia de articulación con los mismos. Actualmente con el Nuevo Modelo recoge lineamientos precisos para articular con diferentes instancias Gubernamentales y no gubernamentales.” Al faltar coordinación interinstitucional entre la SE con entidades competentes de la conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural, se corre el riesgo de que no se realice una gestión eficaz y eficiente para preservar, rescatar, proteger, salvaguardar, conserv ar y difundir el patrimonio cultural (material e inmaterial), y por ende que este no pueda ser transmitido a las generaciones futuras; además que entre otras situaciones se realicen esfuerzos aislados o duplicidad de funciones que conlleven a un mayor gast o de recursos. Recomendación N° 1 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones vinculadas/relacionadas al tema de patrimonio cultural (como ser DECAD, IHAH, SEDIS -DINAFROH, entre otras ), con el fin de que se realice una gestión eficaz y eficiente para preservar, rescatar, proteger, conservar, defender y difundir el patrimonio cultural (material e inmaterial) del país de manera sostenible. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. 2. Falta de Implementación de las medidas para garantizar la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural El patrimonio cultural es un legado de nuestros antepasados para las generaciones presentes y futuras, por lo que se debe adoptar e implementar medidas para proteger y salvaguardar el mismo. Como parte del proceso de ejecución de la

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

auditoría mediante indagaciones y respuestas proporcionadas en cuestionario enviado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, se determinó que existe fal ta de implementación de medidas para garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural en el ámbito de su competencia, enunciando que lo que ha formulado recientemente como medida para la conservación y el rescate de las lenguas indígenas es el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños (MEIB), el cual hasta el momento no ha sido implementado. (Ver descripción del objetivo del modelo en el capítulo II, A. Logros de la SE en la gestión del patrimonio cult ural). Incumpliendo lo establecido en: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Artículo 11 inciso a). Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, I. Objetivos y principios rector es, Artículo 2 numeral 8). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 13 numeral 2); 14 numeral 3); y 31 numeral 2). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo XV numeral 4). Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas Artículos 1 numerales 1) y 2): 4 numerales 3) y 4). Sobre el particular se solicitó la razón o causa de la deficiencia anteriormente men cionada al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE), según Oficio PRESIDENCIA N° 3161 -TSC/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019; quien respondió mediante Oficio No. 1829 -SE-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, remitiendo un informe para el TSC, que en el numeral 8 manifiesta lo siguiente: “ El modelo educativo de educación =ntercultural Bilingüe, está en proceso de emisión mediante acuerdo ministerial, ya dictaminado favorablemente por Secretaria General y por la Dirección Administrativa de la Secretaria de Educación en la que se Considera la gran posibilidad de que mediante acuerdo se logre elevar nuevamente la Subdirección General a Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Ambos acuerdos han sido ingresados en las instancias competentes dentro de la Secretaria de Educación para su emisión aprobación y publicación. Al entrar en vigencia su aprobación y publicación del Nuevo Modelo se pretende implementar medidas estratégicas para la salva guarda del patrimonio c ultural, vale recalcar que la Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños su contenidos educacional debe ser vinculante con las riquezas del patrimonio cultural, es por ello que el nuevo Modelo de la EIB prioriza enfoques educativos pertinentes a la misma.” Al no elaborar e implementar medidas que tengan por objeto la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, se corre el riesgo de que el sistema cultural – educativo no realice una gestión eficaz y eficiente que lo garantice; además de que no s e transmita la riqueza cultural de la nación por parte del sistema educativo a las presentes y futuras generaciones. Por otra parte existirá perdida de una amplia gama de atractivos turísticos y culturales que son una contribución importante para el desarr ollo socioeconómico del país. Recomendación N° 2 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Implementar medidas para garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, incluyendo entre ellas el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MEIB). Verificar el cumplimiento de esta recomendación. Recomendación N° 3 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Una vez aprobado y publicado, socializar el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños MEIB a todos los actores y sectores involucrados que tienen injerencia en la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. Recomendación N° 4 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Desarrollar un plan de acción para la implementación del Modelo Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños MEIB, para contribuir y garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, posteriormente realizar la impleme ntación de dicho modelo. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. Recomendación N° 5 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Monitorear y evaluar los componentes del MEIB, lo cual permitirá dar seguimiento y medir el nivel de avanc e en su implementación, y efectuar enmiendas o modificaciones pertinentes (de ser necesarias) al MEIB, al constituirse este como instrumento para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural, en este caso, resguardar la lengua materna y la cultura del pa trimonio intangible de nuestra nación. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. Recomendación N° 6 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Capacitar y evaluar constantemente a cada maestro del Programa de Educación Intercultural Bi lingüe (PEIB) para que sean transmisores eficaces de la cultura y lengua de los pueblos interesados. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. 3. En el período evaluado no se evidenciaron acciones para preservar las Lenguas Indígenas y Afrohondureña s La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación es la responsable del Sistema Nacional de Educación, debe de formular disposiciones y realizar acciones como instrumento para preservar las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural del país. Como parte del proceso de ejecución de la auditoría mediante indagaciones y respuestas proporcionadas en cuestionario enviado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, se determinó que en el período auditado (2013 -2018) no se evidenciaro n acciones para preservar las lenguas indígenas y afrohondureñas, sin embargo en el año 2019 se formuló el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños (MEIB), el cual es un modelo de educación intercultural que tiene como objetivo aplicar e implementar la educación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, mediante la formación y la trasformación de todo el sistema vinculante: educandos, docentes, contenidos curriculares, institucionalidad, incluyendo todas las herram ientas, recursos de la comunidad educativa en su contexto sociolingüístico y cultural, para ampliar la cobertura, mejorar los indicadores de calidad académica con equidad para los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, dicho Modelo está pendiente de ser imple mentado. Incumpliendo lo establecido en: El Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Artículos 26 y 28 numerales 1), 2) y 3).

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artí culos 13 numerales 1) y 2); y 14 numerales 1), 2) y 3). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo XV. Numerales 1), 2), 3), 4) y 5). Reglamento de la Ley Fundamental de Educación, Artículo 12. Reglamento de la Secretaría d e Estado en el Despacho de Educación, Artículo 49 inciso g). Sobre el particular se solicitó la razón o causa de la deficiencia anteriormente mencionada al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE), según Oficio PRESIDENCIA N° 3161 -TSC/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019; quien respondió mediante Oficio No. 1829 -SE-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, remitiendo un informe para el TSC que en el numeral 9 manifiesta lo siguiente: “Desde el 2013 hasta 2018 se ha formulado varias disposiciones y oficios para el cumplimiento del proceso de rescate, preservación y fortalecimiento de las Lenguas de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, mismo que se evidencia a los siguientes documentos: 1. Acuerdo y oficios para que las juntas integren miembros de los coordinadores 2018, revisar y adjuntar. 2. Revisar los oficios como disposiciones y adjuntar. 3. Oficio del 2018 para la enseñanza de las lenguas indígenas etc. 4. Adjuntar todas las disposiciones de acciones que indiquen cumplimiento. 5. Pruebas de fin de grado. 6. Pruebas diagnósticas en L1. 7. =nvestigación para los P=A: 2018. 8. Concursos específicos.” Comentario del Auditor: A pesar de la respuesta y documentación proporcionada, las acciones mencionadas no corresponden al periodo auditado (2013 -2018), sino que fue hasta el año 2019 que con la formulación del MEIB se incluye lo concerniente a preservar las lenguas de los pueblos interesados (indígenas y Afrohondureños), sin embargo este Modelo aún no ha sido aprobado para su implementación. Al no efectuar acciones para preservar las lenguas indígenas, se debilita la identidad cultural y nacional, impactando en el sentido de pertenencia de los pueblos indígenas y Afrohondureños, y poniendo en riesgo la práctica de su lengua, tradiciones históricas, conocimientos y en general todo su patrimonio cultural, pudiendo perderse y no transmitirse a las presentes y futuras generaciones, ya que la única forma de que los pueblos indígenas y Afrohondureños puedan posicionarse y mantener viva su identidad, es que la lengua materna sea fortalecida. Recomendación N° 7 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Implementar en coordinación con las demás instancias que atienden poblaciones indígenas y afrohondureñas, acciones para recuperar, rescatar, rec onstruir y/o preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. 4. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación no ha formulado ni desarrollado Planes de Estudio con Cooperación del IHAH, par a la preservación del Patrimonio Cultural Al revisar la documentación sujeta a la fiscalización y mediante la aplicación de cuestionarios, se comprobó que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación no ha formulado, ni desarrollado planes de estudi o con cooperación del IHAH, que propendan a la conformación de una conciencia ciudadana acerca de la necesidad de preservar el Patrimonio Cultural de la Nación. Incumpliendo lo establecido en: Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígen as, Artículo XV. Educación numerales 4) y 5). Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Artículo 54. Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, TSC -NOGECI III – 06 Acciones Coordinadas. Sobre el particular se solicitó la razón o causa de la deficiencia anteriormente mencionada al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE), según Oficio PRESIDENCIA N° 3161 -TSC/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019; quien respondió mediante Oficio No. 1829 -SE-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, remitiendo un informe para el TSC que en el numeral 11 manifiesta lo siguiente: “Ya se comienza a gestionar una carta de intenciones y se ejecutaran reuniones próximamente para tratar el contenido de acuerdo interinstitucion al.” El hecho de que la SE no haya formulado ni desarrollado planes de estudio con cooperación del IHAH, puede ocasionar que los planes de estudio (malla curricular) no integren todos los aspectos relevantes para la conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural, por ende que no se forme en la población una conciencia ciudadana acerca de la necesidad de preservar el patrimonio cultural de la nación, para su transmisión a las generaciones presentes y futuras. Recomendación N° 8 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Coordinar con el IHAH, la revisión de los planes de estudio existentes, para que este sugiera el contenido sobre patrimonio cultural que debe incluirse en los mismos; posteriormente realizar las adaptaciones pert inentes en los planes de estudio, para que los mismos propendan a la conformación de una conciencia ciudadana acerca de la necesidad de proteger y conservar el patrimonio cultural de la nación y para su transmisión a las generaciones presentes y futuras. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. 5. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación no ha cooperado con el IHAH en la realización de campañas de divulgación sobre la necesidad de conservar y defender el Patrimonio Cultural Al realizar lo s procedimientos de aplicación de cuestionarios de investigación, revisión documental e inspecciones in situ, se comprobó que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación no ha cooperado con el IHAH en la realización de campañas de divulgación para hacer conciencia en el pueblo hondureño sobre la necesidad de conservar, proteger y despertar el interés por el patrimonio cultural de la Nación. Incumpliendo lo establecido en: Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Artículo 32. Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, TSC – NOGECI III – 06 Acciones Coordinadas. Sobre el particular se solicitó la razón o causa de la deficiencia anteriormente mencionada al Secretario de Estado en el Despacho de Educaci ón (SE), según Oficio PRESIDENCIA N° 3161 -TSC/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019; el cual respondió mediante correo electrónico de fecha 8 de enero de 2020 el que contiene adjunto el oficio N°.001 -SDGEPIAH – 2020 de fecha 6 de enero de 2020 que manifiesta lo siguiente: …“La Sub -Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SDGEPIAH), llevo a cabo una reunión con la Dra. Eva Martínez de la Sub Gerencia de Patrimonio del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en donde se t ocaron varios puntos entre los que se destacan: Reconocimiento del Pueblo Chorotega. 1. En el Nuevo Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, se cuenta con la Sud Dirección General de Investigación y en 02022 se coordinarán acciones con el Instituto Hond ureño de Antropología e Historia (IHAH). 2. Verificación de otras actividades dentro del IHAH donde coordinen.

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Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

3. Por parte del IHAH, expresó el interés de coordinar acciones encaminadas al rescate de las culturas de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Sugiere que se involucre el Departamento de Investigación de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Entre los acuerdos establecidos están: 1. Enviar solicitud de manera formal al IHAH para que realice la investigación sobre e l Pueblo Chorotega. 2. La SDGEPIAH debe consultar a los líderes del pueblo Chorotega sobre datos históricos que manejen y enviarlos al IHAH. 3. En el 2020 la SDGEPIAH en coordinación con el IHAH, hará una visita en los departamentos de Choluteca y el Paraí so previo a realizar un análisis priorizando los municipios por departamento a visitar. 4. También esta Sub Dirección ha considerado que el IHAH puede coadyuvar en la fundación o conformación de la Academia Nacional de las Lenguas Indígenas y Afros de Hond uras” Comentario del Auditor: Si bien es cierto se debe reconocer el Pueblo Chorotega como tal, esto no es una acción que conlleve al reconocimiento ni garantiza que se realicen campañas de divulgación sobre la necesidad de conservar y defender el patrimon io cultural de todos los pueblos indígenas y Afrohondureños existentes en el país. Lo anterior dificulta la formación de una conciencia en el pueblo hondureño sobre la necesidad de conservar, proteger y defender el patrimonio cultural con que cuenta el paí s, el cual entre otros es dado a conocer al público únicamente mediante museos y casas de la cultura. Recomendación N° 9 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Cooperar con las autoridades del IHAH en la planificación y ejecución de campa ñas de divulgación en los medios escolares y extra escolares para hacer conciencia en el pueblo hondureño sobre la importancia de preservar la identidad cultural y la necesidad de conservar y defender los tesoros culturales y artísticos de la nación. Verif icar el cumplimiento de esta recomendación. 6. No se ha dotado de las capacidades y equipos necesarios a las Unidades Regionales y Direcciones Departamentales de Educación para su funcionamiento. Una de las principales características que debe tener un pro grama para que sea eficaz, es que cuente con todos los insumos necesarios para que este pueda generar los resultados esperados a través de una buena planificación; sin embargo, al momento de realizar las inspecciones in situ a una muestra de Direcciones De partamentales de Educación dentro del PEIB, específicamente a las ubicadas en La Paz, Lempira y Copán, se pudo constatar que en las mismas no se ha dotado de las capacidades y equipos necesarios como ser: logística, medios electrónicos y/o económicos para la efectividad de los resultados planeados. Incumpliendo lo establecido en: Ley Fundamental de Educación, Artículo 53. Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación, Artículos 7 inciso f); y 12 incisos b) y h). Sobre el particular se solicitó la ra zón o causa de la deficiencia anteriormente mencionada al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE), según Oficio PRESIDENCIA N° 3161 -TSC/2019 de fecha 07 de noviembre de 2019; quien respondió mediante Oficio No. 1829 -SE-2019, de fecha 02 de di ciembre de 2019, remitiendo un informe para el TSC que en el numeral 9 manifiesta lo siguiente: “Con respecto a las unidades Regionales, son de nueva creación, y solo están sustentados en los documentos jurídicos y legales, nacionales e internacionales que sustentan y hacen nacer a la vida jurídica del país el Modelo de educación Intercultural Bilingüe. Además en la Ley fundamental de Educación y sus reglamentos en el art.129 del mismo reglamento. Podemos demostrar mediante documentos, que dichas unidades departamentales y regionales, han sido fortalecidas con la entrega de. Una (1) computadora para su funcionamiento, y debido a que forma parte de la Dirección de Modalidades educativas, los bienes de la Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños desde la emisión de la Ley fundamental de educación, son adscritas a la Dirección General de Modalidades educativos quienes los administran y asignan. Entre 2018 y 2019 22 computadoras fueron entregadas a las oficinas de las coordinaciones departamentales y reg ionales de los Pueblos Indígenas y Afrohondureñas. Se puede asegurar que durante el 2018 y 2019 se ha estado enfocado el dotar de capacidades logísticas las unidades de Pueblos Indígenas y así como la mejora de las instalaciones físicas en el nivel central , que es una de las exigencias de los compromisos suscritos entre esta Secretaria de Estado y los Pueblos =ndígenas y Afrohondureños.” Comentario del Auditor: A pesar de la respuesta y documentación proporcionada, solamente se ha dotado de medios electrónicos a las Unidades Regionales y Direcciones Departamentales de Educación, sin embargo falta logística (medios de transporte, materiales, equipo, etc.) y recursos económicos para la recopilación de información de las manifestaciones culturales, sus tradiciones históricas, conocimientos y técnicas, formas de organización y prácticas religiosas de cada uno de los pueblos indígenas y Afrohondureños Al no dotar de las capacidades y equipos necesarios a las Unidades Regionales y Direcciones Departamental es de Educación dentro del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, no se obtienen los resultados planificados en tiempo y forma, además que al no brindar dicho apoyo, se restringe la capacidad de investigación y aporte cultural en el proceso de retro alimentación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Recomendación N° 10 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Dotar de las capacidades y equipos necesarios a las Unidades Regionales y Direcciones Departamentales de Educación dentro del PEIB (incluida la formulación de guías o textos), para lograr la efectividad de los resultados planeados, entre ellos el desarrollo de los idiomas en las regiones indígenas y afrohondureñas en donde la lengua materna está fortalecida, también el r escate, fortalecimiento y desarrollo de los idiomas en las regiones donde han caído en desuso, además de la recopilación de información de las manifestaciones culturales, sus tradiciones históricas, conocimientos y técnicas, formas de organización, práctic as religiosas de cada uno de los pueblos indígenas y Afrohondureños. Verificar el cumplimiento de esta recomendación. También se realizó el seguimiento de las recomendaciones de los hallazgos N° 2 referente a los pueblos Indígenas plasmados en el Informe d e Auditoría N° 011 -2013 -DARNA -PC-SE-A que cubrió el período del 01 de junio de 2008 al 31 de diciembre de 2012 emitido el 19 de noviembre de 2013. Nuestra revisión

ANEXO N° 1
Tema Técnico N° 2 “ DERECHOS HUMANOS, UN DESAFÍO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES” Cuadros de las respuestas de las EFS que colaboraron

demostró que las mismas no fueron implementadas por la entidad, por lo que en este informe s e retoman para su implementación: HALLAZGO N° 2 2. La Secretaría de Educación no reguló que el Currículo Educativo sea apegado a la Historia y Cultura de Honduras Recomendación No. 3 Al Secretario de Estado en el Despacho de Educación Elaborar un programa de trabajo con objetivos, metas, plazos y responsables de su ejecución, para definir, desarrollar y emitir las Directrices (reglamentos, normas u otros) que aseguren que el Currículo educativo se apegue a la historia y cultura de Honduras, contemplando lo s elementos propios de las regiones, considerando de manera especial a los pueblos indígenas y afro -hondureños, así como las características territoriales e interculturales, para contribuir con ello a la conservación y protección del patrimonio cultural. https://www.tsc.gob.hn/web/Auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Recursos_Naturales_Ambi ente/2019/003 -2019 – DERNAC -PCH -SE-D.pdf
México Respecto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la ASF ha realizado auditorías de cumplimiento, de cumplimiento financiero, de inversiones físicas y de desempeño a distintos programas, políticas y subsidios que les brindan atención, las cuales se detallan a continuación :
Cuenta Pública Tipo de auditoría Número de auditoría Título de auditoría Entidad fiscalizada
2019 De cumplimiento 255 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2018 De cumplimiento 300 Programa de Infraestructura Indígena en los estados de Chiapas, Hidalgo, México y Guerrero
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2018 Desempeño 299 Atención a la población indígena Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2018 Desempeño 301 Programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2017 Inversiones físicas 293 Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2017 Cumplimiento financ iero 295 Subsidios para el desarrollo de infraestructura en zonas indígenas Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
2017 Desempeño 294 Programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Paraguay La CGR realiza auditorías en forma periódica a la institución garante de los Derechos de los pueblos indígenas, INDI.
Portugal Não aplicável
Puerto Rico No Aplica
República
Dominicana
N/A
Uruguay -Remito a la anterior ya que nada específico hasta el momento.

Venezuela La Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal impulsó el programa Contraloría Indígena, que capacita y otorga reconocimiento a cada comunidad, integrándolas a la labor fiscalizadora e incentivando la vigilancia y el control de los recursos, especialmente los naturales. Asimismo, la EFS -Venezuela verificó en la Auditoría de Energía asequible y no contaminante, con el propósito de abordar aspectos sobre la ejecución de la actuación fiscal para evaluar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7, relacionado al tema de las Energías Renovables en el Sector Eléctrico, verificó que el órgano con competencia en materia de suminis tro de energía le está garantizando el acceso a fuentes de energía eléctricas a las Comunidades Indígenas apartadas de la República.

Nota: El texto extraído es sólo una aproximación del contenido del documento

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