Con una audiencia de 350 personas, el seminario web sobre financiación climática fue todo un éxito. El evento fue promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y contó con el apoyo del proyecto regional Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental, una alianza entre el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible, a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. En esta ocasión, dos miembros del Consorcio CBC/EOS/Fractal, Linda Murasawa y William Wills, presentaron un estudio sobre Brasil, dirigido específicamente a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y encargado por el PNUMA y el proyecto, que analiza las subvenciones en relación con la financiación climática. El evento completo está disponible en portugués, español e inglés.
Representantes de 15 EFS – Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Cabo Verde, Estados Unidos, Alemania, Austria, España, Holanda, Portugal, además de Brasil -, siguieron la presentación del trabajo realizado por el Consorcio, que tiene como objetivo mapear y analizar las fuentes de financiación para las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en Brasil con el fin de subvencionar las acciones de las EFS. El foco del análisis es presentar, de forma comprensible, el ecosistema de los mecanismos de financiación climática en Brasil, especialmente en lo que respecta a la operación de los recursos, contribuyendo así al trabajo de las EFS en la supervisión y sugerencia de mejora de las políticas públicas.
El webinario discutió las fuentes de financiación climática en Brasil, abordando las iniciativas de cooperación internacional en relación con la agenda climática, los compromisos de políticas públicas de mitigación y adaptación asumidos, así como el escenario de financiación de estas políticas y proyectos climáticos en el país. 
Además, se discutieron las experiencias y oportunidades de las EFS para actuar en el tema, a través de auditorías y acciones de control externo. El PNUMA está contribuyendo al fortalecimiento de las EFS en América Latina y el Caribe a través de dos estudios: uno sobre las cuentas económicas del medio ambiente y otro sobre la financiación climática, con Brasil como estudio de caso. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del proyecto Fortalecimiento del Control Externo en el Área de Medio Ambiente, una asociación entre la GIZ, TCU y OLACEFS.
En la apertura del evento, Gustavo Máñez, Coordinador de Cambio Climático del PNUMA para América Latina y el Caribe, pronunció un breve discurso en el que destacó que es fundamental “integrar los temas climáticos en la política macroeconómica”. Dijo que es urgente “ecologizar los sistemas financieros, tanto a nivel internacional como nacional”.
A Máñez se le unió otra voz experimentada en los fondos de mitigación del cambio climático. Christian Lauerhass, coordinador del proyecto de cooperación de la GIZ con el Fondo Amazonía/BNDES – el mayor fondo de protección ambiental de Brasil y, tal vez, “el más auditado”, como dijo el alemán – destacó el papel de supervisión de los tribunales de cuentas, especialmente del TCU, en las diversas auditorías realizadas al Fondo Amazonia. Lauerhass también destacó “la importancia de que los gobiernos trabajen con objetivos alineados, tengan socios sólidos y, sobre todo, confianza entre las partes”. Confianza que, en su opinión, puede construirse a través de herramientas de auditoría como la diligencia debida y el cumplimiento, así como de otras más técnicas como el blockchain.
Estudio
El 8 de diciembre, Brasil presentó su nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) al Acuerdo de París, en la que reiteró el objetivo de reducir las emisiones en un 37% para 2025 y en un 43% para 2030, en relación con 2005. En la práctica, el objetivo para 2030 pasa a ser de 1,6 GtCO2e, y ya no de 1,2 GtCO2e, lo que supone un aumento significativo del 33%.
William Wills, del Consorcio CBC/EOS/Fractal, se refirió a la nueva NDC al presentar el estudio encargado por el PNUMA y el proyecto. Sin embargo, señaló que, en la Cumbre del Clima, celebrada en abril de 2021, el gobierno brasileño anunció nuevos objetivos, como la deforestación ilegal cero hasta 2030 y la neutralidad del carbono hasta 2050, pero no presentó objetivos sectoriales específicos para alcanzar estos resultados.
Según Wills, la necesidad estimada de recursos para financiar la NDC hasta 2030 es de entre 160.000 y 470.000 millones de reales. “Para lograr la neutralidad del carbono en 2050, será necesaria una transformación radical y un volumen de recursos mucho mayor”, dijo.
En su intervención, Linda Murasawa, otro miembro del Consorcio CBC/EOS/Fractal, detalló los puntos presentados por Wills, centrándose, sin embargo, en los pilares de la transparencia para la financiación climática, como la gobernanza, la estrategia, la gestión del riesgo, las métricas y los objetivos. El estudio identificó la existencia de siete puntos comunes que afectan al seguimiento de los resultados en los fondos de financiación climática: la presencia de múltiples actores en el ecosistema (gobiernos, acuerdos bilaterales y multilaterales, leyes internacionales y locales); diversidad de 
mecanismos financieros y agentes nacionales e internacionales que se ocupan del tema; diferentes sectores y proyectos en áreas como bosques, energía, transporte, etc.; diversidad de regulaciones; creación de modelos de impacto y riesgo; gestión de riesgos con variables climáticas; y dificultad para demostrar la eficacia de los resultados.
Wills y Murasawa también aclararon a los participantes qué se entiende por financiación climática, que es la inversión local, nacional o transnacional de recursos, procedentes de fuentes públicas, privadas y alternativas, destinada a apoyar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Sus principales objetivos son reducir las emisiones y potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), así como reducir la vulnerabilidad y mantener y aumentar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los impactos negativos del cambio climático, tal y como define el Comité Permanente de Finanzas (CPF) de la propia CMNUCC.
Las fuentes de estos recursos provienen de instituciones multilaterales, bancos de desarrollo, fondos internacionales y bancos privados, que destinan las cantidades a diversos temas relacionados con el cambio climático, tanto desde el punto de vista de la adaptación como de la mitigación. Otros instrumentos financieros utilizados son las donaciones o subvenciones, los préstamos en condiciones favorables, los bonos verdes, las garantías y la conversión de la deuda.
Auditoría de la financiación del clima
Tras el acto, los auditores estadounidenses Marissa Dondoe y Joseph Thompson, ambos de la GAO de Estados Unidos, presentaron el trabajo realizado en 24 países por el Grupo de Trabajo de Auditoría Medioambiental: Auditoría de la Financiación Climática. Dijeron que alrededor de la mitad de las EFS de los países donantes informaron de que su país tiene objetivos asociados a las contribuciones a la financiación climática, aunque no hay una definición coherente y común de lo que es este tipo de financiación. También destacaron que, aunque muchas EFS hayan realizado auditorías relacionadas con la financiación climática, la mayoría de las auditorías son de proyectos o programas individuales. “Hay muy pocas auditorías de las contribuciones generales o de los flujos financieros”, dijo Joseph Thompson.
Dondoe y Thompson también citaron los estudios de casos que se han realizado en Finlandia, el Tribunal de Cuentas Europeo y México sobre las auditorías realizadas a los presupuestos destinados a la mitigación del cambio climático.
Para cerrar el evento, se dio la palabra a Hugo Chudyson, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente del TCU y Presidente de la Comisión Técnica de Medio Ambiente (Comtema) de OLACEFS, quien agradeció a los/las ponentes, y comentó la complejidad de realizar auditorías sobre financiación climática. “Los variados acuerdos financieros, la multiplicidad de actores, los diferentes niveles de gobernanza y gestión, y cierta ausencia de normalización conceptual sobre el tema, suponen un reto para el trabajo de auditoría sobre esta cuestión”, dijo. También recordó la importancia de auditar la aplicación de los recursos públicos en fondos de esta naturaleza, como en cualquier otro sector que implique políticas públicas, pero que esto resulta más práctico cuando los datos de estas inversiones se tienen de forma transparente. “La información cualificada es nuestro mayor activo”, concluyó.
Texto: Andréa Mesquita/GIZ
